Economía 💲
Demanda explosiva contra Globant en EE.UU.: inversores denuncian engaños y crece el conflicto laboral
Una acción colectiva en Estados Unidos apunta a presuntas irregularidades en la comunicación financiera de la empresa tecnológica. En paralelo, en el país, gremios informáticos vinculan el caso con reclamos laborales sostenidos desde hace años.
Lo que tenés que saber
- Demanda colectiva contra Globant en Nueva York
- Inversores denuncian información “engañosa” al mercado
- El caso abarca el período entre 2024 y 2025
- Sindicatos en Argentina vinculan la causa con reclamos laborales
- Denuncian congelamiento salarial y falta de convenio colectivo
- El conflicto abre un frente judicial y otro sindical
Demanda en Estados Unidos y foco en la información al mercado
Una acción colectiva presentada en Nueva York apunta contra la empresa tecnológica Globant por presunta difusión de información “materialmente falsa o engañosa” sobre su desempeño, especialmente en América Latina.
La causa se tramita en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York y pone el foco en la comunicación de resultados en un período donde, según la denuncia, la compañía enfrentaba dificultades operativas y caída en la demanda.
Reclamos sindicales en Argentina
En paralelo, la Asociación Gremial de Computación (AGC) relacionó la demanda con denuncias que el sector viene realizando a nivel local. Su secretario general afirmó: “Globant niega la negociación colectiva, congela salarios y le oculta información a sus inversores. Ahora tendrán que dar explicaciones en la Justicia de Nueva York. Exigimos también respuestas para los trabajadores de Argentina que todavía seguimos sin convenio colectivo de trabajo”.
Según el gremio, los conflictos laborales incluyen congelamiento salarial en distintos países, impacto de la inflación en los ingresos y malestar entre trabajadores.
El eje de la demanda
La acción judicial fue impulsada por el fondo Ohio Carpenters’ Pension Fund contra la empresa y sus directivos, incluido su CEO. El planteo sostiene que la compañía habría mantenido una narrativa de crecimiento mientras ocultaba problemas estructurales.
De acuerdo con la presentación, esta situación derivó en caídas en el valor de las acciones cuando comenzaron a conocerse las dificultades.
Condiciones laborales y organización interna
En Argentina, el sindicato informático señala que el conflicto se originó por el congelamiento de salarios durante más de un año en un contexto inflacionario.
El informe gremial también describe procesos de organización interna de empleados, intercambio de información sobre condiciones laborales y reclamos por mejoras salariales, libertad sindical y apertura de diálogo.
Entre los episodios mencionados, se incluye el despido de un trabajador vinculado a la creación de un grupo interno de discusión, interpretado por el gremio como una represalia.
Un doble frente: judicial y sindical
El caso expone dos dimensiones simultáneas: por un lado, el proceso judicial en Estados Unidos vinculado a la información financiera; por otro, los reclamos laborales en Argentina.
Desde el ámbito sindical sostienen que la situación refleja una problemática más amplia del sector tecnológico, vinculada a la ausencia de convenios colectivos y predominio de acuerdos individuales.
Seguridad social
Congelado hace dos años: el bono de $70.000 para jubilados y pensionados sigue sin actualización
El Gobierno oficializó mediante el Decreto 292/2026 el pago del bono extraordinario de $70.000 para mayo, el mismo monto que se abona desde marzo de 2024 sin ningún ajuste por inflación. Mientras el Ejecutivo justifica la medida en los «efectos adversos» de la fórmula previsional vigente, los jubilados ven cómo ese complemento se deprecia mes a mes en términos reales.
El bono previsional de $70.000 cumple dos años sin actualización
★ El Poder Ejecutivo publicó este miércoles en el Boletín Oficial el Decreto 292/2026, que oficializa el otorgamiento del bono extraordinario previsional de $70.000 para el mes de mayo a jubilados que perciben el haber mínimo y pensionados a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La medida se repite, con el mismo importe, por vigésimo sexto mes consecutivo.
