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Judiciales ⚖️

Juicio por crimen de Lucas González en marzo de 2023

En el día previo a que se cumpla el primer aniversario por la ejecución del adolescente en manos de una brigada de la Policía de la Ciudad, se fijó la fecha para el inicio del debate. Serán 11 audiencias con 14 acusados, tres por ser coautores del homicidio y el resto por maniobras de encubrimiento

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A pocas horas de cumplirse el primer año del asesinato de Lucas González, en el caso de gatillo fácil por el que están imputados un grupo de 14 jefes y efectivos de la Policía de la Ciudad, el Tribunal Oral Criminal Nro. 25 anunció que el 16 de marzo de 2023 se iniciará el juicio.

Tal como lo venía solicitando la Fiscalía y la querella, en representación de los padres de la víctima y los tres sobrevivientes de aquel ataque de la fuerza de seguridad porteña en calles del barrio de Barracas, se fijó la fecha para el debate oral y público, que constará de un total de 11 audiencias.

Los jueces Marcelo Bartumeu, Ana Dieta y Hugo Navarro estarán a cargo del juicio contra tres policías acusados de matar a Lucas González e intentar asesinar a los tres amigos que iban con él en un auto, además de los 11 efectivos imputados por encubrir el hecho y pretender simular un enfrentamiento armado.

El anunció llegó en momentos en que los padres de Lucas González convocaron a un acto frente al Palacio de Tribunales para este jueves, en memoria y pedido de justicia, en el que uno de los reclamos formulados era que se fijara la fecha del juicio.

Los principales imputados son el inspector Gabriel Issasi (de 42 años), el oficial mayor Fabián Andrés López (48) y el oficial Juan José Nieva (37), todos ellos entonces integrantes de la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad y actualmente detenidos, procesados con prisión preventiva.

A los tres se les adjudica ser coautores de los delitos de “homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial”.

Además, fueron acusados de “tres tentativas de homicidio agravado por las mismas causales; falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional”, en relación a los tres chicos que sobrevivieron a ese episodio de violencia institucional.

De los otros 11 imputados, los que ostentaban mayor jerarquía eran el comisario inspector Daniel Alberto Santana (43) y los comisarios Rodolfo Alejandro Ozán (54), Fabián Alberto Du Santos (52), Ramón Jesús Chocobar (48) y Juan Horacio Romero (51).

También por “encubrimiento agravado y falso testimonio”, están acusados el subcomisario Roberto Orlando Inca (47), el principal Héctor Claudio Cuevas (50) y los oficiales Sebastián Jorge Baidón (28), Jonathan Alexis Martínez (35), Angel Darío Arévalos (34) y Daniel Rubén Espinosa (33).

Cabe recordar que el crimen de Lucas González ocurrió en la mañana del 17 de noviembre de 2021, cuando junto a tres amigos salieron del entrenamiento en el club Barracas Central, y se subieron al Volkswagen Suran para volver a Florencio Varela, donde vivían.

Tras detenerse en un kiosco, comenzaron a ser perseguidos por un Nissan Tiida, en el que circulaban tres policías de la Brigada 6 de la Comisaría Vecinal 4D, quienes realizaban tareas de campo en la intersección de las avenidas Iriarte y Vélez Sarsfield.

Les cruzaron ese auto, que no tenía ninguna identificación y los efectivos no vestían chalecos ni uniformes, entonces, los adolescentes pensaron que podían ser ladrones y quisieron escapar, pero fue entonces cuando dispararon contra el VW Suran, que resultaron mortales.

Los otros tres chicos salvaron su vida de milagro y fueron torturados, mientras se intentó “plantar” un arma y alterar la escena del crimen, en una típica práctica luego de un hecho de gatillo fácil.

Investigación 🔎

Curro con alas: sobreprecios y falta de controles en la compra de aviones de la Fuerza Aérea

Una investigación expuso un patrón de contrataciones cuestionadas en la adquisición de aviones Embraer, Boeing y Saab que se habría repetido desde 2021, con plazos inusualmente cortos, precios inflados y mecanismos de pago que dificultan la trazabilidad de los fondos públicos.

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Irregularidades en la Fuerza Aérea: sobreprecios y licitaciones sospechosas en la compra de aeronaves

★ Una investigación periodística reveló presuntas irregularidades en la compra de aeronaves realizada por la Fuerza Aérea Argentina (FAA) durante los últimos años, con epicentro en la adquisición de un avión Embraer ERJ-140LR concretada en 2025. Según DataClave, la operación habría sido direccionada desde el inicio, concretada con sobreprecios, plazos inusualmente cortos y condiciones que especialistas del sector aeronáutico calificaron de irregulares.

La licitación exprés

El proceso licitatorio se inició el 30 de mayo de 2025, identificado bajo el expediente EX-2025-47131427-APN-DAM#FAA, y quedó adjudicado en menos de dos meses, un plazo que los propios reglamentos de contrataciones públicas consideran insuficiente para operaciones de esta envergadura. La convocatoria, publicada a través del portal COMPREX de la FAA, establecía como fecha límite de presentación de ofertas el 13 de junio de 2025, lo que implica apenas dos semanas de ventana para que los potenciales oferentes presentaran propuestas en una licitación internacional.

