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Historia viva: «Nuestros obispos pactan silencio con Videla»

El clamor por las víctimas de la dictadura, en las reveladoras cartas entre la Iglesia y familiares. Un documento fundamental.

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Indignación, reclamo y mucho dolor son algunos de los sentimientos que encierra el intercambio epistolar entre familiares de desaparecidos y detenidos durante la última dictadura cívico-militar y las autoridades de la Iglesia Católica, según documentación recientemente desclasificada de los archivos del Episcopado y del Vaticano.

La información inédita está contenida en el segundo tomo del libro «La verdad los hará libres: la Iglesia católica en la espiral de violencia en la Argentina 1966-1983», editado por Planeta, que fue presentado por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) encabezada por monseñor Oscar Ojea y contó con el impulso del papa Francisco.

Los autores del volumen de casi 900 páginas son los teólogos e historiadores Carlos María Galli, Luis Liberti, Juan Durán y Federico Tavelli, entre otros.

En «El clamor de las víctimas», último capítulo del libro, Luis Liberti, Irene Elordi, Guadalupe Morad y Federico Ripaldi recopilan la correspondencia conservada en la Secretaría de Estado del Vaticano y en el Episcopado durante los años que sucedieron al golpe de 1976, del que mañana se cumplen 47 años.

Se trata de documentos, inéditos hasta el momento, que permiten reconstruir narraciones, sentimientos y emociones vividas en la búsqueda de seres queridos.

«No son papeles viejos e inanimados, siguen clamando y reclamando por una justicia largamente esperada. Con los logros realizados y los débitos pendientes», dicen los autores del capítulo.

Según detallan, las cartas «expresan formalmente los reclamos sobre el paradero, el estado de salud, la situación legal, la posible liberación de cada detenido, interpelan por cada detenido-desaparecido; además resguardan testimonios de dolor y alegría; de sufrimiento y de alivio; de vida y de muerte; de esperanza y desaliento».

«La correspondencia reflejó el profundo sufrimiento y reclamo de los familiares ante los penosos e injustos acontecimientos que afrontaron. Hubo quienes explicaron con detalle las crudas atrocidades cometidas con sus hijos, hermanos, esposos, etcétera», precisan.

Agencia Télam on Twitter: "El papel de la Iglesia en la dictadura, en un  nuevo libro con documentos desclasificados ✍ Silvina Oranges  https://t.co/l6YkycONps" / Twitter

A continuación, algunos párrafos seleccionados de las cartas hasta ahora desconocidas que son publicadas por primera vez (en respeto a la privacidad de las víctimas y sus familiares se refieren sus nombres solo con iniciales):

  • «Cuánto dolor, cuánta angustia. Regresamos de San Miguel 74 madres mojadas de lluvia, dolor y lágrimas. Nuestro cardenal no nos recibió, no nos dio la bendición que tanto esperábamos. Nuestro pastor no tuvo tiempo, ni un solo minuto para atendernos, pero grande fue mi sorpresa cuando a la noche vi todo el tiempo que tuvo para el programa de Andrés Perciavalle. Nuestros obispos pactan silencio con Videla. Nuestro presidente gana tiempo. Y esto termina como el tango, estamos juntos, en el mismo lodo, todos manoseados» (De H.P. de B. dirigida al cardenal Raúl Primatesta)
  • «Frente a la desesperante situación de angustia, incertidumbre e impotencia que vivo desde hace dos años y diez meses por la desaparición de mi hija, y como cristiana y argentina que solo pide justicia me dirijo a Su Señoría Ilustrísima esperanzada en las palabras de Su Santidad Juan Pablo II, para suplicarle que interceda ante nuestro Gobierno para obtener la libertad de mi querida hija» (De A.E.Q. al nuncio apostólico Pío Laghi)
  • «La Iglesia católica no puede permanecer impasible. Entre esos desaparecidos, hay centenares de niños pequeños y otros nacidos en cautividad. No se conoce su suerte aunque está probado que algunos han sido dados en adopción a familias extrañas, olvidando la salvaguarda de los valores más elementales. En vísperas de la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitamos a Ud. que interceda ante el Presidente de la Nación y las Fuerzas Armadas para que digan la verdad, se libere a los presos clandestinos y se concluyan los procedimientos ilegales» (firmado por varias Madres de Plaza de Mayo a Primatesta).
  • «¿Puede considerar humano ese Episcopado que dos niños sufran tremenda frustración de no tener a sus padres? ¿Es posible pensar que las autoridades ‘olviden’ a estas personas en las cárceles del país?» (De J.O. y L.L.O. a Primatesta).
  • «Nuestra angustia crece día a día pues no sabemos si esos hijos tan amados están vivos o muertos. Hemos llegado al límite de nuestras fuerzas, y aunque la fe en Nuestro Señor nos mantiene en pie, necesitamos una palabra de la Iglesia que nos ayude a seguir» (De Madres de Plaza de Mayo a Laghi).
  • «Monseñor, usted prometió al reverendo padre Arrupe ocuparse de nuestro doloroso caso a su regreso a Buenos Aires; es decir que en 8 meses no ha hecho una sola gestión concreta a favor de alguien, que usted sabe en conciencia que es absolutamente inocente, y que ya no sabemos si está vivo o muerto. Usted no fue capaz de enfrentar y comprometer su autoridad para lograr el más mínimo indicio de su paradero, dándose por cumplido con unas líneas frías y vergonzosas a través de un secretario» (De M.F. de B. a Primatesta).
El papel de la Iglesia en la dictadura, en un nuevo libro con documentos  desclasificados

