Los trabajadores de distintos hospitales y de talleres protegidos porteños, integrantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), realizarán el próximo miércoles una jornada de «conmemoración y memoria» al cumplirse 10 años de la feroz represión en el Hospital Borda, que dejó una gran cantidad de heridos.

Las organizaciones sindicales y representantes de la comunidad reclamarán ese día «justicia para los responsables políticos de semejante atropello», así como que se construya además el Taller Protegido 19 «en el lugar en que estaba».

«El 26 de abril es una fecha en que se conmemoran muchas cosas: el inicio de lo que fue la resistencia para defender los hospitales públicos de salud mental y la unidad de trabajadores poniendo el cuerpo para defender nuestros espacios», dijo la secretaria general de la Junta Interna de ATE en el Hospital Borda, Gabriela Sánchez.

La dirigente agregó que esa fecha también configura un «hecho político», al rememorar: «El 26 de abril no solo nos vinieron a decir que no les interesaba la salud mental en la Ciudad, sino que vivieron a apropiarse de nuestros terrenos para un negocio inmobiliario».

A 10 años de la represión en el Borda bajo el Gobierno de Mauricio Macri en la Ciudad, los trabajadores estatales de los hospitales siguen reclamando «justicia».

Las juntas internas de los Hospitales Borda, Tobar García, Moyano y de Talleres Protegidos indicaron a esta agencia que el próximo miércoles a partir de las 9.30 se realizará una «jornada de conmemoración de la represión y demolición del Taller Protegido Intrahospitalario 19».

«Aquel día de 2013 quedó al descubierto la verdadera cara del proyecto deshumanizador y represor macrista. Pero también demostró el grado de unidad y consciencia de los trabajadores y las trabajadoras para defender la salud pública», remarcaron en un comunicado conjunto.

Ese día, en el Hospital Borda habrá «música y compartiremos comida con una olla popular; distintas intervenciones artísticas y el espíritu de unidad y solidaridad de entonces y de ahora», manifestaron.

Los trabajadores de ATE recordaron que «A 10 años de la locura más grande de la historia, exigimos justicia. Queremos juicio y castigo a los responsables políticos e intelectuales: Macri, (María Eugenia) Vidal, (Horacio Rodríguez) Larreta, (Guillermo) Montenegro y los jefes de la entonces Policía Metropolitana. Y queremos la reconstrucción del Taller Protegido 19 en el lugar en que estaba».

El secretario general de la Junta Interna de ATE en Talleres Protegidos, Gustavo Fernández Ferro, comentó en diálogo con Télam que «el 26 de abril es una fecha que representa mucho más que la represión y demolición del taller».

«Representa el modelo de salud que quiere el Gobierno de la Ciudad para los y las trabajadoras, pero también para los y las ciudadanas de la Ciudad y la Argentina. Ellos quieren reducir todo, quieren destruir la salud. Lo vienen haciendo a cuentagotas, pero en ese momento fue la visión más clara de lo que ellos pretenden», añadió.

Fernández Ferro hizo un llamado a la participación de trabajadores y vecinos para plantear que «la lucha sigue, la salud se defiende con el cuerpo, con el alma y con el corazón».

En coincidencia, Sánchez agregó que «es una fecha que nos interpela, nos lleva a pesar cómo construimos día a día el lugar que ocupamos dentro de los hospitales y dentro de Talleres Protegidos; queremos garantizar con nuestro trabajo diario la salud pública, gratuita y de calidad para todos y todas».

El 26 de abril de 2013 la Policía Metropolitana ingresó a los terrenos del Hospital José T Borda con la intención de garantizar el comienzo las obras del Centro Cívico: una dependencia que albergaría varios Ministerios del Gobierno de la Ciudad que funcionaban en el Palacio del Plata y en Bolívar 1.

Para ello, de madrugada y en contra de una orden judicial, derribaron el edificio del Taller Protegido 19, desatando una feroz represión contra quienes se opusieron a la invasión.

Así, personal de los hospitales Borda, Moyano, Tobar García y de Talleres Protegidos fueron baleados y apresados. Incluso legisladores y hasta varios periodistas fueron atacados por el solo hecho de estar cubriendo los hechos.

«Pero el accionar inhumano de la policía macrista llegó incluso al punto de disparar sobre los cuerpos indefensos de pacientes y familiares», recordó ante esta agencia un camillero del Borda.

El saldo fue de más de 50 heridos, siete detenidos y una causa judicial contra los trabajadores y las trabajadoras por supuestas agresiones a la policía, además de la pérdida del Taller Protegido 19, un dispositivo único por su función de intrahospitalario y por sus características edilicias y ubicación.

Dos días antes, el miércoles 24 de abril, se hacía presente personal del juzgado que debía fallar sobre la viabilidad de la construcción del Centro Cívico en los terrenos del Borda.

De parte de las juntas internas del Hospital Borda y Talleres Protegidos en ATE, se habían presentado pruebas y pericias que demostraban que la obra no contaba con el análisis del impacto ambiental; que el tratamiento de los pacientes se había resentido a partir del cierre del taller; que el lugar donde serían trasladados personal y pacientes no contaba con las condiciones mínimas de salubridad y seguridad; y que reparar las averías del entonces Taller 19 representaba una cifra mínima en relación a la construcción de otro nuevo edificio.

El lunes 29 de abril de 2013, la cámara debía comunicar la decisión sobre la autorización o no del emplazamiento de la obra, pero tres días antes, violando la medida cautelar vigente y con la mitad de la Policía Metropolitana, el Gobierno de La Ciudad decidió derribar el Taller Protegido 19.

La multa que le aplicó la Justicia al Gobierno porteño fue de 10 mil pesos, que se negó a pagar.

Luego de los terribles acontecimientos, y como una salida del conflicto, Macri mudó esas dependencias al barrio del Parque de los Patricios.