El decreto establece que las jubilaciones mínimas durante mayo quedarán en un total superior a $463.000, contemplando la actualización del haber base en línea con la inflación de marzo, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) midió en el 3,4%.
El argumento oficial y la trampa del diagnóstico
En los considerandos del decreto, el Ejecutivo vuelve a recurrir al mismo argumento de siempre: la culpa la tiene la Ley N° 27.609, sancionada en 2021, cuya fórmula de movilidad, según el texto oficial, «presentaba graves y serios inconvenientes, en tanto no resguardaba el riesgo inflacionario» y «presentaba un gran desfasaje entre la evolución de las variables económicas y su traslado a los haberes».
La contradicción del argumento es evidente: el propio gobierno reconoce que la fórmula no resguarda el poder adquisitivo de los jubilados, pero en lugar de modificarla o reemplazarla, elige mantenerla y compensar sus efectos con un bono que, a su vez, tampoco se actualiza. Más aún: en 2024, el Congreso aprobó por amplia mayoría una ley que establecía una movilidad más favorable para los adultos mayores, y el presidente Javier Milei la vetó.
El bono que se derrite
El complemento de $70.000 permanece congelado desde marzo de 2024. Antes de esa fecha, los primeros dos meses del gobierno de Milei se pagaron bonos de $55.000. Desde entonces, el monto no registró ninguna actualización, mientras la inflación acumulada entre marzo de 2024 y abril de 2026 erosionó significativamente su valor real.
Como informó este medio en una cobertura reciente sobre el poder adquisitivo jubilatorio, la consultora Analytica estimó que, para recuperar el poder de compra inicial, el bono debería más que duplicarse y alcanzar los $144.000. En el mismo relevamiento, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calculó que los jubilados de la mínima acumulan una caída real del 13,1% si se compara el primer trimestre de 2026 con los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández, medida con la canasta del Índice de Precios al Consumidor actualizada.
A quiénes alcanza el decreto
El Decreto 292/2026 precisa que el bono extraordinario corresponde a:
- Titulares de prestaciones contributivas previsionales a cargo de ANSES.
- Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.
- Beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete o más hijos y demás pensiones graciables cuyo pago realiza ANSES.
El texto oficial además aclara que el bono «no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto», y que en los casos de pensiones con copartícipes, el conjunto de beneficiarios será considerado «como un único titular».
Un parche que no alcanza
El escenario previsional que describe el decreto es, en sí mismo, una confesión de fracaso. El Ejecutivo lleva más de dos años justificando la necesidad del bono como compensación por los efectos de una ley que decidió no reformar. En ese tiempo, el complemento perdió una porción significativa de su valor real, y el haber total de quienes cobran la mínima se ubica, según el CEPA, un 10,2% por debajo del nivel de noviembre de 2023, último mes completo de la gestión anterior.
Más del 60% de los jubilados del sistema contributivo cobra el haber mínimo. Para ellos, la suma de ese haber más el bono congelado resulta insuficiente frente a cualquier medición de canasta básica. Según la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, una pareja de adultos mayores con vivienda propia necesitó $1.548.360 en febrero de 2026, equivalente a más de tres jubilaciones mínimas con bono incluido.
Puntos clave:
- El Decreto 292/2026 oficializa el bono previsional de $70.000 para mayo, sin actualización por vigésimo sexto mes consecutivo desde marzo de 2024.
- La jubilación mínima total en mayo superará los $463.000, tras una actualización del haber base del 3,4% por la inflación de marzo.
- El Ejecutivo atribuye el bono a los efectos adversos de la Ley N° 27.609, pero vetó en 2024 una ley del Congreso que establecía una movilidad más favorable.
- La consultora Analytica estimó que el bono debería subir a $144.000 para recuperar el poder adquisitivo original.
- Más del 60% de los jubilados cobra el haber mínimo, que se ubica un 10,2% por debajo del nivel de noviembre de 2023, según el CEPA.
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