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Salud 🩺

Ordenan al Gobierno de Salta garantizar el acceso a la salud para infancias originarias

La sentencia de la Justicia salteña dispone que se facilite el acceso a la salud desde un paradigma intercultural, en los sitios donde se declaró emergencia socio-sanitaria

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La justicia salteña le ordenó al Gobierno provincial mejorar las condiciones de acceso a la salud para niños y niñas indígenas y sus familias, en los departamentos donde se declaró la emergencia socio-sanitaria y en Salta capital, se informó hoy.

La sentencia ordena al Poder Ejecutivo salteño designar facilitadores y facilitadoras interculturales de las comunidades indígenas en los hospitales de los departamentos donde se declaró la emergencia socio-sanitaria y también en Salta capital, y a garantizar albergues de tránsito para las y los pacientes y las familias indígenas que deban ser trasladadas por motivos de salud.

El Juez del Tribunal de Impugnación, Eduardo Barrionuevo, concedió hoy «la medida cautelar solicitada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) -integrante del colectivo ‘Infancia en Deuda’- y la comunidad indígena Comisión Directiva Wichi Misión La Loma, en el amparo presentado por la falta de aplicación y reglamentación de la ley provincial N° 7856 de salud intercultural», informó un comunicado de la primera organización.

La sentencia dispuso que, hasta tanto se resuelva el fondo de la demanda, el Poder Ejecutivo Provincial -en particular al Ministerio de Salud Pública salteño- designe facilitadores y facilitadoras interculturales en los hospitales de los departamentos donde se declaró la emergencia socio-sanitaria (Orán, Rivadavia, San Martín) y también en Salta capital, y que se disponga el establecimiento de albergues de tránsito para las y los pacientes y las familias indígenas que deban ser trasladadas por motivos de salud.

Estas poblaciones «son discriminadas sistemáticamente, y por ello enfrentan graves obstáculos en el acceso al derecho a la salud. Por ello, este fallo es fundamental para mejorar las condiciones de acceso a la salud por parte de niños y niñas indígenas en estos territorios».

La presencia de facilitadores y facilitadoras -es decir, de integrantes de las comunidades indígenas que formen parte del personal de salud-, tiene por objetivo «acompañar y representar a los niños y niñas indígenas y sus familias y mejorar así las condiciones de acceso a la salud desde el paradigma de la interculturalidad. De la misma manera, la medida cautelar colaborará con la incorporación de las comunidades y pueblos indígenas en la planificación de la política pública sanitaria».

En cuanto a los albergues institucionales de tránsito, «tienen la finalidad de brindar hospedaje, manutención y acompañamiento integral al paciente originario y su familia, mientras sea necesaria su permanencia por motivos vinculados a su atención de salud, ya que las deficiencias estructurales de su lugar de residencia, el traslado hospitalario es una realidad cotidiana», agregó el comunicado.

En cuanto al pedido de aplicación y reglamentación de la ley N° 7856 el juez resolvió que la causa «se siga tramitando ante la Corte Suprema de Salta por cuestiones procesales de competencia. Es indispensable que la Corte resuelva de forma adecuada y oportuna estos aspectos, para garantizar el derecho a la salud de los niños y niñas de estas comunidades».

En Salta residen aproximadamente 500 comunidades indígenas que pertenecen a más de 14 pueblos originarios y viven en condiciones de pobreza estructural y discriminación, con fuertes restricciones en el acceso al sistema de salud y a servicios básicos como el agua potable, reseña ACIJ.

La situación es «especialmente preocupante para las niñas y niños que residen en Rivadavia, Orán y San Martín, ubicados en el norte de la provincia. Estos departamentos, desde enero de 2020, y a partir del fallecimiento de al menos nueve niñas y niños indígenas, se encuentran en situación de emergencia sociosanitaria. Pese a que el Poder Ejecutivo Salteño debía tomar todas las medidas necesarias para modificar esta situación, todavía persisten las vulneraciones graves a los derechos de niñas, niños y adolescentes», precisó.

Según información oficial, al menos 7.543 niñas y niños hasta 5 años que residen allí se encuentran en estado de riesgo nutricional. Además, los fallecimientos están lejos de disminuir: según el Ministerio de Salud Pública, en los territorios de emergencia fallecieron 108 niñas y niños en 2020 y, en el transcurso de los primeros seis meses de 2021 hubo 64 casos.

A su vez, recientemente el actual Ministro de Salud Pública de la provincia reconoció públicamente que este año se inició con más muertes por desnutrición y complicaciones por deshidratación, según el comunicado de la ACIJ.

Espectáculos 🎭

Lali frenó River para hablar del suicidio joven: «¿Qué están haciendo las autoridades?»

Frente a un estadio colmado, la cantante frenó su show para hablar del récord de 5.209 muertes por suicidio registrado en 2025 y preguntó qué hacen las autoridades, mientras el Gobierno de Milei recortó un 42% los programas de salud mental.

