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Pidieron que se reanude el proceso penal al «Pity» Álvarez por el crimen en Villa Lugano

Un informe reciente del Cuerpo Médico Forense dio cuenta de la mejoría en el estado de salud del “Pity”, por lo que el lunes pasado se llevó a cabo una audiencia para debatir la posibilidad de que el músico pueda enfrentar un debate oral.

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Un fiscal solicitó que se reanude el proceso penal que se le sigue al músico Cristian “Pity” Álvarez por el crimen de un vecino, cometido en 2018 en el barrio porteño de Villa Lugano, y que el acusado quedé detenido bajo el régimen de prisión domiciliaria con vigilancia electrónica, informaron este miércoles fuentes judiciales.

Se trata del fiscal Sandro Abraldes, quien solicitó dicha medida ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) 29, que en abril del año pasado rechazó el pedido de sobreseimiento para el exlíder del grupo de rock Viejas Locas, ordenó el cese de la prisión preventiva y suspendió el debate oral en el que debía ser juzgado por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz (36), al considerar que el acusado no estaba en condiciones psíquicas de afrontar el proceso.

De acuerdo con lo informado por el sitio institucional fiscales.gob.ar, un informe reciente del Cuerpo Médico Forense dio cuenta de la mejoría en el estado de salud del “Pity”, por lo que el lunes pasado se llevó a cabo una audiencia para debatir la posibilidad de que el músico pueda enfrentar un debate oral.

Álvarez formó parte de la audiencia y contestó preguntas tanto del fiscal como del tribunal.

Finalmente, el fiscal Abraldes postuló que el TOC 29 reasuma el control sobre la situación del cantante, que se reanude el proceso penal y que sean supervisados los tratamientos a los que el imputado se somete para mejorar su condición de salud, como la asistencia diaria a un centro de día.

En ese sentido, solicitó que el “Pity” pase a un régimen de detención domiciliaria con vigilancia electrónica, lo que le permitiría continuar con su tratamiento y regresar a su hogar.

Ahora, los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y María Cecilia Maiza evaluarán la solicitud del representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) y darán a conocer su decisión la semana que viene.

El mes pasado, el exintegrante de Intoxicados, que permanecía internado en un centro terapéutico de la localidad bonaerense de Castelar, reapareció con una banda tocando uno de sus temas en un video difundido a través de las redes sociales.

El hecho por el que el excantante, guitarrista y compositor está acusado ocurrió el 12 de julio de 2018 frente a la Torre 12 B del barrio Samoré, en Dellepiane Sur y avenida Escalada, de Villa Lugano.

De acuerdo con los investigadores, Álvarez salió de allí junto a su novia y de repente se acercó a ellos Díaz, alias «Gringo», un conocido del barrio con quien comenzó a discutir. Según la acusación, esa discusión fue porque la víctima le recriminó a «Pity» andar diciendo que él le había robado unas pertenencias de una mochila.

Testigos afirmaron que Díaz empujó e intentó pegarle a «Pity», momento en que éste extrajo una pistola calibre .25 y le efectuó a la víctima un primer tiro en la cara y luego lo remató de otros tres.

Poco después, Álvarez abordó con su novia a un Volkswagen Polo y a los pocos metros le pidió a la joven que arrojara la pistola en una alcantarilla, tras lo cual, ambos fueron al local bailable «Pinar de Rocha» de Ramos Mejía.

Álvarez estuvo casi un día prófugo hasta que el 13 de julio de 2018 se entregó en la comisaría 52, único momento en el que se refirió al hecho cuando le dijo a la prensa: «Lo maté porque era él o yo. Y creo que cualquier animal haría lo mismo».

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El periodista que creó la causa Cuadernos declaró y se hundió: habló de “licencias literarias” y “ficción”

Diego Cabot reconoció ante el TOF 7 que parte del material de su libro sobre la causa corresponde a “hechos ficticios”, encuadrados bajo el concepto de “licencias literarias”. Carlos Beraldi denunció que Cabot hizo la presentación del su “investigación” directamente en la oficina del fiscal Stornelli, eludiendo el sorteo que correspondía en la Cámara Federal.

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El periodista que inventó la causa Cuadernos declaró y se hundió: habló de “licencias literarias” y “hechos ficticios”

★ Diego Cabot, el periodista de La Nación que “destapó” la causa Cuadernos en 2018, prestó declaración ante el Tribunal Oral Federal N°7 (TOF 7) con un resultado que la defensa de Cristina Fernández de Kirchner calificó como devastador para la acusación. Entre contradicciones sobre el origen de su denuncia y el reconocimiento de que parte del material que publicó en un libro corresponde a «hechos ficticios», la jornada expuso las grietas más profundas del andamiaje judicial que sostiene el proceso contra la expresidenta y otros 86 imputados.

