El Gobierno nacional oficializó este viernes la delegación de facultades a nueve provincias para la gestión, mantenimiento y licitación de tramos específicos de rutas nacionales que atraviesan sus territorios. La medida, instrumentada a través del Decreto 253/2026 publicado en el Boletín Oficial, representa un paso determinante en la estrategia de descentralización de la infraestructura vial, permitiendo que los distritos locales asuman funciones operativas que históricamente dependieron de la administración federal.

Las provincias habilitadas por la normativa son Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz. Bajo este nuevo esquema, las jurisdicciones podrán otorgar concesiones de obra pública y autorizar el cobro de peajes a través de empresas privadas, mixtas o entes públicos. Aunque el texto aclara que la delegación es de carácter «funcional, limitado, temporal y revocable», el plazo de los contratos de gestión podrá extenderse hasta por treinta años, marcando un retiro estructural del Estado Nacional en la conservación de los corredores federales.

El fin de los subsidios nacionales

La disposición establece que, si bien la titularidad del dominio público y la jurisdicción federal se mantienen bajo órbita de la Nación, la responsabilidad financiera y de ejecución recaerá exclusivamente en los convenios individuales que cada provincia firme con la Dirección Nacional de Vialidad. El objetivo declarado por la Casa Rosada es optimizar la infraestructura de forma directa, pero fuentes del sector advierten que la medida es, en los hechos, una transferencia de la carga de mantenimiento a las provincias y a los usuarios, quienes deberán costear las mejoras mediante tarifas que garanticen el «equilibrio económico-financiero» de los concesionarios.

El Ministerio de Economía actuará como autoridad de aplicación, supervisando que los planes de obras cumplan con los principios de transparencia y razonabilidad tarifaria. Sin embargo, el decreto impone un límite estricto: si una provincia no convoca a licitación en el plazo de un año tras la firma del acuerdo, la delegación caerá automáticamente. Este condicionamiento presiona a los gobernadores a acelerar el proceso de privatización de los peajes en un contexto de deterioro avanzado de la red vial nacional por la falta de inversión pública de los últimos meses.

Puntos clave:

• * El Gobierno nacional delegó en nueve provincias la gestión y licitación de rutas nacionales.
• * El Decreto 253/2026 permite a las jurisdicciones cobrar peajes para financiar el mantenimiento vial.
• * Las concesiones tendrán un límite temporal de hasta 30 años bajo supervisión del Ministerio de Economía.
• * La propiedad de las rutas seguirá siendo federal, pero la operatividad se descentraliza totalmente.
• * Si las provincias no licitan los tramos en un año, las facultades delegadas volverán a la Nación.