Judiciales ⚖️
Contrabando de armas a Bolivia: avanzan las declaraciones de gendarmes
Las citaciones fueron enviadas a personal del Destacamento Móvil 6 y de la Dirección Nacional de Logística de la Gendarmería Nacional, con el objetivo de reconstruir todo el camino que atravesaron las municiones hasta que salieron del país.
El juez en lo penal económico Alejandro Catania retomará esta semana la agenda de declaraciones testimoniales en la causa en la que se investiga el supuesto contrabando de municiones desde la Argentina a Bolivia en noviembre de 2019, durante los días en los que se concretó el golpe de Estado contra el Gobierno de Evo Morales.
Las declaraciones testimoniales de miembros de distintas áreas de la Gendarmería Nacional serán retomadas el jueves próximo a partir de las 9 y se extenderían, al menos, hasta fin de mes, según surge de la resolución a través de la cual el juez Catania dispuso las convocatorias.
Las citaciones fueron enviadas a personal del Destacamento Móvil 6 y de la Dirección Nacional de Logística de la Gendarmería Nacional, con el objetivo de reconstruir todo el camino que atravesaron las municiones hasta que salieron del país, con el supuesto objetivo de utilizarse para proteger la embajada argentina en Bolivia y la residencia del embajador en ese país.

En este expediente se investiga la supuesta desviación en el destino de las balas anti tumulto y de los gases lacrimógenos: habrían ido a parar a manos de las fuerzas represivas bolivianas que por aquellos días, inmediatamente posteriores al golpe de Estado, reprimieron distintas manifestaciones sociales.
Días antes de la feria judicial invernal, el jefe del equipo de Operaciones Especiales que viajó a Bolivia en noviembre de 2019 declaró ante la Justicia que la orden de llevar las municiones anti tumulto a Bolivia la dio la entonces «conducción superior de Gendarmería» de la administración de Mauricio Macri.
Martín Hidalgo, que por entonces era segundo comandante y jefe del equipo de Operaciones Especiales que iba a proteger la Embajada y la Residencia Argentina en Bolivia, declaró como testigo, bajo juramento de decir la verdad.

«La orden para cargar los efectos en los vehículos para ir a El Palomar la dio el comandante mayor Salas. Me comunicó que por orden de la conducción superior de Gendarmería esos efectos iban a ir a Bolivia; y que no eran parte del equipo nuestro, el equipo que yo seleccioné. Me dijo que esos efectos eran una reserva operacional y que respecto de la gestión de esos efectos intervenía en Bolivia el Comandante Principal Caliba, que era el enlace de Gendarmería en Bolivia», sostuvo el testigo en la declaración a la que accedió Télam.
El comandante mayor Salas al que refirió Hidalgo es Fabián Salas, exjefe del Grupo Alacrán; Caliba es Adolfo Caliba, que por entonces era el agregado de la Gendarmería en La Paz, y por «conducción superior de Gendarmería» se entiende que el testigo hizo alusión a Gerardo Otero, quien por entonces estaba al frente de esa fuerza.
El testigo señaló que todo ese material podría haber sido pensado como para ser utilizado en el futuro en «caso de que no fuese posible lograr el reabastecimiento» o directamente por parte de «otro personal que fuera desplegado a Bolivia».
También dijo, a modo de opinión, que el material podría haber estado destinado para el caso de que fuera necesario «después de un tiempo, apoyo de una fuerza local, que pudiesen hacer uso, en apoyo a alguna actividad nuestra, para protección de la Residencia y Embajada Argentina».
«Cuando digo ‘fuerza local´ me refiero a fuerza de la ley, policía, fuerza aérea, ejército. Fuerzas institucionalizadas. Cuando digo ‘local’ me refiero a fuerzas de Bolivia. No puedo especificar si ese era el destino, es lo que yo me imagino ahora. Yo en ese entonces recibí la orden como se la manifesté. Quiero aclarar que el día 10 de noviembre el Presidente de Bolivia renunció, y hubo funcionarios que pudieron irse del país y otros no», explicó.
La Justicia busca determinar qué material fue descargado de aquel vuelo de noviembre de 2019, quién lo descargó, adónde fue llevado y bajo las órdenes de quién se realizaron esas acciones.
Los hechos que dieron origen a esta investigación fueron denunciados hace un año a través de una presentación firmada por el ministro de Justicia, Martín Soria; la entonces ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y la entonces titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.
En el expediente se encuentran imputados el expresidente Macri; sus ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad, respectivamente; el entonces embajador en Bolivia Normando Álvarez García; el exdirector general de la Gendarmería Gerardo José Otero, y los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente.
El fiscal del fuero Penal Económico Claudio Navas Rial imputó también a los exfuncionarios de la administración de Juntos por el Cambio (JxC) Marcos Peña (jefe de Gabinete), Jorge Faurie (canciller) y Fulvio Pompeo (secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación).
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Los Adorni en la Justicia: imputan al hermano del jefe de Gabinete por duplicar su patrimonio en tiempo récord
La causa se abrió a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano por inconsistencias en su declaración jurada patrimonial. Francisco Adorni duplicó su patrimonio declarado en un año y canceló un crédito hipotecario de $60.000.000 en solo doce cuotas.
