El médico que atendió a dos jóvenes mapuches que fueron heridos en el mismo operativo de la Prefectura en el que fue asesinado Rafael Nahuel aseguró hoy ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de General Roca que las tres personas que recibieron disparos, entre ellos la víctima fatal, estaban de espaldas al momento de ser baleadas.
Por otra parte, en una nueva audiencia del juicio oral por el crimen, se confirmó que la pericia balística llevada a cabo por la Gendarmería no pudo ser presenciada por peritos de parte propuestos por la querella ni tampoco por «observadores» que representaran a la familia de Nahuel.
Sobre las heridas sufridas por otros dos jóvenes mapuches el día del homicidio (el 25 de noviembre de 2017), el médico Ramón Chiocconi declaró que Johana Colhuan y Gonzalo Coña fueron alcanzados por disparos de armas calibre 9 milímetros estando de espaldas a sus atacantes.
Colhuan recibió un proyectil en el hombro y Coña en el codo, detalló el profesional de la salud: en ambos casos las balas ingresaron por la zona posterior y salieron por la anterior.
Chiocconi, según relató en su testimonial, asistió a los heridos en la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, en la zona de Villa Mascardi, un día después del hecho: el 26 de noviembre de 2017.
El médico, con experiencia en atención en montaña y especializado en traumas, aseguró a los jueces que de acuerdo a las heridas revisadas «los proyectiles ingresaron por la zona posterior».
En cuanto a si se trataron de heridas producidas en ocasión de «enfrentamiento o huida», como le preguntó el auxiliar fiscal Juan Manuel García Barrese, dijo no poder contestar esa consulta.
Para el abogado querellante Rubén Marigo, representante de la familia de Nahuel, la posición en la que se encontraban los dos mapuches al recibir los disparos «contribuye a hacer caer la teoría del enfrentamiento con armas», según remarcó.
«Las heridas que tienen Colhuan y Coña son por la espalda, exactamente igual que Rafael. Los tres fueron heridos, uno de muerte, mientras corrían hacia arriba de la montaña, lo cual es coincidente con las trayectorias de las 31 vainas que se encontraron en el territorio», planteó.
Y agregó que, con estos testimonios, «poco a poco se va desmoronando la teoría del enfrentamiento con armas, debido a la inexistencia seria de residuos de disparos en las manos de Nahuel y de Fausto Jones Huala y Lautaro González Curruhuinca».
Esos dos jóvenes fueron quienes bajaron el cuerpo herido de la víctima, el 25 de noviembre de 2017, tras el operativo del grupo Albatros de la Prefectura.
Marigo remarcó, además, que aparte de no haber encontrado indicadores de ese tipo en las manos de Jones Huala y González Curruhuinca tampoco se hallaron vainas y armas que no fueran las de los prefectos.
Por último, el abogado de la querella destacó que no hubo heridos entre los efectivos del grupo Albatros de la Prefectura que actuaron ese día en la zona de Villa Mascardi, donde se había instalado el Lafken Winkul Mapu.
En tanto, el médico Chiocconi contó a los jueces que el domingo 26 de noviembre se trasladó hasta la comunidad mapuche como parte de una comitiva que también integraban el juez que entendía por entonces en la causa, Gustavo Villanueva; la fiscal Sylvia Little; representantes de la APDH y el exobispo de Bariloche Juan José Chaparro, entre otras personas.
Sin embargo, al final al territorio solo ingresó el médico y, según relató al tribunal, se acercó a un fogón «donde habían unas quince personas, la mayoría mujeres y niños», y que allí mismo realizó curaciones a los jóvenes heridos Colhuan y Coña.
Ese encuentro se extendió por dos horas, declaró Chiocconi, y contó que en la charla Colhuan y Coña le dijeron que habían sido «baleados».
«En los tres casos recibieron heridas por la espalda», señaló el médico, en referencia tanto a Colhuan como a Coña al igual que al fallecido Nahuel.
