El juez en lo penal económico Alejandro Catania retomará esta semana la agenda de declaraciones testimoniales en la causa en la que se investiga el supuesto contrabando de municiones desde la Argentina a Bolivia en noviembre de 2019, durante los días en los que se concretó el golpe de Estado contra el Gobierno de Evo Morales.

Las declaraciones testimoniales de miembros de distintas áreas de la Gendarmería Nacional serán retomadas el jueves próximo a partir de las 9 y se extenderían, al menos, hasta fin de mes, según surge de la resolución a través de la cual el juez Catania dispuso las convocatorias.

Las citaciones fueron enviadas a personal del Destacamento Móvil 6 y de la Dirección Nacional de Logística de la Gendarmería Nacional, con el objetivo de reconstruir todo el camino que atravesaron las municiones hasta que salieron del país, con el supuesto objetivo de utilizarse para proteger la embajada argentina en Bolivia y la residencia del embajador en ese país.

En este expediente se investiga la supuesta desviación en el destino de las balas anti tumulto y de los gases lacrimógenos: habrían ido a parar a manos de las fuerzas represivas bolivianas que por aquellos días, inmediatamente posteriores al golpe de Estado, reprimieron distintas manifestaciones sociales.

Días antes de la feria judicial invernal, el jefe del equipo de Operaciones Especiales que viajó a Bolivia en noviembre de 2019 declaró ante la Justicia que la orden de llevar las municiones anti tumulto a Bolivia la dio la entonces «conducción superior de Gendarmería» de la administración de Mauricio Macri.

Martín Hidalgo, que por entonces era segundo comandante y jefe del equipo de Operaciones Especiales que iba a proteger la Embajada y la Residencia Argentina en Bolivia, declaró como testigo, bajo juramento de decir la verdad.

«La orden para cargar los efectos en los vehículos para ir a El Palomar la dio el comandante mayor Salas. Me comunicó que por orden de la conducción superior de Gendarmería esos efectos iban a ir a Bolivia; y que no eran parte del equipo nuestro, el equipo que yo seleccioné. Me dijo que esos efectos eran una reserva operacional y que respecto de la gestión de esos efectos intervenía en Bolivia el Comandante Principal Caliba, que era el enlace de Gendarmería en Bolivia», sostuvo el testigo en la declaración a la que accedió Télam.

El comandante mayor Salas al que refirió Hidalgo es Fabián Salas, exjefe del Grupo Alacrán; Caliba es Adolfo Caliba, que por entonces era el agregado de la Gendarmería en La Paz, y por «conducción superior de Gendarmería» se entiende que el testigo hizo alusión a Gerardo Otero, quien por entonces estaba al frente de esa fuerza.

El testigo señaló que todo ese material podría haber sido pensado como para ser utilizado en el futuro en «caso de que no fuese posible lograr el reabastecimiento» o directamente por parte de «otro personal que fuera desplegado a Bolivia».

También dijo, a modo de opinión, que el material podría haber estado destinado para el caso de que fuera necesario «después de un tiempo, apoyo de una fuerza local, que pudiesen hacer uso, en apoyo a alguna actividad nuestra, para protección de la Residencia y Embajada Argentina».

«Cuando digo ‘fuerza local´ me refiero a fuerza de la ley, policía, fuerza aérea, ejército. Fuerzas institucionalizadas. Cuando digo ‘local’ me refiero a fuerzas de Bolivia. No puedo especificar si ese era el destino, es lo que yo me imagino ahora. Yo en ese entonces recibí la orden como se la manifesté. Quiero aclarar que el día 10 de noviembre el Presidente de Bolivia renunció, y hubo funcionarios que pudieron irse del país y otros no», explicó.

La Justicia busca determinar qué material fue descargado de aquel vuelo de noviembre de 2019, quién lo descargó, adónde fue llevado y bajo las órdenes de quién se realizaron esas acciones.

Los hechos que dieron origen a esta investigación fueron denunciados hace un año a través de una presentación firmada por el ministro de Justicia, Martín Soria; la entonces ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y la entonces titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.

En el expediente se encuentran imputados el expresidente Macri; sus ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad, respectivamente; el entonces embajador en Bolivia Normando Álvarez García; el exdirector general de la Gendarmería Gerardo José Otero, y los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente.

El fiscal del fuero Penal Económico Claudio Navas Rial imputó también a los exfuncionarios de la administración de Juntos por el Cambio (JxC) Marcos Peña (jefe de Gabinete), Jorge Faurie (canciller) y Fulvio Pompeo (secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación).