Energía
Escalada de tarifazos de luz y gas hasta 2025: quiénes se verán más afectados
Se busca que los usuarios cubran el 84,83% del costo mayorista del sistema eléctrico. El gobierno busca reducir los subsidios al 0,5% del PBI para 2026.
El gobierno anunció una nueva serie de aumentos en las tarifas de luz y gas que se extenderán hasta 2025. El objetivo central de la medida es reducir los subsidios estatales mediante la segmentación de usuarios y la implementación de un esquema focalizado de asistencia. Esta política busca transferir progresivamente el costo real del servicio a los usuarios finales, dejando a ciertos sectores sin el beneficio de los subsidios.
Subsidios en revisión
El plan del gobierno, coordinado por Daniel González, propone que los usuarios cubran el 84,83% del costo mayorista del sistema eléctrico hacia 2025. En términos concretos, por cada $100 reales de la factura, $85 serán pagados por los usuarios y el resto estará subsidiado. Actualmente, el Estado cubre parte de la diferencia entre lo que pagan los hogares y el costo real de la energía, especialmente durante ciertos meses del año donde el consumo tiende a aumentar.
Esta reestructuración de los subsidios energéticos tiene como meta que, para 2025, las subvenciones representen solo el 0,5% del Producto Bruto Interno (PBI), lo que implica una reducción significativa en comparación con los niveles actuales. En 2023, los subsidios alcanzaron 1,5 puntos del PBI, equivalentes a USD 9.683 millones. El objetivo es reducir esa partida a USD 6.744 millones, lo que representa un recorte de casi USD 3.000 millones en subsidios.
La Canasta Básica Energética
Una de las principales herramientas para alcanzar la reducción de subsidios es la implementación de la Canasta Básica Energética (CBE). Este esquema de subsidios personalizados permitirá que los hogares paguen el 100% del valor de la energía, y solo aquellos que no puedan cubrirlo recibirán asistencia estatal. El criterio será que, si el costo de la factura supera un determinado porcentaje del ingreso del hogar, el Estado subsidiará la diferencia. Eduardo Rodríguez Chirillo, Secretario de Energía, adelantó que se espera implementar la CBE a partir de diciembre de 2024.
Sin embargo, este modelo enfrenta un gran desafío: la necesidad de cruzar datos económicos de cada hogar para otorgar un subsidio personalizado. La fecha original para el inicio del proyecto era abril de 2024, pero debido a demoras, el presidente Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, mediante el Decreto 465/2024, aplazaron la implementación hasta noviembre, con la posibilidad de una única prórroga de seis meses.
El impacto en los diferentes niveles de ingresos
El nuevo esquema de tarifas impactará de manera diferenciada a los hogares según su nivel de ingresos:
Nivel de ingresos altos (N1): Los hogares que declaren ingresos equivalentes o superiores a 3,5 canastas básicas (CBA) según el INDEC deberán pagar el costo total de la energía sin subsidios. Este grupo incluye a aquellos con tres o más inmuebles, vehículos de lujo o activos societarios significativos.
Nivel de ingresos bajos (N2): Para aquellos hogares con ingresos inferiores a una canasta básica total (CBT), se mantendrán algunos subsidios. También se considera a quienes posean un Certificado Único de Discapacidad (CUD) o residan en viviendas comunitarias.
Nivel de ingresos medios (N3): Aquellos hogares que no estén en los extremos del espectro tendrán un esquema intermedio de subsidios, con algunos límites en la cantidad de inmuebles y vehículos que pueden poseer para acceder a los beneficios.
Principales factores y preocupaciones
Entre los principales factores que podrían complicar este panorama se encuentran los cortes de luz durante los meses de verano. González alertó sobre un verano complicado en términos energéticos debido a la creciente demanda y el estado de la infraestructura eléctrica. Además, el congelamiento de tarifas implementado por el expresidente dejó un marco complicado, con un tope del 48% de cobertura en favor de los usuarios, lo que impone un desafío para el actual gobierno.
Puntos clave de los tarifazos:
El gobierno proyecta aumentos en las tarifas de luz y gas hasta 2025.
Se busca que los usuarios cubran el 84,83% del costo mayorista del sistema eléctrico.
La Canasta Básica Energética (CBE) se implementará en 2024 para ofrecer subsidios focalizados.
Los aumentos serán más significativos para los hogares de altos ingresos, que perderán sus subsidios.
El gobierno busca reducir los subsidios a 0,5% del PBI para 2026.
Desregulación
El Gobierno entregó Transener: adiós a la soberanía eléctrica
La resolución de Caputo transfirió la participación estatal en la principal transportista de energía del país a un consorcio con estrechos vínculos con el entorno del poder libertario. La operación, por US$356 millones, se inscribe en el proceso de desguace del Estado energético que el FMI demanda al Gobierno.