Entre 1975 y 1983, hubo un aluvión de cartas: en ese período llegaron a la sede de la nunciatura apostólica un total de 3115 casos identificados de desaparecidos; en tanto que en el Episcopado recibieron 11.605 cartas, 587 telegramas, 124 testimonios, 65 tarjetas, 114 notas y 66 unidades de otro tipo, según el relevamiento que se hizo para el libro.

Todos los casos recibidos fueron contestados tanto por el nuncio como por la conducción del Episcopado y esos pedidos además remitidos a los integrantes de la Junta Militar.

A continuación, dos ejemplos de la respuesta de Primatesta a una de las tantas cartas recibidas:

  • «Comparto su dolor y lo comparto sinceramente. Ello no significa lamentablemente que tengamos posibilidades de revertir situaciones ni de procurar noticias tan ansiadas por no pocas familias. No tenemos la posibilidad de provocar decisiones, que responden a veces a mecanismos que tampoco son conocidos por nosotros» (De Primatesta a M.A.)
  • «He recibido su carta y ante mí no tiene que disculparse, ya que comprendo perfectamente que usted quiere comunicar su angustia y dolor. Mi pena es no tener modo de procurarle el alivio que usted busca; es decir, noticias sobre su hija, pero ya le decía yo, los obispos carecemos de medios efectivos para obtener esas informaciones tan ansiadas» (De Primatesta a A.S. de C.).
La Iglesia publicó sus archivos sobre la violencia política de los '70 y la  dictadura

El recorrido epistolar continuaba luego con las cartas que los obispos enviaban a los integrantes de la dictadura, pidiendo por los casos concretos que recibían de los familiares.

«Las respuestas desde el Ministerio del Interior incluyeron, además de la aclaración sobre la situación de los detenidos puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, referencias indirectas a los desaparecidos utilizando argumentos burocráticos para, de algún modo, reconocer su ausencia», explican los investigadores.

Además, las respuestas contenían una «evaluación o calificación de la persona detenida, invariablemente negativa, por la cual se negaba o posponía la definición de su libertad, aun habiendo cumplido la pena o careciendo de esta».

Estos son ejemplos de las respuestas que recibían, al hablar de un caso en particular:

  • «A la fecha, la situación de la misma no ha experimentado variantes, manteniéndose fiel a la ideología subversiva y con un comportamiento calificado como pésimo, no obstante informo que la situación de la nombrada así como la de todos los detenidos, es permanentemente evaluada y de producirse algún cambio le será comunicado de inmediato» (carta del ministro Harguindeguy al Episcopado).
  • «También se explicaban diversas razones negando el pedido de salida del país como en el caso de I.A.A. de M.; en la que se aducían los siguientes motivos: en su domicilio se encontró gran cantidad de material ideológico extremista. Su comportamiento actual en la unidad carcelaria señala difícilmente adaptable, posee nivel político ideológico superior, apoya a las organizaciones subversivas, no presenta signos positivos de rehabilitación y reingreso a la sociedad, no colabora con las autoridades penitenciarias, ha sido merecedora de 33 sanciones disciplinarias, su conducta es mala, la valorización de su peligrosidad para la vida en libertad está catalogada como un elemento peligroso». (De Harguindeguy sobre I.A.A.de M.)

Según explican los autores, «solo algunos pocos casos tuvieron una resolución favorable» y agregan: «Está claro que el gobierno no se conmovió por la intervención de las autoridades de la Iglesia y siguió con firmeza sus propias convicciones».

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Myanmar cometió genocidio: la CIJ responsabilizó por primera vez a un Estado

El máximo tribunal de la ONU concluyó que las fuerzas birmanas mataron a unos 10.000 rohinyás en 2017 y empujaron a 700.000 al exilio. Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y garantizar el regreso de los desplazados.

