Economía 💲
Acuerdan con empresas y supermercados retrotraer los precios al 10 de marzo
Esto es resultado de las conversaciones mantenidas ayer y hoy por la dependencia oficial con la Asociación Supermercados Unidos (ASU) y con las principales empresas productoras de bienes de consumo masivo.
Los precios de 580 productos que registraron incrementos excesivos en las últimas semanas se retrotraerán a partir de mañana a los valores vigentes al 10 de marzo pasado, de acuerdo con un compromiso asumido por las grandes cadenas de supermercados de todo el país, informó hoy la Secretaría de Comercio Interior.
Esto es resultado de las conversaciones mantenidas ayer y hoy por la dependencia oficial con la Asociación Supermercados Unidos (ASU) y con las principales empresas productoras de bienes de consumo masivo.
Los productos que retrotraerán sus precios corresponden a los rubros alimentos, limpieza e higiene personal, entre otros.
A través de un comunicado, la dependencia oficial afirmó que «las grandes cadenas de supermercados de todo el país se comprometieron a retrotraer a partir de mañana los precios que Comercio Interior había detectado con incrementos excesivos a partir de los relevamientos que la Secretaría hace a diario, tanto de forma presencial como en base al Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentino (SEPA)».
Los mayores aumentos que alertaron a la Secretaría y al Ministerio de Desarrollo Productivo y llevaron al accionar conjunto de ambas dependencias, se registraron entre el miércoles 16 y el viernes 18 de marzo, precisó la dependencia.
Las cadenas que presentaban mayores niveles de aumento fueron Walmart/Changomas y el grupo Cencosud, propietario de las firmas Jumbo, Vea y Disco.
Ayer, en conferencia de prensa, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien tiene bajo su órbita la Secretaría de Comercio Interior, anticipó que hoy se iba a «clarificar cuál es la responsabilidad de la industria y de los intermediarios», al mismo tiempo que remarcó que «los precios que se hayan adoptado de manera injustificada» iban a tener que retrotraerse a la fecha pactada hoy.
En este sentido, el presidente Alberto Fernández, dijo hoy en una entrevista radial que «algunos suben los precios por las dudas».
«Hay que sentarse y ver si podemos renovar, en este momento excepcional como la guerra, un acuerdo entre todos a través del diálogo», señaló el Presidente en declaraciones a El Destape Radio en referencia a la decisión del Gobierno de buscar consenso entre empresarios, los gremialistas y el Estado para frenar la suba de precios.
La semana pasada el Indec informó un incremento de 9% en febrero en el costo de la canasta básica alimentaria.
El índice de precios minoristas a nivel general, por su parte, marcó un aumento de 4,7%, impulsado esencialmente por la suba de 7,5 promedio registrada en alimentos y bebidas no alcohólicas.
Ante este contexto, Fernández deploró las conductas especulativas de algunos formadores de precios y de forma contundente advirtió que, «si el diálogo no funciona», no le va a «temblar el pulso» para «defender los ingresos de los argentinos».
Ante este contexto, el Gobierno nacional puso en marcha medidas para contener la suba de los precios de los principales productos de consumo masivo, entre ellos, los alimentos.
En ese marco, creó un fideicomiso financiado por la suba de retenciones a la harina y el aceite de soja, para poder retrotaer los precios de la harina de trigo a niveles pre-bélicos, como así también los fideos, el pan y la harina al consumidor, productos esenciales de la canasta básica de alimentos.
Para tal fin anunció una línea de créditos por $8.000 millones a tasa subsidiada para la industria molinera, para que puedan adquirir trigo y evitar un traslado masivo de precios a la mesa de los argentinos.
Las empresas que quedaron en la mira de la Secretaría de Comercio fueron La Serenísima y Molinos Río de la Plata, debido a que priorizaron el abastecimiento a los comercios de proximidad por sobre los supermercados, lo que significó una merma en la oferta de productos dentro del programa +Precios Cuidados, que funciona como un ancla antiinflacionaria.
«El mismo comportamiento se vio la semana pasada por parte de los frigoríficos exportadores nucleados en el consorcio ABC, que intentaron boicotear el programa Cortes Cuidados, lo que motivó una intimación de Comercio Interior y la subsiguiente actuación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca para garantizar su funcionamiento», puntualizó Comercio Interior.
