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Comienza el juicio por el asesinato de Wenceslao Pedernera

Se trata del beato que dejó todo por los pobres. Fue integrante de la pastoral de Monseñor Enrique Angelelli y acribillado por un ‘grupo de tareas’ el 25 julio de 1976.

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El Tribunal Oral Federal (TOF) de La Rioja dará inicio el próximo viernes al juicio oral y público por el asesinato del dirigente campesino Wenceslao Pedernera, integrante de la pastoral de Monseñor Enrique Angelelli y acribillado por un ‘grupo de tareas’ frente a su familia el 25 julio de 1976.

Tras varias dilaciones, el juicio a cargo de los magistrados José Camilo Quiroga Uriburu, Mario Martínez y Juan Carlos Raynaga comenzará el viernes a las 9 en la sala de audiencias del TOF de La Rioja, y tendrá como único imputado al exgendarme Eduardo Abelardo Britos, acusado de ser autor intelectual del hecho cuando se desempeñaba como jefe del Escuadrón 24 de Gendarmería con sede en Chilecito.

Britos se encuentra actualmente cumpliendo condenas previas en Salta por delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura militar.

En diálogo con esta agencia, una de las hijas de Wenceslao, el cura de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Ulapes, Gonzalo Llorente, que trabajó junto a él, y la doctora en Historia Gabriela Peña relataron a esta agencia cómo fue el recorrido de este referente campesino laico que dejaría su vida armada en Mendoza para sumarse a la obra de monseñor Angelelli en La Rioja.

Oriundo de la localidad puntana de La Calera, en 1961 Wenceslao migró a Mendoza, donde conoció a su mujer, Marta Ramona Cornejo, «Coca», una catequista mendocina con quien tuvo tres hijas: María Rosa, Susana Beatriz y Estela Marta.

En aquellos primeros años, la familia Pedernera llevó una vida tranquila gracias al trabajo de Wenceslao en la empresa vitivinícola Gargantini, donde se les asignó una casa para vivir dentro de las grandes extensiones de la finca y donde fue elegido como delegado gremial.

Fue acercándose a la iglesia por su esposa y entró en contacto con dos dirigentes del Movimiento Rural, Carlos di Marco y Rafael Cifré, quienes lo invitaron a un encuentro en La Rioja, donde Wenceslao conocería a Angelelli y al proyecto que éste había encarado de llevar a la práctica la doctrina del Concilio Vaticano II: una iglesia con un fuerte compromiso social y de opción preferencial por los pobres.

Interpelado por la obra de Angelelli, Wenceslao decidió mudarse con su familia a La Rioja y construyó desde cero un humilde hogar en la localidad de Sañogasta, al oeste de la provincia, desde donde impulsó la organización de los trabajadores rurales en cooperativas para que la tierra «fuera de todos y trabajada por todos».

«Dejó todo con su esposa y sus hijas para comprometerse por este ideal de la tierra compartida, no una tierra acaparada por unos pocos sino una tierra compartida en el trabajo por todos y con sus beneficios para todos», señaló el Padre Llorente, amigo de Wenceslao.

Llorente destacó el «carácter solidario y comprometido» de este campesino laico, un «hombre de pocas palabras, más de la acción, con un gran sentido comunitario y de trabajo junto a los otros».

Y agregó: «El golpe militar del ’76 fue apoyado por familias pudientes tradicionales de La Rioja que se oponían a esta pastoral del pueblo, de los pobres, que generaban iniciativas nuevas de dignidad para la gente basadas en la propuesta eclesial que provenía del Concilio Vaticano II».

En coincidencia, la historiadora Peña señaló la situación de «una provincia con un 90% de pobreza gravísima» y con la presencia de «grupos poderosos a los que no les gustaba esta orientación eclesial que se estaba dando», y que empezaron a hacer sentir su fuerza «incendiando lugares de la iglesia, apresando personas, difamando y ejerciendo todo tipo de amedrentamientos».

«En 1976, con el golpe de Estado la situación era perfecta, porque estos grupos poderosos tenían en las Fuerzas Armadas un instrumento útil para cumplir sus objetivos, que eran acabar con este proyecto de iglesia», reseñó Peña, autora del libro «Wenceslao Pedernera: El santo de la puerta de al lado».

Por su parte, Susana Pedernera, hija de Wenceslao, rememoró: «Mi mamá tenía miedo porque ya habían pasado cosas antes, habían detenido a algunos sacerdotes, habían matado a los curas de Chamical; mi papá había recibido amenazas y cada vez pasaban más seguido autos que vigilaban nuestra casa pero él estaba convencido de quedarnos porque no estaba haciendo nada malo».

La segunda hija del matrimonio Pedernera tenía sólo siete años la noche en que tres encapuchados irrumpieron en su casa y le dispararon a quemarropa a su padre sin mediar palabra.

«Tengo vívido el recuerdo de aquella noche como si hubiera pasado hace poco tiempo, el recuerdo de mi padre herido, tirado en el suelo, que entre quejidos nos miró y nos dijo ‘No guarden rencor, no odien y perdonen porque yo ya he perdonado lo que me hicieron'», evocó Susana.

Con la ayuda de un vecino, llevaron con vida a Wenceslao al hospital de Chilecito. Al llegar al hospital, «Coca» y sus tres hijas fueron encerradas inmediatamente en una habitación donde les dijeron que «estaban detenidas, incomunicadas y que no podían hablar con nadie».

«Como vieron que llegó vivo al hospital y que no habían terminado de hacer bien el trabajo en la casa, tenían que terminarlo ahí, por eso nos encerraron. No lo operaron ni le hicieron nada, lo dejaron morir desangrado», sostuvo.

Su hermana mayor, María Rosa, que en ese momento tenía 13 años, logró escabullirse al mediodía del día siguiente para ir al baño y, «siguiendo los gritos de su padre», dio con él en una habitación, donde lo vio malherido con un charco de sangre debajo de su camilla.

«Él alcanza a hablar con María Rosa, le pregunta por nosotras, ella le dijo que estábamos bien pero enseguida la sacó una enfermera. Al rato vinieron a comunicarle a mi mamá que había fallecido, siento que cuando él supo que estábamos bien se entregó a Dios», expresó con dolor Susana.

El asesinato de Wenceslao no fue un caso aislado. La muerte del dirigente laico había sido precedida una semana antes por los asesinatos de los dos curas de Chamical, Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias, en un plan orquestado por las fuerzas militares en connivencia con sectores poderosos de la provincia para desarticular el creciente Movimiento Rural Cristiano, en una avanzada que tendría como corolario la muerte en un accidente automovilístico fraguado del máximo referente del sector, monseñor Angelelli, sólo nueve días después, el 4 de agosto de 1976.

Wenceslao, Angelelli, Longueville y Murias, los «cuatro mártires de La Rioja», fueron beatificados por el papa Francisco en 2019 dado que sus muertes tuvieron el carácter de «martirio en odio de la fe».

«Cuando fue la beatificación sentimos que sanamos un poco, yo personalmente siento que me ha sanado bastante. Como nos dijo él, no guardo ni odio ni rencor, sólo el dolor de no tenerlo, de ver el cuadro pintado que tengo de su rostro y no tenerlo vivo, presente», expresó Susana, quien espera que finalmente se lleve a cabo el juicio contra Britos, el «único responsable que queda vivo para que se haga justicia».

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«Fallido experimento de sufrimiento humano»: cierra la cárcel migrante de Trump

Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Litigios judiciales, denuncias de tratos inhumanos y un gasto superior a los mil millones de dólares forzaron el cierre del experimento más emblemático de la política migratoria trumpista.

