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Abuelas pidió a la Conadi la búsqueda de otro nieto nacido en cautiverio

Se trata de Beatriz Alicia Lenain, secuestrada en 1977 junto a su esposo Carlos Eduardo «Largo» Garak, y durante su cautiverio en el centro clandestino de detención Pozo de Quilmes habría estado embarazada, según declaró el sobreviviente Fernando García, un ingeniero forestal que trabajaba en la empresa de energía eléctrica Segba al momento de ser tomado prisionero en mayo de 1977.

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La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo pidió a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) que investigue la posible existencia de un nieto o nieta nacida en cautiverio que no figura en sus registros de búsqueda, luego de que un hombre, sobreviviente de un centro clandestino de detención de la última dictadura cívico-militar, afirmó que estuvo detenido junto a una mujer embarazada de varios meses de gestación.

Se trata de Beatriz Alicia Lenain, secuestrada en 1977 junto a su esposo Carlos Eduardo «Largo» Garak, y durante su cautiverio en el centro clandestino de detención Pozo de Quilmes habría estado embarazada, según declaró el sobreviviente Fernando García, un ingeniero forestal que trabajaba en la empresa de energía eléctrica Segba al momento de ser tomado prisionero en mayo de 1977.

El testimonio fue brindado por García ante el TOF 1 de La Plata en el juicio que se sigue desde octubre de 2020 a 17 represores, entre ellos Miguel Etchecolatz, por los secuestros, torturas y muertes cometidas contra casi 500 víctimas cautivas en los centros clandestinos Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno, que funcionó en la Brigada de Lanús.

Emanuel Lovelli, querellante en el juicio en representación de Abuelas de Plaza de Mayo, explicó que «desde Abuelas pedimos al Tribunal que mandara un oficio al Conadi, que tiene un equipo de identificación de mujeres embarazadas, y ese oficio se remitió a esa unidad que es el órgano administrativo que determina la inclusión de esa familia al Banco Genético, un proceso que lleva un tiempo de investigación».

Lenain, trabajadora estatal y militante peronista, fue secuestrada junto a su esposo en su casa de Lanús Oeste en febrero de 1977 y tanto ella como Garak permanecen desaparecidos. La pareja tenía una hija de un año de edad al momento de ser secuestrada.

«Desde Abuelas nos pusimos a disposición de ella (la hija de Beatriz y ‘Largo’), estuvimos conversando con ella, está muy conmovida (con la posibilidad de que exista un hermano o hermana)», destacó Lovelli.

El letrado precisó que la unidad de identificación de embarazadas de la Conadi «tiene que acreditar los dichos de García y luego, si este equipo dice ‘sí, esta mujer estaba embarazada o es altamente probable que estuviera embarazada’, se llamará a la hija de Beatriz para que deje su muestra, eso aun no ha ocurrido».

El 15 de febrero último Fernando García declaró ante el TOF 1 las circunstancias en que fue secuestrado en mayo de 1977 y cómo fue llevado al Pozo de Quilmes, donde compartió cautiverio con otras víctimas cuyos nombres aportó.

«Estaban el ‘Colo’ y ‘Largo’; del ‘Colo’ supe poco, de ‘Largo’ me enteré que tenía a su compañera en el piso de abajo (del centro clandestino), donde estaban detenidas varias mujeres. Era hija de un coronel del Ejército que había muerto y decían que ella estaba embarazada, un embarazo de 4-5 meses, decían», detalló García.

El sobreviviente aclaró que él no vio nunca a la esposa de ‘Largo’, pero este sí podía ver a su mujer cuando le permitían salir a una especie de balcón del que se podía ver a las mujeres detenidas en el piso de abajo.

«Cuando estaban los guardias más cordiales las chicas salían al patio y cantaban 10, 15 minutos; luego las volvían a entrar y a ‘Largo’ lo dejaban salir a mirarla», recordó.

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«Fallido experimento de sufrimiento humano»: cierra la cárcel migrante de Trump

Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Litigios judiciales, denuncias de tratos inhumanos y un gasto superior a los mil millones de dólares forzaron el cierre del experimento más emblemático de la política migratoria trumpista.

