Economía 💲
Guzmán reclamó «más autocrítica» del FMI
El ministro de Economía remarcó que con los US$ 45.000 millones que el FMI le otorgó al gobierno de Mauricio Macri “alrededor de US$ 21.000 millones se destinaron para pagar una deuda insostenible y US$ 24.000 millones para generar activos externos”.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, consideró que en el FMI “debió haber más autocrítica” en el informe en el que analizó el crédito por US$ 45.000 millones otorgado en 2018 a Mauricio Macri y señaló que en el acuerdo que busca con el organismo los pagos de deuda de capital recién comiencen en 2026.
Además, señaló que el FMI entendió que «se debería haber entendido mejor el fenómeno inflacionario en la Argentina y que no se podía pensar que sólo con la política monetaria y al tasa de interés se podía resolver» como propuso el gobierno del por entonces presidente Mauricio Macri.
«El FMI reconoció que la plata se utilizó para pagar deuda insostenible a acreedores privados, que era un salvataje a acreedores que habían entrado a hacer una apuesta en 2016, y que se utilizó para financiar la formación de activos externos», afirmó Guzmán en una entrevista con C5N en la que apuntó que «alrededor de US$ 21.000 millones se destinaron para pagar una deuda insostenible y US$ 24.000 millones para generar activos externos».
Por otra parte dijo que la evaluación demuestra que «el Fondo está mostrando un mayor entendimiento, planteando que hay que atacar las múltiples causas de la inflación y que también tienen un rol los acuerdos de precios».
«La evaluación dijo que debería haber habido una reestructuración de deuda y medidas para regular la salida de capitales, es decir, controles de capitales antes para que no pase lo que efectivamente pasó», afirmó Guzmán.
Entre otros aspectos que se apuntaron en el documento publicado esta tarde, el Directorio del FMI, que integran representantes de las principales potencias económicas del mundo, reconoció que hubo pronósticos demasiado optimistas, que hubo una inconsistencia en el programa para abordar los profundos problemas estructurales de Argentina y que el préstamo generó riesgos financieros y de reputación considerables para el Fondo.
Aún así, el propio comunicado deja expreso que existen diferencias entre algunos de los directores -sin especificar a qué países representan- sobre la evaluación del crédito y los errores que se cometieron en su diseño e implementación.
Sobre este punto Guzmán dijo que es claro que «hay un conjunto amplio de países que están de acuerdo que acá hay algo que fracasó abruptamente pero que hay alguno que no son tan autocríticos». «Lo de hoy ayuda, no es suficiente, pero es un paso adelante», dijo el ministro, más allá de que consideró que tendría que contener más «autocrítica».
Sobre el futuro programa, que será de Facilidades Extendidas y con un plazo de 10 años de extensión, dijo: «Lo único que vamos a firmar -aseguró- es un acuerdo que en el corto plazo nos ayude a ir despejando el horizonte financiero e ir construyendo más certidumbres, pero tranquilizar la economía argentina y curar las heridas que se hizo con el endeudamiento que tomó Juntos por el Cambio en moneda extranjera va a llevar no menos de una década».
Respecto al diseño de ese nuevo programa dijo que se está trabajando para conseguir los apoyos entre distintos países en el mundo para reducir las sobretasas de interés que pesan sobre la Argentina que le insumen una carga de unos US$ 1.000 millones al año.
«Hacen falta más apoyos en foros internacionales para que esas sobretasas puedan modificarse y seguimos trabajando para ello. El mundo es difícil y es un mundo al que nos han dejado expuesto Juntos por el Cambio», afirmó.
Sin embargo, aunque se alcance un acuerdo de Facilidades Extendidas -que implicaría empezar a pagar capital recién en 2026- el problema del enorme peso de la deuda «sigue ahí» ya que, por ejemplo, «habría que pagar más de 20.000 millones de dólares en 2028», lo que equivale a casi el doble del superávit comercial de 2021.