La familia Adorni bajo la lupa: imputan al hermano del jefe de Gabinete por enriquecimiento ilícito
★ El fiscal federal Guillermo Marijuán abrió una investigación e imputó a Francisco Adorni, diputado provincial de La Libertad Avanza y hermano del Jefe de Gabinete, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La causa, radicada en el Juzgado Federal N° 6 por sorteo, se inició a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano. El apellido Adorni se multiplica en los pasillos de Comodoro Py.
El expediente quedó a cargo del juez Daniel Rafecas, quien subrogó el Juzgado Federal N° 6 y delegó la investigación en el fiscal Marijuán. La denuncia de Pagano apuntó a presuntas inconsistencias patrimoniales en las declaraciones juradas de Francisco Adorni, quien llegó al Estado nacional directamente de la mano de su hermano Manuel, primero como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y luego promovido, en junio de 2025, al frente del Instituto de Ayuda Financiera para el pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF).
La Jeep Renegade y el crédito hipotecario: los números que no cierran
Al momento de asumir funciones públicas, Francisco Adorni declaró ante la Oficina Anticorrupción un patrimonio que incluía el 50% de una vivienda en City Bell valuada en $38.790.000, el 50% de un vehículo Chery Tiggo modelo 2017 tasado en $5.000.000 y ninguna deuda. Sin embargo, en su declaración jurada correspondiente a 2025 informó un patrimonio neto de $80.500.000, más del doble respecto al período anterior.
Según consta en la causa, ese crecimiento patrimonial se explicaría, en lo fundamental, por dos operaciones: la incorporación del 50% de una camioneta Jeep Renegade 2020 valuada en $8.000.000 y, sobre todo, la cancelación en apenas doce meses de un crédito hipotecario otorgado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires por aproximadamente $60.000.000. Pagano sostuvo en su denuncia que, si bien la adquisición del vehículo podría justificarse con los haberes percibidos como funcionario, el sueldo de Francisco Adorni resultaría claramente insuficiente para afrontar el pago total de las doce cuotas del préstamo en ese plazo.
El IAF: el segundo eje de la denuncia
Además del crecimiento patrimonial, la denuncia de Pagano abre un segundo frente de mayor gravedad institucional: el presunto vaciamiento del IAF, organismo que estuvo bajo la órbita directa de Francisco Adorni y que administra recursos del sistema de retiros y pensiones militares. Ese tramo de la causa vincula el enriquecimiento del legislador con su paso por una estructura estatal que maneja fondos de sectores sensibles de las Fuerzas Armadas.
La batería de medidas judiciales: más de 30 organismos notificados
En un dictamen de 19 páginas, el fiscal Marijuán ordenó una serie extensa de medidas de investigación. Dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni y cursó requerimientos de información a más de 30 organismos públicos y privados, entre ellos: la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Inmueble (DNRPI), la Inspección General de Justicia (IGJ), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Dirección Nacional de Migraciones.
A Migraciones se le solicitó informar cuántas veces salió del país el imputado, con qué destinos y, en caso de cruces terrestres, la identidad de sus acompañantes. El fiscal también pidió al Banco Provincia que remita el detalle pormenorizado de los pagos realizados para cancelar el crédito hipotecario durante los ejercicios 2024, 2025 y 2026. Asimismo, Marijuán solicitó al fiscal Gerardo Pollicita, a cargo de la causa contra Manuel Adorni, una certificación para determinar si Francisco está mencionado en ese expediente paralelo y en qué carácter.
El contexto: Manuel Adorni ya tiene su propio proceso judicial
La imputación de Francisco no es un episodio aislado. Su hermano, el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, enfrenta desde hace meses una causa por presunto enriquecimiento ilícito que tramita ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. En esa investigación, según informes periodísticos previos, se reconstruye un esquema de gastos mensuales de entre 18.000 y 20.000 dólares que no guardarían relación con los ingresos declarados por el funcionario.
El patrimonio investigado en ese expediente ya supera los 840.000 dólares e incluye refacciones de lujo en una propiedad en el country Indio Cuá por 245.000 dólares abonados en efectivo y sin factura, una compra inmobiliaria en el barrio de Caballito escriturada por 230.000 dólares con modalidad de pago que generó sospechas y el uso del avión presidencial para traslados privados de su esposa.
En ese marco, la diputada Pagano también solicitó la detención de Manuel Adorni por presunto entorpecimiento de la justicia, al alegar que el funcionario intentó condicionar a testigos antes de sus declaraciones. El fiscal Marijuán aclaró en su dictamen que las menciones a Manuel Adorni contenidas en la nueva denuncia no formarán parte de este expediente, dado que el Jefe de Gabinete ya está sometido a proceso en una causa separada.
El Gobierno de Javier Milei, que llegó al poder enarbolando la bandera de la lucha contra la corrupción y la «casta», deberá dar respuestas sobre cómo su funcionario más mediático y su hermano acumulan frentes judiciales por presunto enriquecimiento ilícito mientras administran recursos del Estado.
Puntos clave
- El fiscal federal Guillermo Marijuán imputó a Francisco Adorni, hermano del Jefe de Gabinete, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
- La causa se abrió a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano por inconsistencias en su declaración jurada patrimonial.
- Francisco Adorni duplicó su patrimonio declarado en un año y canceló un crédito hipotecario de $60.000.000 en solo doce cuotas.
- La denuncia también apunta al presunto vaciamiento del IAF, organismo que estuvo bajo su conducción.
- El Jefe de Gabinete Manuel Adorni enfrenta una causa paralela por enriquecimiento ilícito ante el juez Ariel Lijo.
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