El capo narco peruano Marco Antonio Estrada Gonzáles, quien cumple en la cárcel de Marcos Paz una pena de 24 años de prisión por ser el líder de «una empresa» que controló la venta de drogas entre 2009 y 2017 en la villa 1.11.14 del Bajo Flores porteño, será expulsado del país por decisión de la Justicia Federal y regresará a Perú, donde reside parte de su familia.

La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) 3, que autorizó el extrañamiento (expulsión del país) a Perú de Estrada Gonzáles, alias «Marcos», en un fallo de 9 fojas, en el que solicita a la Dirección Nacional de Migraciones que disponga los medios para que realice el traslado del condenado a Lima y que le prohíba de manera permanente el reingreso a Argentina.

Según las fuentes judiciales, como en su país no cuenta con condenas pendientes, el capo narco podrá vivir en libertad en Perú, aunque si vuelve a pisar Argentina antes de que se cumpla la totalidad de la pena, que vence el 14 de septiembre de 2044, deberá volver a prisión.

La expulsión del capo narco había sido solicitada por su defensora, la abogada Laura Fechino, y contaba con la aprobación del fiscal de Ejecución Nicolás Czizik, del fiscal federal 6 Diego Velasco y del titular de la Procunar, Diego Iglesias.

Sin embargo, para lograr que se concrete, «Marcos» debió cumplir algunos requisitos dispuestos en el artículo 17 de la ley 24.660, uno de los cuales se refiere al cumplimiento de la mitad de la condena y el pago de multas.

Además, de acuerdo a lo que señala el fallo «también se ha considerado que, ante esta solución, quien retorne a su país de origen tendrá la posibilidad de insertarse socialmente allí, ya que en ese contexto contará con el acompañamiento de su entorno familiar».

Según el fallo, «Marcos» se encontraba detenido en el marco de esta causa desde el 16 de diciembre de 2016, aunque antes había estado preso por otro expediente desde el 5 de noviembre del 2007 al 4 de febrero del 2014, cuando se le otorgó una libertad condicional.

En un juicio que culminó en noviembre del 2020, en pleno aislamiento por la pandemia del coronavirus, el TOF 3 -el mismo que ahora le otorgó el extrañamiento- había condenado a «Marcos» a una pena de 17 años de prisión, pero se le unificó con una sentencia anterior a 10 años de encierro que había sido dictada en mayo del 2013, por lo que lo condenó a una pena única de 24 años.

Los jueces lo consideraron «organizador de una empresa destinada al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en la que intervinieran más de tres personas» en la villa 1.11.14, también conocido como el barrio Padre Ricciardelli, y coautor de «tenencia ilegal de material explosivo y acopio de armas».

En el mismo fallo, que fue leído a través de una videoconferencia por el coronavirus y que fue seguida por los imputados desde la cárcel, el tribunal condenó a la esposa de «Marcos», llamada Silvana Alejandra Salazar, a una pena única de 18 años de cárcel dado que ya cumplía otra a 8.

También condenó a su suegra, Lucía Enríquez Alarcón, alias «Doña Lily», a la pena de 4 años y 6 meses de cárcel como «partícipe secundaria de tráfico de estupefacientes».

Para los jueces, quedaron probados los vínculos de los condenados en la preparación, entrega y venta de droga durante alrededor de 12 años, aún luego de la detención de «Marcos», que se produjo en diciembre de 2016.

“Hubo crisis económicas y cambios de gobierno, pero desde 2009 a 2017, al menos, nada cambió acá”, graficó uno de los investigadores al momento del juicio, quien agregó que «la entrega del dinero producto de la venta implicaba 14 millones de pesos aproximadamente» en cada turno mensual.

Para graficar el alcance del poder de «Marcos» al frente de la narco organización, los investigadores se remontan a junio de 1999, cuando se registró un triple homicidio en el interior de la Villa 1-11-14, en el predio conocido como «Cancha de los Peruanos», que marcaron «el comienzo de poder de los Estrada González en el interior del asentamiento».