«Esto muestra que los pagos del FMI tienen una concentración tal que vamos a tener que seguir dando pasos, por eso incluimos una cláusula en la cual si en el futuro el FMI cuenta con un tipo de préstamos mejor que se pueda pagar en más años que nos permitan trasladar parte de la deuda argentina a un nuevo programa y poder distribuir estos pagos en el tiempo», dijo el ministro.
El ministro se anticipó también a las críticas de «la derecha» -como se refirió a la oposición- ante los efectos de un acuerdo con el organismo sobre el índice del Riesgo País y la brecha cambiaria: «el Riesgo País va a bajar pero no se va a restaurar el acceso a los mercados internacionales de un día para el otro porque los mercados saben que el problema que dejó Juntos por el Cambio es muy grave y que va a llevar tiempo resolverlo».
«Nosotros vamos a ver qué implica para la economía real y para la generación de trabajo o la baja de la inflación», aseguró.
De cara a resolver el problema de la inflación y el crecimiento económico sostenido señaló: «Hay que entender de una vez por todas en la Argentina que la estabilización es una tarea colectiva, que conduce el Gobierno, pero una tarea donde todos tienen una responsabilidad, el sector público y privado».
Hizo referencia al respecto a una reunión que tuvo con empresarios de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), que apoyaron la marcha de las negociaciones con el FMI a la vez que destacaron la fuerte recuperación argentina, que «es el momento de quedarse e invertir en la Argentina» y resaltaron la necesidad de coordinar las expectativas de precios y salarios.
Guzmán aseguró que se crearon 422 mil puestos de trabajo en el tercer trimestre y que otros otros datos de crecimiento de la economía -exportaciones, inversión, actividad manufacturera, entre otros- ratifica que «la economía financiera hoy va por un carril distinto que el de la economía real».
Durante el encuentro, José Urtubey, miembro de la Comisión Asesora del Instituto de Educación y Productividad en Argentina de OEI, sostuvo que «hay que invertir en el país» y que «debe darse un acuerdo sostenible y no de ajuste con el Fondo Monetario Internacional».
Mientras que Daniel Herrero, presidente de Toyota Argentina, precisó que la compañía duplicó sus exportaciones el año pasado y que está prevista la fabricación de 27.000 nuevas unidades. «Hay que seguir invirtiendo en el país en momentos cruciales», señaló Herrero.
Por su parte, Martin Cabrales, vicepresidente de Cabrales, expresó que «vemos un buen año, con una reactivación fuerte en el sector alimentos, en especial en el consumo interno».
En la reunión estuvieron presentes Alejandro Simon, CEO Grupo SANCOR; Fabián Castillo Presidente de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (FECOBA); Juan Carlos Mosquera Presidente de Aseguradores del Interior de la República Argentina (ADIRA); Luis María Scasso, Director de la Oficina de Argentina de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI); Mara Bettiol Presidenta de la Union de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (UART); Marcelo Figueiras Presidente de Laboratorios Richmond; y Pablo Peralta Presidente Grupo ST (Grupo de Servicios y Transacciones S.A.).
Seguridad social
Actualización mínima, pérdida real del 40%: la política de Milei frente al sistema de discapacidad
El Ministerio de Salud actualizó los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad un 2,10% para junio, atado al IPC de mayo. La medida coexiste con la negativa del Gobierno a aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad y con una pérdida real acumulada que, según el propio sector, supera el 40%.
El Ministerio de Salud, a través de la Secretaría Nacional de Discapacidad, publicó este viernes en el Boletín Oficial la Resolución 1297/2026: una actualización del 2,10% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, vigente desde junio y calculada sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo. La medida convive con una pérdida real acumulada que el propio sector estima en más del 40% respecto de los costos, y con la negativa sistemática del Gobierno de Javier Milei a dar plena vigencia a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La resolución, firmada por el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Alberto Vilches, establece un incremento parejo para todas las prestaciones del nomenclador, sin distinción por modalidad o tipo de servicio. La norma actualiza los valores aprobados por la Resolución 517/2026, que en mayo había dispuesto una suba del 2,6%. Para las provincias de la Patagonia, considerada zona desfavorable por sus condiciones geográficas y logísticas, se mantiene un adicional del 20% sobre el arancel básico.
