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YPF: por qué EEUU le pidió a la Justicia que frene el embargo del 51% de las acciones de la petrolera

El gobierno de Donald Trump se presentó como “amicus curiae” y pidió suspender el fallo que obliga al país a pagar US$ 16.000 millones. Argumentó que la decisión viola el principio de inmunidad soberana.

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El Argentino Diario-YPF-Petrolera de bandera.

Estados Unidos pidió suspender el fallo que obliga al país a pagar US$ 16.000 millones. Argumentó que la decisión viola la inmunidad soberana de los Estados.

La administración de Donald Trump se presentó oficialmente en respaldo de la Argentina ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, en Nueva York, en el marco del juicio por la expropiación de YPF. El gobierno estadounidense intervino como amicus curiae y solicitó la suspensión inmediata del fallo que obliga al país a pagar más de US$ 16.000 millones hasta tanto se resuelva la apelación.

En un documento de doce páginas, el Departamento de Justicia de EE.UU. planteó que la sentencia del tribunal de distrito contradice principios históricos de política exterior y normas fundamentales del derecho internacional, especialmente en lo referido a la inmunidad soberana de los Estados.

Inmunidad soberana: eje de la argumentación

El escrito sostiene que la inmunidad soberana extranjera “históricamente protegió la propiedad de los Estados frente a la ejecución judicial forzada”. A su vez, subraya que la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera (FSIA) de 1976 introdujo excepciones muy limitadas, aplicables solo a bienes ubicados dentro del territorio estadounidense.

En consecuencia, el gobierno de Trump consideró que el fallo contra la Argentina es “inconsistente con estos principios” y recordó que “otras decisiones de tribunales de apelaciones han requerido que la propiedad de un Estado extranjero esté físicamente en Estados Unidos para que pueda ser ejecutada”.

“La aplicación de un estatuto de ejecución estatal de Nueva York para ordenar el traslado de propiedad extranjera al país no puede anular los requisitos de la FSIA ni los principios de inmunidad soberana”, sentenció el texto oficial. Además, advirtió que “el Congreso de los Estados Unidos no manifestó intención alguna de eliminar la inmunidad para bienes ubicados fuera del país al promulgar la FSIA”.

También remarcó que “la FSIA debe interpretarse de forma coherente con el derecho internacional consuetudinario, que generalmente prohíbe la ejecución en el territorio de otro Estado sin su consentimiento”.

Riesgos de ejecución anticipada

El gobierno estadounidense alertó que si Argentina cumple con la orden judicial y transfiere las acciones de YPF, podría perder de forma definitiva esos activos, incluso si luego obtiene una sentencia favorable. Advirtió que exigir una fianza “podría exponer activos argentinos en territorio estadounidense a intentos de embargo”.

A su vez, consideró que los factores de equidad “favorecen a la Argentina”, ya que “una suspensión no dañará al demandante, quien solo experimentará un retraso”. El escrito señaló además que Argentina conserva actualmente las acciones en YPF y no puede disponer de ellas sin autorización legislativa.

Puntos clave del respaldo de EEUU a la Argentina:

  • El gobierno de Trump pidió suspender el fallo contra la Argentina por el caso YPF.
  • Argumentó que la sentencia viola la inmunidad soberana de los Estados.
  • La FSIA no permite ejecutar bienes ubicados fuera del territorio estadounidense.
  • Cumplir con la orden podría hacer que Argentina pierda las acciones incluso si gana la apelación.
  • Consideró que una suspensión no perjudicaría al demandante.

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Dos Adorni, dos causas: tras ser imputado, levantaron el secreto fiscal del hermano del vocero

El fiscal federal Guillermo Marijuan formalizó la imputación de Francisco Adorni, diputado provincial y hermano del actual Jefe de Gabinete, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La causa se originó en una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano.

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El cerco judicial se amplía: imputan y levantan el secreto fiscal y bancario del hermano de Adorni

El juez federal Sebastián Casanello ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni, diputado provincial bonaerense y hermano del Jefe de Gabinete, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La causa se suma al expediente que ya pesa sobre Manuel Adorni ante la justicia federal, configurando un panorama judicial sin precedentes para una de las figuras más visibles del gobierno de Javier Milei.

