Un tribunal de San Martín le denegó las visitas domiciliarias a un preso que en 2020 fue condenado junto un cómplice por secuestrar a un joven y a su pareja embarazada de 8 meses, a quien amenazaron con dispararle «un tiro en la panza».

El hombre había solicitado ese beneficio para acompañar a su mujer que transita un embarazo de riesgo.

De acuerdo al fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) 3 de San Martín, no se trata de un caso de «gravedad extrema y urgencia» que amerite que el preso César Luis Sosa deje su celda del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza para visitar a su esposa.

Sosa, al igual que Roberto Oscar Benegas, fue condenado en junio de 2020 por el TOCF 3 de San Martín a la pena de a 11 años de prisión por el delito de «secuestro extorsivo agravado por haberse logrado el cobro del pago del rescate, por tratarse una de las víctimas de una mujer embarazada y por haberse cometido con la participación de tres o más personas».

El hecho fue cometido el 25 de mayo de 2017, cuando Sosa y Banegas, con la intervención de al menos un tercer cómplice, privaron de la libertad a una pareja en la localidad de Ituzaingó, en la zona oeste del conurbano.

Durante el tiempo que duró el secuestro, los captores llamaron a un familiar de las víctimas para exigirles el pago de un rescate de 150 mil pesos o, de lo contrario, «le pegarían un tiro en la panza» a la mujer, quien cursaba el octavo mes de embarazo.

En el juicio, la mujer declaró que como consecuencia de este hecho «estuvo aproximadamente quince días con contracciones y que su bebé nació tres semanas antes de lo que estaba previsto».

Ahora, a seis años de ese hecho, Sosa tiene a su pareja embarazada y solicitó a través de su defensor oficial obtener el beneficio de visitas domiciliarias para acompañarla, ya que la mujer atraviesa un embarazo de «alto riesgo» y que «tal circunstancia, le impide trasladarse hasta la unidad penitenciaria donde se aloja su concubino con el fin de visitarlo», indica el fallo dictado el 9 de junio último.

El defensor de Sosa acompañó el pedido con un certificado médico de la mujer, en el que se le indica reposo domiciliario, y un informe favorable del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

No obstante, el planteo fue primero rechazado por el fiscal general Eduardo Codesido, quien en su dictamen manifestó que en una oportunidad anterior Sosa había pedido un régimen de visitas quincenales con su padre que se encontraba internado y que el tribunal lo denegó «por considerar que el caso no encuadraba dentro de los supuestos contenidos en la norma de aplicación».

Finalmente, los jueces Esteban Rodríguez Eggers y Walter Venditti, integrantes del FOCF 3, coincidieron en que el pedido del condenado «se encuentra fuera de las excepciones contempladas en la norma: situaciones de gravedad extrema y urgencia que no se verifican en el caso de autos».

Tras rechazar el planteo, ordenaron que «en aras de resguardar el vínculo de César Luis Sosa con su pareja y a fin de facilitar las comunicaciones mediante medios tecnológicos que permitan lograr un mayor contacto, en tiempo y frecuencia, con menores costos operativos para éste, corresponde instar a la unidad donde se encuentra alojado el nombrado, a que dé estricto cumplimiento al Protocolo de Vinculación Familiar y Social a través del Sistema de Videollamadas, garantizando el contacto quincenal con ella mediante videoconferencia», según el fallo.

El secuestro por el que el preso cumple condena fue cometido el 25 de mayo de 2017, cuando una banda secuestró a la pareja en momentos en que se trasladaba por Ituzaingó a bordo de un Audi, modelo A5.

Los delincuentes tripulaban un Chevrolet Agile y, de acuerdo a lo detallado por las víctimas en juicio realizado tres años después, eran tres y estaban armados con una pistola calibre 9 milímetros y con un arma más grande, tipo ametralladora.

Uno de los captores tomó el celular del hombre y llamó a su hermano para exigirle 150 mil pesos de rescate.

En el juicio oral, el secuestrado detalló que durante el cautiverio fue golpeado por los delincuentes, quienes actuaron de manera «muy agresiva» e, incluso amenazaron con pegarle un tiro en la panza a la mujer embarazada.

Finalmente, tras obtener el rescate exigido, la banda liberó a la pareja luego de dos horas de mantenerla secuestrada.