Por tal motivo, estas empresas serán convocadas en los próximos días para que «den explicaciones sobre su accionar y, en caso de ameritar, se les aplicarán las sanciones correspondientes».
Desde el sector agropecuario, tras las medidas tomadas por el Gobierno, las entidades que conforman la Mesa de Enlace anunciaron que mañana se reunirán con por separado con legisladores de diferentes bloques opositores de la Cámara de Diputados.
En primer lugar, a las 10, mantendrán un encuentro con los diputados de Avanza Libertad, Carolina Píparo y José Luis Espert. Luego, a las 12, los representantes de la Sociedad Rural, la Federación Agraria, Coninagro y Confederaciones Rurales se reunirán con integrantes del interbloque Juntos por el Cambio.
En ese marco, los diputados de JXC pidieron hoy a través de una carta enviada a las autoridades de la Cámara de Diputados y del Senado, la conformación urgente de la comisión bicameral de Trámite Legislativo, para analizar los decretos que formalizaron las medidas dispuestas por el Gobierno nacional.
En lo que respecta al precio de la carne, un informe elaborado por el Mercado de Hacienda de Rosario (Rosgan) dio cuenta que los valores del novillo de carne bovina, medidos en moneda constante, son los más altos de los últimos 20 años.
«La oferta de esta categoría sigue siendo escasa y obliga a la industria exportadora a convalidar valores cada vez más altos para cubrir sus requerimientos operativos», indicó el reporte realizado por la analista María Julia Aiassa.
Gremiales
La Cámara del Trabajo le devolvió al Gobierno la reforma laboral que la CGT había logrado frenar
La Cámara Nacional del Trabajo revocó la medida cautelar que suspendía 82 artículos de la Ley de Modernización Laboral (N° 27.802) tras la apelación del Gobierno. El fallo de primera instancia del juez Raúl Ojeda, que había paralizado el núcleo de la reforma a pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT), quedó sin efecto en este punto; sin embargo, la discusión de fondo sobre la constitucionalidad de la norma continúa abierta en los tribunales.
La Cámara revocó la cautelar y reactiva los 82 artículos de la reforma laboral
★ La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hizo lugar a la apelación presentada por el Gobierno nacional y revocó la cautelar que mantenía en suspenso 82 artículos de la Ley N° 27.802, la denominada reforma laboral sancionada por el Congreso el pasado 28 de febrero y publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo de 2026. Con la revocación, los artículos vuelven a estar en vigencia plena mientras continúa la tramitación del juicio de fondo sobre su constitucionalidad.
La medida cautelar original había sido dictada el 30 de marzo por el titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, el juez Raúl Horacio Ojeda, quien hizo lugar al planteo de la CGT y suspendió provisoriamente las disposiciones más sensibles de la norma: cambios en el cálculo indemnizatorio, la derogación de la ley de teletrabajo, la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), las modificaciones al derecho de huelga, el banco de horas, las limitaciones a la negociación colectiva y el esquema de responsabilidad solidaria en tercerización, entre otros.
Una batalla judicial que el Gobierno peleó por varias vías
El fallo de la Cámara no llegó de manera lineal. El Gobierno recurrió a múltiples estrategias paralelas para levantar la suspensión. Luego de que el propio juez Ojeda concediera el recurso de apelación con efecto devolutivo (lo que mantenía la cautelar vigente mientras tramitaba la apelación), la Procuración del Tesoro de la Nación presentó además un recurso extraordinario de per saltum ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 16 de abril, buscando saltear instancias y obtener una resolución urgente del máximo tribunal. El Ejecutivo argumentó incompetencia del juez laboral, ausencia de caso judicial concreto y gravedad institucional al haberse suspendido una ley emanada del Congreso.
En simultáneo, la jueza federal Macarena Marra González, del fuero Contencioso Administrativo Federal, intervino para reclamar que el expediente principal fuera resuelto por esa cámara y no por el fuero laboral, lo que abrió un conflicto de competencias que también complejizó el trámite. Finalmente, fue la Cámara del Trabajo la que se pronunció primero y revocó la medida cautelar.
