DDHH
Protestas contra Morales en la 40 Marcha del Apagón del Terror
Jujuy fue y es el laboratorio en que la derecha sigue ensayando sus métodos más violentos que, si tienen éxito, intentarán en todo el país», sostuvo Taty Almeida.
Organizaciones sociales, estudiantiles y defensoras de los derechos humanos, junto a sindicatos de Jujuy, participaron hoy de la «40 Marcha del Apagón del Terror», en medio del clima de denuncias y protestas contra el gobernador jujeño Gerardo Morales sobre la violación de los derechos y libertades ciudadanas causadas por la reforma constitucional provincial.
En la provincia de Jujuy la marcha se realizó desde la localidad de Calilegua a Libertador General San Martín, en el departamento Ledesma, para recordar las más de 400 detenciones y 33 desapariciones ocurridas durante la última dictadura cívico militar en esa región, mientras que en la ciudad de Buenos Aires se movilizaron a la sede del grupo Ledesma.
Una interminable columna de manifestantes avanzó esta tarde desde la localidad de Calilegua hasta la ciudad de Libertador General San Martín, separadas por 17 kilómetros, donde hace 47 años se desplegó un operativo represivo, facilitado por el corte de suministro eléctrico, para secuestrar a 400 personas, 33 de las cuales continúan desaparecidas en el marco de la dictadura cívico militar.
En tanto, en el centro porteño organizaciones sindicales, sociales y de derechos humanos se movilizaron para repudiar la represión en Jujuy impulsada por el gobierno de Gerardo Morales contra quienes se oponen a la reforma constitucional y homenajearon a las víctimas de los secuestros perpetrados en la última dictadura en la denominada «Noche del Apagón».
La histórica movilización que se replica hace 20 años consecutivos en Jujuy, también recordó que este año «murió impune» el dueño de la empresa Ledesma, Carlos Blaquier, denunciado como «uno de los principales responsables de las detenciones ilegales», indicaron los colectivos de derechos humanos.
A esa situación se sumó la participación de múltiples sectores de la sociedad jujeña que mantienen una protesta en contra de la reforma parcial de la Constitución provincial, que se encuentra en vigencia y provocó operativos de represión policial durante las últimas semanas en Purmamarca, Humahuaca y San Salvador de Jujuy, con fuertes denuncias de violación de los derechos humanos.
«El momento que estamos pasando en la provincia de Jujuy creíamos que no iba a ser posible que ocurriera de nuevo como pasó en la dictadura», refirió Oscar Alfaro, exdetenido durante La Noche del Apagón en Libertador.
El militante de derechos humanos recordó que cuando se impulsaron los juicios de lesa humanidad en Jujuy, «el poder hegemónico del país se encargó de difundir el mensaje de que nosotros estábamos buscando venganza, pero no es así».
«Lo que sí estamos buscando es que no vuelvan a ocurrir las atrocidades que están ocurriendo ahora. El ‘Nunca Más’, se trata de eso», continuó y afirmó que «si había alguien que se sentía dueño de la vida de las personas, que nos podía secuestrar y cometer delitos de lesa humanidad, queríamos que se lo busque y condene».
Alfaro consideró que con los hechos actuales de la provincia de Jujuy, se «tocó la fibra humana del pueblo. Todo lo que provocó el gobernador Morales con sus acciones ha despertado algo que estaba dormido, con calles inundadas de gente reclamando».
«Es muy bueno tener presente que la lucha es una sola. Hemos salido a decir basta de este sistema inhumano, basta de tratar a las personas como si fueran animales. Ya no queremos otro compañero desaparecido», reprochó sobre el accionar represivo en las detenciones en el marco de protesta y la iniciación de causas penales a manifestantes.
Y rechazó «las detenciones indiscriminadas en las calles, los allanamientos en la madrugada y sin órdenes judiciales», y llamó a «cambiar las cosas para no volver a los años 70».Por su parte, Maribel Jaramillo, exdetenida política en el año 1976, cuando tenía 17 años, pidió «el cese de la represión en Jujuy y suspender la aplicación de métodos que forman parte de un atropello para los que protestan por sus derechos».