Entre las principales irregularidades detectadas figura que el requerimiento técnico fue impulsado por un ingeniero sin funciones operativas vinculadas al transporte aéreo, mientras que las especificaciones del pliego habrían sido redactadas de manera tal que solo determinados modelos pudieran calificar para presentarse. El resultado fue previsible: la adjudicación recayó sobre la firma estadounidense Regional One Inc., que resultó la única oferente calificada según los criterios establecidos.

El precio y el avión pintado de antemano

La aeronave fue adquirida por USD 4.085.000, según surge de la resolución de adjudicación de la licitación pública Nº 40/03-002-LPU25, a pesar de que al menos otra empresa, identificada como Alpha, cuyos representantes impugnaron el proceso, había ofertado un avión de características similares a menor valor. El pedido de impugnación firmado por Guillermo Galván, responsable de Alpha, fue presentado ante el Comité de Evaluación de la FAA el 9 de julio de 2025 y, según fuentes consultadas por este medio, fue descartado sin respuesta sustancial.

Uno de los elementos más llamativos del caso es que el avión adjudicado ya se encontraba pintado con los colores y el esquema institucional de la Fuerza Aérea Argentina antes de concretarse formalmente la compra. Según la denuncia, la aeronave habría sido acondicionada desde 2023, lo que alimentó las sospechas de que la operación estaba definida mucho antes de que se publicara cualquier convocatoria. De hecho, la propia licitación exigía la entrega «llave en mano» con pintura institucional ya aplicada, una cláusula inusual que encajaba a la perfección con el estado en que se encontraba el avión de Regional One Inc.

Un informe técnico posterior a la adquisición detectó, además, múltiples deficiencias en la unidad comprada: signos de desgaste excesivo, posibles fugas y faltantes de equipamiento esencial. Las observaciones técnicas contradijeron el dictamen de conformidad operativa que habilitó la operación.

Los nombres de la cadena de mando

La investigación de DataClave, publicada en diciembre de 2025, identificó a los responsables institucionales de la operación: el brigadier general Xavier Isaac, entonces jefe de la Fuerza Aérea, y el brigadier mayor Fernando Mengo, quien se desempeñaba como comandante de Adiestramiento y Alistamiento al momento de concretarse la compra. El medio señaló también que el ex ministro de Defensa Luis Petri podría verse alcanzado por las irregularidades, dado que las adquisiciones se realizaron durante su gestión al frente de la cartera.

Otro dato que encendió las alarmas: los registros de la licitación en el portal oficial comprex.faa.mil.ar, donde debería figurar toda la documentación del proceso, ya no están disponibles públicamente. La Fuerza Aérea parece haber dado de baja los antecedentes de la compra, lo que profundiza las sospechas sobre la transparencia del procedimiento.

Cuentas escrow y trazabilidad opaca

La investigación también apuntó al mecanismo de pago utilizado: la operación se habría canalizado a través de cuentas «escrow», un instrumento legal en el comercio internacional pero que dificulta la trazabilidad de los fondos y reduce la transparencia de las operaciones con dinero público. La utilización de este esquema en compras estatales plantea interrogantes sobre el circuito de autorización presupuestaria, ya que, no se conoce ninguna Decisión Administrativa del jefe de Gabinete que aprobara la partida correspondiente, pese a que el monto total para las dos aeronaves adquiridas en el período ascendió a USD 6.856.200, una cifra que excede la competencia de autorización del jefe de la institución.

Un patrón que se repite desde 2021

El caso del Embraer ERJ-140LR no sería un episodio aislado. Según las denuncias, irregularidades similares se habrían verificado en otras adquisiciones de material aéreo realizadas desde 2021, incluyendo aeronaves de las marcas Boeing, Saab y Embraer, todas con presuntas inconsistencias en precios y procedimientos. El patrón descripto, que combina pliegos a medida, plazos acotados, adjudicatarios predeterminados y mecanismos de pago opacos, configura lo que la denuncia interna de la propia Fuerza Aérea caracterizó como «defraudación contra la Administración Pública mediante el direccionamiento de licitaciones».

Esa investigación interna fue archivada. Según fuentes militares consultadas por este medio que pidieron reserva de identidad, el expediente «corrió por los pasillos del Edificio Cóndor» hasta llegar a las puertas del Ministerio de Defensa, donde fue igualmente descartado.

Puntos clave

  • La Fuerza Aérea Argentina adquirió un avión Embraer ERJ-140LR por USD 4.085.000 a través de una licitación que se adjudicó en menos de dos meses, con un pliego que habría favorecido a la firma Regional One Inc. desde el inicio.
  • El avión ya estaba pintado con colores institucionales de la FAA antes de concretarse formalmente la compra, lo que sugiere una definición previa al proceso licitatorio.
  • Una empresa competidora (Alpha) impugnó el proceso en julio de 2025; la impugnación fue desestimada sin respuesta sustancial.
  • Los registros del proceso licitatorio fueron eliminados del portal oficial comprex.faa.mil.ar.
  • El patrón de irregularidades se habría repetido en compras de aeronaves Boeing, Saab y Embraer desde 2021; una investigación interna de la propia institución fue archivada.

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