La denuncia que no entró por la ventanilla

El núcleo más explosivo de la declaración giró en torno al modo en que Cabot formalizó su denuncia. Según advirtió el abogado defensor de Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, el procedimiento utilizado por el periodista habría vulnerado las reglas básicas del sorteo judicial.

«En lugar de hacer la denuncia como correspondía, a través de la mesa de entradas en la Cámara Federal y que se sorteara, Cabot terminó presentando la misma directamente en la oficina de Stornelli. Lo que demuestra, como primera cuestión, que hubo una manipulación en las reglas del concurso, en la elección de los magistrados», sentenció Beraldi. La consecuencia de ese procedimiento irregular fue que la causa quedara en manos del fallecido juez Claudio Bonadío y del fiscal Carlos Stornelli, dos magistrados cuya actuación en causas de sensibilidad política ha sido objeto de cuestionamientos reiterados.

Esta revelación cobra especial relevancia si se recuerda que, tal como este medio documentó en noviembre de 2025, durante los meses más intensos de la causa los medios cercanos al poder económico publicaban filtraciones que llegaban a las redacciones antes que a las propias defensas, violando el secreto de sumario.

«Licencias literarias» y hechos que el propio periodista reconoció como ficticios

El otro gran flanco que quedó expuesto durante la declaración de Cabot fue su propio libro sobre la causa. El periodista utilizó en reiteradas oportunidades el concepto de «licencias literarias» para referirse a parte del material que él mismo publicó.

«Dijo que no todo lo que estaba publicado ahí era cierto. Que se trata de hechos ficticios. Hizo agua por todos lados», describió Beraldi. El reconocimiento resulta de una gravedad procesal difícil de soslayar: Cabot es quien detonó pública y judicialmente la causa; si parte de su relato publicado corresponde a ficción, la pregunta que se instala de forma inevitable es cuánto de esa misma lógica narrativa permeó la investigación.

El trasfondo de una causa frágil

La declaración de Cabot no ocurre en el vacío. El juicio oral ante el TOF 7 (integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli) transita sobre una causa que desde su origen acumula señales de debilidad estructural. Como este medio informó en noviembre de 2025, la investigación se construyó sobre fotocopias de cuadernos que el propio Oscar Centeno admitió haber quemado, sin posibilidad alguna de realizar pericias sobre los originales. La cadena de custodia quedó rota desde el primer día.

En marzo de 2026, el mismo tribunal aceptó la reproducción de un video de Centeno declarando ante la justicia española, donde el exchofer afirmó no conocer a los directivos de la empresa Isolux y desconocer entregas de dinero a funcionarios públicos, contradiciendo así sus propias anotaciones en los cuadernos. La fiscal Fabiana León se opuso a la incorporación de ese material por desconocerse su cadena de custodia. La justicia española ya había descartado en 2022 las imputaciones contra directivos de la misma empresa, al considerar las pruebas insuficientes.

El patrón se reitera. En noviembre de 2025, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner denunció que los llamados «arrepentidos» de la causa fueron en realidad «extorsionados» y sometidos a condiciones de aislamiento y vigilancia permanente que el abogado defensor Roberto Herrera describió ante TN como técnicas propias de la «tortura blanca»: su cliente estuvo un mes sin contacto, con un reflector encendido las 24 horas y filmación constante.

El «Partido Judicial» y la selección de magistrados

La denuncia de Beraldi sobre la forma en que se eligió a Bonadío y Stornelli encaja con precisión en lo que las defensas, y en particular la de Fernández de Kirchner, denominan el «Partido Judicial»: un entramado de coordinación entre magistrados, fiscales y medios de comunicación que habría operado con fines políticos. El mismo Stornelli fue procesado en una causa por extorsión y espionaje ilegal, aunque posteriormente resultó sobreseído por la Corte Suprema de Justicia.

El juicio continúa ante el TOF 7 con 87 imputados. Cada jornada, sin embargo, suma nuevos elementos que erosionan la solidez de la acusación y alimentan la tesis de la defensa sobre un proceso construido con más espectáculo mediático que sustancia probatoria.

Puntos clave:

  • Carlos Beraldi denunció que Cabot presentó la denuncia directamente en la oficina del fiscal Stornelli, eludiendo el sorteo que correspondía en la Cámara Federal.
  • Cabot reconoció ante el TOF 7 que parte del material de su libro sobre la causa corresponde a «hechos ficticios», encuadrados bajo el concepto de «licencias literarias».
  • La causa se sustenta en fotocopias de cuadernos que el propio Oscar Centeno admitió haber quemado, sin posibilidad de pericias sobre los originales.
  • En marzo de 2026, Centeno contradijo ante la justicia española sus propias anotaciones sobre la empresa Isolux.
  • La justicia española descartó en 2022 las imputaciones contra directivos de Isolux por considerar las pruebas insuficientes.
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