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DDHH

Paternidades deseadas: 100 días de licencia por el nacimiento de su hijo

Una resolución sin precedentes para la Administración Pública Nacional, fundada en «proteger el interés superior de los menores y garantizar la consecución de los derechos y obligaciones que los trabajadores y trabajadoras tienen en el ámbito de sus responsabilidades parentales con aquellos».

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La familia que integran Gastón Pérsico, Nicolás Molina y su pequeño hijo Bautista constituye una rareza en la Argentina actual, no porque la conforman dos papás o porque el bebé llegó al mundo por gestación solidaria, sino porque uno de los padres pudo tomarse una licencia de 100 días por nacimiento gracias a una disposición especial del Senasa, donde trabaja.

Es que, excepto quienes están bajo convenios específicos y desde que se sancionó la Ley de Contrato de Trabajo en 1976, las licencias por paternidad duran sólo 48 horas; situación que busca subsanar el proyecto oficial «Cuidar en Igualdad» presentado por el Ejecutivo a partir de un reclamo histórico que cobró fuerza el año pasado con el lanzamiento de la Campaña Paternar que integran una decena de organizaciones.

«Para nosotros es como un sueño hecho realidad, después de tantísimos años de búsqueda y lucha. El momento de la cesárea y todo lo que vino después es para decir ‘pellizcame para saber si esto es real’, sumado al revuelo público por lo inédito de mi licencia», contó Gastón sobre su bebé de 25 días desde la localidad cordobesa de Río Ceballos.

En pareja desde hace ocho años, con el primer aniversario de relación se hizo patente que la paternidad era «un sueño compartido» y para lograrlo la primera opción fue anotarse en el Registro Único de Aspirantes a Guarda.

«Esperamos durante 5 años pero nunca nos llamaron ni para una entrevista a pesar de que cumplíamos legalmente con todos los requisitos y hacíamos las renovaciones anuales. Y no éramos solo nosotros porque había gente que hacía 10 años que estaba esperando», agregó este ingeniero agrónomo que trabaja como inspector certificante en el sector de Lácteos del Centro Regional Córdoba.

Como la espera les pareció «insólita», la pareja comenzó averiguar por subrogación en el extranjero, lo que fue una opción alcanzable, tras lo cual surgió la posibilidad de hacer una gestación solidaria con autorización judicial, es decir, que otra persona llevara adelante el embarazo a partir de gametos –óvulo y espermatozoides- de banco y la criatura pudiera ser anotada como hijo de la pareja, que es quien tuvo la voluntad procreacional.

Ocho meses después llegó la resolución favorable del tribunal de familia y con las autorizaciones en su poder una amiga inició el tratamiento de fertilización asistida de alta complejidad en una clínica de Córdoba.

En enero de 2022, ya avanzado el embarazo, Gastón presentó ante el Senasa un pedido para que que se le conceda una licencia especial por nacimiento por un lapso similar al que se otorga por maternidad para poder abocarse completamente al cuidado de su bebé.

Tres meses después, su pedido tuvo una respuesta favorable a través de una resolución sin precedentes no sólo para el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) sino también para la Administración Pública Nacional, fundada en «proteger el interés superior de los menores y garantizar la consecución de los derechos y obligaciones que los trabajadores y trabajadoras tienen en el ámbito de sus responsabilidades parentales con aquellos».

«La resolución tardó porque no había precedente, querían ayudarme pero había que encontrar un paragüas jurídico que finalmente fue la Convención Internacional de los Derechos del Niño», dijo Pérsico, quien junto a su pareja están incorporándose a Paternar, la campaña por la ampliación de la licencia por paternidad.

Gastón y Nicolás también debieron sobrellevar el vacío legal en el que se encuentra la gestación por sustitución en la Argentina, puesto que no fue contemplada en la redacción de la Ley de Fertilización Asistida ni en el reformado Código Civil.

«Nosotros nos desangramos para poder pagar el tratamiento, hoy alquilamos casa porque toda la plata se nos fue en eso porque la obra social no nos cubrió nada y tuvimos que pagar todo de manera privada. Recuerdo que una vez tuve que comprar progesterona y hasta eso me rechazaron cubrir, porque (como varón) no podés usar progesterona a no ser que estás haciendo una transición», dijo Pérsico.

