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Paternidades deseadas: 100 días de licencia por el nacimiento de su hijo

Una resolución sin precedentes para la Administración Pública Nacional, fundada en «proteger el interés superior de los menores y garantizar la consecución de los derechos y obligaciones que los trabajadores y trabajadoras tienen en el ámbito de sus responsabilidades parentales con aquellos».

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La familia que integran Gastón Pérsico, Nicolás Molina y su pequeño hijo Bautista constituye una rareza en la Argentina actual, no porque la conforman dos papás o porque el bebé llegó al mundo por gestación solidaria, sino porque uno de los padres pudo tomarse una licencia de 100 días por nacimiento gracias a una disposición especial del Senasa, donde trabaja.

Es que, excepto quienes están bajo convenios específicos y desde que se sancionó la Ley de Contrato de Trabajo en 1976, las licencias por paternidad duran sólo 48 horas; situación que busca subsanar el proyecto oficial «Cuidar en Igualdad» presentado por el Ejecutivo a partir de un reclamo histórico que cobró fuerza el año pasado con el lanzamiento de la Campaña Paternar que integran una decena de organizaciones.

«Para nosotros es como un sueño hecho realidad, después de tantísimos años de búsqueda y lucha. El momento de la cesárea y todo lo que vino después es para decir ‘pellizcame para saber si esto es real’, sumado al revuelo público por lo inédito de mi licencia», contó Gastón sobre su bebé de 25 días desde la localidad cordobesa de Río Ceballos.

En pareja desde hace ocho años, con el primer aniversario de relación se hizo patente que la paternidad era «un sueño compartido» y para lograrlo la primera opción fue anotarse en el Registro Único de Aspirantes a Guarda.

«Esperamos durante 5 años pero nunca nos llamaron ni para una entrevista a pesar de que cumplíamos legalmente con todos los requisitos y hacíamos las renovaciones anuales. Y no éramos solo nosotros porque había gente que hacía 10 años que estaba esperando», agregó este ingeniero agrónomo que trabaja como inspector certificante en el sector de Lácteos del Centro Regional Córdoba.

Como la espera les pareció «insólita», la pareja comenzó averiguar por subrogación en el extranjero, lo que fue una opción alcanzable, tras lo cual surgió la posibilidad de hacer una gestación solidaria con autorización judicial, es decir, que otra persona llevara adelante el embarazo a partir de gametos –óvulo y espermatozoides- de banco y la criatura pudiera ser anotada como hijo de la pareja, que es quien tuvo la voluntad procreacional.

Ocho meses después llegó la resolución favorable del tribunal de familia y con las autorizaciones en su poder una amiga inició el tratamiento de fertilización asistida de alta complejidad en una clínica de Córdoba.

En enero de 2022, ya avanzado el embarazo, Gastón presentó ante el Senasa un pedido para que que se le conceda una licencia especial por nacimiento por un lapso similar al que se otorga por maternidad para poder abocarse completamente al cuidado de su bebé.

Tres meses después, su pedido tuvo una respuesta favorable a través de una resolución sin precedentes no sólo para el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) sino también para la Administración Pública Nacional, fundada en «proteger el interés superior de los menores y garantizar la consecución de los derechos y obligaciones que los trabajadores y trabajadoras tienen en el ámbito de sus responsabilidades parentales con aquellos».

«La resolución tardó porque no había precedente, querían ayudarme pero había que encontrar un paragüas jurídico que finalmente fue la Convención Internacional de los Derechos del Niño», dijo Pérsico, quien junto a su pareja están incorporándose a Paternar, la campaña por la ampliación de la licencia por paternidad.

Gastón y Nicolás también debieron sobrellevar el vacío legal en el que se encuentra la gestación por sustitución en la Argentina, puesto que no fue contemplada en la redacción de la Ley de Fertilización Asistida ni en el reformado Código Civil.

«Nosotros nos desangramos para poder pagar el tratamiento, hoy alquilamos casa porque toda la plata se nos fue en eso porque la obra social no nos cubrió nada y tuvimos que pagar todo de manera privada. Recuerdo que una vez tuve que comprar progesterona y hasta eso me rechazaron cubrir, porque (como varón) no podés usar progesterona a no ser que estás haciendo una transición», dijo Pérsico.

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20 años de ESI: Milei desfinancia la Ley que salva vidas

La Ley 26.150 de Educación Sexual Integral fue sancionada el 4 de octubre de 2006 y llega a sus 20 años con un presupuesto de apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023.

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Entre 2017 y 2023, se registraron 15.699 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual en la Argentina, y en 8 de cada 10 casos el agresor pertenecía al círculo familiar o de confianza de la víctima.

Ese dato, relevado por Amnistía Internacional, no es una estadística abstracta: es el argumento más contundente para sostener que la Educación Sexual Integral no es una política optativa, sino una herramienta de protección concreta.

El 4 de octubre de 2026 se cumplen 20 años de la sanción de la Ley 26.150 de ESI, y la fecha llega con una paradoja que define la agenda del gobierno libertario: la ley existe, la demanda social crece, los números prueban su eficacia, y el Estado la desfinancia.

La ley fue sancionada el 4 de octubre de 2006 durante la presidencia de Néstor Kirchner. Dos décadas después, según datos de ELA y ACIJ, el Presupuesto 2026 asigna a la ESI apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023, en el marco de una caída del 89% en las principales políticas de género desde que asumió Javier Milei.

