Sociedad
Vecinos del Delta convocan a marchar a Edenor por cortes de luz desde hace un mes
A un mes del temporal que dejó a miles de isleños sin luz, los vecinos del Delta bonaerense convocaron a una marcha para este martes a las 11 en la Plaza Bartolomé Mitre, en el centro de San Fernando, para dirigirse a la sede de Edenor, ubicada en Sarmiento 1342.
Habitantes de las islas del Delta de Tigre y San Fernando se movilizarán mañana a la sede de la empresa Edenor, en el centro de San Fernando, para exigir la «restauración del servicio eléctrico» y pedir Justicia por el operario que falleció mientras realizaba trabajos para reparar los daños ocasionados por el temporal del 17 de diciembre.
A un mes del temporal que dejó a miles de isleños sin luz, los vecinos del Delta bonaerense convocaron a una marcha para este martes a las 11 en la Plaza Bartolomé Mitre, en el centro de San Fernando, para dirigirse a la sede de Edenor, ubicada en Sarmiento 1342.
Bajo el lema «Las islas del Delta aún siguen sin luz», la comunidad pedirá la «restauración del servicio eléctrico», según un comunicado difundido a través de las redes sociales por la Comisión Ambiente de la Asamblea Vecinal del Delta.
Las y los isleños advirtieron que miles de personas se encuentran sin luz desde el último temporal del 17 de diciembre.
Además denunciaron que en algunas casas el suministro eléctrico fue restablecido con 360 voltios -mayor de lo habitual- lo que generó que «se quemen todos los electrodomésticos» y que en otras volvió la luz pero a las pocas horas se cortó de nuevo.
«La movilización es un intento desesperado de los isleños de volver a recuperar nuestra vida, de volver a tener luz. Edenor está haciendo un juego perverso con nuestros vecinos. La situación ya es insostenible», dijo a Télam el isleño Daniel Bracamonte.
El viernes pasado el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios requirió a Edenor que informe la cantidad de usuarios que se encuentran actualmente sin suministro de energía y que detalle el plan de reparación y restablecimiento del servicio.
Además, se convocó a una audiencia informativa para el próximo viernes a las 9:30 en la Dirección Provincial de Islas, ubicada en Lavalle al 733, en Tigre.
Allí se reunirán funcionarios de Edenor con representantes de las y los usuarios damnificados de las tres secciones del Delta Bonaerense afectado, la Subsecretaría de Asuntos Territoriales y la Subsecretaría de Energía bonaerenses; y autoridades de los Municipios de Tigre y San Fernando, la Defensoría del Pueblo bonaerense y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
«Esta intimación a Edenor por parte de la provincia de Buenos Aires es un paso muy importante pero no constituye, de por sí, una garantía de que las obras que necesitamos se concreten», señalaron los vecinos en el comunicado, y apuntaron que van a sostener la movilización de mañana para «prepararse para la audiencia del viernes».
Entre las consignas de la marcha también se pide justicia por el trabajador fallecido, Rubén Haita, y por el operario herido, Natanael Manke, y demandan que el Estado intervenga para exigir condiciones de seguridad a la empresa Rowing contratada por Edenor.
El 6 de enero Haita falleció cuando trabajaba en las islas del Delta del Tigre en la reparación de daños ocasionados por el temporal, mientras que Manke resultó herido y fue trasladado a un centro de salud.
«Natanael Manke se encuentra recuperándose favorablemente», informaron desde la Comisión de la Asamblea Vecinal, e hicieron un llamado a la solidaridad para contribuir económicamente con la familia para afrontar los gastos de su recuperación.
La Comisión brindó los datos para que quienes deseen colaborar puedan hacerlo a través del CBU: 0000003100037675191922, Alias: Mercedes.godoy1, a nombre de Mercedes del Luján Godoy.
Seguridad 🚨
Santa Fe les cobra a los padres de los amenazadores: “Cara la jodita”, la reacción ante la boleta de $6 millones
La boleta detalla el monto de la deuda, los medios de pago disponibles y establece un plazo de cinco días hábiles para abonar. Vencido ese término, el expediente se gira automáticamente a la Fiscalía de Estado para la etapa de cobro compulsivo.
Santa Fe entregó la primera multa a padres por amenazas escolares: más de $6 millones
★ El gobierno de Santa Fe concretó la primera notificación de cobro a los responsables de amenazas escolares en la provincia: los padres de un menor identificado como autor de una intimidación recibieron una boleta por $6.024.944. La reacción del adulto notificado no tardó en circular: «Cara la jodita», dijo al recibir el documento, en una frase que el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, se encargó de difundir en su conferencia de prensa.
La primera notificación y sus alcances
El operativo de notificación fue realizado este lunes por la Policía de la Provincia de Santa Fe en la ciudad capital. El ministerio de Justicia y Seguridad provincial notificó a ambos progenitores del menor identificado como autor de una de las amenazas a escuelas, en carácter de responsables solidarios del gasto operativo.
La boleta detalla el monto de la deuda, los medios de pago disponibles y establece un plazo de cinco días hábiles para abonar. Vencido ese término, el expediente se gira automáticamente a la Fiscalía de Estado para la etapa de cobro compulsivo.
La maquinaria ya tiene 58 casos identificados
Cococcioni precisó que a la fecha ya se identificó a los responsables de 58 hechos, lo que implica a más de 70 personas involucradas, dado que varios casos cuentan con más de un autor o más de un adulto responsable.
«A medida que la Fiscalía valida las identidades, sean mayores o menores, punibles o no, se identifica a los responsables y automáticamente se emiten las intimaciones», explicó el ministro.
El mecanismo no distingue entre imputables e inimputables: lo que se cobra es el costo del operativo de seguridad desplegado por la amenaza, no una sanción penal directa sobre el menor. La obligación recae sobre los adultos responsables, independientemente de la situación legal del alumno.
Una medida en medio de una crisis nacional
Como informó este medio en coberturas anteriores, la ola de amenazas escolares sacudió al país en las últimas semanas, extendiéndose a al menos doce provincias con mensajes de formato casi idéntico: «Mañana tiroteo, no vengan».
El fenómeno se disparó tras el crimen de Ian Cabrera, el estudiante asesinado el 30 de marzo de 2026 en San Cristóbal, Santa Fe, en un hecho que conmocionó a la sociedad argentina y reabrió el debate sobre la violencia escolar y la imputabilidad de menores.
La True Crime Community (TCC), una subcultura digital transnacional que exalta las masacres escolares, fue señalada por la justicia santafesina y la Subsecretaría de Asuntos sobre el Terrorismo Internacional (SAIT) como uno de los vectores de propagación del fenómeno.
Frente a la crisis, las respuestas de los distintos gobiernos provinciales fueron dispares: desde reuniones interministeriales sin resultados concretos hasta operativos de allanamiento con adolescentes imputados. Santa Fe optó por una vía que combina la presión económica sobre los adultos responsables con la acción judicial sobre los menores identificados.
El debate de fondo que la boleta no resuelve
El gobierno santafesino presenta la medida como un efecto disuasorio. Sin embargo, el instrumento no apunta a las causas estructurales del fenómeno: la fragilidad de los entornos digitales que amplifican este tipo de conductas, la ausencia de programas de contención en las escuelas o la demora en la implementación efectiva de la Ley 27.801, que modificó el régimen penal juvenil pero cuya entrada en vigor plena aún está sujeta a un período de adecuación institucional de 180 días.
La frase del padre notificado, «cara la jodita», condensa en tres palabras lo que el Estado santafesino quiere transmitir: que las amenazas tienen un costo real y mensurable. Lo que resta ver es si ese costo alcanza para modificar conductas en un fenómeno que excede ampliamente el bolsillo familiar.
Puntos clave:
- El gobierno de Santa Fe entregó la primera notificación de cobro a padres de un menor responsable de una amenaza escolar, por un monto de $6.024.944.
- La notificación otorga un plazo de cinco días para abonar; vencido ese término, el caso pasa a la Fiscalía de Estado.
- El ministerio identificó a responsables en 58 hechos, con más de 70 personas involucradas en total.
- La medida impone la obligación de pago sobre los adultos como responsables solidarios, independientemente de la situación penal del menor.
- El fenómeno de amenazas escolares se inscribe en una crisis nacional vinculada al crimen de Ian Cabrera y a la proliferación de la True Crime Community en entornos digitales.
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