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Cierra «Alligator Alcatraz»: el fracaso del campo de detención migrante de Trump

El gobierno del estado de Florida confirmó esta semana el cierre del centro de detención para migrantes conocido como «Alligator Alcatraz», emplazado en la pista del Aeropuerto Dade-Collier, en plena zona de los Everglades. El desmantelamiento se producirá a principios de junio, según la notificación oficial cursada a las empresas operadoras. En la actualidad, el predio alberga a casi 1.400 personas que serán reubicadas progresivamente en otras dependencias gubernamentales.

El símbolo de la política antimigrante que no pudo sostenerse

Inaugurado el 3 de julio de 2025 bajo el impulso directo de Donald Trump, «Alligator Alcatraz» se convirtió rápidamente en el emblema de la política migratoria más agresiva del gobierno republicano. El nombre, una combinación del reptil que habita los Everglades y la célebre prisión de la Bahía de San Francisco, condensaba la lógica punitiva del proyecto: aislar, humillar y disuadir a quienes intentaran ingresar o permanecer en el territorio estadounidense sin documentación.

La decisión de cerrarlo no respondió a un cambio de criterio político, sino a la acumulación de tres factores que terminaron siendo insostenibles: los litigios judiciales impulsados por organizaciones de derechos civiles, la escalada de costos operativos que superaron los mil millones de dólares, y las sistemáticas denuncias por condiciones inhumanas que se multiplicaron desde el primer día de funcionamiento.

El gobernador republicano Ron DeSantis, uno de los principales aliados de Trump en materia migratoria, admitió el cierre en conferencia de prensa con una frase que resume la lógica del proyecto más que cualquier crítica opositora: «Si cerramos mañana, podremos decir que cumplió su propósito».

Un legislador demócrata: «Fallido experimento de sufrimiento humano»

El legislador demócrata Alexander Frost fue uno de los más duros en su evaluación. Cuestionó el impacto ambiental del centro, su emplazamiento en una zona ecológicamente sensible y el dispendio de recursos públicos que implicó. «Ahora, tras malgastar millones de dólares de los contribuyentes y enfrentar constantes demandas ambientales, este fallido experimento de sufrimiento humano finalmente cierra sus puertas», afirmó Frost.

La definición no fue retórica. Las organizaciones de derechos civiles que litigaron contra el centro documentaron desde sus primeros meses de funcionamiento condiciones que incluyeron temperaturas extremas, falta de acceso a sueño y alimentación adecuada, y tratos degradantes en la rutina cotidiana de los detenidos.

El caso argentino que expuso la crisis humanitaria

Entre los miles de casos que transitaron por «Alligator Alcatraz», el del argentino Fernando Artese tuvo especial repercusión. Detenido por su estatus migratorio vencido, Artese fue derivado al centro de los Everglades, y su esposa denunció públicamente las condiciones a las que fue sometido: frío extremo, duchas forzadas de madrugada y privación de sueño por falta de alimento.

La pareja expuso además el régimen de seguridad interna del predio. «Deben caminar con las manos en la nuca para salir de su celda, como si fueran criminales peligrosos. Muchos no cometieron delitos. En el caso de Fernando, creó una empresa y contribuyó al país, pero hoy está encerrado como si fuera lo peor», declaró.

El caso de Artese no fue una excepción: fue la cara visible de un sistema diseñado para castigar la condición migratoria con métodos propios de los regímenes penitenciarios de alta seguridad, aplicados en su mayoría a personas sin antecedentes penales.

La lógica del miedo y sus límites

El cierre de «Alligator Alcatraz» no implica un abandono de la política migratoria represiva de la administración Trump. Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Sin embargo, la clausura del centro más emblemático del proyecto expone sus límites concretos: inviabilidad económica, vulnerabilidad judicial y costo humanitario insostenible.

Lo que quedó en evidencia es que la lógica del miedo tiene un precio que, en este caso, los propios impulsores del proyecto no estuvieron dispuestos a seguir pagando.

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