Salud 🩺
Las provincias se expresaron a favor de la plena implementación de la Ley de Salud Mental
También indicaron que «con la ley no alcanza» y que «no es sin las decisiones de gestión sanitaria y la inversión estratégica acorde, que se podrá reemplazar el paradigma manicomial de encierro por los dispositivos sustitutivos».
Las 23 provincias del territorio nacional reunidas hoy en el Consejo Federal de Salud Mental (Cofesama) se expresaron «una vez más de manera conjunta y en unidad a favor de la plena implementación de la Ley 26.657» en todo el país como respuesta al «desconocimiento existente expresado públicamente acerca de la internación como una herramienta terapéutica que debe determinar el ámbito sanitario».
También indicaron que «con la ley no alcanza» y que «no es sin las decisiones de gestión sanitaria y la inversión estratégica acorde, que se podrá reemplazar el paradigma manicomial de encierro por los dispositivos sustitutivos».
Los cuestionamientos a la Ley de Salud Mental, sancionada en 2010, se reavivaron durante las últimas semanas a partir del gran despliegue mediático en torno de la internación psiquiátrica del hijo de Roberto Pettinatto, Felipe (29), tras sobrevivir al incendio del departamento donde se encontraba presuntamente transitando una crisis en presencia de su neurólogo, quien resultó muerto en el siniestro.
En este contexto, la madre del cantante Santiago «Chano» Charpentier (40), Marina, se sumó al reclamo de la familia Petinatto por la reforma de la ley alegando su supuesta ineficacia e impractibilidad, a partir de la experiencia con su hijo que en 2021 perdió un riñón y el bazo por una bala policial durante un brote y hace unas semanas fue nuevamente internado por una recaída en el consumo problemático de sustancias.
Estos planteos tuvieron una desmentida categórica tanto por parte de especialistas en salud mental como de organizaciones de derechos humanos como el CELS o ACIJ, quienes aclararon que no es cierto que la Ley Nacional Nº 26.657 impida las internaciones involuntarias de personas que atraviesan padecimientos psiquiátricos severos.
Emitieron, también, un comunicado en respaldo de la norma las secretarías ejecutivas de los Órganos de Revisión de Salud Mental y la Red Federal de Usuaries de Servicios de Salud Mental, a los cuales adhirió el Cofesama en su comunicado.
«Dejamos expresamente manifiesto que la Ley Nacional de Salud Mental contiene todas las herramientas necesarias para la atención efectiva. El problema no radica en el texto de la ley ni en los preceptos que predica, derechos que defiende, ni el modelo de abordaje que define para la salud mental en la Argentina», dice el texto acordado.
«Las dificultades se ubican más bien en la necesidad de fortalecer y multiplicar con recursos los dispositivos sustitutivos, intermedios y no restrictivos que brinden apoyo comunitario y territorial a las personas usuarias del sistema de salud mental», agregaron.
En ese sentido, afirmaron que «es necesaria una mayor implementación de la ley», lo que en los hechos implica «destinar la inversión en salud mental hacia los modelos sustitutivos para la atención de calidad en servicios de salud mental en hospitales generales, promoviendo el abordaje territorial y preventivo con la incorporación del recurso humano necesario para ello».
Aprobada el 25 de noviembre de 2010, la Ley Nº 26.657 supuso un cambio de paradigma en materia de salud mental en concordancia con los tratados internacionales y las exigencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la medida en que implica pasar de un modelo «hospital céntrico», tutelar y de aislamiento a otro basado en la atención en hospitales generales y una red integrada por intermedios de base comunitaria (casas de medio camino y de convivencia, centros y hospitales de día, talleres, emprendimientos sociolaborales), la autonomía con apoyos y la inclusión social.
Además, limita las institucionalizaciones, fija un mínimo presupuestario de 10% de los fondos destinados a salud, prohíbe la creación de nuevos centros de encierro (antes llamados «manicomios») y contempla la readecuación de los existentes hacia instituciones polivalentes.
La norma dedica un capítulo -el VII- a reglar las internaciones voluntarias e involuntarias y en relación a estas últimas, el artículo 20 establece que «debe concebirse como recurso terapéutico excepcional» e indica que «sólo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros».
