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Judiciales ⚖️

A un año del crimen Del Río involucra a su hermano

Es para evitar el juicio por jurados por “doble homicidio calificado por alevosía, por el vínculo, por el uso de arma de fuego y por ser criminis causa” (matar para lograr la impunidad), delito que prevé como única pena la prisión perpetua, o sea, 50 años de cárcel.

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A días de cumplirse el primer aniversario del doble homicidio de sus padres en el partido bonaerense de Vicente López, por el que la fiscalía pidió que sea sometido a un juicio por jurados como autor de un parricidio, Martín Del Rio pidió su sobreseimiento y, a partir de una huella dactilar, del sitio donde fue hallada el arma homicida y de los beneficios económicos que obtuvo, volvió a plantear que el verdadero asesino pudo ser su hermano.

“Estos meses detenido me hicieron pensar mucho, buscar entender qué pasó, quién quería la muerte de mis padres, quién se beneficiaría con sus muertes y la respuesta Sres. Fiscales, aunque duela es una sola, es Diego Enrique Del Rio quien se benefició con la muerte de ellos”, afirmó el imputado de 48 años en referencia a su hermano, un año mayor que él.

El párrafo está incluido en el escrito que su abogada, Mónica Chirivin, presentó hace unos días en oposición al requerimiento de elevación a juicio que el 17 de julio último formularon los tres fiscales de la causa, Martín Gómez, Alejandro Musso y Marcela Semería.La defensora volvió a cuestionar toda la investigación de los fiscales que investigan el caso, a quienes acusó de exponer “una versión errada y antojadiza de los hechos”, de ser “amos y señores” de la prueba y de estar “ensañados en incriminar” a su cliente, e incluso comparó la instrucción con la del “caso María Marta García Belsunce” donde, recordó, “no hay ningún condenado”.

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Chirivin enumeró 18 fundamentos a partir de los cuales cree que no debería prosperar el juicio oral y le pidió al juez de Garantías 1 de San Isidro, Ricardo Costa, que Del Rio sea sobreseído.

Uno de esos puntos, el décimo, es donde transcribe textualmente un duro escrito presentado por el propio imputado para que los fiscales investiguen como autor del homicidio de sus padres, José Enrique Del Rio (75) y María Mercedes Alonso (72), a su hermano Diego, algo que ya había sugerido en una de sus declaraciones indagatorias.

“Mi hermano Diego no tenía la mejor de las relaciones con mis padres ni conmigo. Él nunca quiso involucrarse en los negocios de mis padres y míos, pero sí siempre pretendió ser beneficiado con el producido del mismo”, señaló.

Dijo que su hermano -quien entre otras cosas fue uno de los primeros en reconocerlo como el “caminante encapuchado” captado en los videos clave- “no ha sido sincero al declarar en esta investigación” y que se encargó de ponerlo “en el lugar de autor material del hecho”.

Además, lo acusó de colocarlo “en una situación de asfixia económica” porque desde que está preso no percibe “un peso más” y no tiene dinero para contratar peritos ni pagarle a su defensa.

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“Es evidente que Diego se encuentra cómodo en esta situación”, afirmó, y luego expuso: “El móvil que tenía para matar a mis padres es económico, es poder disfrutar de sus bienes e impedir que su hermano continúe participando de los negocios familiares obteniendo un mayor beneficio”.

En relación a las supuestas evidencias que complican a su hermano, Del Rio hizo mención a una “huella dactilar” de él que fue hallada en el botiquín del baño del garaje donde sus padres fueron asesinados dentro del auto y que, desde su punto de vista, “lo coloca en el lugar escenario de los hechos”.

El otro elemento que para él compromete a su hermano, es el arma homicida, la pistola Bersa 9 milímetros hallada en una caja fuerte de la casa del country San Diego de Moreno donde sus padres pasaban los fines de semana y que fue secuestrada cuando la policía la inspeccionó acompañada por Diego Del Rio.

“Recuerdo el día 25 de agosto cuando estábamos en Melo (la escena del crimen) y Diego se ofreció rápidamente para acompañar a la policía a San Diego, a ver el estado de la casa”, explicó el acusado y sugirió que esa circunstancia “le pudo haber permitido colocar el arma homicida en dicha caja de seguridad”.

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“Mi teoría es que Diego en unos de esos domingos que concurría al country a visitar a mis padres, pidió prestada el arma a mi padre, con esa arma ejecutó el crimen y se llevó la llave de la caja fuerte para realizar su apertura y depósito del arma en el lugar”, expuso.

Sobre cómo apareció el arma en la casa de Moreno, la defensa cuestionó que la “declaración espontánea” de la exesposa del imputado, Cecilia Sánchez, en la que afirmó que la noche del 24 de agosto tomó medicación que la durmió profundamente y no puede afirmar si Del Rio salió de su casa de Nordelta para ir al country de sus padres.

