Judiciales ⚖️
Presidente de Corte de Santa Fe dijo que Corte nacional «es única» en el mundo y reclamó su reforma
«Y a comprometer a partir de esta fuerte presencia institucional -añadió- todos los esfuerzos necesarios para cambiar este presente y proyectar un futuro con más derechos y en paz».
El presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Daniel Erbetta, abrió hoy en Rosario el año judicial con un discurso centrado en la violencia que sufre esa ciudad y el reclamo de reforma de la Corte Suprema nacional, «cuyo diseño y atribuciones -dijo- son únicos en el planeta», porque concentra decisiones fundamentales «en solo cinco personas».
En su discurso Erbetta indicó que la Corte provincial decidió hacer el acto de apertura del año judicial en Rosario para enviar a todo el país el mensaje «de que estamos juntos para dar cuenta de nuestro compromiso y vocación para asumir el grave problema que afecta a las y los rosarinos, especialmente a los más postergados y desprotegidos».
«Y a comprometer a partir de esta fuerte presencia institucional -añadió- todos los esfuerzos necesarios para cambiar este presente y proyectar un futuro con más derechos y en paz».
Erbetta sostuvo que los poderes judiciales presentan «vicios y debilidades comunes»; que describió como «patologías institucionales que degradan a la República, la división de poderes y la legalidad».
«Los integrantes de los poderes judiciales tenemos serias dificultades para reconocer que la ciudadanía no confía, nos guste o no, tenga fundamentos o no, en el servicio de justicia», aseveró.
Además, reflexionó sobre la necesidad de reformar y modernizar la estructura judicial y afirmó que «debe debatirse necesariamente la reforma de integración y función de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, cuyo diseño y atribuciones son únicos en el planeta».
«Ningún país desarrollado -continuó Erbetta- concentraría en sólo 5 personas la función de control de constitucionalidad, la revisión de cualquier sentencia de cualquier tribunal, de cualquier fuero del país por vía de arbitrariedad -algo más del 90 % ciento de los casos que resuelve-, el gobierno del Poder judicial y también la presidencia del Consejo de la Magistratura de la Nación».
Y cuestionó: «¿Puede naturalizarse que cinco o cuatro jueces, sumamente calificados en sus antecedentes por cierto, puedan igualmente estudiar y resolver casi 17.000 o más casos por año?».
Erbetta aseveró que «no sólo es la más reducida de los países occidentales», sino que es «la más chica de toda la República Argentina».
El juez agradeció «especialmente» la presencia de los familiares de víctimas de inseguridad que «a pesar de su dolor, nos acompañan y nos comprometen a pellizcarnos todos los días para preguntarnos qué estamos haciendo, y qué y cuánto podemos hacer para prestigiar nuestra función y servir a la comunidad».
«No quiero con esto asumir para el judicial responsabilidades que están fuera de su competencia, pero sí reafirmar que vamos a estar cuando nos necesiten», remarcó.
Al referirse a la violencia en Rosario, sostuvo que «el problema en términos de vidas humanas es el floreciente mercado local de menudeo de drogas, la tremenda violencia de las organizaciones que lo gerencian y los enormes déficits de una estructura policial fuera de tiempo, que ha favorecido la connivencia de algunos integrantes de la fuerza comprometidos o directamente asociados a esas organizaciones criminales».
En esa línea, apuntó que «la pérdida de hegemonía de algunas de estas bandas y las permanentes disputas territoriales violentas nos enfrentan hoy a un escenario de bandas criminales polirrubros, que aprovechan su ‘expertise’ en el despliegue de violencia y el fácil acceso a armas y municiones, no sólo para disputar el mercado interno de drogas, sino también para extorsionar a empresarios y comerciantes, usurpar viviendas y venderlas y cometer todo tipo de delitos».
«En el escalón final la dimensión financiera de esta trama delictiva es clave, porque las ganancias de esos mercados ilegales no se blanquean en la cárcel ni en los barrios que más sufren la violencia», enfatizó.
