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ATE Indec fija el ingreso mínimo por encima de $2 millones y reclama aumento del 118%
El gremio presentó un cálculo actualizado del costo básico familiar y pidió medidas urgentes para enfrentar el impacto inflacionario en empleados públicos.
Lo que tenés que saber
- ATE Indec estimó que un hogar tipo necesitó $2.027.283 en octubre.
- El informe denuncia una pérdida del 54,8% del salario respecto de 2015.
- El gremio exige un aumento del 118% y reapertura paritaria.
- Señalan inflación acumulada del 241% desde la llegada del actual Gobierno.
- Reclaman bono mensual, pase a planta y ningún sueldo por debajo de la pobreza.
ATE Indec advierte por el costo real de sostener un hogar
Un nuevo documento de ATE Indec ubicó en 2.027.283 pesos el ingreso mínimo requerido en octubre de 2025 para cubrir consumos básicos de una familia de cuatro integrantes. Bajo el título “¿Cuál debería ser nuestro salario como mínimo?”, el texto plantea que el ajuste económico impacta de manera directa en quienes trabajan en el Estado y que el deterioro del ingreso continúa profundizándose.
El análisis sostiene que aumentos en prepagas, transporte, educación privada, electricidad y combustibles reducen la capacidad de compra de los salarios públicos. La estimación combina una canasta alimentaria mínima de 691.887 pesos y otros consumos esenciales por 1.335.396 pesos.
Metodología y variaciones regionales
El documento remarca que los valores corresponden a las “Canastas de Consumos Mínimos”, una metodología desarrollada dentro del INDEC pero sin aplicación oficial. Según ATE Indec, este enfoque refleja de manera más precisa los gastos reales de un hogar urbano promedio. En todas las regiones, los montos superan ampliamente el millón y medio de pesos, con la Patagonia como la zona de mayor costo.
Pérdida salarial y nivel de ingresos
De acuerdo con los cálculos presentados, desde la llegada del Gobierno de La Libertad Avanza la inflación acumulada se ubica en 241%, mientras que un trabajador testigo del SINEP registra una pérdida del 28,25% de su poder adquisitivo.
El informe señala que, si el salario de diciembre de 2015 se actualizara por inflación, debería alcanzar 1.417.335 pesos, pero el ingreso real actual es de 636.289 pesos. Esto implica un retroceso del 54,8%, equivalente a 41 canastas básicas de octubre.
Situación de los monotributistas estatales
ATE Indec también describe la situación de los trabajadores monotributistas, quienes mantienen ingresos congelados desde hace más de un año, sin aguinaldo ni adicionales por presentismo. Con un salario neto promedio de 706.302,88 pesos, la pérdida acumulada equivale a 7,6 meses de honorarios en 93 meses, lo que representa 5.368.253 pesos no recuperados.
Reclamos y demandas urgentes
Frente a este escenario, la organización plantea un paquete de medidas inmediatas: aumento de emergencia del 118% en una única cuota, reapertura de la paritaria sin topes, bono mensual de 250.000 pesos para todos los estatales, pase a planta permanente sin quita salarial, reincorporación de trabajadores cesanteados y garantía de que ningún ingreso quede por debajo de la línea de pobreza, incluidos jubilados.
El documento finaliza con la advertencia: “No hay margen para más pérdida salarial”. Las próximas negociaciones definirán si el Gobierno contempla estas demandas o si la tensión se traslada a un conflicto mayor.
Judiciales ⚖️
Otra denuncia por corrupción: licitación de $700 millones en la Quinta de Olivos
La diputada nacional Marcela Pagano denunció un presunto esquema irregular en una licitación millonaria destinada al mantenimiento de espacios verdes en la Quinta de Olivos. La presentación apunta a la secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario.
Lo que tenés que saber
- Marcela Pagano denunció una licitación de $700 millones en Olivos.
- El contrato es para mantenimiento y jardinería de la residencia presidencial.
- La acusación apunta a Karina Milei como responsable del proceso.
- Se cuestiona que dos empresas oferentes pertenecerían al mismo empresario.
- Se investiga un posible vínculo familiar entre actores involucrados.
- Se pidió suspender la adjudicación y resguardar el expediente.
- También se mencionan posibles delitos contra la administración pública.
Denuncia por una licitación millonaria en la Quinta de Olivos
La diputada nacional Marcela Pagano denunció un presunto esquema irregular en una licitación pública por $700 millones destinada al mantenimiento y jardinería de la Quinta de Olivos y la Casa de Gobierno.
La presentación judicial apunta a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quien responsabiliza por la adjudicación del proceso.
El contrato fue convocado para tareas de mantenimiento preventivo, correctivo y riego de espacios verdes de la residencia presidencial.
Las irregularidades señaladas en la licitación
Según la denuncia, dos empresas que participaron de la compulsa —La Mantovana y Grub— pertenecerían al mismo empresario, lo que habría simulado una competencia inexistente.
La presentación sostiene que ambas firmas estarían vinculadas a un mismo grupo económico, lo que pondría en duda la transparencia del proceso licitatorio.
Además, se menciona la posible existencia de vínculos familiares entre el empresario adjudicado y una funcionaria cercana a la estructura de la Secretaría General.
Señalamientos sobre el rol de la administración
La denuncia afirma que la responsabilidad del control del proceso recae en la autoridad que impulsó la licitación, al exigir la verificación de la independencia de los oferentes.
En ese marco, el escrito plantea que la participación de empresas vinculadas entre sí podría configurar una simulación de competencia dentro del proceso estatal.
También se menciona la posibilidad de que el servicio ya se estuviera prestando previamente sin contrato formal, lo que habría derivado en la regularización mediante la licitación.
Pedido judicial y medidas solicitadas
La diputada solicitó al juzgado interviniente suspender la adjudicación del proceso y resguardar el expediente administrativo completo.
También pidió el secuestro de documentación vinculada a la licitación y la aplicación de medidas cautelares sobre los bienes de los eventuales responsables.
La presentación incluye referencias a posibles delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles e incumplimiento de deberes de funcionario público.
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