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La música se detuvo en el Monumental. Ante decenas de miles de personas, Lali Espósito puso sobre el escenario el tema que el Gobierno nacional evita nombrar: la crisis de suicidios que atraviesa a las juventudes argentinas. «Argentina tiene muchos récords bárbaros, en el deporte, en el arte, pero tiene uno que no está para nada bueno, y que es muy doloroso», lanzó la cantante antes de retomar el recital.

Durante su presentación con entradas agotadas en el estadio de River Plate, la artista interrumpió el show durante varios minutos para hablar de la situación de las personas de entre 15 y 34 años. «Hoy es la principal causa de muertes entre los jóvenes. Antes eran los accidentes viales, por ejemplo, y hoy son los suicidios», afirmó. Y apuntó directo al Estado: «Obviamente uno se pregunta qué estamos haciendo como sociedad y qué están haciendo las autoridades con esta problemática tan dolorosa».

Un dolor que no es abstracto

La reflexión no llegó desde la distancia. Lali contó frente al público que atraviesa un duelo reciente: «Hace dos meses yo perdí a una persona muy querida que se suicidó. Hoy no está acá. En el último River estuvo y hoy no está acá». «Es muy doloroso que nuestro país esté lamentablemente en este ranking del mal», agregó, con el estadio en silencio.

La cantante también dedicó unas palabras a las personas con discapacidad y a sus familias, de quienes dijo que muchas «se sienten muy solas». El mensaje llegó en semanas en que el financiamiento de las prestaciones y las pensiones por discapacidad volvió al centro de la disputa política, frente a un Gobierno cuya Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) quedó envuelta en una causa judicial por presuntas coimas. «Desde este escenario le mandamos un beso a las familias que han perdido a alguien y a las personas que están sufriendo todos los días con la dolencia de un ser querido», cerró.

Los números le dan la razón

Lo que Lali describió desde el escenario está respaldado por las estadísticas oficiales. Según el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad de la Nación, en 2025 se registraron 5.209 muertes por suicidio en la Argentina, un 22,6% más que en 2024, cuando hubo 4.249. Es el récord de la serie histórica oficial y convierte al suicidio en la principal forma de muerte violenta del país, por encima de los homicidios y los siniestros viales. La tasa alcanzó los 11,8 casos cada 100.000 habitantes, y cuatro de cada cinco víctimas son varones.

El fenómeno golpea cada vez más temprano. En el primer trimestre de 2026 se registraron 1.500 notificaciones de intentos de suicidio en niñas y niños de entre 10 y 13 años en todo el país. En la Ciudad de Buenos Aires, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, informó que los intentos crecieron un 44% entre enero y mayo de 2026 respecto del mismo período del año anterior.

La motosierra también llegó a la salud mental

La pregunta de Lali sobre qué hacen las autoridades tiene una respuesta documentada. Según el informe «Inversión en salud mental: sin recursos para cumplir la ley», elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) con datos oficiales, el Gobierno de Javier Milei recortó un 42% el presupuesto de los programas de salud mental entre 2023 y 2025, el nivel más bajo de al menos la última década.

Para 2026, el Ejecutivo proyectó destinar a salud mental apenas el 1,42% del presupuesto total de salud. La Ley Nacional de Salud Mental establece que esa cifra debe alcanzar el 10%, por lo que el propio presupuesto oficial incumple la norma vigente.

El caso más visible es el del Hospital Nacional en Red Laura Bonaparte, el único establecimiento público nacional especializado en salud mental y adicciones. Según la Fundación Soberanía Sanitaria, su presupuesto acumuló una caída del 46% entre 2023 y 2026; en octubre de 2024 se cerraron allí la internación, la guardia interdisciplinaria y la atención por demanda espontánea. A su vez, el sindicato de salud FESPROSA denunció que el desfinanciamiento del programa Remediar dejó a hospitales públicos de todo el país sin psicofármacos para sus pacientes. Como informó este medio, desde el inicio de la gestión libertaria tampoco se convocó al Consejo Federal de Salud Mental, y once provincias enviaron una carta de alerta que no obtuvo respuesta.

Una voz que incomoda al oficialismo

No es la primera vez que Lali usa su lugar público para cuestionar al Gobierno. Días atrás, en el Festival de Cine de San Sebastián, advirtió que «el cine argentino ha sido muy atacado» y lució una remera en reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas. Desde 2024, cuando el propio Milei la apodó «Lali Depósito» para acusarla de vivir de fondos públicos, la artista se convirtió en blanco recurrente del ecosistema libertario en redes.

Esta vez, sin embargo, el planteo excede cualquier disputa personal. Una de las artistas más convocantes del país llevó a un estadio lleno una emergencia sanitaria que el Estado nacional enfrenta con menos recursos que nunca. La respuesta oficial, hasta ahora, sigue siendo el silencio.

Si vos o alguien de tu entorno atraviesa una situación de angustia, no estás solo ni sola: pedir ayuda es posible. El Centro de Asistencia al Suicida atiende en la línea gratuita 135 desde la Ciudad y el Gran Buenos Aires, y en el (011) 5275-1135 o el 0800 345 1435 desde todo el país. Ante una emergencia, llamá al 911.

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