Judiciales ⚖️
Juicio por crimen de Lucas González en marzo de 2023
En el día previo a que se cumpla el primer aniversario por la ejecución del adolescente en manos de una brigada de la Policía de la Ciudad, se fijó la fecha para el inicio del debate. Serán 11 audiencias con 14 acusados, tres por ser coautores del homicidio y el resto por maniobras de encubrimiento
A pocas horas de cumplirse el primer año del asesinato de Lucas González, en el caso de gatillo fácil por el que están imputados un grupo de 14 jefes y efectivos de la Policía de la Ciudad, el Tribunal Oral Criminal Nro. 25 anunció que el 16 de marzo de 2023 se iniciará el juicio.
Tal como lo venía solicitando la Fiscalía y la querella, en representación de los padres de la víctima y los tres sobrevivientes de aquel ataque de la fuerza de seguridad porteña en calles del barrio de Barracas, se fijó la fecha para el debate oral y público, que constará de un total de 11 audiencias.
Los jueces Marcelo Bartumeu, Ana Dieta y Hugo Navarro estarán a cargo del juicio contra tres policías acusados de matar a Lucas González e intentar asesinar a los tres amigos que iban con él en un auto, además de los 11 efectivos imputados por encubrir el hecho y pretender simular un enfrentamiento armado.
El anunció llegó en momentos en que los padres de Lucas González convocaron a un acto frente al Palacio de Tribunales para este jueves, en memoria y pedido de justicia, en el que uno de los reclamos formulados era que se fijara la fecha del juicio.
Los principales imputados son el inspector Gabriel Issasi (de 42 años), el oficial mayor Fabián Andrés López (48) y el oficial Juan José Nieva (37), todos ellos entonces integrantes de la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad y actualmente detenidos, procesados con prisión preventiva.
A los tres se les adjudica ser coautores de los delitos de “homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial”.
Además, fueron acusados de “tres tentativas de homicidio agravado por las mismas causales; falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional”, en relación a los tres chicos que sobrevivieron a ese episodio de violencia institucional.
De los otros 11 imputados, los que ostentaban mayor jerarquía eran el comisario inspector Daniel Alberto Santana (43) y los comisarios Rodolfo Alejandro Ozán (54), Fabián Alberto Du Santos (52), Ramón Jesús Chocobar (48) y Juan Horacio Romero (51).
También por “encubrimiento agravado y falso testimonio”, están acusados el subcomisario Roberto Orlando Inca (47), el principal Héctor Claudio Cuevas (50) y los oficiales Sebastián Jorge Baidón (28), Jonathan Alexis Martínez (35), Angel Darío Arévalos (34) y Daniel Rubén Espinosa (33).
Cabe recordar que el crimen de Lucas González ocurrió en la mañana del 17 de noviembre de 2021, cuando junto a tres amigos salieron del entrenamiento en el club Barracas Central, y se subieron al Volkswagen Suran para volver a Florencio Varela, donde vivían.
Tras detenerse en un kiosco, comenzaron a ser perseguidos por un Nissan Tiida, en el que circulaban tres policías de la Brigada 6 de la Comisaría Vecinal 4D, quienes realizaban tareas de campo en la intersección de las avenidas Iriarte y Vélez Sarsfield.
Les cruzaron ese auto, que no tenía ninguna identificación y los efectivos no vestían chalecos ni uniformes, entonces, los adolescentes pensaron que podían ser ladrones y quisieron escapar, pero fue entonces cuando dispararon contra el VW Suran, que resultaron mortales.
Los otros tres chicos salvaron su vida de milagro y fueron torturados, mientras se intentó “plantar” un arma y alterar la escena del crimen, en una típica práctica luego de un hecho de gatillo fácil.
Investigación 🔎
La causa ANDIS avanza: la Justicia rechazó los intentos de Spagnuolo y los Kovalivker de desbaratar la investigación
La Sala II de la Cámara Federal porteña rechazó dos intentos clave por desbaratar la investigación principal: le negó a Diego Spagnuolo la condición de querellante en el expediente por los audios y desestimó el planteo de nulidad de los hermanos Kovalivker. En simultáneo, confirmó los procesamientos de 19 imputados por el presunto vaciamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Doscientos cuarenta y cinco mil dólares pagados en efectivo y sin factura en refacciones de lujo, una pileta con cascada, un quincho de alta gama y un jacuzzi. Ese es el trasfondo que rodea la causa que investiga el presunto vaciamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y que ahora tiene un nuevo capítulo judicial. La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos de Diego Spagnuolo y otros 18 imputados, y rechazó de plano dos maniobras defensivas que buscaban neutralizar la investigación.
Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS y amigo personal del presidente Javier Milei, protagonizó ambas presentaciones frustradas. Por un lado, intentó convertirse en querellante en el expediente que investiga la filtración de los audios que se le atribuyen, donde se escucha una voz relatando el presunto esquema de retornos en medicamentos e insumos para personas con discapacidad, con un porcentaje que habría correspondido a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Por otro, la defensa de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, dueños de la Droguería Suizo Argentina, también imputados en la causa principal, impulsó un planteo de nulidad de todo lo actuado alegando que las grabaciones habrían sido adulteradas u obtenidas de manera ilícita. Ninguno de los dos intentos prosperó.
