Por Néstor Llidó

Se cumplieron nueve años del crimen de Gabriel Eriz, un vecino de la localidad de la Lonja del partido de Pilar, quien fue asesinado a balazos tras haber denunciado la realización de fiestas clandestinas en una casaquinta de la zona. La causa por el homicidio continúa impune y apenas se concretó un juicio, en un expediente conexo, en el que una mujer policía fue condenada en suspenso por las amenazas previas que había recibido la víctima por impulsar ese reclamo.

“En este asesinato hay tanto que investigar, tantos cómplices, pero a los que nadie los toca. Los que organizaban estas fiestas, los que les brindaban protección, ya sea policial o municipal. Es evidente que hay sectores poderosos a los que garantizarle la impunidad”, denuncia la familia Eiriz, quien ante el nuevo aniversario impulsó una serie de actividades por “memoria, verdad y justicia”.

Como cada año que transcurre y sin respuestas, se concretó una caravana y una marcha para sostener la demanda “contra la impunidad de los negociados, la corrupción policial y de los funcionarios”, a la que se sumó, en esta oportunidad, la colocación de una baldosa en recuerdo de Gabriel Eiriz en la plaza 12 de Octubre de Pilar.

A mediados de 2013, un grupo de vecinos de la localidad de La Lonja, en el partido de Pilar, comenzó a reclamar por las fiestas clandestinas que se concretaban en casaquintas de la zona, con la consecuencia de “ruidos molestos” y los incidentes que se generaban con los asistentes, por el exceso consumo de drogas y alcohol.

Uno de los que encabezaba la protesta era Gabriel Eiriz, un técnico electromecánico de 41 años y padre de tres niños, ya su vivienda era lindante con este predio y por lo tanto, se quejó ante la dueña del lugar, una mujer quien se la alquilaba a un hombre, quien, a su vez, sacaba un rédito económico al “tercerizar” a los organizadores de fiestas clandestinas y multitudinarias, convocadas por redes sociales.

Tras sus discusiones con Amelie Alicia Storani Domínguez y Ezequiel Salsamendi, sin lograr que esos encuentros dejen de realizarse, el 13 de septiembre de 2013, Eiriz comienza a recibir mensajes de texto intimidatorios en su celular desde un número desconocido, aunque luego se presenta como una familiar de la dueña de la casaquinta. Se trataba de una oficial de la Policía Federal Argentina, identificada como Mariela Fernanda Pérez Argüello. Entonces, radicó una denuncia, pero las amenazas no se detuvieron, advirtiéndole que no molestara más. En una reunión con vecinos, dijo “si aparezco tirado en un zanjón, ya saben quienes son los responsables”.

Hasta que en la noche del 8 de octubre de 2013, Gabriel Eiriz llegó a su casa, entró el auto y en el jardín fue interceptado por dos sujetos y sin mediar palabra, uno de ellos, lo ejecutó de un balazo en la cabeza. Un típico crimen por encargo, concretado por sicarios, quienes fueron observados cuando escapaban, se dio aviso a la Policía, pero nunca detenidos.

No hubo robo, ni signos de resistencia a un asalto, no tenía enemigos personales, ni deudas económicas y tampoco problemas con nadie. A excepción de estas amenazas de muerte que había recibido y a pesar del paso de más de nueve años, es la única hipótesis que manejan los investigadores del caso, a cargo de la fiscal Cecilia Chaieb. Nunca hubo avances concretos en el esclarecimiento del caso y por ende, en el expediente no hay imputados por el homicidio, en un camino hacia la impunidad.

En paralelo, se abrió una causa conexa, hasta que en el Juzgado en lo Correccional Nro. 5 de San Isidro se condenó a la oficial Pérez Argüello por “amenazas calificadas” a una pena de dos años en suspenso y excarcelable, que inclusive no impidió que continuara en funciones, al ser trasladada luego a la Policía de la Ciudad. De las sospechas de haber sido una de las tres personas de haber instigado el crimen de Eiriz, nadie se ocupó.

Y como rara paradoja del destino, esa propiedad donde se hacían las fiestas clandestinas, tiempo después pasó a ser ocupada por una comunidad terapéutica, cuyo funcionamiento irregular también fuera objeto de denuncias. Ese mismo lugar, en el que el pasado mes de febrero, se produjo un incendio, que arrojó el trágico saldo de cuatros internos muertos y desde entonces, el lugar quedó clausurado.