La nueva causa: Francisco Adorni en la mira judicial

Este miércoles, el fiscal federal Guillermo Marijuan formalizó la imputación de Francisco Adorni, diputado provincial y hermano del actual Jefe de Gabinete, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La causa se originó en una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien alertó sobre presuntas inconsistencias en el patrimonio declarado por el legislador bonaerense.

Al día siguiente, el juez federal Sebastián Casanello hizo lugar a las veinte medidas de prueba solicitadas por Marijuan y dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario del imputado, habilitando el acceso a la documentación del ARCA (ex AFIP) y ordenando la remisión a la fiscalía de un informe completo del sistema EFISCO, que incluye las declaraciones juradas de Ganancias, Bienes Personales e IVA de Francisco Adorni.

Lo que investiga la Justicia

Según la información disponible en la causa, los puntos centrales de la investigación son tres: un crédito hipotecario de $60 millones que habría sido cancelado en el plazo inusualmente breve de doce meses; la adquisición del 50% de un vehículo sin justificación patrimonial clara; y un incremento patrimonial del 84% en el transcurso de un año, cifra que los investigadores consideran incompatible con los ingresos declarados por el diputado provincial.

Las veinte medidas de prueba dispuestas por Casanello apuntan a reconstruir de forma integral el patrimonio y el flujo de fondos de Francisco Adorni desde 2020 hasta la actualidad, lo que supone un rastreo exhaustivo de sus movimientos financieros durante el período que coincide, parcialmente, con el ascenso político de su hermano Manuel.

El expediente que ya pesa sobre Manuel Adorni

La imputación de Francisco Adorni no se produce en el vacío. Desde hace semanas, el propio Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrenta una investigación paralela ante la justicia federal, a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, por un patrimonio bajo sospecha que ya supera los 840.000 dólares.

En ese expediente se investigan, entre otros hechos, la compra de un departamento en el barrio de Caballito por 230.000 dólares con una modalidad de pago que incluyó una deuda con dos jubiladas cuyos hijos son socios de una desarrolladora inmobiliaria, y refacciones de lujo en una propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, que ascendieron a 245.000 dólares abonados íntegramente en efectivo y sin factura, según la declaración testimonial del contratista Matías Tabar. Entre las mejoras contratadas figuran una pileta con cascada, un quincho con parrilla valuada en 15.000 dólares y baños con jacuzzi.

Además, se indaga el uso del avión presidencial para trasladar a la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, a Nueva York, y la posible vinculación del entorno de Adorni con la denominada Causa $Libra, una estructura de presunto lavado de dinero y movimientos financieros off-shore. En ese marco, la diputada Marcela Pagano, la misma legisladora que denunció a Francisco Adorni, también solicitó la detención de Manuel Adorni por presunto entorpecimiento de la justicia.

Una familia bajo la lupa del Poder Judicial

La apertura simultánea de causas contra ambos hermanos configura una situación inédita en la historia reciente del gabinete nacional. Lo que comenzó como una investigación sobre el patrimonio del Jefe de Gabinete se extiende ahora al núcleo familiar más próximo, con dos jueces federales y dos fiscales actuando en expedientes que, aunque formalmente separados, comparten protagonistas, denunciantes y contextos.

La decisión del juez Casanello de levantar el secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni, apenas un día después de su imputación, indica que la investigación avanza con celeridad y que la Justicia considera que existe mérito suficiente para profundizar el escrutinio sobre los movimientos financieros del diputado bonaerense.

Puntos clave:

  • El fiscal Marijuan imputó a Francisco Adorni, diputado provincial y hermano del Jefe de Gabinete, por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
  • El juez Casanello ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario y habilitó veinte medidas de prueba.
  • Se investiga un crédito hipotecario de $60 millones cancelado en doce meses y un incremento patrimonial del 84% en un año.
  • Manuel Adorni enfrenta una causa paralela ante el juez Lijo por un patrimonio bajo sospecha que supera los 840.000 dólares.
  • La diputada Marcela Pagano es la denunciante en ambas causas y también solicitó la detención del Jefe de Gabinete.
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