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Guzmán reclamó «más autocrítica» del FMI
El ministro de Economía remarcó que con los US$ 45.000 millones que el FMI le otorgó al gobierno de Mauricio Macri “alrededor de US$ 21.000 millones se destinaron para pagar una deuda insostenible y US$ 24.000 millones para generar activos externos”.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, consideró que en el FMI “debió haber más autocrítica” en el informe en el que analizó el crédito por US$ 45.000 millones otorgado en 2018 a Mauricio Macri y señaló que en el acuerdo que busca con el organismo los pagos de deuda de capital recién comiencen en 2026.
Además, señaló que el FMI entendió que «se debería haber entendido mejor el fenómeno inflacionario en la Argentina y que no se podía pensar que sólo con la política monetaria y al tasa de interés se podía resolver» como propuso el gobierno del por entonces presidente Mauricio Macri.
«El FMI reconoció que la plata se utilizó para pagar deuda insostenible a acreedores privados, que era un salvataje a acreedores que habían entrado a hacer una apuesta en 2016, y que se utilizó para financiar la formación de activos externos», afirmó Guzmán en una entrevista con C5N en la que apuntó que «alrededor de US$ 21.000 millones se destinaron para pagar una deuda insostenible y US$ 24.000 millones para generar activos externos».
Por otra parte dijo que la evaluación demuestra que «el Fondo está mostrando un mayor entendimiento, planteando que hay que atacar las múltiples causas de la inflación y que también tienen un rol los acuerdos de precios».
«La evaluación dijo que debería haber habido una reestructuración de deuda y medidas para regular la salida de capitales, es decir, controles de capitales antes para que no pase lo que efectivamente pasó», afirmó Guzmán.
Entre otros aspectos que se apuntaron en el documento publicado esta tarde, el Directorio del FMI, que integran representantes de las principales potencias económicas del mundo, reconoció que hubo pronósticos demasiado optimistas, que hubo una inconsistencia en el programa para abordar los profundos problemas estructurales de Argentina y que el préstamo generó riesgos financieros y de reputación considerables para el Fondo.
Aún así, el propio comunicado deja expreso que existen diferencias entre algunos de los directores -sin especificar a qué países representan- sobre la evaluación del crédito y los errores que se cometieron en su diseño e implementación.
Sobre este punto Guzmán dijo que es claro que «hay un conjunto amplio de países que están de acuerdo que acá hay algo que fracasó abruptamente pero que hay alguno que no son tan autocríticos». «Lo de hoy ayuda, no es suficiente, pero es un paso adelante», dijo el ministro, más allá de que consideró que tendría que contener más «autocrítica».
Sobre el futuro programa, que será de Facilidades Extendidas y con un plazo de 10 años de extensión, dijo: «Lo único que vamos a firmar -aseguró- es un acuerdo que en el corto plazo nos ayude a ir despejando el horizonte financiero e ir construyendo más certidumbres, pero tranquilizar la economía argentina y curar las heridas que se hizo con el endeudamiento que tomó Juntos por el Cambio en moneda extranjera va a llevar no menos de una década».
Respecto al diseño de ese nuevo programa dijo que se está trabajando para conseguir los apoyos entre distintos países en el mundo para reducir las sobretasas de interés que pesan sobre la Argentina que le insumen una carga de unos US$ 1.000 millones al año.
«Hacen falta más apoyos en foros internacionales para que esas sobretasas puedan modificarse y seguimos trabajando para ello. El mundo es difícil y es un mundo al que nos han dejado expuesto Juntos por el Cambio», afirmó.
Sin embargo, aunque se alcance un acuerdo de Facilidades Extendidas -que implicaría empezar a pagar capital recién en 2026- el problema del enorme peso de la deuda «sigue ahí» ya que, por ejemplo, «habría que pagar más de 20.000 millones de dólares en 2028», lo que equivale a casi el doble del superávit comercial de 2021.
«Esto muestra que los pagos del FMI tienen una concentración tal que vamos a tener que seguir dando pasos, por eso incluimos una cláusula en la cual si en el futuro el FMI cuenta con un tipo de préstamos mejor que se pueda pagar en más años que nos permitan trasladar parte de la deuda argentina a un nuevo programa y poder distribuir estos pagos en el tiempo», dijo el ministro.
El ministro se anticipó también a las críticas de «la derecha» -como se refirió a la oposición- ante los efectos de un acuerdo con el organismo sobre el índice del Riesgo País y la brecha cambiaria: «el Riesgo País va a bajar pero no se va a restaurar el acceso a los mercados internacionales de un día para el otro porque los mercados saben que el problema que dejó Juntos por el Cambio es muy grave y que va a llevar tiempo resolverlo».
«Nosotros vamos a ver qué implica para la economía real y para la generación de trabajo o la baja de la inflación», aseguró.
De cara a resolver el problema de la inflación y el crecimiento económico sostenido señaló: «Hay que entender de una vez por todas en la Argentina que la estabilización es una tarea colectiva, que conduce el Gobierno, pero una tarea donde todos tienen una responsabilidad, el sector público y privado».
Hizo referencia al respecto a una reunión que tuvo con empresarios de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), que apoyaron la marcha de las negociaciones con el FMI a la vez que destacaron la fuerte recuperación argentina, que «es el momento de quedarse e invertir en la Argentina» y resaltaron la necesidad de coordinar las expectativas de precios y salarios.
Guzmán aseguró que se crearon 422 mil puestos de trabajo en el tercer trimestre y que otros otros datos de crecimiento de la economía -exportaciones, inversión, actividad manufacturera, entre otros- ratifica que «la economía financiera hoy va por un carril distinto que el de la economía real».
Durante el encuentro, José Urtubey, miembro de la Comisión Asesora del Instituto de Educación y Productividad en Argentina de OEI, sostuvo que «hay que invertir en el país» y que «debe darse un acuerdo sostenible y no de ajuste con el Fondo Monetario Internacional».
Mientras que Daniel Herrero, presidente de Toyota Argentina, precisó que la compañía duplicó sus exportaciones el año pasado y que está prevista la fabricación de 27.000 nuevas unidades. «Hay que seguir invirtiendo en el país en momentos cruciales», señaló Herrero.
Por su parte, Martin Cabrales, vicepresidente de Cabrales, expresó que «vemos un buen año, con una reactivación fuerte en el sector alimentos, en especial en el consumo interno».
En la reunión estuvieron presentes Alejandro Simon, CEO Grupo SANCOR; Fabián Castillo Presidente de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (FECOBA); Juan Carlos Mosquera Presidente de Aseguradores del Interior de la República Argentina (ADIRA); Luis María Scasso, Director de la Oficina de Argentina de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI); Mara Bettiol Presidenta de la Union de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (UART); Marcelo Figueiras Presidente de Laboratorios Richmond; y Pablo Peralta Presidente Grupo ST (Grupo de Servicios y Transacciones S.A.).
Coparticipación
El ajuste de Milei deja a La Rioja sin Juegos Evita: sin fondos, sin deportistas
La Rioja no podrá enviar delegación a la final de los Juegos Nacionales Evita 2026 en Mar del Plata. El gobierno de Quintela reconoció la imposibilidad económica mientras la Nación acumula una deuda de más de 1.300 millones de dólares con la provincia y la Corte Suprema ya intervino para intentar conciliar el conflicto.
Mientras el gobierno de Javier Milei recortó los fondos extracoparticipables a las provincias opositoras desde su primer día de gestión, La Rioja paga el costo con la exclusión de sus deportistas de los Juegos Nacionales Evita 2026, cuya final se disputará en Mar del Plata entre el 2 y el 7 de noviembre. El anuncio, formalizado el 1 de octubre por el secretario de Deportes, Recreación e Inclusión provincial, Jorge Córdoba, sorprendió a entrenadores que todavía analizaban cómo conformar sus equipos.
El secretario Córdoba reconoció la imposibilidad económica de afrontar los costos de traslado y manutención de la delegación. Lo que el contexto provincial vuelve inevitable es que esa imposibilidad tiene nombre y apellido: la sistemática retención de fondos coparticipables y transferencias no automáticas que el gobierno nacional lleva adelante hacia las provincias gobernadas por la oposición. La Rioja es, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la provincia donde más cayeron las transferencias no automáticas desde Nación, con una reducción interanual del 96% acumulada en el primer semestre de 2024.
Una deuda que la Corte tuvo que intervenir para visibilizar
El reclamo de la provincia no es nuevo ni menor. El gobernador Ricardo Quintela lleva años denunciando que la Nación acumula una deuda histórica con La Rioja por un punto de coparticipación del que fue despojada en 1988. Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, ese porcentaje equivale a 621.000 millones de pesos que no fueron contemplados en el Presupuesto 2026. El total de la deuda acumulada, según el gobierno riojano, supera los 1.300 millones de dólares.
La disputa escaló a la justicia: la Corte Suprema convocó a una audiencia de conciliación entre representantes del gobierno de Quintela y del gobierno de Milei para abordar el litigio. El abogado de La Rioja ante el máximo tribunal es el exsenador Jorge Yoma, quien también se reunió en Casa Rosada con el jefe de Gabinete Guillermo Francos para discutir los 320 millones de dólares que la Nación reconoció como deuda con la provincia.
