Judiciales ⚖️
Repudian fallo que dictó falta de mérito a exfuncionarios judiciales de la dictadura
En su fallo, firmado nueve meses después de indagar a los imputados, Bailaque dictó la falta de mérito para los ex fiscales José Luis Vázquez y Pedro Tiscornia y el exsecretario de juzgado federal Horacio Claverie.
La agrupación HIJOS Rosario repudió hoy la resolución del juez federal Nº4 de Rosario, Marcelo Bailaque, quien dictó la falta de mérito a dos ex fiscales federales y al secretario de un juzgado de la última dictadura en una causa en la que fueron denunciados por su presunta participación en delitos de lesa humanidad desde sus roles en el Poder Judicial.
En su fallo, firmado nueve meses después de indagar a los imputados, Bailaque dictó la falta de mérito para los ex fiscales José Luis Vázquez y Pedro Tiscornia y el exsecretario de juzgado federal Horacio Claverie.
Sin embargo, el juez procesó a Tiscornia -acusado de 36 casos como participe primario de privaciones ilegales de libertad, homicidio y desapariciones- por seis hechos de abuso de autoridad, según la resolución.
En la misma causa está procesado desde diciembre de 2020 el exjuez federal Nº2 de Rosario Guillermo Tschopp por 62 casos de violaciones a los derechos humanos, resolución que fue apelada y aún aguarda el tratamiento de la Cámara Federal rosarina, recordaron voceros del caso.
El fiscal de la causa, Federico Reynares Solari, adelantó hoy a esta agencia que apelará la resolución de Bailaque para que sea la Cámara la que lo revise.
El mismo temperamento adoptará la agrupación HIJOS, que en un comunicado señaló que «a pesar de la enorme cantidad de prueba en su contra, a pesar de estar muy claro que brindaron una garantía de impunidad para que las fuerzas represivas pudieran llevar adelante el plan sistemático en nuestra región, hoy la familia judicial decidió que no quiere juzgar a los suyos, que la responsabilidad es ajena y que la impunidad es propia».
El organismo, que en 2018 presentó la denuncia contra los exfuncionarios provinciales, agregó que la de Bailaque es «una decisión regresiva propia de los tiempos que corren, y que lamentablemente no sorprende».
«Nuestro equipo jurídico apelará la decisión y esperamos que la Cámara revoque la resolución y de un paso en el camino de la memoria, la verdad y la justicia», añadió, para destacar que «el golpe de Estado (del 24 de marzo de 1976) además de militar fue civil y los responsables deben ser juzgados».
En los fundamentos de su resolución, Bailaque sostuvo que el sistema penal inquisitivo vigente durante la última dictadura cargaba la responsabilidad en el juez y les otorgaba un rol secundario a los fiscales.
«Tanto el Código de Procedimientos entonces vigente, como la práctica judicial, otorgaban un rol fundamental y preponderante a la figura del juez instructor, en detrimento de los demás actores del proceso», sostuvo.
Agregó que «en este sentido, no son pocos los casos analizados en los que el juez tiene a disposición a los detenidos, les recibe declaración indagatoria y ordena diferentes tipo de medidas sin siquiera notificar al Ministerio Fiscal, incluso sin notificar a las defensas de los detenidos».
Al analizar la situación del exfiscal Tiscornia, el juez desechó 30 casos atribuidos en la imputación con el argumento de que el juez era el responsable de la acción penal y la instrucción de las causas.
Pero de todos modos lo procesó por otros seis casos de habeas corpus interpuestos por familiares de personas detenidas-desaparecidas que el fiscal no tramitó.
«Concluyo que hubo una responsabilidad suya de no continuar averiguando el paradero de tales personas al dictaminar que correspondía la desestimación de los recursos de hábeas corpus sin otra actividad que la de los informes negativos en cuanto a los paraderos de las personas buscadas», señaló Bailaque. El juez entendió que el exfiscal incurrió en «abuso de autoridad».
