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Santa Fe crea un tributo digital con devolución: ¿cómo impacta en los usuarios?

La alícuota provincial será menor al 21 % de IVA que cobra la Nación.

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La Administración Provincial de Ingresos (API) de Santa Fe confirmó que comenzará a aplicar, desde julio, un nuevo régimen de percepción del impuesto a los Ingresos Brutos sobre servicios digitales prestados por empresas no residentes. La medida forma parte de la Ley Tributaria provincial aprobada este año y busca equiparar las condiciones impositivas entre plataformas radicadas y no radicadas en el país.

“El objetivo es poner en pie de igualdad a las plataformas que ya tributan, como Disney+, Google, Facebook, PedidosYa o Cabify, con aquellas que no lo hacen por no tener residencia fiscal en Argentina, como Netflix, Spotify o Uber”, explicó el subsecretario de Ingresos Públicos, Florencio Galíndez.

Una medida que apunta a la equidad fiscal

A diferencia del IVA del 21 % que la Nación aplica desde 2018 sobre servicios digitales del exterior, la alícuota provincial de Santa Fe será más baja. Además, la provincia implementará un mecanismo inédito a nivel nacional: los usuarios podrán solicitar la devolución del tributo o bien usarlo como crédito fiscal para abonar el Impuesto Inmobiliario, la Patente Única sobre Vehículos u otros tributos provinciales.

La normativa alcanza a todos los consumos que tengan utilización económica en Santa Fe, aunque el prestador del servicio digital esté domiciliado en el extranjero y no tenga base local de operaciones.

Cómo funcionará el reintegro

La API adelantó que la devolución podrá solicitarse a través de un trámite online, para personas humanas o jurídicas no alcanzadas por el régimen general de Ingresos Brutos. Se trata de una medida que, según las autoridades, busca no castigar al usuario final y construir un esquema más justo de recaudación.

Desde el gobierno provincial señalaron que otras nueve provincias ya aplican algún tipo de gravamen a las plataformas digitales foráneas, en muchos casos con alícuotas cercanas al 5 %. Pero insistieron en que Santa Fe es la única jurisdicción que permite que el usuario recupere o reutilice el monto cobrado.

Un debate abierto sobre la tributación digital

El avance de las economías digitales desafía los sistemas tributarios tradicionales. Mientras la AFIP busca reforzar controles sobre multinacionales tecnológicas, las provincias se suman con sus propios esquemas para gravar consumos que hasta ahora quedaban fuera del radar. El anuncio de Santa Fe puede marcar un precedente en la armonización de las cargas fiscales en el país y al mismo tiempo abrir una discusión sobre el peso que el sistema impositivo traslada a los usuarios.

“Sería justo y beneficioso que también se permitiera el reintegro del IVA que paga el usuario desde 2018 por estos servicios”, señalaron desde la cartera fiscal santafesina.

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Histórico en la OIT: el mundo reconoció que los repartidores son trabajadores y tienen derechos

¿Que garantiza el nuevo convenio?. La delegación argentina, encabezada por dirigentes de la CGT y la CATT, participó activamente del debate y presentó denuncias contra el gobierno de Milei por violaciones a la libertad sindical.

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En la histórica 114ª Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en Ginebra, los 187 países miembros de la OIT adoptaron por amplia mayoría un convenio vinculante que garantiza salario mínimo, seguridad social, libertad sindical y transparencia algorítmica para repartidores, conductores y trabajadores de aplicaciones.

La delegación argentina, encabezada por dirigentes de la CGT y la CATT, participó activamente del debate y presentó denuncias contra el gobierno de Milei por violaciones a la libertad sindical.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó este viernes, en el cierre de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, el primer convenio global destinado a garantizar derechos laborales básicos para los trabajadores de la economía de plataformas digitales. El texto, resultado de dos años de negociaciones tripartitas entre gobiernos, empleadores y organizaciones sindicales, se adoptó por 406 votos a favor, 8 en contra y 36 abstenciones en la asamblea anual del organismo, presidida por el ministro de Trabajo y Seguridad Social del Uruguay, Juan Castillo.

El convenio entrará en vigor una vez sea ratificado por al menos dos países miembros, a los doce meses de ese acto de ratificación. Su alcance es universal: se aplica a todos los trabajadores de plataformas digitales, independientemente de su situación laboral formal, lo que incluye a conductores de aplicaciones como Uber y Bolt, repartidores de servicios como Rappi y Glovo, y trabajadores remotos de plataformas de servicios digitales.

Un hito histórico tras décadas de precarización

La aprobación del convenio pone fin a décadas de vacío regulatorio que permitió a las grandes empresas tecnológicas operar en todo el mundo bajo el argumento de que sus trabajadores son «colaboradores independientes», negándoles acceso a salario mínimo, cobertura médica, jubilación y derecho a la sindicalización. El texto aprobado reconoce explícitamente que la economía de plataformas «está transformando significativamente el mundo laboral» pero identifica graves «déficits» en materia de trabajo decente que los marcos regulatorios nacionales no lograron corregir de manera uniforme.