Con los nuevos valores, una prestación de centro de día con jornada doble pasará a percibir $1.058.791,92, mientras que una jornada simple ascenderá a $563.272,78.
Números oficiales versus realidad del sector
La actualización mensual por IPC es el mecanismo que el Gobierno aplica de manera rutinaria, pero los prestadores advierten que ese esquema está lejos de compensar el deterioro acumulado. Según datos oficiales del propio sector, la pérdida real frente a los costos operativos supera el 40% en el período 2024-2025. El impacto es concreto: instituciones de referencia, como el Centro Alas de Rosario, con 38 años de trayectoria en la atención de personas con discapacidad, alertaron públicamente a mediados de mayo que no perciben fondos desde noviembre de 2025. El cuello de botella señalado es el crónico retraso en los pagos del programa federal Incluir Salud.
Una ley vigente que el Gobierno se niega a cumplir
El trasfondo de esta nota mensual de actualización es un conflicto político e institucional de mayor envergadura. El Congreso aprobó en julio de 2025 la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, que declaraba la emergencia del sector hasta diciembre de 2026 y establecía, entre otros puntos, compensaciones para los prestadores por el desfasaje acumulado entre aranceles e IPC durante 2024, y la actualización mensual automática de los valores del nomenclador. Milei vetó la ley en agosto. El Senado revirtió el veto en septiembre de 2025 con 63 votos a favor y solo 7 en contra, forzando la promulgación de la norma.
Sin embargo, el Ejecutivo condicionó la aplicación de la ley a que el Congreso incluyera las partidas correspondientes en el Presupuesto 2026, invocando el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera. La Justicia intervino en reiteradas oportunidades. En diciembre de 2025, el Juzgado Federal de Campana declaró inválida la suspensión y fijó el 4 de febrero de 2026 como plazo máximo para la implementación plena. El Gobierno reglamentó parcialmente la norma mediante el Decreto 84/2026, pero continuó dilatando su aplicación integral.
En abril de 2026, la Cámara Federal de San Martín volvió a ordenar la aplicación de la ley. Ante ese fallo, el Gobierno ingresó ante la Corte Suprema un recurso extraordinario con efecto suspensivo, invocando un impacto fiscal de 3 billones de pesos (0,35% del PBI). En paralelo, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley alternativo que modifica sustancialmente la norma vigente: establece un reempadronamiento obligatorio de pensionados bajo amenaza de interrupción automática de pagos, y elimina la posibilidad de otorgar aumentos por zona geográfica desfavorable.
La ANDIS disuelta y la continuidad institucional bajo cuestionamiento
El contexto institucional agrava el panorama. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que administraba históricamente el sistema, fue disuelta por el Decreto 27/2026, tras el escándalo judicial que involucró a su ex titular Diego Spagnuolo en presuntas irregularidades con proveedores de medicamentos. Sus funciones quedaron absorbidas por el Ministerio de Salud, que es el organismo que ahora firma las resoluciones de actualización arancelaria. La continuidad de los servicios y la cadena de pagos a prestadores se desarrolla en ese marco de transición institucional.
Puntos clave
- La Resolución 1297/2026 establece una actualización del 2,10% en los aranceles del sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad a partir de junio de 2026, calculada sobre el IPC de mayo.
- Las provincias patagónicas mantienen un adicional del 20% sobre el arancel básico por zona desfavorable.
- El sector estima una pérdida real acumulada de más del 40% frente a los costos en 2024-2025; instituciones de referencia advierten que no perciben fondos desde noviembre de 2025.
- El Gobierno de Milei mantiene un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para frenar la aplicación plena de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, pese a que la Justicia ordenó su vigencia en múltiples instancias.
- La ANDIS fue disuelta por Decreto 27/2026 y sus funciones quedaron bajo la órbita del Ministerio de Salud.
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