Sin legitimación para querellarse
Spagnuolo había recurrido ante la Cámara la decisión del juez Julián Ercolini, quien rechazó en primera instancia que el ex funcionario ingresara al expediente sobre los audios como particular damnificado. A través de su abogado Pablo Parera, argumentó que había sido blanco específico, real y verificable de las maniobras de espionaje que se investigan en ese expediente paralelo, que tramita con el fiscal Carlos Stornelli como acusador.
Los camaristas Roberto Boico y Guillermo Farah cerraron esa puerta. Boico fue categórico: mientras no concluya la pericia destinada a establecer el origen y la autenticidad de las grabaciones en el expediente principal, Spagnuolo «mal puede pretender ser tenido como ‘particular ofendido'». Farah, por su parte, señaló que la sola afirmación de haber sido víctima de espionaje no alcanza para reconocerle ese rol procesal y que el escrito de querella debería haber explicado, al menos como hipótesis, cómo los audios serían parte de maniobras ilegales y a manos de quién. Esa «falencia explicativa» fue el argumento decisivo para el rechazo.
La defensa de los Kovalivker, también sin éxito
El abogado Martín Magram, a cargo de la defensa de los hermanos Kovalivker, sostuvo que todo lo actuado en el expediente principal debía declararse nulo porque la investigación se montó sobre grabaciones adulteradas u obtenidas de manera ilícita. El planteo, rechazado en primera instancia, reunió la adhesión de otros imputados, pero tampoco tuvo éxito en la alzada.
Boico insistió en el argumento central: sin que se haya establecido aún si la voz que se escucha en las grabaciones difundidas por el canal de streaming Carnaval pertenece efectivamente a Spagnuolo, no resulta posible plantear con éxito una exclusión probatoria fundada en una captación ilícita no comprobada. Farah fue aun más explícito al señalar que ni el fiscal Franco Picardi ni el juez Ariel Lijo invocaron los audios como prueba de cargo en el expediente principal. «Oportunamente se verá qué valor probatorio tienen esos audios», escribió el camarista, dejando en claro que el debate sobre su validez está pendiente pero no pone en riesgo la investigación tal como está planteada hoy.
La pericia de Gendarmería, el nudo del asunto
El punto de inflexión de todo este capítulo procesal será la pericia que lleva adelante la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional sobre las piezas de audio que dieron origen al escándalo. Una vez que ese peritaje concluya, ambas controversias pendientes, la del querellante y la de la nulidad, podrán retomarse con nuevos elementos. Por ahora, la Cámara dejó en claro que ninguna de las maniobras defensivas tiene sustento suficiente para frenar el avance de la investigación.
En paralelo, los mismos camaristas confirmaron los procesamientos de Spagnuolo y otros 18 imputados, luego de que la investigación detectara pruebas de un aparente direccionamiento de licitaciones con simulación de competencia entre distintas empresas, que incluyó la manipulación del sistema informático del organismo. La ANDIS tiene bajo su órbita la gestión de medicamentos e insumos para personas con discapacidad, un universo presupuestario que, según la acusación, fue sistemáticamente vaciado a través de ese esquema.
Los audios, Karina Milei y el escándalo que no se apaga
El contenido de los audios atribuidos a Spagnuolo instaló en el centro del debate político a Karina Milei, hermana y secretaria general del presidente. Las grabaciones describirían un esquema donde la funcionaria participaría de los retornos sobre medicamentos e insumos destinados a personas con discapacidad. El gobierno de Milei nunca respondió sobre el fondo de esas acusaciones; prefirió instalar la hipótesis de que los audios fueron obtenidos de manera ilícita o adulterados, sin aportar prueba concreta de ninguna de las dos afirmaciones.
La estrategia, que ahora la Cámara rechazó en sus dos manifestaciones judiciales más directas, buscaba correrse del eje de la investigación para convertir a Spagnuolo en víctima de un complot y deslegitimar la evidencia antes de que sea evaluada. La resolución de Boico y Farah no habilitó ese camino. La causa sigue.
Lo que tenés que saber
- La Cámara Federal porteña rechazó el pedido de Diego Spagnuolo de ser querellante en la causa que investiga la filtración de los audios que se le atribuyen.
- También desestimó el planteo de nulidad de los hermanos Kovalivker, que alegaban que las grabaciones fueron adulteradas u obtenidas ilegalmente.
- Los camaristas Boico y Farah señalaron que los audios no fueron usados como prueba de cargo en el expediente principal.
- La pericia de Gendarmería Nacional sobre las grabaciones será determinante para resolver ambas controversias pendientes.
- La Cámara confirmó además los procesamientos de Spagnuolo y otros 18 imputados por el presunto vaciamiento de la ANDIS mediante licitaciones direccionadas.
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