«Ante el desconocimiento existente expresado públicamente acerca de la internación como una herramienta terapéutica que debe determinar el ámbito sanitario, a través de sus equipos interdisciplinarios, con el debido control de legalidad por parte de jueces y juezas y el Órgano de Revisión competente, sigue siendo necesario recordar que en el artículo 20 se detallan las particularidades y garantías jurídicas que proceden ante la necesidad de una internación involuntaria», dijo el Cofesama.
De hecho, «esta acción terapéutica acontece a diario en todas las instituciones de salud del país, reconociéndose a partir de los datos estadísticos que se van garantizando cada vez más en hospitales generales con servicios y equipos de salud mental», es decir, ya no exclusivamente en hospitales monovalentes, «tal lo recomienda la normativa».
Por otro lado, el comunicado afirmó que en sus 11 años de vigencia, la ley de Salud Mental ha permitido «avances más que destacables en nuestros ejercicios de gestión provinciales y nacional», tales como el reemplazo «de camas de internación en los hospitales monovalentes» por otras en los generales, la incorporación de «equipos interdisciplinarios para el abordaje de urgencias en las guardias», la «creación de dispositivos sustitutivos a la internación, como es el caso de los hospitales de día y casas asistidas con diferentes niveles de apoyo», y la realización del «primer censo que caracterizó a la población de personas usuarias de los servicios de internación por causa de salud mental», entre otras.
«También nos parece importante remarcar el rol central que hoy ocupan los medios masivos de comunicación en lo que respecta a la apertura hacia nuevos paradigmas en el ejercicio de la comunicación responsable, transmitiendo herramientas evitando el estigma que acarrea sufrimientos innecesarios y devastadoras consecuencias», dijeron.
Ciencia 🧬
Pagan insumos con su sueldo para diagnosticar a niños: la cara del cientificidio libertario
Investigadoras de la UBA y el Conicet desarrollan un análisis para detectar trastornos del neurodesarrollo en la infancia, que hoy requieren estudios genéticos de hasta 2.000 dólares. El proyecto avanza, pero su directora advierte que, si el ajuste sigue, el laboratorio tendrá que cerrar.
«Si esto sigue así, lamentablemente vamos a tener que cerrar». La advertencia no proviene de una pyme asfixiada por la recesión, sino de la directora de un laboratorio público que trabaja en un análisis de sangre capaz de acelerar el diagnóstico de trastornos del neurodesarrollo en niños. Mientras la ciencia argentina produce avances con impacto directo en la salud de la infancia, el ajuste del Gobierno de Javier Milei la empuja al borde del cierre.
La investigación está a cargo de Verónica Báez, responsable del Laboratorio de Sinapsis y Neurobiología Celular del Instituto de Biología Celular y Neurociencia, y es encabezada por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet. El desarrollo ya obtuvo resultados positivos en animales y hoy atraviesa la etapa de recolección de muestras en personas voluntarias.
Un diagnóstico caro y a prueba y error
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los trastornos del neurodesarrollo son condiciones que alteran la conducta y el pensamiento durante los primeros años de vida, y que pueden dificultar la comprensión de conceptos, la realización de movimientos o la interacción con otras personas. Entre los más frecuentes figuran el TDAH, el trastorno del espectro autista, la discapacidad intelectual y los trastornos motores, del aprendizaje y del lenguaje.
La Argentina no cuenta con cifras oficiales sobre cuántos niños tienen condiciones del neurodesarrollo. Como referencia, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos estiman que alrededor de uno de cada seis chicos de entre 3 y 17 años presenta algún trastorno de este tipo.
En el país, estos cuadros suelen agruparse bajo el amplio paraguas de los trastornos generalizados del desarrollo (TGD), y el tratamiento se organiza muchas veces por ensayo y error: kinesiología ante problemas motrices, psicopedagogía ante dificultades de aprendizaje, anticonvulsivos ante episodios convulsivos. «Cuando uno diagnostica por sintomatología, a veces puede no ser exacto«, explicó Báez.
