El Boletín Oficial publicó el 13 de noviembre el Decreto 1358/2026, que incorpora 27 rutas de la Red Vial Nacional al régimen de concesión por peaje, en el marco de la Red Federal de Concesiones. El acto lleva la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Andrés Caputo, con fecha 12 de noviembre, en la Ciudad de Buenos Aires.

Esas rutas atraviesan 16 provincias: Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz, Córdoba, Santiago del Estero, Jujuy, Santa Fe, Chaco, Formosa, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Salta, La Pampa, La Rioja y Neuquén. El anexo oficial identifica las rutas nacionales 3, 9, 11, 12, 14, 16, 22, 25, 26, 33, 34, 35, 38, 50, 60, 81, 86, 89, 120, 121, 122, 151, 152, 158, 228 y 237, y el acceso A0017. El texto no precisa kilómetros ni ubica estaciones de peaje.

La norma no delimita todavía cada corredor. Fija un universo de rutas y deja en manos del Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, la conformación de los tramos, con un informe técnico previo de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Economía podrá usar la totalidad o una parte de esas rutas, siempre que no estén comprendidas en concesiones vigentes.

Qué establece el decreto

El decreto dispone que esos tramos serán objeto de concesión por peaje para la construcción, la explotación, la administración, la reparación, la ampliación, la conservación, el mantenimiento y la prestación de servicios al usuario. También habilita “nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales”, bajo la Ley 17.520. En los hechos, la operación cotidiana de esos caminos pasa a empresas privadas, que cobrarán el peaje.

Economía, a través de Transporte, debe convocar a licitación pública nacional e internacional dentro de los 12 meses posteriores a la entrada en vigencia. El decreto rige desde el 14 de noviembre, de modo que el plazo vence en noviembre de 2027. Esa cartera aprueba los pliegos, califica a los oferentes, adjudica y firma los contratos. La DNV queda como autoridad de aplicación de los contratos, con funciones de supervisión y control, en los términos del artículo 30 de la Ley 27.445.

El esquema en el que se inscribe

El Gobierno apoya la medida en la Ley de Bases 27.742, que modificó el régimen de concesiones y declaró “sujeta a privatización” a Corredores Viales S.A., la empresa estatal que operaba rutas nacionales concesionadas. Los considerandos invocan también los decretos 28/2025 y 97/2025, que habilitaron las primeras licitaciones de la Red Federal de Concesiones y la privatización de esa compañía bajo la modalidad de concesión por peaje.

Según los antecedentes que cita el decreto y la información oficial, el esquema ya se aplicó en cuatro etapas. En noviembre de 2025 se adjudicó la Etapa I, de 741 kilómetros (tramos Oriental y Conexión). En mayo de 2026 se adjudicó la Etapa II, de más de 1.800 kilómetros y contratos a 20 años; en julio, la Etapa II-B, de más de 2.500; y el 20 de agosto, mediante la Resolución 1379/2026 de Economía, la Etapa III, de más de 3.900 kilómetros en ocho tramos. Las concesionarias de esta última tomaron posesión desde el 7 de octubre. Con ella, el Gobierno informó que la red supera los 9.000 kilómetros bajo este modelo.

El nuevo decreto aclara que las rutas 3, 9, 11, 12, 14, 16, 33, 34 y 35 ya figuraron en etapas anteriores, pero que eso no implica que se trate de los mismos sectores, y que no se incluirán los tramos ya concesionados.

Qué se sabe y qué no sobre peajes y costo para los usuarios

El decreto no fija tarifas ni ubica estaciones de peaje, y tampoco precisa cuántos kilómetros se licitarán. Quien viaje por estas rutas no sabe hoy si pagará más, dónde ni cuánto: esas definiciones dependen de los tramos que arme Economía y de los pliegos que apruebe, que todavía no existen.

Como referencia de la etapa más reciente, la Resolución 1379/2026 consigna tarifas ofertadas sin IVA por las adjudicatarias, por 20 años, que van de 1.399 pesos en el Tramo Centro a 3.564,99 pesos en el Mesopotámico. Esos valores corresponden a cada licitación y no pueden extrapolarse a los nuevos tramos.

El Gobierno sostiene que el sistema es de inversión 100% privada, sin erogaciones del Estado nacional, y que reemplaza esquemas concesionados que requerían aportes públicos. Los considerandos del decreto lo vinculan con rehabilitar la infraestructura, mejorar la seguridad, reducir costos logísticos y alcanzar el equilibrio de las cuentas públicas. La pregunta que queda abierta es quién financia, en definitiva, un esquema sin aportes del Estado: el decreto prevé que las concesionarias se remuneren con el peaje y con las explotaciones complementarias que habilita.

Un cambio por decreto

La decisión se dictó por decreto, sin una ley específica del Congreso para esta ampliación, y deja para más adelante el detalle que más impacta en usuarios y economías regionales: qué kilómetros se licitan, dónde se instalan los peajes y a qué tarifa. Hasta que Economía defina los tramos y publique los pliegos, esas definiciones no constan en el Boletín Oficial. Lo que sí queda firmado es el traslado al sector privado, con cobro de peaje, de un universo de rutas que todavía administra el Estado.

Hasta ahora no se conocieron pronunciamientos verificables de gobernadores, gremios o legisladores sobre este decreto en particular.

Lo que tenés que saber:

• El Decreto 1358/2026 se firmó el 12 de noviembre y se publicó el 13. Entra en vigencia el 14 de noviembre.
• El anexo incorpora 27 rutas (incluye el acceso A0017) en 16 provincias, entre ellas la Ruta Nacional 14 en Corrientes y Misiones.
• No fija kilómetros, tarifas ni la ubicación de peajes. Economía y Transporte definirán los tramos con un informe previo de Vialidad Nacional.
• La licitación pública nacional e internacional debe convocarse dentro de los 12 meses posteriores al 14 de noviembre.
• Amplía la Red Federal de Concesiones, que ya adjudicó cuatro etapas y supera los 9.000 kilómetros según el Gobierno.