Buenos Aires
Doble parricidio: confirman prisión preventiva para Del Río
Así lo decidió la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro. Mas temprano, la Justicia había determinado que Márcela Semería, Martín Gómez y Alejandro Musso continuarán al frente de la causa, al rechazar la recusación presentada por la defensa del presunto parricida.
a Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro confirmó en la tarde del jueves la prisión preventiva de Martín Santiago Del Rio como presunto autor del doble homicidio de sus padres, cometido en agosto pasado en el partido bonaerense de Vicente López, informaron fuentes judiciales.
De esta manera, el fallo de la Sala I de dicha Cámara deja firme el procesamiento dictado por los tres fiscales que investigan el caso, Marcela Semería, Martín Gómez y Alejandro Musso, quienes más temprano habían sido ratificados al frente de la causa por el juez que entiende en el expediente que rechazó un pedido de la defensa para apartarlos por “arbitrariedad”.
Rechazo a la recusacuión contra los fiscales
El juez de Garantías 1 de San Isidro, Ricardo Costa, rechazó este jueves en una audiencia oral el planteo de recusación que la defensa de Martín Santiago Del Rio había formulado por presunta “arbitrariedad” de los tres fiscales que lo detuvieron e imputaron como presunto autor del doble homicidio de sus padres, ocurrido en agosto pasado en el partido bonaerense de Vicente López, informaron fuentes judiciales.
De esta manera, al fracasar el intento de la defensora Mónica Chirivin, los tres fiscales de Vicente López que investigan el caso, Marcela Semería, Martín Gómez y Alejandro Musso, continuarán al frente de la causa.
El magistrado denegó el pedido de la abogada al término de una audiencia oral que duró una hora y media y se realizó en la mañana del jueves en los Tribunales de San Isidro, sin la presencia del imputado Del Rio (47), quien prefirió quedarse en su lugar de detención, la Unidad 48 de San Martín.
Durante la audiencia, la abogada amplió los argumentos que ya había presentado por escrito, y también expusieron, para contrarrestar el plateo, los tres fiscales recusados.
Voceros judiciales informaron a Télam que si bien se esperaba que el juez se tome unos días para resolver, comunicó su decisión de rechazar la recusación sobre el cierre de la audiencia.
La abogada de Del Río había basado la recusación en que los tres fiscales tenían “una mirada sesgada” contra su cliente y que actuaron con “arbitrariedad” y “falta de objetividad”.
“El juez dejó en claro que no había advertido ninguna situación concreta que motivara el apartamiento de los fiscales, que la defensa había errado en las causales de la recusación y hasta en el articulado del Código Procesal mencionado”, dijo a Télam una fuente judicial.
Al término de la audiencia, Chirivin aseguró a Télam que no se sorprendió con la decisión del juez porque “era lo que esperaba”.
“La recusación no se puede apelar, pero nosotros ahora estaremos atentos a la audiencia ante la Cámara de Apelaciones, que es la que revisa la prisión preventiva y todos los actos”, dijo.
Y agregó: “La defensa va a estar atenta a cada cosa irregular que haya y la va a denunciar, y si el juez no hace lugar a la denuncia porque considera que no hay motivo de nulidad, iremos a la Cámara y de la Cámara iremos a Procuración”.
“La defensa va a estar atenta a cada cosa irregular que haya y la va a denunciar, y si el juez no hace lugar a la denuncia porque considera que no hay motivo de nulidad, iremos a la Cámara y de la Cámara iremos a Procuración”
Chirivin había basado la recusación en que los tres representantes del Ministerio Público Fiscal tenían “una mirada sesgada” contra su cliente y que actuaron con “arbitrariedad” y “falta de objetividad”.
Además, detallaba los cuestionamientos hacia los fiscales en seis puntos, entre los que se destacaba, el cambio de la data de muerte de las víctimas que perjudicaba a su cliente, los reconocimientos de Del Rio como el “caminante encapuchado” que aparece en los videos llegando y saliendo de las inmediaciones de la escena del crimen y la declaración testimonial de la mujer con la que el acusado mantenía una relación extramatrimonial.

El doble crimen
José Enrique Del Rio (75) y su esposa María Mercedes Alonso (72) aparecieron asesinados -él de tres balazos y ella de uno- el pasado 25 de agosto en el interior de su automóvil en el garaje de su casona de la calle Melo 1101, de Vicente López.
Ambos estaban vestidos como para salir y con los cinturones de seguridad colocados, la mujer en el asiento del conductor y su marido en el del acompañante.
Si bien la empleada María Ninfa «Nina» Aquino fue la primera detenida, el juez de la causa la liberó por falta de pruebas y el 7 de septiembre los fiscales detuvieron al hijo menor de los fallecidos, Martín, como supuesto autor de un doble parricidio cometido el día anterior al hallazgo y con un móvil económico.
Para los fiscales Gómez, Musso y Semería con un «plan previamente diagramado» Del Rio asesinó a sus padres a balazos con una pistola calibre 9 milímetros el 24 de agosto pasado, entre las 17.33 y las 18.30, dentro del automóvil Mercedes Benz guardado en la cochera de la propiedad, tras lo cual robó el DVR con las grabaciones de las cámaras de seguridad y montó la escena para que parezca un homicidio en ocasión de robo.

En base a prueba fílmica, tecnológica y testimonial recopilada por la fiscalía, Del Rio cumple prisión preventiva por «doble homicidio calificado por alevosía, por el vínculo, por el uso de arma de fuego y por ser criminis causa» (matar para lograr la impunidad), delito que prevé como única pena la prisión perpetua.
Para los fiscales el móvil fue económico y está vinculado a los desmanejos financieros del imputado con los bienes y negocios familiares y la frustrada operación inmobiliaria por la cual las víctimas pensaban que ese mismo día iban a mudarse a un lujoso departamento del barrio porteño de Núñez, valuado en más de un millón y medio de dólares, y que Del Río hijo nunca pudo concretar.
Buenos Aires
Desalojo a feriantes: más de 200 familias quedaron sin trabajo en Mar del Plata
Neme llega con topadoras.
La otra cara del “orden”: desalojaron a feriantes en Mar del Plata
El operativo que desmanteló la feria “La Saladita” en la zona de Playa Bristol, en Mar del Plata, dejó al descubierto algo más que un conflicto por la legalidad del comercio: expuso la fragilidad de más de 200 familias que, de un día para el otro, quedaron sin ingresos. A más de diez días del desalojo, los trabajadores se movilizaron frente al municipio para exigir lo que hasta ahora no llegó: una respuesta.
El Estado que llega con topadoras
La intervención se realizó bajo el argumento de combatir la venta ilegal y la violación de marcas. El municipio recuperó el predio, pero no ofreció alternativas. La escena se repite: presencia estatal para desalojar, ausencia para contener.
Walter Rivero, del Sindicato de Vendedores Ambulantes, sintetizó el reclamo: “No somos delincuentes, somos trabajadores que quedaron afuera del sistema”. La frase no es nueva, pero vuelve a tomar fuerza en un contexto donde la informalidad no es elección sino única salida.
Once días sin ingresos
Desde el operativo, los feriantes aseguran que no hubo instancias de diálogo. Denuncian promesas incumplidas y una situación que se agrava con el correr de los días. “Hay familias que no tienen para comer”, advirtieron durante la protesta.
El impacto no es abstracto. Son vendedores de ropa, alimentos, productos básicos. Redes de subsistencia que, sin ese espacio, se desarman. La feria funcionaba como un sostén colectivo frente a un mercado laboral cada vez más excluyente.
Miedo a que la historia se repita
El conflicto no quedó limitado a Playa Bristol. Trabajadores de otras ferias, como la de Plaza Rocha, expresaron temor ante posibles desalojos. La incertidumbre se expande y refuerza una sensación compartida: la de estar siempre al borde.
“Queremos trabajar”, repiten. No hay eufemismos ni vueltas. El pedido es concreto: una mesa de diálogo y una alternativa real.
Silencio oficial
Hasta el momento, la gestión del intendente Neme no dio respuestas públicas que atiendan el reclamo de fondo. Sin propuestas de reubicación ni políticas de contención, el conflicto sigue abierto.
En el medio, más de 200 familias sostienen la espera como pueden.
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