Qué artículos recuperan vigencia
Con la revocación, recobran aplicación inmediata los artículos suspendidos más cuestionados por el sindicalismo. Entre ellos: el nuevo esquema de cálculo de indemnizaciones que excluye conceptos como el aguinaldo de la base liquidatoria; el FAL, el fondo de capitalización que reemplaza parcialmente el esquema tradicional de indemnización por despido; las modificaciones al régimen de negociación colectiva que habilitan la primacía de los convenios de empresa por sobre los de actividad, uno de los puntos más resistidos por los gremios; las nuevas reglas sobre teletrabajo, banco de horas y fraccionamiento de vacaciones; las disposiciones que limitan la huelga en servicios esenciales; y los cambios que reducen la responsabilidad solidaria de las empresas en casos de tercerización.
El fallo no resuelve, sin embargo, la cuestión de fondo: la inconstitucionalidad de la norma que la CGT reclama en el expediente principal seguirá su trámite ante la Justicia. Tampoco cancela los efectos de las cautelares dictadas en otros casos, como la que protege el empleo de unos 1.500 agentes judiciales del Juzgado N° 30, ni los fallos que declararon inconstitucional el artículo 55 en Córdoba y La Plata.
Una saga que comenzó antes de la sanción
Como informó este medio desde noviembre de 2025, el conflicto en torno a la reforma laboral no comenzó con la sanción de la ley. La CGT advirtió desde el primer momento que la iniciativa reproducía los contenidos del capítulo laboral del DNU 70/2023, que ya había sido suspendido por la propia Cámara del Trabajo en enero de 2024 y luego declarado inconstitucional por la Sala de feria del mismo tribunal. La central obrera realizó un paro nacional de 24 horas el mismo día del debate en Diputados y presentó amparos ante dos fueros distintos el mismo día en que la ley se publicó en el Boletín Oficial.
La judicialización avanzó con celeridad. En apenas tres semanas desde la promulgación, el juez cordobés Ricardo Gileta declaró inconstitucional el artículo 55, el Tribunal del Trabajo N° 3 de La Plata replicó ese criterio, y el juez Herman Mendel suspendió el traspaso del Fuero Laboral a la Ciudad de Buenos Aires. El 30 de marzo llegó la cautelar más amplia, la del juez Ojeda, que paralizó el grueso de la norma. Ahora, la Cámara revierte esa decisión, aunque la guerra judicial continúa.
El fondo sigue irresuelto y el camino puede llegar a la Corte
La revocación de la cautelar representa un triunfo político importante para el Gobierno de Javier Milei, que necesitaba mostrar resultados concretos de su agenda de desregulación laboral. Pero la pelea dista de estar terminada. Si la Cámara hubiera confirmado la cautelar, el expediente habría escalado directamente a la Corte Suprema. Con la revocación, el escenario es inverso: ahora la CGT y los gremios impugnantes son quienes tienen incentivos para acelerar la tramitación del juicio de fondo o recurrir al máximo tribunal.
Según especialistas en derecho laboral, el recorrido judicial podría extenderse por meses o incluso más de un año. En ese plazo, trabajadores con juicios individuales en curso podrán igualmente plantear la inconstitucionalidad de artículos específicos en cada causa, lo que mantiene la disputa viva juzgado por juzgado. Empleados del Comercio y otros gremios habían presentado también sus propias cautelares con alcances distintos, lo que fragmenta el mapa judicial y dificulta cualquier lectura definitiva.
Puntos clave:
- La Cámara Nacional del Trabajo revocó la cautelar que suspendía 82 artículos de la Ley N° 27.802, a pedido del Gobierno.
- Los artículos más sensibles de la reforma laboral, que estaban suspendidos desde el 30 de marzo por el juez Raúl Ojeda, recuperan vigencia plena.
- El juicio de fondo sobre la inconstitucionalidad de la ley, promovido por la CGT, continúa abierto.
- El Gobierno había apelado por dos vías paralelas: ante la Cámara del Trabajo y mediante un per saltum ante la Corte Suprema presentado el 16 de abril.
- La disputa judicial puede extenderse por meses; los trabajadores con causas individuales conservan el derecho a impugnar artículos específicos en cada juzgado.
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