La confirmación hoy depende de la secuenciación de ADN. «La secuenciación cuesta entre u$s1.000 y u$s2.000, dependiendo del tamaño de la secuencia a analizar. Para muchas familias es caro», señaló la investigadora. El acceso a un diagnóstico preciso queda así condicionado por la capacidad de pago de cada familia.
Cómo funciona el análisis
El eje del proyecto es la búsqueda de biomarcadores en sangre asociados a fallas en los receptores NMDA, proteínas clave en la comunicación entre neuronas y en la plasticidad cerebral, que también están presentes en otras partes del cuerpo. «Vimos en ratas que a nivel del sistema nervioso central hay ciertas cosas que cambian cuando estos receptores NMDA fallan. Ahora vemos que en la sangre por ahí también fallan de la misma manera y podemos ver las mismas cosas», detalló Báez.
La prueba requeriría una muestra de apenas 5 mililitros de sangre. Aunque la presencia de estas proteínas en el torrente sanguíneo es mucho menor que en el cerebro, el equipo busca confirmar si su medición permite detectar y diagnosticar el trastorno. En esta etapa, el objetivo es establecer los valores normales en personas sanas para luego compararlos con muestras de niños con alguna condición del neurodesarrollo.
«Estamos sacando muestras de personas voluntarias, pero atrás de eso hay un proceso ético que se tiene que evaluar y el cual tiene que estar rigurosamente controlado», aclaró Martina Piñeiro, estudiante de Medicina e integrante del equipo.
Sin atajos: los plazos y el foco en la infancia
Báez fue prudente con los tiempos. «Estaría buenísimo poder dar esperanza e ir más rápido, pero no. Estamos lejos porque lo queremos hacer bien para que llegue lo mejor posible a la gente que lo necesita», sostuvo, y relató: «Es terrible cuando una familia nos escribe y nos dice ‘te presto a mi hijo para que lo metas en este ensayo'».
La investigadora explicó por qué el test apunta a los chicos y no a los adultos: el sistema nervioso activa mecanismos compensatorios cuando algo falla en su desarrollo, de modo que muchas personas con retrasos madurativos en la infancia llegan a la adultez sin signos evidentes. Por eso, la detección temprana es la ventana en la que el análisis puede cambiar el rumbo de un tratamiento.
Poner plata del sueldo para sostener el laboratorio
El costado más crudo del proyecto es financiero. «Tenemos mucha menos plata. Seguimos trabajando y colaboramos con gente de afuera, pero se está haciendo muy difícil porque la cantidad de dinero que teníamos para trabajar pasó a ser muy poca», describió Báez. Y fue más allá: «Muchos estamos poniendo plata de nuestro sueldo para mantener algunas cosas del laboratorio. Los insumos son muy caros».
La científica recurrió a un término que ya forma parte del vocabulario de la comunidad académica: «Llamamos ‘cientificidio’ porque mucha gente cerró su laboratorio o algunos juntaron laboratorios para trabajar entre dos como si fuera uno solo». Que investigadores del Conicet financien con su salario los insumos de un proyecto de salud infantil retrata el nivel de abandono del Estado nacional sobre el sistema científico.
«Los problemas de un país los tiene que resolver el país y no gente de afuera. Si no podemos preguntarnos las cosas ni contestarlas, ¿quién lo hará por nosotros?», planteó Báez. La pregunta conecta con una discusión de fondo sobre soberanía científica: sin financiamiento público, el conocimiento que necesita la salud argentina depende de voluntades individuales o de la cooperación externa.
La otra fuga: los jóvenes que miran al exterior
El ajuste también pone en riesgo a la próxima generación de investigadores. Lucía Moreno, estudiante de Biotecnología e integrante del equipo, admitió que evalúa continuar su carrera fuera del país. «Es muy gratificante todo lo que se puede llegar a lograr, pero la situación de hoy en día también hace cuestionárselo más a fondo e intentar pensar si se puede subsistir y de qué forma«, dijo. Cada joven formada en la universidad pública que se va es una inversión del país que termina aprovechada por otros.
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