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Contrabando de armas a Bolivia: avanzan las declaraciones de gendarmes

Las citaciones fueron enviadas a personal del Destacamento Móvil 6 y de la Dirección Nacional de Logística de la Gendarmería Nacional, con el objetivo de reconstruir todo el camino que atravesaron las municiones hasta que salieron del país.

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El-Argentino-Contrabando de armas a Bolivia

El juez en lo penal económico Alejandro Catania retomará esta semana la agenda de declaraciones testimoniales en la causa en la que se investiga el supuesto contrabando de municiones desde la Argentina a Bolivia en noviembre de 2019, durante los días en los que se concretó el golpe de Estado contra el Gobierno de Evo Morales.

Las declaraciones testimoniales de miembros de distintas áreas de la Gendarmería Nacional serán retomadas el jueves próximo a partir de las 9 y se extenderían, al menos, hasta fin de mes, según surge de la resolución a través de la cual el juez Catania dispuso las convocatorias.

Las citaciones fueron enviadas a personal del Destacamento Móvil 6 y de la Dirección Nacional de Logística de la Gendarmería Nacional, con el objetivo de reconstruir todo el camino que atravesaron las municiones hasta que salieron del país, con el supuesto objetivo de utilizarse para proteger la embajada argentina en Bolivia y la residencia del embajador en ese país.

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En este expediente se investiga la supuesta desviación en el destino de las balas anti tumulto y de los gases lacrimógenos: habrían ido a parar a manos de las fuerzas represivas bolivianas que por aquellos días, inmediatamente posteriores al golpe de Estado, reprimieron distintas manifestaciones sociales.

Días antes de la feria judicial invernal, el jefe del equipo de Operaciones Especiales que viajó a Bolivia en noviembre de 2019 declaró ante la Justicia que la orden de llevar las municiones anti tumulto a Bolivia la dio la entonces «conducción superior de Gendarmería» de la administración de Mauricio Macri.

Martín Hidalgo, que por entonces era segundo comandante y jefe del equipo de Operaciones Especiales que iba a proteger la Embajada y la Residencia Argentina en Bolivia, declaró como testigo, bajo juramento de decir la verdad.

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«La orden para cargar los efectos en los vehículos para ir a El Palomar la dio el comandante mayor Salas. Me comunicó que por orden de la conducción superior de Gendarmería esos efectos iban a ir a Bolivia; y que no eran parte del equipo nuestro, el equipo que yo seleccioné. Me dijo que esos efectos eran una reserva operacional y que respecto de la gestión de esos efectos intervenía en Bolivia el Comandante Principal Caliba, que era el enlace de Gendarmería en Bolivia», sostuvo el testigo en la declaración a la que accedió Télam.

El comandante mayor Salas al que refirió Hidalgo es Fabián Salas, exjefe del Grupo Alacrán; Caliba es Adolfo Caliba, que por entonces era el agregado de la Gendarmería en La Paz, y por «conducción superior de Gendarmería» se entiende que el testigo hizo alusión a Gerardo Otero, quien por entonces estaba al frente de esa fuerza.

El testigo señaló que todo ese material podría haber sido pensado como para ser utilizado en el futuro en «caso de que no fuese posible lograr el reabastecimiento» o directamente por parte de «otro personal que fuera desplegado a Bolivia».

También dijo, a modo de opinión, que el material podría haber estado destinado para el caso de que fuera necesario «después de un tiempo, apoyo de una fuerza local, que pudiesen hacer uso, en apoyo a alguna actividad nuestra, para protección de la Residencia y Embajada Argentina».

«Cuando digo ‘fuerza local´ me refiero a fuerza de la ley, policía, fuerza aérea, ejército. Fuerzas institucionalizadas. Cuando digo ‘local’ me refiero a fuerzas de Bolivia. No puedo especificar si ese era el destino, es lo que yo me imagino ahora. Yo en ese entonces recibí la orden como se la manifesté. Quiero aclarar que el día 10 de noviembre el Presidente de Bolivia renunció, y hubo funcionarios que pudieron irse del país y otros no», explicó.

La Justicia busca determinar qué material fue descargado de aquel vuelo de noviembre de 2019, quién lo descargó, adónde fue llevado y bajo las órdenes de quién se realizaron esas acciones.

Los hechos que dieron origen a esta investigación fueron denunciados hace un año a través de una presentación firmada por el ministro de Justicia, Martín Soria; la entonces ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y la entonces titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.