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Cierra «Alligator Alcatraz»: el fracaso del campo de detención migrante de Trump

El gobierno del estado de Florida confirmó esta semana el cierre del centro de detención para migrantes conocido como «Alligator Alcatraz», emplazado en la pista del Aeropuerto Dade-Collier, en plena zona de los Everglades. El desmantelamiento se producirá a principios de junio, según la notificación oficial cursada a las empresas operadoras. En la actualidad, el predio alberga a casi 1.400 personas que serán reubicadas progresivamente en otras dependencias gubernamentales.

El símbolo de la política antimigrante que no pudo sostenerse

Inaugurado el 3 de julio de 2025 bajo el impulso directo de Donald Trump, «Alligator Alcatraz» se convirtió rápidamente en el emblema de la política migratoria más agresiva del gobierno republicano. El nombre, una combinación del reptil que habita los Everglades y la célebre prisión de la Bahía de San Francisco, condensaba la lógica punitiva del proyecto: aislar, humillar y disuadir a quienes intentaran ingresar o permanecer en el territorio estadounidense sin documentación.

La decisión de cerrarlo no respondió a un cambio de criterio político, sino a la acumulación de tres factores que terminaron siendo insostenibles: los litigios judiciales impulsados por organizaciones de derechos civiles, la escalada de costos operativos que superaron los mil millones de dólares, y las sistemáticas denuncias por condiciones inhumanas que se multiplicaron desde el primer día de funcionamiento.

El gobernador republicano Ron DeSantis, uno de los principales aliados de Trump en materia migratoria, admitió el cierre en conferencia de prensa con una frase que resume la lógica del proyecto más que cualquier crítica opositora: «Si cerramos mañana, podremos decir que cumplió su propósito».

Un legislador demócrata: «Fallido experimento de sufrimiento humano»

El legislador demócrata Alexander Frost fue uno de los más duros en su evaluación. Cuestionó el impacto ambiental del centro, su emplazamiento en una zona ecológicamente sensible y el dispendio de recursos públicos que implicó. «Ahora, tras malgastar millones de dólares de los contribuyentes y enfrentar constantes demandas ambientales, este fallido experimento de sufrimiento humano finalmente cierra sus puertas», afirmó Frost.

La definición no fue retórica. Las organizaciones de derechos civiles que litigaron contra el centro documentaron desde sus primeros meses de funcionamiento condiciones que incluyeron temperaturas extremas, falta de acceso a sueño y alimentación adecuada, y tratos degradantes en la rutina cotidiana de los detenidos.

El caso argentino que expuso la crisis humanitaria

Entre los miles de casos que transitaron por «Alligator Alcatraz», el del argentino Fernando Artese tuvo especial repercusión. Detenido por su estatus migratorio vencido, Artese fue derivado al centro de los Everglades, y su esposa denunció públicamente las condiciones a las que fue sometido: frío extremo, duchas forzadas de madrugada y privación de sueño por falta de alimento.

La pareja expuso además el régimen de seguridad interna del predio. «Deben caminar con las manos en la nuca para salir de su celda, como si fueran criminales peligrosos. Muchos no cometieron delitos. En el caso de Fernando, creó una empresa y contribuyó al país, pero hoy está encerrado como si fuera lo peor», declaró.

El caso de Artese no fue una excepción: fue la cara visible de un sistema diseñado para castigar la condición migratoria con métodos propios de los regímenes penitenciarios de alta seguridad, aplicados en su mayoría a personas sin antecedentes penales.

La lógica del miedo y sus límites

El cierre de «Alligator Alcatraz» no implica un abandono de la política migratoria represiva de la administración Trump. Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Sin embargo, la clausura del centro más emblemático del proyecto expone sus límites concretos: inviabilidad económica, vulnerabilidad judicial y costo humanitario insostenible.

Lo que quedó en evidencia es que la lógica del miedo tiene un precio que, en este caso, los propios impulsores del proyecto no estuvieron dispuestos a seguir pagando.

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