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Argentina

Jujuy: Morales instaló una «empresa de espionaje ilegal»

Así lo denunció la Comisión Nacional de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos.

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El-Argentino-Gerardo Morales

La Comisión Nacional de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos denunció hoy el funcionamiento de «una empresa de espionaje ilegal» en Jujuy, con participación de la justicia en el «armado de causas con hipótesis delictivas» y con infiltraciones de la policía en las organizaciones sociales, lo cual «están vulnerando las garantías y derechos constitucionales de la democracia».

En tal sentido, presentaron una denuncia penal en la fiscalía federal de Jujuy contra el ministro de Seguridad de la provincia, Luis Alberto Martín; el jefe de Policía, Héctor Herbas Mejía; el titular de la Agencia Provincial de Delitos Complejos de la Policía provincial, Marcelo Rodríguez; el fiscal del Ministerio Público de la Acusación Diego Funes y del juez de Control en lo penal y Delitos contra la Administración Pública de Jujuy Rodolfo Fernández «por la presunta comisión de delitos de acción pública, por hechos violatorios de la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional».

«La primera acción de esta empresa de espionaje fue infiltrar, ese es el primer hecho que denunciamos, la infiltración (en marchas y movilizaciones). Acá se persiguen a todos los opositores, no hay nadie en particular, se los persigue a todos», dijo a la prensa la directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, Gabriela Carpineti, en la CTA de Jujuy.

«Cometida la infiltración, el fiscal Funes solicita allanamientos, que también constan en la denuncia, y con eso va construyendo hipótesis delictivas de las que el juez de control toma intervención tres meses después», precisó.

Detalló que «se violaron dos leyes federales, por eso la competencia es federal y no pueden desestimarla», dado que «se realizaron tareas de espionaje ilegal sin denuncias previas que vinculen la comisión de una actividad criminal».

«Estas tareas de espionaje ilegal según los hechos y las pruebas que constan en esta denuncia fueron encomendadas a la Agencia de Delitos Complejos provincial», apuntó.

Consideró que «es importante que la población entienda cómo funciona esta estructura judicial policial que estamos denunciando; definitivamente una empresa de espionaje ilegal». Añadió que obedece a «una estrategia» del Gobierno para «el aniquilamiento del que piensa diferente, donde (el gobernador Gerardo) Morales debe ser también el garante de que se cumpla la Constitución Nacional en la provincia, con los debidos procesos, tratados internacionales, así como en todas las jurisdicciones del país».

Carpinetti indicó que toda esta estructura «constituyó una empresa de espionaje ilegal» y la fiscalía «debe investigar los hechos, abrir a prueba e iniciar con las testimoniales».

La denuncia se realizó en el marco de la cuarta visita de la Comisión en Defensa de los Derechos Humanos a Jujuy con participación de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia.

Durante su permanencia en Jujuy para hacer un relevamiento sobre vulneración de derechos, la Comisión visitó Tilcara y San Pedro de Jujuy y advirtió la presencia de un policía que los estaba espiando mientras tomaban las denuncias, dijeron.

«En San Pedro recepcionamos muchísimas denuncias de pequeños productores muy preocupados porque les están iniciando causas, algunos ya imputados, debido a que tienen una orden de desalojo de la tierra que ocupan para la agricultura familiar», relató la abogada del Ministerio de Justicia de la Nación Daniela Verón, integrante de la Comisión.

«Sufrimos un acto de espionaje ilegal, infiltración, en particular lo puedo comentar porque lo sufrimos, era un oficial de policía vestido de civil que también es ayudante de un fiscal», afirmó y dijo que «tras advertirle se retiró».

El referente del Movimiento Evita de Jujuy José Zurita indicó que la práctica del espionaje la «observan continuamente» a través de «la Brigada de Investigaciones de la Policía de Jujuy que va a las casas de los compañeros y compañeras y le pregunta a los vecinos si los conoce, qué hacen, de qué vive y trabaja».

También esto ocurre, dijo, en los comedores y merenderos donde hay niños y adultos mayores.

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