★ El juez laboral de Córdoba Ricardo Gileta emitió el primer fallo judicial contrario a la Ley de Modernización Laboral al declarar la inconstitucionalidad del artículo 55 de la norma promulgada el 6 de marzo. La sentencia lleva fecha del 10 de marzo y se conoció públicamente este jueves 12.

El artículo cuestionado regula cómo deben actualizarse las deudas en juicios laborales que ya estaban en trámite cuando la ley entró en vigencia, un punto que, según el magistrado, introduce un tratamiento diferenciado respecto de las causas nuevas y vulnera garantías constitucionales fundamentales.

Qué establece el artículo 55 y por qué fue impugnado

El artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral fija un mecanismo de actualización de créditos laborales en procesos judiciales en curso que toma como referencia la tasa pasiva del Banco Central de la República Argentina (BCRA), con un techo equivalente a inflación más 3% anual y un piso del 67% de ese cálculo.

Según estimaciones que circularon en el ámbito judicial y sindical, ese esquema podría reducir entre un 20% y un 60% el monto final que cobraría un trabajador respecto de los criterios de actualización que aplicaban numerosos tribunales laborales antes de la entrada en vigencia de la nueva norma.

Gileta resolvió que ese tratamiento diferenciado, aplicado exclusivamente a los juicios ya iniciados, viola el principio de igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional.

En su sentencia, el magistrado dispuso que los créditos laborales del caso se actualicen bajo el criterio del artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo, modificado por la propia reforma laboral, que establece la actualización según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% mensual desde el momento de la mora hasta el efectivo pago.

El argumento del fallo: créditos alimentarios y principio protectorio

El juez Gileta subrayó en su resolución que los créditos laborales tienen carácter alimentario y gozan de una protección especial dentro del derecho del trabajo. Cualquier mecanismo que reduzca de manera significativa su valor real frente a la inflación, razonó el magistrado, afecta tanto el principio de reparación plena como el principio protectorio consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el mismo anclaje constitucional que la CGT invocó en los amparos que presentó en los fueros federal y contencioso administrativo el 6 de marzo.

Al declarar «desechada la validez constitucional del artículo 55», Gileta ordenó aplicar el criterio más favorable al trabajador, en línea con la regla del in dubio pro operario que rige el derecho laboral argentino.

El primer fallo a favor, un día después del primer revés

El timing del fallo no es un dato menor. Este primer pronunciamiento judicial favorable a los trabajadores llegó apenas un día después de que el juez federal Enrique Lavié Pico, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7, rechazara la cautelar solicitada por la CGT para frenar el traspaso del Fuero Laboral a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, alegando ausencia de perjuicio irreparable y falta de peligro en la demora.

La secuencia revela un escenario judicial abierto y heterogéneo: mientras la Justicia federal porteña frenó la cautelar cegetista sin pronunciarse sobre el fondo, un juez laboral del interior del país avanzó directamente sobre la constitucionalidad de uno de los artículos más sensibles de la norma para los trabajadores con juicios en curso.

La reforma laboral de Javier Milei ingresó así a una etapa de definición judicial descentralizada, donde cada juzgado laboral del país puede pronunciarse de manera individual sobre la validez de los distintos artículos de la ley.

Ese escenario es precisamente el que el FreSU y los sectores sindicales más combativos señalaron como insuficiente desde el principio: una disputa tribunal por tribunal, causa por causa, que beneficia a los trabajadores que tienen juicios en curso pero no frena la aplicación general de la norma.

Puntos clave

• El juez laboral cordobés Ricardo Gileta declaró la inconstitucionalidad del artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral en sentencia fechada el 10 de marzo, conocida el jueves 12.
• El artículo 55 regula la actualización de créditos en juicios laborales en curso mediante tasa pasiva del BCRA, con techo de inflación más 3% anual y piso del 67% de ese cálculo.
• Gileta ordenó aplicar en su lugar el criterio del artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo: actualización por IPC más 3% mensual desde la mora.
• El fundamento del fallo es la violación del principio de igualdad, el carácter alimentario de los créditos laborales y el principio protectorio del artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
• El fallo llega un día después del rechazo de la cautelar cegetista por parte del juez federal Lavié Pico, configurando un mapa judicial fragmentado sobre la reforma. ★