La ESI salva vidas: los números que el gobierno ignora

Una encuesta de Amnistía Internacional de 2025 señala que el 71% de los jóvenes de entre 16 y 30 años se manifiesta de acuerdo con la ESI. Según la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 85% de los estudiantes de nivel secundario reconoce la ESI como necesaria e importante. Los estudios sobre el impacto de la ley muestran que la ESI contribuyó a reducir en un 49% la tasa de fecundidad en niñas y adolescentes de 10 a 19 años, y que el 80% de los niños, niñas y adolescentes que denunciaron abusos lo hicieron luego de tener una clase de ESI en la escuela.

A eso se suman los datos sobre violencia digital: según UNICEF (2025), más de 107.900 casos de explotación infantil fueron impulsados por inteligencia artificial, y más del 37% de los jóvenes reporta exposición a imágenes obscenas o pornográficas, mientras que un 24% señaló haber accedido a contenido de violencia extrema. Los territorios digitales son ya espacios donde niñeces y adolescencias se vinculan, exploran y también padecen violencias que la ESI todavía no ha terminado de incorporar.

La Guía Ema: cuando una adolescente nos puso de cara a la violencia digital

En ese contexto nació la Guía Ema. La herramienta lleva el nombre de Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años que se suicidó luego de que un compañero viralizara imágenes íntimas sin su consentimiento, un caso que sacudió a la comunidad educativa y que impulsó a su familia y a organizaciones sociales a construir una respuesta colectiva. La Guía, elaborada junto a la diputada Mónica Macha, impulsora histórica de la ESI, aporta herramientas para abordar las violencias digitales de género en el ámbito educativo, promoviendo información, consentimiento y vínculos cuidados.

Macha lo sintetizó: «Se cumplen 20 años de la Ley de Educación Sexual Integral. Una ley que vino a transformar y reparar.» Y sumó: «La Guía Ema viene a sumar herramientas a la ESI porque nos permite pensar el consentimiento en los entornos digitales, territorios que también habitan las niñeces y adolescencias. Hoy, y siempre, más escucha y más protección. Y, sobre todo, más ESI para crear otros mundos.»

La herramienta parte de un principio rector: «Una imagen o un video puede haber sido creado con consentimiento, pero su difusión o viralización sin autorización es una forma de violencia.« En ese punto, la Guía Ema articula la Ley Olimpia, que incorporó la violencia digital como modalidad de violencia de género, con la pedagogía de la ESI.

El gobierno que desfinancia y deroga

El contraste entre la demanda social y la decisión política del gobierno de Milei no admite matices. El Presupuesto 2026 no proyecta capacitar a ningún docente en ESI ni brindar asistencia técnica en ninguna provincia. Las metas directamente desaparecieron del texto presupuestario.

En 2025, el gobierno también derogó por decreto el artículo 3° de la Ley 27.234, que establecía la obligatoriedad de realizar al menos una jornada anual de prevención de la violencia de género en los establecimientos educativos. La Línea 144, principal canal de atención a víctimas de violencia, redujo un 45% su planta de trabajadoras luego de perder dos tercios de su presupuesto en 2024.

El propio Milei había anticipado su postura en 2023, cuando definió la ESI como parte de la ideología de género. Sus aliados en el Congreso fueron más lejos: hubo legisladores de La Libertad Avanza que propusieron reemplazarla por pornografía. El resultado político de esa agenda se tradujo en números: las principales políticas destinadas a prevenir y atender la violencia de género cayeron un 89% desde 2023, según el análisis de ELA y ACIJ sobre el Presupuesto 2026.

La ESI es revolucionaria: habilita voces y pone nombre a violencias

Frente al vaciamiento, la demanda crece y la sociedad responde. Los datos de Amnistía (2025) que muestran que el 71% de los jóvenes apoyan la ESI son también una lectura política: el discurso anti-ESI del gobierno no encontró anclaje en quienes más la necesitan. Las organizaciones de derechos humanos, los movimientos feministas y las comunidades educativas celebraron el 20° aniversario con la misma consigna que atraviesa dos décadas de lucha: más ESI, no menos. La ESI es revolucionaria porque habilita voces y pone nombre a violencias invisibilizadas y naturalizadas. Eso, exactamente, es lo que el gobierno de Milei decidió desfinanciar en el año en que la ley cumple su mayoría de edad.

Lo que tenés que saber de la sanción de la ESI

  • La Ley 26.150 de ESI cumple 20 años. El Presupuesto 2026 le asigna apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023.
  • Entre 2017 y 2023 se registraron 15.699 casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual; en 8 de cada 10, el agresor era del entorno familiar o de confianza.
  • La diputada Mónica Macha presentó la Guía Ema, herramienta educativa para abordar la violencia digital de género, en memoria de Ema Bondaruk.
  • El gobierno de Milei derogó la obligatoriedad de jornadas de prevención de violencia de género en escuelas y las políticas de género cayeron un 89% en el Presupuesto 2026.
  • El 85% de los estudiantes secundarios reconoce la ESI como necesaria e importante, y el 80% de quienes denunciaron abusos lo hicieron tras tener una clase de ESI.

Foto: Redes @LLUVIADIBUJA

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