El convenio establece que los trabajadores por aplicación deberán percibir una remuneración en ningún caso inferior al salario mínimo legal o negociado vigente en cada país, y acceder a protección en materia de seguridad social en condiciones equivalentes a las de cualquier otro trabajador. Además, obliga a las plataformas digitales a ser transparentes sobre sus mecanismos de pago, las deducciones aplicadas y el funcionamiento de los sistemas algorítmicos que asignan tareas, calculan tarifas, miden rendimiento y determinan bloqueos o suspensiones de cuentas.

Libertad sindical y transparencia algorítmica, en el centro

Entre los ejes centrales del convenio figura el reconocimiento expreso del derecho a la libertad de asociación sindical y a la negociación colectiva para los trabajadores de plataformas, un derecho que las empresas del sector negaron sistemáticamente durante años. El texto también insta a los Estados miembros a adoptar medidas para garantizar la eliminación del trabajo forzoso y del trabajo infantil en el sector, la no discriminación y entornos laborales seguros y saludables.

Respecto a los sistemas algorítmicos, el convenio obliga a las empresas a informar a los trabajadores cómo se toman las decisiones automatizadas que afectan su actividad y a reconocerles el derecho a impugnar esas decisiones. Este punto fue uno de los más disputados durante las negociaciones, dado el modelo de negocio de las grandes plataformas, que utilizan la gestión algorítmica como herramienta de control laboral sin intermediación humana.

Argentina en Ginebra: entre el nuevo convenio y las denuncias contra Milei

La delegación sindical argentina tuvo una activa participación en la 114ª Conferencia. Horacio Calculli, integrante de la delegación de la Confederación General del Trabajo (CGT), actuó en múltiples frentes durante las dos semanas de trabajo en Ginebra. En su carácter de secretario de Salud y Seguridad Operacional de la Asociación Argentina de Aeronavegantes mantuvo una reunión con Horacio Guido, especialista de la OIT en normas internacionales del trabajo, para dar seguimiento a la denuncia presentada por las organizaciones sindicales aeronáuticas argentinas ante los órganos de control del organismo.

Esa denuncia acusa al gobierno de Javier Milei de violar el derecho de huelga, deteriorar las condiciones laborales y perseguir a dirigentes sindicales, según fuentes gremiales consultadas. El secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez, advirtió antes de la conferencia que Argentina estaba en condiciones de quedar «en el banquillo de los acusados» ante el organismo internacional, dado el historial de violaciones laborales de la gestión libertaria. La postura del gobierno nacional fue defendida en Ginebra por el embajador Carlos Foradori, representante permanente ante los organismos internacionales con sede en esa ciudad, ya que el secretario de Trabajo, Julio Cordero, no concurrió a la conferencia.

En paralelo, Calculli desarrolló una agenda internacional como miembro del Comité Ejecutivo Mundial de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) y como presidente del Grupo de Asesores sobre Economía de Plataformas de esa federación. En ese marco mantuvo una reunión con el presidente de la ITF, Frank Moreels, para analizar la situación del transporte en Argentina y América Latina y los desafíos que enfrentan las organizaciones sindicales ante los cambios tecnológicos y productivos. También participó de reuniones vinculadas a la estrategia global de la ITF para garantizar derechos laborales para trabajadores de plataformas.

En ese contexto, Calculli subrayó que los debates de la OIT son fundamentales para construir respuestas globales frente a los cambios que atraviesa el trabajo. «La defensa de la libertad sindical, la negociación colectiva y el trabajo decente sigue siendo una tarea central para el movimiento sindical internacional. Del mismo modo, resulta fundamental que los organismos internacionales continúen monitoreando el cumplimiento de los convenios internacionales ratificados por nuestro país», afirmó el dirigente, quien también integra la Comisión Directiva de la CATT.

El contexto argentino: reforma laboral regresiva y denuncias en el plano internacional

La aprobación del convenio llega en un momento en que el gobierno de Milei impulsa, mediante la reforma laboral contenida en la Ley de Modernización Laboral 27.802, un esquema regresivo para los derechos de los trabajadores.

La CATT, que agrupa a los gremios del transporte, expresó públicamente su oposición a esa norma, advirtiendo que «debilita la negociación colectiva, precariza condiciones laborales y desconoce conquistas históricas del movimiento obrero argentino». En ese cuadro, el nuevo convenio de la OIT sobre economía de plataformas ofrece al movimiento sindical local un instrumento jurídico de carácter internacional para disputar los derechos de los trabajadores digitales en el plano nacional.

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