Y agregó: «De ‘Rafa’ (por Nahuel) me dijeron que justo se había agachado para agarrar una piedra cuando recibió el disparo por la espalda y que ellos también».
Además, detalló que lo que le relataron ese día los dos jóvenes era «compatible» con lo que observó en las heridas.
«En el ingreso una bala deja un orificio pequeño y regular» mientras que el de salida «es mas grande y un poco más irregular», diferenció el médico, para finalmente concluir: «Es lo que pude observar».
Por otra parte, esta mañana dio también su testimonio el abogado Juan Manuel Mandagarán, quien confirmó que al realizarse la segunda pericia balística -encargada a la Gendarmería para revisar el resultado de la primera- no hubo peritos de parte ni observadores propuestos por la querella.
Tal como informó, la segunda pericia contradijo el resultado de la primera, que de manera concluyente había determinado que el proyectil que terminó con la vida de Nahuel provino de un subfusil MP5 identificado con el número de serie 05-C335508.
Ese subfusil fue posteriormente adjudicado al cabo 1° del grupo Albatros Francisco Javier Pintos.
En oposición a la primera pericia, el estudio de Gendamería arrojó que el proyectil extraído del cuerpo de Nahuel y el proyectil testigo obtenido del subfusil MP5 del prefecto Pintos no eran coincidentes.
La contradicción entre la primera y la segunda pericia desencadenó en la realización de un tercer estudio balístico.
Esta pericia, la última realizada en el expediente, contradijo el resultado de la primera al adjudicar el disparo mortal a la pistola Beretta 9 milímetros número de serie 05-P83332Z, que portaba el cabo primero Sergio Cavia.
Mandagarán explicó que asumió la corepresentación de la familia en noviembre de 2018 y pocos días después concurrió como observador de parte a la pericia que Gendarmería realizó en Buenos Aires.
Pero tras dos días debió regresar a Bariloche; entonces, junto a la abogada Natalia Araya, solicitó al juzgado federal de esa ciudad que habilitara la incorporación al expediente de otro abogado por la querella: en este caso, un letrado con matrícula en Buenos Aires.
La incorporación de otro letrado que representara a la familia de Nahuel hubiera permitido garantizar la presencia de ese abogado en Buenos Aires mientras se realizaba la pericia balística de Gendarmería.
Esa presencia, siguió el abogado, hubiera sido clave para controlar y ser testigo de la realización del estudio.
«Nos denegaron esa presencia», cuestionó sin embargo Mandagarán.
Y planteó que él mismo pudo observar «un trato muy ameno entre peritos de Gendarmería y Prefectura», un dato que definió como «una camaradería bastante llamativa».
Esta mañana declararon también tres peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) del ministerio público de Salta: los licenciados en criminalística Héctor Rolando Barboza y Hugo Flores Solís, a cargo de la tercera pericia balística, y el ingeniero químico José Luis Manzano.
Homónimo del empresario, Manzano participó de un estudio en base a un análisis previo realizado por el Departamento de Caracterización de Materiales del Centro Atómico Bariloche, que había supervisado las partículas en ropa y mano de todos los involucrados.
Barboza y Solís, por su parte, ratificaron el resultado al que llegaron durante la tercera pericia balística, que adjudica la realización del disparo mortal al arma que portaba el prefecto Cavia.
A su vez, Manzano detalló los ejemplos de posible transferencia y contaminación con partículas características de residuos de disparos.
Al igual que lo hicieron otros peritos que declararon ante el tribunal, Manzano explicó que el contacto de una persona contaminada con otra -e incluso de esa segunda con una tercera- puede provocar una transferencia de partículas.
El juicio oral seguirá mañana con la participación como testigos de los dos médicos que acreditaron el fallecimiento de Nahuel, Víctor Parodi y Carolina Zombory.
Ambos llegaron al lugar de los hechos en una ambulancia y encontraron el cuerpo sobre una camilla al costado de la ruta 40.
Según se detalla en la instrucción de la causa, Parodi intentó realizar acciones de reanimación pero no obtuvo resultados.
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