De la marcha también participó el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, quien arribó a la provincia para participar de los actos de memoria, pero también para interiorizarse de las causas que se le siguen a manifestantes jujeños.
«Mantuvimos una audiencia con el juez Rodolfo Miguel Fernández, que está a cargo de las causas en las que se investigan a los manifestantes que participaron de las protestas», indicó el funcionario nacional en sus redes sociales.
A la masiva movilización se plegaron, organizaciones de DD.HH, como Madres y Familiares Detenidos y Desaparecidos de Jujuy, HIJOS-Jujuy, La Asociación de Expresos Políticos de Jujuy, movimientos sociales, sindicatos docentes, y otras fuerzas de la sociedad civil.Por otro lado, en la ciudad de Buenos Aires, los manifestantes acompañaron inicialmente la tradicional ronda de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo y luego fueron hacia las oficinas del Grupo Ledesma, en Corrientes 415, en el microcentro porteño.
«A 47 años de la noche del apagón en Ledesma, Morales descarga una feroz represión sobre el pueblo jujeño que se manifiesta pacíficamente en las calles en defensa de sus derechos, lo que nos retrotrae a un pasado de terror que creíamos haber superado tras 40 años de democracia», dijo la histórica dirigente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, «Taty» Almeida.Única oradora, leyó un documento conjunto de las organizaciones, en el cual se exigió el «cese de la persecución política y judicial de quienes se manifiestan por sus derechos, la reparación a las víctimas de la represión policial, la libertad de los presos políticos y la derogación de la ilegítima reforma constitucional».
«Jujuy fue y es el laboratorio en que la derecha sigue ensayando sus métodos más violentos que, si tienen éxito, intentarán en todo el país», sostuvo Almeida, acompañada por referentes políticos y gremiales como Daniel Catalano, Oscar de Isasi, Sonia Alesso, Juan Marino y Mabel Careaga, entre otros.En tanto, en Tucumán organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos se congregaron cerca de las 11 en Plaza Independencia, ubicada frente a la Casa de Gobierno de la provincia, para apoyar la lucha del pueblo jujeño.
«Es tremendo lo que está ocurriendo con los pueblos originarios, con los docentes y la población en general, considero inadmisible la reforma constitucional que se llevó adelante en la provincia de Jujuy», señaló Indiana, docente del nivel secundario en Tucumán y destacó «la importancia de enseñar a los alumnos, en especial a adolescentes, sobre la defensa y respeto de los derechos humanos».
Por su parte, en el sur del país cortaron puentes carreteros que unen la ciudad rionegrina de Cipolletti con la capital neuquina, para «exigir que resuelvan y den respuestas a todos los reclamos del pueblo jujeño», manifestó la secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) capital, Angélica Lagunas.
«El gobernador Morales junto con el PJ de Jujuy ha sido el responsable de avanzar con una reforma absolutamente antidemocrática que quita derechos y le entrega todos los recursos a las multinacionales», denunció la docente.
DDHH
Palantir, el gran hermano de Trump: la empresa que rastrea migrantes enfrenta una rebelión interna
Empleados de la compañía tecnológica cuestionaron públicamente, en canales internos, los contratos con el ICE y el rol de la firma en operaciones militares. La dirección respondió borrando mensajes y exigiendo acuerdos de confidencialidad.
Palantir: la empresa de vigilancia masiva que enfrenta una rebelión ética interna
★ La empresa de análisis de datos e inteligencia artificial Palantir Technologies atraviesa una profunda crisis interna. Empleados actuales y exfuncionarios cuestionaron el rumbo ético de la compañía tras conocerse su participación activa en la política migratoria de la administración Donald Trump y su posible involucramiento en operaciones militares con víctimas civiles, según informó la revista especializada Wired.
Desde el inicio del segundo mandato de Trump, Palantir se convirtió en una pieza clave del aparato represivo del gobierno estadounidense. La empresa firmó contratos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y su tecnología, en particular la aplicación denominada ELITE, se usa para identificar, rastrear y deportar a inmigrantes en situación irregular, según reveló en febrero el portal especializado Hipertextual en base a material interno del ICE.