La situación llegó a su punto más crítico cuando La Rioja no pudo afrontar vencimientos de su deuda en dólares por 26,2 millones, una obligación que su propio ministerio de Hacienda atribuyó a las limitaciones generadas por la contracción de la economía argentina, la alta inflación, la devaluación de diciembre de 2023 y, fundamentalmente, el ajuste fiscal que cortó las transferencias desde Nación. Quintela fue explícito al señalar que Milei tomó a La Rioja y a la provincia de Buenos Aires como enemigos, en un escenario donde la paralización de la obra pública resultó fenomenal.
Los deportistas: el daño colateral del ajuste político
En ese marco de asfixia presupuestaria, la baja de La Rioja de los Juegos Evita 2026 no es un hecho aislado ni una falla de gestión provincial. Es la consecuencia directa y previsible de una política de castigo económico a las provincias opositoras que el gobierno libertario viene aplicando desde diciembre de 2023. El secretario Córdoba reconoció que los entrenadores de futsal masculino y femenino todavía no habían sido informados cuando él ya sabía que la provincia no iba a participar, una situación que da cuenta del golpe abrupto que significó la decisión.
La exclusión de La Rioja se suma a una tendencia más amplia. En la edición 2025 de los Juegos Evita, siete provincias, entre ellas Buenos Aires y varias patagónicas, amenazaron con no participar porque el gobierno nacional ofreció cubrir solo el 20% de los gastos de traslado, alojamiento y comida, cuando la ley 26.462 garantizaba históricamente el financiamiento pleno de las delegaciones provinciales. El diputado provincial Gustavo Pulti calculó que, para sostener los juegos con la misma inversión que en 2023 actualizada por inflación, la Nación debería destinar 779 millones de pesos, una cifra que el gobierno de Milei simplemente decidió no garantizar.
Mientras tanto, provincias aliadas al gobierno nacional, como Santa Fe, que se consagró bicampeona en los Juegos Evita 2025 con 327 deportistas, pudieron mantener sus delegaciones sin las restricciones que enfrentan los distritos opositores. La brecha entre las provincias que reciben el respaldo de Nación y las que son tratadas como adversarios políticos se traduce, en el deporte, en chicos y chicas que no pueden competir.
Atacalar suspendido: el ajuste regional también golpea
La baja de los Juegos Evita no fue el único golpe deportivo de la semana para La Rioja. El secretario Córdoba también informó la suspensión de los Juegos Atacalar, el certamen regional que reúne a representaciones de La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero y la provincia chilena de Atacama. La organización estaba a cargo de Catamarca, y desde ese distrito llegó la comunicación de la cancelación por razones económicas. El cuadro es el mismo en toda la región: el ajuste de la administración libertaria no reconoce fronteras provinciales cuando los fondos dejan de llegar.
La provincia procura mantener la participación en los Juegos Urbanos Argentinos y en los Juegos HAGAR Junior, señalados como alternativas para deportistas en proyección. Pero la escala y el alcance de los Juegos Evita no tienen equivalente: la edición 2025 reunió a más de 8.600 participantes de todo el país en 40 disciplinas. Para los jóvenes deportistas riojanos que venían preparándose, la baja no es un trámite administrativo; es la clausura de una oportunidad que no se repite.
Quintela, marginado de las reuniones que la Casa Rosada extendió a los gobernadores más alineados con el gobierno nacional, sigue la misma estrategia que Axel Kicillof en Buenos Aires: denunciar la discriminación presupuestaria y pelear en los tribunales lo que no se obtiene en la mesa de negociación. Pero mientras los pleitos judiciales avanzan a ritmo de expediente, son los deportistas los que pierden su lugar en la largada.
Lo que tenés que saber:
- La Rioja no participará de los Juegos Nacionales Evita 2026 por falta de recursos para costear el traslado y la manutención de la delegación.
- La Nación acumula una deuda con La Rioja que el gobierno de Quintela estima en más de 1.300 millones de dólares, incluyendo fondos de coparticipación retenidos desde 1988.
- La Corte Suprema convocó a una audiencia de conciliación entre la provincia y el Estado nacional por el litigio del punto de coparticipación despojado en 1988.
- Los Juegos Atacalar, certamen regional del Norte Grande, también fueron suspendidos por problemas económicos.
- En 2025, siete provincias opositoras amenazaron con no participar en los Juegos Evita porque el gobierno nacional solo ofreció cubrir el 20% de los gastos de las delegaciones.
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