En el expediente se encuentran imputados el expresidente Macri; sus ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad, respectivamente; el entonces embajador en Bolivia Normando Álvarez García; el exdirector general de la Gendarmería Gerardo José Otero, y los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente.

El fiscal del fuero Penal Económico Claudio Navas Rial imputó también a los exfuncionarios de la administración de Juntos por el Cambio (JxC) Marcos Peña (jefe de Gabinete), Jorge Faurie (canciller) y Fulvio Pompeo (secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación).

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DDHH

Organizaciones feministas y de DDHH repudiaron la violencia contra las mujeres en Irán

El encuentro se desarrolló en el edificio ubicado en la Avenida Figueroa Alcorta 3229, en el barrio porteño de Palermo, bajo el lema «Justicia por Mahsa Amini» y solicitaron el «fin del régimen patriarcal de Irán» y estimaron que «las mujeres se cansaron de un estado islámico que lo único que ofrece es terror».

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Organizaciones feministas y de derechos humanos marcharon esta tarde a la embajada de Irán en repudio por las muertes ocurridas en las movilizaciones en el país asiático tras la muerte de Mahsa Amini, después de haber sido detenida por la policía de moralidad.

El encuentro se desarrolló en el edificio ubicado en la Avenida Figueroa Alcorta 3229, en el barrio porteño de Palermo, bajo el lema «Justicia por Mahsa Amini» y solicitaron el «fin del régimen patriarcal de Irán» y estimaron que «las mujeres se cansaron de un estado islámico que lo único que ofrece es terror».

En la movilización participaron agrupaciones como Las Rojas, Amnistía Internacional, «Partido Obrero», «Democracia Obrera», y Unidad Internacional de Trabajadores.

Los y las manifestantes portaban carteles en los que se podía leer: «abajo el régimen iraní», «basta de muerte por la policía de la Moral» y «Justicia por Mahsa Amini».

Dilda Roj, integrante del Movimiento de Mujeres de Kurdistán, dijo que «no es la primera vez que muere una mujer en Irán por responsabilidad de la mentalidad patriarcal. Este asesinato no es individual, sino que es un ataque político y psicológico contra las mujeres».

En este sentido, indicó «el estado islámico con este ataque pretende atemorizar a las mujeres, pero eso no paso, porque miles de mujeres salieron a las calles a luchar».

A su vez, Roj destacó que «el gobierno de Irán con este régimen pretende ocultar a las mujeres y su cuerpo con la implementación de la ley Sharia, que rechaza el cuerpo de la misma».

«Es necesario que se termine la policía de la Moral que es tan perjudicial para las mujeres de Irán», concluyo.

Claudia Korol, integrante del equipo de educación popular Pañuelos en Rebeldía, enfatizó el rol de las mujeres kurdas en el movimiento de mujeres de Irán y dijo que el «fundamentalismo religioso en Irán es causal de miles de muertes de mujeres».

«Las mujeres de Irán viven en un régimen de opresión y a esto se le suma que es un país sumamente empobrecido», destacó Korol.

En relación a las movilizaciones que se han realizado en todo el mundo destacó «esto no se va acabar acá y ojalá que las mujeres de todo el mundo se movilicen para que pueda acabar el patriarcado, no solo en Irán sino en todo el mundo».

Por su parte, Ana Correa, escritora, estimó que «es necesario visibilizar la lucha de las mujeres en Irán, que están perdiendo la vida. Estas mujeres no solo luchan por su vida sino también por su libertad».

Las movilizaciones en el país asiático comenzaron tras la muerte de Mahsa Amini, luego de ser detenida por la policía moral por llevar mal puesto el velo islámico con que las mujeres deben cubrirse la cabeza y el pecho.

La policía de Teherán explicó en un comunicado que Amini había sido detenida junto con otras mujeres para recibir «explicaciones e instrucciones» sobre el código de vestimenta.

Algunos testigos aseguraron que la joven había sido golpeada durante su detención, pero la policía aseguró que «no hubo contacto físico» entre los agentes y la mujer.

Luego de la muerte de Amini se produjeron distintas manifestaciones en el país en donde oficialmente murieron 35 mujeres, aunque según la ONG Irán Human Rights (IIHR), la cifra de fallecidos se elevaría a 76.

Con el fin de contener las protestas, las autoridades del país bloquearon Instagram y WhatsApp, mientras que el acceso a Internet está en gran medida filtrado o restringido por las autoridades.

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En el acto central, el documento central fue leído por Dilda Roj, quien repudió el crimen de Amini, criticó al gobierno de Irán y solicitó el fin de las muertes de las mujeres causadas por la Policía de la Moral.

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