La chispa que encendió el debate
Las tensiones escalaron en enero de 2026, tras la muerte de Alex Pretti, un enfermero abatido por agentes federales durante una protesta contra el ICE en Minneapolis, según reportó DiarioBitcoin en base a fuentes internas de la empresa. A partir de ese hecho, trabajadores de distintos equipos empezaron a exigir explicaciones a la dirección sobre el alcance real del vínculo de Palantir con esa agencia.
En un canal interno de Slack, un empleado escribió que la relación con el ICE había sido ocultada durante la era de «Trump2» y reclamó transparencia sobre el uso del software en tareas de identificación y apoyo a deportaciones. Otro trabajador fue más directo: «En mi opinión, ICE son los malos. No me enorgullece que la empresa para la que tanto disfruto trabajando forme parte de esto», declaró según reprodujo Wired.
La respuesta de la empresa fue reveladora: Palantir eliminó los mensajes varios días después, bajo el argumento de evitar filtraciones. Luego organizó sesiones de preguntas y respuestas, pero condicionó el acceso a información sensible a la firma de contratos de confidencialidad. Según los propios empleados consultados por Wired, la medida fue percibida como un intento de silenciar las críticas, no de afrontarlas.
De socialista a ideólogo del autoritarismo
El giro de la empresa es inseparable del giro ideológico de su CEO. Alex Karp, cofundador de Palantir, se definía hasta hace pocos años como socialista y apoyó candidatos demócratas como Joe Biden. Sin embargo, desde 2024 se convirtió en un aliado estratégico de Trump y comenzó a defender públicamente políticas de corte autoritario y militarista.
En los últimos días, Karp publicó un manifiesto de 22 puntos en X (ex Twitter) desde la cuenta oficial de la empresa, con un fuerte contenido nacionalista y militarizado, que volvió a generar malestar interno. Varios empleados expresaron vergüenza en canales de Slack y relataron que conocidos les preguntaban al respecto, según Wired.
Un historial que no engaña
La crítica interna llegó tarde, aunque no deja de ser significativa. Palantir fue fundada en 2003, en el contexto posterior a los atentados del 11 de septiembre, bajo la narrativa del antiterrorismo. Desde entonces acumuló denuncias por violaciones a los derechos humanos.
Ya en 2020, Amnistía Internacional alertó sobre las prácticas de la empresa. La consultora MSCI le otorgó una puntuación de 2 sobre 10 en libertades civiles. Y su fundador, Peter Thiel, declaró abiertamente que no cree que «la libertad y la democracia sean compatibles», según reportó El País.
La tecnología de Palantir también fue señalada como parte de operaciones militares en las que murieron civiles. La firma tuvo participación en acciones bélicas con víctimas mortales, entre ellas niños.
La pregunta que no debería sorprender
Que los empleados de Palantir se pregunten hoy si son «los malos de la película» revela, antes que una crisis de conciencia colectiva, la profundidad del autoengaño que sostiene a ciertas corporaciones tecnológicas. La empresa eligió su nombre, palantir, de las piedras videntes que en El Señor de los Anillos usa el villano Saruman para comunicarse con Sauron. Esa elección, lejos de ser inocente, fue siempre una declaración de intenciones.
La pregunta relevante no es si son los malos. La pregunta es cuánto tiempo más podrán seguir haciéndose esa pregunta sin responderla con hechos.
Puntos clave
- Palantir firmó contratos con el ICE y su tecnología se usa activamente para rastrear y deportar migrantes en Estados Unidos.
- Empleados cuestionaron internamente la relación de la empresa con el ICE; la dirección eliminó los mensajes y exigió acuerdos de confidencialidad.
- El CEO Alex Karp publicó un manifiesto de 22 puntos con contenido nacionalista y militarista desde la cuenta oficial de Palantir.
- Amnistía Internacional ya alertó en 2020 sobre las prácticas de la empresa; la consultora MSCI le dio 2 sobre 10 en libertades civiles.
- El fundador Peter Thiel declaró que no cree que «la libertad y la democracia sean compatibles».
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