El mismo argumento empleado para dictar la falta de mérito de Tiscornia utilizó el juez en el caso del exfiscal Vázquez, mientras que sobre el exsecretario Claverié consideró que «en todos los casos que le fueron imputados, los hechos fueron conocidos por el juez, que era quien tenía los atributos de jurisdicción y la obligación de disponer las acciones tendientes a comprobar las manifestaciones vertidas por las víctimas» del terrorismo de Estado.
«Cabe destacar que tampoco existía en cabeza del Secretario la obligación de sustituir al juez. Tampoco resulta una de sus funciones la de ejercer control sobre la actividad jurisdiccional propia del juez, tarea que los códigos procesales encomiendan a las partes y a los órganos revisores», concluyó.
A la vez, en la misma resolución Bailaque dictó la falta de mérito de los cuatro involucrados – incluyendo a Tschopp- por el delito de asociación ilícita.
Judiciales ⚖️
Concejal libertario pagará $12 millones a una trabajadora por abuso sexual
El concejal Alberto Montes alcanzó un acuerdo económico con una trabajadora municipal que lo denunció por un hecho ocurrido en una dependencia pública. Aunque pactó una indemnización de $12 millones en el fuero civil, la investigación penal continúa y podría llegar a juicio oral.
Lo que tenés que saber
- Un concejal de La Libertad Avanza alcanzó un acuerdo económico con una denunciante.
- La compensación fue establecida en el marco de una causa civil.
- La investigación penal continúa abierta y sigue su curso judicial.
- La Justicia rechazó un pedido de sobreseimiento presentado por la defensa.
- El expediente podría avanzar hacia una instancia de juicio oral.
Un acuerdo económico en paralelo a la investigación judicial
El concejal de San Isidro Alberto Montes alcanzó un acuerdo económico con una trabajadora municipal que lo denunció por un hecho ocurrido dentro de una dependencia pública cuando ambos se desempeñaban en el área de Tránsito del municipio.
Según trascendió, el entendimiento fue formalizado en el ámbito civil y contempla el pago de una indemnización de $12 millones a la denunciante. El acuerdo fue establecido de manera paralela a la causa penal que continúa en trámite.
La denuncia y las imágenes incorporadas al expediente
La denuncia fue presentada a fines de 2023 y está vinculada a un episodio registrado por cámaras de seguridad de una dependencia municipal.
De acuerdo con la acusación, las imágenes muestran el momento en que Montes ingresa a una oficina y mantiene un contacto físico con una trabajadora sin su consentimiento.
Tras el episodio, la mujer decidió acudir a la Justicia y promover las acciones correspondientes.
La causa penal continúa abierta
Más allá del acuerdo alcanzado en el fuero civil, especialistas recuerdan que este tipo de convenios no implica el cierre automático de una investigación penal.
En este caso, la causa continúa bajo la figura de abuso sexual y ya superó una instancia relevante luego de que la Justicia rechazara un pedido de sobreseimiento presentado por la defensa del edil.
La decisión permitió que el expediente siga avanzando dentro del proceso judicial.
Posible juicio oral durante este año
Según información vinculada al caso, la investigación se encuentra en una etapa avanzada y podría llegar a juicio oral durante el segundo semestre.
En esa instancia se analizarán las pruebas reunidas por la fiscalía y los argumentos de las partes para determinar la eventual responsabilidad penal del acusado.
Mientras tanto, la imputación permanece vigente y el proceso continúa bajo supervisión judicial.
Repercusiones políticas en San Isidro
El caso también generó repercusiones dentro del ámbito político local. Distintos sectores expresaron cuestionamientos respecto de la continuidad de Montes en el Concejo Deliberante mientras se desarrolla la investigación.
El edil sigue ejerciendo su banca y aguarda la evolución del expediente judicial, que podría convertirse en uno de los procesos de mayor impacto institucional en el distrito durante este año.
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