La conductora Viviana Canosa volvió a provocar un estallido mediático con acusaciones que rozan lo delirante.

En su programa por El Trece, afirmó —sin mostrar pruebas— que figuras públicas como Florencia Peña, Damián Betular, Elizabeth Vernaci y Humberto Tortonese formarían parte de una supuesta red de trata de personas.

La denuncia habría sido presentada en Comodoro Py, en una causa cuya existencia fue desmentida por el abogado Fernando Burlando.

Peña calificó las acusaciones como “aberrantes” y confirmó que iniciará acciones legales. En un el piso de LAM, la actriz estalló en llanto y cuestionó el rol del periodismo por replicar sin chequeo una denuncia de extrema gravedad. “Esto me daña a mí, pero también a mis hijos. Hay un límite”, reclamó.

El rol del “Partido Judicial” y el show mediático

La mención de Comodoro Py como sede de la supuesta denuncia no es menor. Ese tribunal federal ha sido históricamente utilizado para operaciones mediático-judiciales que combinan lawfare y espectáculo, especialmente cuando se trata de figuras públicas con perfil político o posiciones críticas.

Canosa no presentó ninguna prueba, pero utilizó el recurso del “secreto de sumario” para justificar la falta de documentación. “No hay secreto de sumario un pingo”, respondió Peña.

Según dijo, Burlando revisó la causa y no encontró ninguna denuncia formal contra ella. La operación tuvo un efecto inmediato: portales de noticias titularon sin contrastar, asociando a Peña con una red de trata sin evidencia.

Un ataque sistemático y una línea política

Lejos de ser una controversia aislada, el ataque contra Florencia Peña se inscribe en una campaña de desprestigio que la tiene como blanco frecuente desde hace años.

Su perfil público, sus posiciones feministas y su cercanía a causas progresistas la convierten en un blanco funcional para ciertos sectores del ecosistema mediático.

“¿Ustedes creen que si yo estuviera en algo delictivo no estaría ya estampada contra un paredón?”, se preguntó Peña. “Yo no quiero googlearme y que lo primero que aparezca sea trata”, agregó, visiblemente afectada. Denunció que por rating y clics, los medios exceden todos los límites éticos.

La impunidad del espectáculo del odio

La situación evidencia un fenómeno peligroso: la instalación de acusaciones graves sin sustento real, amplificadas por el aparato mediático, con consecuencias personales y profesionales irreparables.

Se utilizan figuras públicas como chivos expiatorios para alimentar agendas políticas o mediáticas.

La participación de Comodoro Py —conocida por causas armadas y operaciones políticas— no hace más que profundizar el descrédito judicial.

El silencio de otros sectores del periodismo también fue señalado por Peña: “El periodismo también es cómplice cuando no frena la pelota”.