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Corte Internacional de Justicia: fallo por los rohinyás

Unos 10.000 rohinyás asesinados, alrededor de 700.000 expulsados hacia Bangladés y cerca de 400 aldeas arrasadas: con esas cifras sobre la mesa, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó este jueves que Myanmar cometió genocidio contra esa minoría musulmana durante las operaciones militares de 2017. Es la primera vez en su historia que el máximo tribunal de Naciones Unidas declara a un Estado responsable de haber cometido ese crimen.

El fallo, de 191 páginas, fue leído durante casi tres horas en La Haya por el presidente del tribunal, el juez japonés Yuji Iwasawa, en la causa que Gambia inició en noviembre de 2019 por violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. «La República de la Unión de Myanmar ha cometido genocidio contra el grupo rohinyá en el norte del estado de Rajine», afirmó Iwasawa. La decisión se adoptó por nueve votos contra seis y es definitiva, obligatoria para las partes e inapelable.

Qué dio por probado la Corte

El tribunal consideró respaldada por el expediente la estimación de unos 10.000 muertos, que surge de una misión independiente de la ONU, y concluyó que las fuerzas de seguridad y otros órganos del Estado cometieron actos prohibidos por los incisos a, b y d del artículo II de la Convención: matanzas, lesiones graves a la integridad física o mental y medidas destinadas a impedir nacimientos dentro del grupo. También determinó que Myanmar no previno ni castigó el genocidio.

Iwasawa describió la «violencia extrema» del ejército contra las comunidades rohinyás del estado de Rajine y sostuvo que el asesinato de bebés respalda la inferencia de que las fuerzas de seguridad buscaban impedir nacimientos dentro del grupo. Según el tribunal, cerca de 400 de las casi 1.000 aldeas de tres municipios del norte, alrededor del 40%, fueron destruidas total o parcialmente durante y después de 2017, y sobre los terrenos despejados se levantaron construcciones a toda velocidad.

Lo que deberá hacer Myanmar

La sentencia ordenó a Myanmar adecuar su legislación a las obligaciones de la Convención, investigar y, cuando corresponda, juzgar y castigar a los sospechosos, ofrecer garantías de no repetición, permitir el regreso «seguro, voluntario y digno» de los desplazados y la reunificación de las familias, e indemnizar al grupo rohinyá y a sus integrantes. El monto se fijará en una etapa posterior, y el Estado birmano tendrá dos años para informar qué medidas de restitución adoptó y qué compensación propone.

El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró el fallo como un «poderoso reconocimiento a las víctimas rohinyá del genocidio» y sostuvo que terminar con la impunidad es indispensable para la reconciliación en Myanmar. Pero la CIJ no tiene medios propios para hacer cumplir sus decisiones, y el comandante que encabezó aquella ofensiva, Min Aung Hlaing, es el mismo que lideró el golpe de Estado de 2021.

Un techo que se rompió

El caso recorrió un largo camino: en enero de 2020 la Corte ordenó medidas provisionales para proteger a los rohinyás, en julio de 2022 rechazó las objeciones de Myanmar y se declaró competente, y en enero de este año escuchó tres semanas de alegatos, en los que el representante birmano Ko Ko Hlaing defendió la campaña militar como una respuesta a ataques de milicianos rohinyás.

El fallo marca un antes y un después en el derecho internacional: en Bosnia contra Serbia, en 2007, la Corte solo había condenado a un Estado por no prevenir un genocidio, el de Srebrenica, pero no por cometerlo. En Croacia contra Serbia, en 2015, rechazó las dos demandas por no haberse probado la intención específica de destruir a un grupo.

El capítulo argentino

La causa tiene un correlato directo en Comodoro Py. En noviembre de 2019, organizaciones rohinyás junto a organismos argentinos de derechos humanos, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo y la organización del Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, presentaron una denuncia ante el juzgado de María Romilda Servini invocando el principio de jurisdicción universal. El 13 de febrero de 2025, la jueza dictó órdenes de detención contra 25 funcionarios militares y civiles birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing y la ex consejera de Estado Aung San Suu Kyi. La sentencia de La Haya le da un respaldo inédito a una investigación que la Justicia argentina abrió cuando pocos países se animaban.

Lo que tenés que saber

  • La CIJ declaró a Myanmar responsable de genocidio contra los rohinyás en 2017, por nueve votos contra seis.
  • Es la primera vez que el tribunal determina que un Estado cometió genocidio.
  • Se estiman unos 10.000 muertos, 700.000 desplazados y unas 400 aldeas destruidas.
  • Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y permitir el regreso de los desplazados; Myanmar tiene dos años para informar.
  • En la Argentina, la jueza Servini ordenó en 2025 la detención de 25 funcionarios birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing.
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