Para Chirivin, esa testimonial fue “para favorecer a Diego Del Rio”, porque el hermano y la exmujer de su cliente “poseen intereses económicos en contra de Martín Del Rio” y están “muy cómodos en una relación de connivencia en la administración de todos los bienes”.

En otro de los fundamentos, la abogada apuntó a la posible participación de una mujer en el crimen, a partir del hallazgo, en la manija interna de la puerta trasera izquierda del auto donde yacían los cadáveres, de un perfil de ADN mezcla femenino nunca identificado ni cotejado con nadie.

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Para la abogada, la existencia ese perfil genético femenino mezclado con el Alonso “pareciera a la fiscalía no interesarle” y, en ese sentido, expuso que podría haberse cotejado con el ADN de la empleada doméstica María Ninfa “Nina” Aquino -primera detenida del caso pero ya sobreseída- y hasta con Paola Coquiara, la agente inmobiliaria con la que su cliente mantenía una relación extramatrimonial y que también lo incriminó con su testimonial.

El comerciante, abogado y expolicía Del Rio y su esposa Alonso aparecieron asesinados -él de tres balazos y ella de uno en el rostro-, el pasado 25 de agosto del año pasado en el interior de su automóvil en el garaje de su mansión de la calle Melo 1101, de Vicente López.

Si bien la empleada fue la primera detenida bajo la sospecha de actuar como “entregadora”, fue liberada por falta de pruebas y el 7 de septiembre los fiscales detuvieron al hijo menor del matrimonio, Martín, alias “Pato”, como supuesto autor de un doble parricidio, tras ser individualizado como el “caminante encapuchado” que entre las 17.33 y las 18.30 del día anterior, 24 de agosto, cometió el doble homicidio ejecutando a las víctimas desde el asiento trasero del auto.

Para los fiscales, el móvil del doble parricidio fue económico y sobre ello, mencionaron dos aspectos: por un lado, la frustrada operación inmobiliaria por la cual las víctimas pensaban que ese mismo día iban a mudarse a un lujoso departamento del edificio “Chateau Libertador” del barrio porteño de Núñez, que Del Rio hijo nunca pudo concretar, y por el otro, que iban a descubrir los desmanejos financieros que había tenido en los negocios familiares.

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La acusación que enfrentará si se confirma el juicio por jurados es por “doble homicidio calificado por alevosía, por el vínculo, por el uso de arma de fuego y por ser criminis causa” (matar para lograr la impunidad), delito que prevé como única pena la prisión perpetua, o sea, 50 años de cárcel.

DDHH

Declaran testigos directos del crimen de Rafael Nahuel

Ocurrió el 25 de noviembre de 2017, y están procesados cinco integrantes de la Agrupación Albatros de la Prefectura Naval Argentina.

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El Tribunal Oral Federal (TOF) de General Roca escuchará esta semana tres testimonios claves en el marco del juicio oral por el asesinato de Rafael Nahuel, ocurrido el 25 de noviembre de 2017, y en el cual están procesados cinco integrantes de la Agrupación Albatros de la Prefectura Naval Argentina.

Los dos jóvenes mapuches que bajaron el cuerpo de Nahuel desde la montaña hasta la ruta 40 en busca de ayuda médica, Fausto Jones Huala y Lautaro González Curruhuinca, declararán citados por las querellas del juicio. Ambos estaban junto a la víctima en el momento en que recibió el disparo.

También está previsto que dé su testimonio Johana Colhuan, integrante de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, que intentó ser desalojada de las tierras en la que se habían establecido en la zona de Villa Mascardi, y que el 25 de noviembre de 2017 también recibió un disparo por la espalda que la hirió en el hombro.

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Se trata de tres testigos clave para los abogados de la familia de Nahuel, la secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh) de Bariloche, los tres querellantes de la causa. Se sumará además el testimonio de María Nahuel, tía de Rafael, quien forma parte de la comunidad y arribó al lugar minutos después que el cuerpo de su sobrino fuera dejado a la vera de la ruta 40.

El juicio que se desarrolla en la ciudad rionegrina de General Roca se estructura en dos audiencias semanales, los días martes y miércoles. Para esta semana está previsto que dos de los imputados amplíen su declaración indagatoria: son los agentes de la Prefectura Juan Ramón Obregón y Sergio García, ambos imputados como “partícipes necesarios” del delito de “homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa”.