En ese sentido, Erbetta indicó que según surge de las investigaciones de los fiscales, las financieras y empresas de diversos rubros «reciben el rendimiento económico generado con violencia, apelando a Sociedades de Acción Simplificada, fideicomisos inmobiliarios y hasta asociaciones mutuales».
«A este estado de cosas se llegó por falta de políticas públicas que debemos asumir como responsabilidad de los distintos poderes y especialmente de nuestras diferentes condiciones políticas», afirmó.
Erbetta llamó a reflexionar sobre una «nueva lógica», y señaló: «No se trata sólo de más policías, patrulleros o tecnología, no es, por cierto, un problema cuantitativo; del mismo modo, tampoco podrá aprovecharse la designación de más fiscales federales si no se modifican sus procesos de trabajo, sistema de investigación y enjuiciamiento».
A la vez, consideró que durante el «apaciguamiento temporario», que trae la presencia de fuerzas federales en el territorio, «debemos aprovechar para ajustar muchas variables que nos competen a los poderes públicos y a los actores políticos e institucionales de la provincia, fundamentalmente para construir más Estado, más institucionalidad, porque sólo con un Estado e instituciones fuertes y con decisiones políticas de consenso podremos afrontar el desafío que tenemos por delante».
Judiciales ⚖️
Concejal libertario pagará $12 millones a una trabajadora por abuso sexual
El concejal Alberto Montes alcanzó un acuerdo económico con una trabajadora municipal que lo denunció por un hecho ocurrido en una dependencia pública. Aunque pactó una indemnización de $12 millones en el fuero civil, la investigación penal continúa y podría llegar a juicio oral.
Lo que tenés que saber
- Un concejal de La Libertad Avanza alcanzó un acuerdo económico con una denunciante.
- La compensación fue establecida en el marco de una causa civil.
- La investigación penal continúa abierta y sigue su curso judicial.
- La Justicia rechazó un pedido de sobreseimiento presentado por la defensa.
- El expediente podría avanzar hacia una instancia de juicio oral.
Un acuerdo económico en paralelo a la investigación judicial
El concejal de San Isidro Alberto Montes alcanzó un acuerdo económico con una trabajadora municipal que lo denunció por un hecho ocurrido dentro de una dependencia pública cuando ambos se desempeñaban en el área de Tránsito del municipio.
Según trascendió, el entendimiento fue formalizado en el ámbito civil y contempla el pago de una indemnización de $12 millones a la denunciante. El acuerdo fue establecido de manera paralela a la causa penal que continúa en trámite.
La denuncia y las imágenes incorporadas al expediente
La denuncia fue presentada a fines de 2023 y está vinculada a un episodio registrado por cámaras de seguridad de una dependencia municipal.
De acuerdo con la acusación, las imágenes muestran el momento en que Montes ingresa a una oficina y mantiene un contacto físico con una trabajadora sin su consentimiento.
Tras el episodio, la mujer decidió acudir a la Justicia y promover las acciones correspondientes.
La causa penal continúa abierta
Más allá del acuerdo alcanzado en el fuero civil, especialistas recuerdan que este tipo de convenios no implica el cierre automático de una investigación penal.
En este caso, la causa continúa bajo la figura de abuso sexual y ya superó una instancia relevante luego de que la Justicia rechazara un pedido de sobreseimiento presentado por la defensa del edil.
La decisión permitió que el expediente siga avanzando dentro del proceso judicial.
Posible juicio oral durante este año
Según información vinculada al caso, la investigación se encuentra en una etapa avanzada y podría llegar a juicio oral durante el segundo semestre.
En esa instancia se analizarán las pruebas reunidas por la fiscalía y los argumentos de las partes para determinar la eventual responsabilidad penal del acusado.
Mientras tanto, la imputación permanece vigente y el proceso continúa bajo supervisión judicial.
Repercusiones políticas en San Isidro
El caso también generó repercusiones dentro del ámbito político local. Distintos sectores expresaron cuestionamientos respecto de la continuidad de Montes en el Concejo Deliberante mientras se desarrolla la investigación.
El edil sigue ejerciendo su banca y aguarda la evolución del expediente judicial, que podría convertirse en uno de los procesos de mayor impacto institucional en el distrito durante este año.
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