La red eléctrica del país en manos privadas: quiénes son los socios del poder que se quedaron con Transener
★ El Gobierno de Javier Milei formalizó este lunes la privatización de Transener, la principal empresa de transporte de energía eléctrica en alta tensión del país, mediante una resolución del Ministerio de Economía firmada por el ministro Luis Caputo. La operación transfirió la totalidad de la participación estatal, que el Estado ejercía a través de ENARSA en la sociedad controlante Citelec S.A., al consorcio integrado por Genneia y Edison Energía, por un monto de US$356.174.811.
Con este acto, el Estado nacional completó su salida definitiva de la estructura accionaria de la compañía que opera aproximadamente el 85% de la red troncal de transmisión eléctrica del país.
Un activo estratégico que genera más de US$200 millones anuales
Transener no es una empresa cualquiera: es la columna vertebral del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Administra más de 12.600 kilómetros de líneas de alta tensión en 500 kV que recorren el territorio nacional desde Jujuy hasta Santa Cruz, a los que se suman los 6.228 kilómetros de su controlada Transba, empresa de transporte eléctrico de la provincia de Buenos Aires. Opera bajo concesiones de largo plazo de hasta 95 años, es el único operador de alta tensión del país y, según datos de ENARSA, presenta una disponibilidad operativa superior al 99,7%.
Desde el punto de vista financiero, la empresa registra un EBITDA superior a los US$200 millones anuales, lo que la convirtió, paradójicamente, en uno de los activos más rentables que el Estado resignó en este proceso.
La licitación recibió tres ofertas, con un precio base fijado en US$206 millones. El consorcio Genneia-Edison Energía resultó ganador con US$356.174.811, superando las propuestas de Central Puerto (US$301 millones) y Edenor (US$230 millones).
La suma total de las tres ofertas alcanzó los US$887 millones, superando ampliamente el piso establecido por el fisco. Llamativamente, a pesar de las expectativas del Gobierno, no se registró participación de capitales de inversión extranjeros en el proceso.
Los socios del poder detrás del consorcio ganador
La identidad de los actores detrás del consorcio ganador no es un dato menor. Según información difundida por Energía Online y otros medios especializados, Genneia está liderada por Jorge Brito, presidente y accionista del Banco Macro. Del lado de Edison Energía participan los hermanos Patricio y Juan Neuss, reconocidos como cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo, socios del fondo Inverlat, junto a Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai, propietario de Havanna y Aspro.
Completan el cuadro los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, dueños de Newsan. La operación posiciona al consorcio como co-controlante de Citelec junto a Pampa Energía, el holding liderado por Marcelo Mindlin, que ya poseía el otro 50% de la sociedad controlante y previamente renunció a sus derechos de preferencia para facilitar la transacción.
El marco legal y la lógica del desguace
El proceso se encuadra en el Decreto 286/2025, que dispuso la venta de las acciones que ENARSA poseía en Citelec, en el marco de la Ley Bases (27.742), que habilitó la privatización de activos energéticos bajo control estatal. La operación se suma a la venta previa de las represas hidroeléctricas del Comahue, que según datos del propio Gobierno ingresó US$700 millones a las reservas internacionales. Para 2026, el Ejecutivo proyecta recaudar al menos US$2.000 millones mediante privatizaciones, en el marco de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional.
Según un análisis de especialistas del sector, la privatización de Transener se inscribe en un proceso de creciente concentración del sistema energético en manos de grandes grupos económicos locales, impulsado tanto por la presión de esos mismos grupos como por las exigencias del FMI, que «recomienda» la venta de empresas públicas como parte de sus metas de ajuste fiscal. El paralelismo con la experiencia de los años 90 resulta inevitable: en aquella etapa, la venta de activos estratégicos derivó en falta de inversión y expansión que luego dificultó el proceso de reindustrialización iniciado en 2003.
La obra que se canceló y el proyecto que no llegó
Un dato revelador del contexto en el que se produce esta privatización: el Gobierno canceló el proyecto AMBA I, que iba a expandir el sistema de transmisión en el área metropolitana en conjunto con la empresa china State Grid, líder global en líneas de alta tensión. En su lugar, el Ejecutivo habilitó la inversión privada mediante el Decreto 921/25, pero hasta la fecha, según consignan fuentes del sector, no se registraron avances concretos en nuevas inversiones. La infraestructura crítica se transfiere sin garantías públicas de que el sector privado vaya a expandirla.
Puntos clave
- El Ministerio de Economía formalizó este lunes la privatización de Transener mediante resolución firmada por Luis Caputo, transfiriendo la participación estatal al consorcio Genneia-Edison Energía por US$356.174.811.
- Transener opera más del 85% de la red troncal de transmisión eléctrica del país, con más de 12.600 km de líneas de alta tensión, y genera un EBITDA anual superior a US$200 millones.
- El proceso se encuadra en el Decreto 286/2025 y la Ley Bases (27.742), enmarcado en las metas de privatización acordadas con el FMI.
- Detrás del consorcio ganador figuran Jorge Brito (Banco Macro/Genneia) y los hermanos Neuss, identificados como cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo.
- No hubo inversión extranjera en el proceso y el Gobierno canceló previamente el proyecto de expansión AMBA I con China (State Grid), sin que la inversión privada lo reemplazara.
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