★ La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó este viernes un amparo judicial contra la Ley de Modernización Laboral, en el mismo día en que el Poder Ejecutivo la oficializó en el Boletín Oficial.

Los cosecretarios generales Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros) encabezaron la comitiva que se presentó ante los Tribunales de Talcahuano con escritos dirigidos al fuero Laboral y al fuero Contencioso Administrativo, con el objetivo de lograr la declaración de inconstitucionalidad de la norma sancionada por el Senado el viernes 28 de febrero.

La movida judicial no fue improvisada. En la semana, este lunes 2 de marzo, la CGT ya había marchado hasta Plaza Lavalle con el mismo objetivo, anticipándose a la promulgación oficial en un intento de instalar el debate constitucional antes de que la ley entrara en vigencia plena.

El argumento central: la regresividad como violación constitucional

La estrategia jurídica de la central sindical se apoya en un principio del derecho internacional del trabajo incorporado al ordenamiento argentino mediante tratados con jerarquía constitucional: el principio de progresividad, que prohíbe a los Estados retroceder en el nivel de protección de los derechos sociales y laborales ya reconocidos.

Según el texto de la presentación judicial, la nueva ley vulnera ese estándar al desmantelar protecciones del esquema normativo previo, construido sobre el piso que fija el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Sola explicó frente al palacio judicial que la intención es «ejercer el derecho a peticionar ante una Justicia que debe actuar con objetividad para garantizar el cumplimiento de las garantías constitucionales».

Las voces de los triunviros frente a los tribunales

El dirigente de Camioneros Octavio Argüello apuntó directamente contra el discurso presidencial pronunciado horas antes en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Calificó de «locura total» la afirmación de Javier Milei sobre una supuesta baja en los índices de desempleo y contrapuso ese relato oficial con los datos del propio sector: «ya se perdieron 270.000 puestos de trabajo en el último período», declaró. Esta cifra no fue atribuida en la fuente original a ningún organismo estadístico específico, por lo que debe consignarse como declaración del dirigente y no como dato verificado de manera independiente.

Argüello también calificó la exposición presidencial ante la Asamblea Legislativa como «un show cargado de agresiones» que no ofreció medidas concretas para la generación de empleo o el fomento de la producción nacional.

Por su parte, Cristian Jerónimo subrayó que la ley carece de impacto positivo para los trabajadores y definió la orientación del Poder Ejecutivo como «un Gobierno para pocos que prioriza la especulación financiera por encima del desarrollo del país».

El dirigente añadió que incluso sectores que inicialmente mostraron cercanía con la gestión libertaria comenzaron a cuestionar el rumbo adoptado, aunque no identificó a esos sectores de manera explícita.

Una ley con historia de conflicto

La Ley de Modernización Laboral atravesó un proceso legislativo marcado por la tensión. En el debate en la Cámara de Diputados, el oficialismo eliminó el artículo 44, que habilitaba reducciones salariales para trabajadores con licencia por enfermedad, ante la presión de sectores de la oposición.

Aun así, la CGT y el FreSU mantuvieron su rechazo a la norma en su conjunto, y el movimiento obrero respondió con un paro general el 20 de febrero que el propio Moyano calificó de «contundente» por el alto acatamiento en el sector del transporte de cargas.

La judicialización abre ahora un capítulo de definición institucional: las cámaras de apelaciones y, eventualmente, la Corte Suprema de Justicia deberán determinar si la norma sancionada respeta los tratados internacionales incorporados a la Constitución en la reforma de 1994, en particular el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo de San Salvador, ambos con rango constitucional y que consagran el principio de no regresividad en materia laboral.

Puntos clave

• La CGT presentó este viernes amparos en los fueros Laboral y Contencioso Administrativo contra la Ley de Modernización Laboral.
• La ley fue oficializada en el Boletín Oficial el mismo viernes 6 de marzo, tras su sanción en el Senado el 28 de febrero.
• Los triunviros Sola, Jerónimo y Argüello encabezaron la presentación en los Tribunales de Talcahuano.
• El argumento jurídico central es la violación del principio de progresividad y del artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
• La cifra de 270.000 puestos de trabajo perdidos fue declarada por Argüello sin atribución a fuente estadística independiente en el material de origen. ★