Judiciales ⚖️
El “Piti” Estrada estuvo prófugo 14 años y ahora piden condena de 24 años por liderar banda en la 1-11-14
La Fiscalía Federal N°6 solicitó la pena máxima para el acusado de comandar una organización que traficó droga en el Bajo Flores durante casi 14 años. Su hermano Marco ya cumple condena por el mismo esquema criminal.
★ La Fiscalía General N°6 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal requirió 24 años de prisión para Fernando «Piti» Estrada González, señalado como jefe de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes en la Villa 1-11-14, enclavada en el barrio porteño del Bajo Flores.
Según informó el portal oficial Fiscales.gob.ar, la banda que comandaba Estrada González operó entre 2009 y 2023 e intervino en la introducción, el almacenamiento, el fraccionamiento y la distribución de marihuana, cocaína y sus derivados en ese territorio.
Un esquema familiar y una fuga de más de una década
La organización fue descripta por la fiscalía como una estructura con mando compartido entre los hermanos Estrada. Marco Estrada fue condenado en 2020 a 17 años de prisión por su rol de jefe de la misma banda; pena que, unificada con una condena anterior, se extendió a 20 años (el texto original indicaba 24 años en el copete, pero el cuerpo de la nota fuente consigna 20 años como cifra unificada final; se respeta la información del material provisto).
Fernando, por su parte, estuvo prófugo desde octubre de 2010 hasta comienzos de 2023, cuando decidió entregarse en la sede de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR). La entrega voluntaria no modificó la magnitud de los cargos que enfrenta.
180 condenados en distintos expedientes
La magnitud del entramado narcocriminal quedó reflejada en un dato que la propia fiscalía subrayó: a lo largo de los distintos expedientes judiciales vinculados a la organización, alrededor de 180 personas fueron condenadas por su participación en la banda.
Los fiscales también destacaron que los Estrada imponían su autoridad mediante la violencia, lo que generó un clima de temor entre los vecinos de la villa, quienes en muchos casos evitaron declarar por miedo a represalias. Este fenómeno, habitual en causas de narcocriminalidad urbana, dificulta la recolección de prueba testimonial y suele extender los plazos de investigación.
Contexto y perfil del caso
La Villa 1-11-14 es uno de los barrios populares de mayor densidad poblacional de la Ciudad de Buenos Aires y viene siendo escenario, desde hace décadas, de disputas territoriales vinculadas al narcotráfico. La causa contra los Estrada es una de las investigaciones de mayor alcance que tramitó la Justicia Federal porteña en ese territorio, según se desprende de la propia información oficial difundida por el Ministerio Público Fiscal.
El juicio oral en el que se enmarca el pedido de condena a «Piti» Estrada González continúa su curso ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal. La defensa aún no emitió declaraciones públicas sobre el requerimiento fiscal.
Puntos clave:
- La Fiscalía Federal N°6 pidió 24 años de prisión para Fernando «Piti» Estrada González por liderar una banda narco en la Villa 1-11-14.
- La organización operó entre 2009 y 2023 y traficó marihuana, cocaína y derivados.
- Su hermano Marco fue condenado en 2020; la pena unificada alcanzó los 20 años.
- Fernando estuvo prófugo más de 12 años y se entregó en PROCUNAR en 2023.
- En total, cerca de 180 personas fueron condenadas en los distintos expedientes vinculados a la banda. ★
DDHH
ATE Capital lanzó una guía de derechos para adolescentes: qué hacer si te para la policía
Con la Ley 27.801 de Régimen Penal Juvenil vigente desde septiembre, que bajó la edad de punibilidad a los 14 años, ATE Capital presentó una guía práctica orientada a toda la ciudadanía sobre cómo actuar si se presencia la detención de un niño, niña o adolescente. El sindicato rechaza la reforma y la enmarca como parte del mismo modelo que precarizó a los trabajadores.
Desde septiembre rige en la Argentina un nuevo Régimen Penal Juvenil que redujo la edad de punibilidad a los 14 años. Frente a esa realidad, el Área de Niñez de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Capital elaboró y difundió una guía práctica dirigida a toda la ciudadanía, con información concreta sobre qué puede y qué no puede hacer la policía ante la detención de un niño, niña o adolescente, cómo actuar en esa situación y dónde pedir ayuda o denunciar abusos.
La iniciativa se inscribe en un rechazo explícito a la Ley 27.801. El secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, fue contundente: «Necesitaron la reforma laboral para precarizar a los y las trabajadoras y la reforma penal juvenil para meter presos a nuestros hijos e hijas; es un espiral donde los únicos perjudicados son los que pertenecen a la clase obrera.»
Por qué una guía y no solo un rechazo
El sindicato dejó en claro que la difusión de la guía no implica aceptar la ley sino todo lo contrario. El argumento central es que, mientras la normativa esté vigente, conocer los derechos es la herramienta más concreta para proteger a los adolescentes de abusos policiales. La guía orienta sobre qué facultades tiene y cuáles no tiene la policía al detener a un menor de edad, qué derechos asisten a la persona detenida y cuáles son los canales institucionales disponibles para hacer denuncias.
ATE Capital convocó a la ciudadanía a cuatro acciones concretas ante una situación de detención de menores: preguntar, registrar lo que ocurre, avisar a familiares o referentes del adolescente y acompañar. También instó a difundir la guía en barrios, escuelas y organizaciones sociales.
La lectura política detrás de la guía
La organización sindical vincula explícitamente la reforma penal juvenil con la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, leyendo ambas medidas como parte de un mismo proyecto que descarga el peso del ajuste sobre los sectores populares. «Las problemáticas que atraviesan a nuestros pibes y pibas se resuelven con más educación, salud, vivienda, recreación y políticas públicas de calidad, no con más castigo, estigmatización y persecución», sostiene el sindicato en su comunicado.
La postura de ATE Capital coincide con la de numerosas organizaciones de derechos humanos, educadores, trabajadores sociales y referentes del campo jurídico que desde el debate parlamentario advirtieron que la baja de la edad de punibilidad no reduce el delito sino que criminaliza la pobreza y expone a los adolescentes más vulnerables al sistema carcelario.
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