Milei contra los más vulnerables: impulsa proyecto parchado que el Congreso ya rechazó para recortar pensiones

★ El Poder Ejecutivo nacional envió al Senado un proyecto de ley denominado «Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez», una iniciativa que propone derogar artículos centrales de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad y establecer un régimen más restrictivo para el acceso a pensiones no contributivas por invalidez laboral.

La presentación llega en medio de una crisis política generada por la investigación sobre presuntas coimas en la ya eliminada Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y en un contexto en que la Justicia obligó al propio Ejecutivo a restituir más de 119.000 pensiones que había suspendido de forma irregular.

Un veto que el Congreso rechazó, una ley que la Justicia ordenó aplicar

El historial del oficialismo con la Ley 27.793 sintetiza su relación con los derechos de las personas con discapacidad: Javier Milei vetó la norma, el Congreso la ratificó con dos tercios de los votos en ambas cámaras y, aun así, el Ejecutivo se negó a reglamentarla. Fue necesaria una orden judicial para que la Casa Rosada comenzara a aplicarla parcialmente.

Ahora, en lugar de cumplirla en su totalidad, el gobierno presenta un nuevo proyecto para reemplazarla, repitiendo la estrategia ya utilizada con la Ley de Financiamiento Universitario: abrir un debate legislativo para ganar tiempo y eludir el cumplimiento de una norma vigente.

Según trascendió, el proyecto deroga los artículos 5, 8, 9, 14 y 20 de la Ley 27.793, que garantizaban criterios de universalidad en el acceso al beneficio. De aprobarse, el sistema retrotraería las condiciones al período previo a la sanción de la Emergencia, eliminando derechos conquistados por el colectivo de personas con discapacidad.

Reempadronamiento obligatorio con suspensión automática como amenaza

El corazón del proyecto es el reempadronamiento obligatorio de todos los titulares de pensiones por invalidez. Quienes no acrediten su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales en los plazos que fije la reglamentación sufrirán, según el texto oficial, «la suspensión y posterior baja del beneficio». La medida afectaría potencialmente al universo de alrededor de un millón de beneficiarios actuales.

Además, el proyecto habilita suspensiones preventivas ante cualquier inconsistencia detectada en cruces de información entre ANSES, ARCA y SINTyS, con derecho a defensa pero con el beneficio ya cortado. La oposición y las organizaciones de discapacidad advirtieron que esta lógica invierte la carga de la prueba: es el beneficiario quien debe demostrar que no cometió irregularidades, mientras el Estado puede suspender sin condena previa.

Incompatibilidad con el empleo formal y desregulación de aranceles

Otro punto que generó rechazo entre organizaciones y bloques opositores es la incompatibilidad absoluta con cualquier empleo formal. De aprobarse, una persona con discapacidad no podría acceder a un trabajo registrado sin perder su pensión, lo que implica un retroceso directo en materia de inclusión laboral y contradice el enfoque de derechos humanos que establece la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la que Argentina es signataria.

En materia de prestaciones, el proyecto elimina el nomenclador nacional de aranceles homogéneos y desregula la negociación entre financiadores y prestadores. Según el análisis de El Cronista, esto conduciría en la práctica a reducciones drásticas en la cobertura, ya que los valores quedarán sujetos a acuerdos individuales sin piso mínimo garantizado. Solo en el caso del Estado nacional los valores serían fijados trimestralmente por la SENADIS.

ANDIS cerrada, coimas investigadas y presupuesto que ya prevé el recorte

El proyecto llega en un momento políticamente delicado para el oficialismo. La eliminación de la ANDIS se produjo en el marco de la investigación sobre presuntas coimas en la agencia, que involucra a su exdirector Diego Spagnuolo y que, según versiones periodísticas, llegaría a figuras del entorno presidencial. Al mismo tiempo, el Presupuesto 2026 ya preveía la eliminación de 155.000 pensiones por discapacidad, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), lo que anticipa el objetivo fiscal que subyace a la iniciativa.

La elección de ingresar el proyecto por el Senado no es casual: según diversas fuentes periodísticas, en la Casa Rosada consideran que la mayoría en la Cámara Alta es más manejable que en Diputados. Sin embargo, según consignó Los Andes, el alcance regresivo de la reforma generó malestar incluso entre sectores aliados al oficialismo.

La oposición y el sector advierten sobre un retroceso de derechos

Organizaciones de personas con discapacidad, asociaciones civiles y bloques opositores coincidieron en que el proyecto desplaza el enfoque de derechos humanos hacia uno de auditoría administrativa. El debate legislativo prometía ser intenso al cierre de esta edición, con el colectivo de discapacidad preparando su defensa y la oposición advirtiendo que la iniciativa vulnera derechos adquiridos y contradice tratados internacionales con jerarquía constitucional.

Puntos clave

• El Ejecutivo envió al Senado el proyecto «Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez» para reemplazar la Ley 27.793, que el Congreso ratificó con dos tercios tras el veto presidencial.
• La iniciativa deroga artículos que garantizaban universalidad en el acceso al beneficio y retrotrae el sistema a las condiciones previas a la Emergencia en Discapacidad.
• Establece reempadronamiento obligatorio con suspensión automática para quienes no lo cumplan y habilita suspensiones preventivas por inconsistencias en cruces de datos.
• Fija incompatibilidad absoluta con el empleo formal, lo que impediría a beneficiarios acceder al mercado laboral registrado sin perder la pensión.
• El Presupuesto 2026 ya preveía la eliminación de 155.000 pensiones por discapacidad, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso.