El anuncio fue realizado por Manuel Adorni a través de su cuenta en la red social X este viernes. Según informó el jefe de Gabinete, a partir del próximo viernes 19 los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrán acceder a la gratuidad en el transporte público de jurisdicción nacional simplemente apoyando una tarjeta SUBE registrada a su nombre sobre las validadoras de los colectivos o los molinetes del sistema ferroviario, prescindiendo de presentar el documento físico ante conductores o inspectores.

La vinculación entre el CUD y la tarjeta SUBE deberá realizarse desde el 16 de junio a través del sitio web oficial del sistema. Los usuarios podrán ingresar a la sección “Beneficios”, cargar el número de su certificado y confirmar la vinculación en una terminal automática, en la aplicación SUBE disponible para dispositivos Android con tecnología NFC, o directamente en una validadora de colectivos. En los casos en que el CUD incluya el beneficio de acompañante, el descuento se asignará a la misma tarjeta del titular, quien deberá acreditar ambos pasajes en cada viaje.

La nueva modalidad coexistirá con el sistema actual: quienes lo prefieran podrán continuar presentando el CUD en formato físico. En la primera etapa, la implementación quedará restringida a los servicios de jurisdicción nacional, con el objetivo declarado de extenderse progresivamente al resto del país. En el caso de los trenes, el beneficio funcionará en las líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza, Tren de la Costa y el Tren del Valle en Neuquén, según precisó la Secretaría de Transporte.

Un derecho que ya existía: qué cambia y qué no

La medida no crea un derecho nuevo. Las personas con discapacidad ya contaban con la gratuidad en el transporte público garantizada por ley, y las empresas tenían la obligación legal de sostenerla. Lo que cambia con este anuncio es el mecanismo de acreditación: la información quedará asociada a la tarjeta electrónica, evitando la necesidad de mostrar documentación al subir a cada unidad. El Gobierno argumenta que la medida simplifica los viajes y protege los datos personales de los usuarios.

La base normativa de este paso fue la Resolución 415/2026 del Ministerio de Salud, publicada en el Boletín Oficial en abril, que autorizó a la Secretaría Nacional de Discapacidad a suscribir convenios con el área de Transporte y con Nación Servicios S.A. para avanzar en la configuración del beneficio de gratuidad directamente en la tarjeta SUBE. La iniciativa surgió de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, la Secretaría de Transporte y el sistema SUBE.

El contexto del ajuste: lo que el anuncio no menciona

El anuncio llega con una contradicción estructural de fondo. Apenas tres semanas antes, el secretario de Transporte, Mariano Plencovich, firmó la Resolución 28/2026, publicada en el Boletín Oficial el 26 de mayo, que derrogó el régimen de compensaciones económicas mediante el cual el Estado les reconocía a las empresas de transporte automotor de larga distancia el costo parcial de los pasajes gratuitos que entregaban por ley a personas con discapacidad, personas trasplantadas, quienes aguardan un trasplante en el SINTRA y niñas, niños y adolescentes con cáncer. La resolución derogó cuatro normas vigentes desde 2018, dictadas durante las gestiones de Mauricio Macri y Alberto Fernández.

El argumento del Ejecutivo fue que, con el Decreto de desregulación 883/2024, las empresas de larga distancia recuperaron la libertad de fijar sus propias tarifas y, por tanto, tienen capacidad para “internalizar” ese costo. Especialistas del sector, sin embargo, advirtieron que parte de esas obligaciones podría trasladarse indirectamente a las tarifas generales, impactando sobre todos los usuarios. La Cámara Empresaria de Larga Distancia denunció, además, que el Estado mantiene una deuda acumulada que ya supera los 27.000 millones de pesos en compensaciones impagas. El conflicto se encuentra judicializado desde hace más de un año.

La oposición reaccionó con dureza ante la Resolución 28/2026. La diputada cordobesa Natalia De La Sota calificó la medida como una muestra de que “la crueldad no tiene límites” y anunció la presentación de un proyecto para anularla. Organizaciones vinculadas a personas con discapacidad y asociaciones de usuarios alertaron sobre posibles restricciones en el acceso efectivo a un derecho garantizado por ley, y denunciaron que el retiro del Estado de su rol de garante podría traducirse en incumplimientos por parte de operadores privados.

El sector de discapacidad: un historial de recortes

El anuncio de hoy se produce en un contexto de crítica aguda al desempeño del Gobierno en el área. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) atravesó durante 2025 y 2026 una sucesión de escubrimientos que incluyeron denuncias por desvío de fondos, nombramientos irregulares y recortes presupuestarios en programas esenciales. El sistema de prestaciones de discapacidad, financiado en buena parte a través del Incluir Salud, acumuló deudas con prestadores que en varios casos derivaron en medidas cautelares judiciales para obligar al Estado a pagar. Los propios organismos del sector registraron, a su vez, mora en el pago de intereses punitorios como resultado de esos incumplimientos.

En ese marco, la digitalización del acceso al boleto gratuito en el transporte urbano constituye una mejora administrativa concreta para los usuarios, pero no puede leerse de manera aislada. La coexistencia de este anuncio con la eliminación del financiamiento estatal al boleto gratuito en larga distancia configura un patrón que el propio Gobierno no parece dispuesto a reconocer: mejorar el acceso formal a un derecho, mientras se retira del compromiso de garantizarlo económicamente.