Ambos darán su versión de lo sucedido. En las declaraciones que hicieron durante la instrucción del expediente sostuvieron la hipótesis de la “emboscada” por parte de los integrantes de la comunidad mapuche, versión que no se condice con el aporte probatorio y testimonios recogidos hasta el momento en el juicio oral. En relación a Jones Huala y González Curruhuinca, testigos directos de la muerte de Nahuel, esta semana darán su testimonio ante los jueces del TOF de General Roca.

El 25 de noviembre de 2017, los dos fueron apresados por efectivos del grupo Albatros de la Prefectura minutos después de que los propios prefectos dispararan montaña arriba entre 114 y 129 veces con munición de plomo -según consta en las pericias-, lo que provocó la muerte del joven mapuche.

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Jones Huala y González Curruhuinca, en sus respectivas declaraciones indagatorias -a las que accedió Télam-, relataron cómo cayó herido Nahuel y por qué decidieron bajar su cuerpo desde la montaña, incluso exponiéndose a ser reprimidos o detenidos.

En su indagatoria del 28 de noviembre de 2017, Fausto Jones Huala dijo: “En un momento miro y veo que cae Rafael. Ahí empecé a gritar que dejen de disparar, pero siguieron disparando. De repente, no se escuchó más nada. Estaba Rafael en el suelo, me acerqué a verlo y vi que tenía un disparo del lado izquierdo”.

“Le preguntaba cómo estaba y no podía hablar. Decidimos no dejarlo solo porque nosotros tuvimos otro suceso parecido en la comunidad de Cushamen”, agregó en su declaración. Jones Huala se refirió así a Santiago Maldonado, quien desapareció el 1º de agosto de 2017 en la costa del río Chubut en el marco de un operativo de Gendarmería que, según la orden judicial, debía desalojar la ruta 40 pero que terminó incluyendo una persecución a los miembros de la comunidad de Cushamen por las tierras que ocupaban.

Maldonado estuvo 78 días desaparecido y su cuerpo fue encontrado el 17 de octubre del mismo año, en una zona del río que ya había sido rastrillada por lo menos en dos oportunidades. En el caso de González Curruhuinca, en la indagatoria declaró cómo vio morir a Rafael Nahuel delante suyo.

“Cuando Rafael recibe el disparo, nosotros les avisamos a los efectivos de Prefectura que había un herido. Yo me entregué debido a que Rafael necesitaba atención médica, pero no se pudo dar. (…) Nosotros vimos morir a Rafael en nuestras manos, pero yo me entregué para llevar el cuerpo de Rafael”, reconstruyó González Curruhuinca en su declaración.

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En tanto, durante la audiencias de pasado miércoles 20 declararon los dos profesionales médicos que llegaron a la zona de Villa Mascardi. Uno de ellos, el médico Víctor Parodi, fue quien certificó el fallecimiento de Nahuel. Parodi relató que en el hospital zonal Ramón Carrillo de Bariloche recibieron un llamado en el que “pedían ambulancia por dos o tres heridos”, y que se trasladó hasta el lugar.

Al llegar observó cómo dos personas bajaban un cuerpo en una camilla improvisada. Se acercó y constató que Nahuel ya no tenía signos vitales. No intentó realizar maniobras de reanimación, ya que había certificado su fallecimiento. En tanto, la médica Carolina Zombory arribó al lugar unos minutos después, en una segunda ambulancia, y, según dijo al Tribunal, permaneció alejada hasta que el primer grupo de asistencia médica se retiro del lugar.

Fue convocada hasta la vera de la ruta como testigo de los procedimientos que realizó sobre el cuerpo el área de Criminalística de la Policía de Río Negro.

“Lo movieron bastante”, dijo sobre el cuerpo de Nahuel, y se mostró sorprendida porque los policías de la provincia “lo dieron vuelta una y otra vez”. “Fue bastante manoseado”, agregó, y también señaló que le llamó la atención la demora en la colocación de las bolsas de papel en las manos de la víctima, para el resguardo de las huellas.

Zombory aseguró que en el lugar se vivieron “momentos de mucha tensión” y en su declaración incurrió en una contradicción que fue marcada por los abogados de la querella de la secretaría de Derechos Humanos. El miércoles, la profesional de la salud dijo ante los jueces que mientras estaba en el lugar “escuchó disparos” provenientes de la montaña.

El abogado Mariano Przybylski le recordó que durante la instrucción y ante una pregunta puntual sobre esa cuestión de la fiscal Sylvia Little había respondido que no escuchó detonaciones de ningún tipo durante su estadía en Villa Mascardi. “Yo tengo el recuerdo de haber escuchado dos o tres ruidos distintos que me sonaban a disparos”, insistió entonces la médica. En el expediente judicial no existe ningún testimonio que dé cuenta de disparos de armas de fuego con posterioridad al descenso del cuerpo de Nahuel.

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