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Judiciales ⚖️

Juez cordobés declaró inconstitucional el artículo 55 de la reforma laboral

Un magistrado laboral de Córdoba emitió el primer fallo contra la Ley de Modernización Laboral al declarar inválido el artículo que limita la actualización de los créditos en juicios en curso. La sentencia, fechada el 10 de marzo, señala que la norma viola el principio de igualdad y el carácter alimentario de los créditos laborales.

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El Argentino Diario-No a la Reforma Laboral.

★ El juez laboral de Córdoba Ricardo Gileta emitió el primer fallo judicial contrario a la Ley de Modernización Laboral al declarar la inconstitucionalidad del artículo 55 de la norma promulgada el 6 de marzo. La sentencia lleva fecha del 10 de marzo y se conoció públicamente este jueves 12.

El artículo cuestionado regula cómo deben actualizarse las deudas en juicios laborales que ya estaban en trámite cuando la ley entró en vigencia, un punto que, según el magistrado, introduce un tratamiento diferenciado respecto de las causas nuevas y vulnera garantías constitucionales fundamentales.

Qué establece el artículo 55 y por qué fue impugnado

El artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral fija un mecanismo de actualización de créditos laborales en procesos judiciales en curso que toma como referencia la tasa pasiva del Banco Central de la República Argentina (BCRA), con un techo equivalente a inflación más 3% anual y un piso del 67% de ese cálculo.

Según estimaciones que circularon en el ámbito judicial y sindical, ese esquema podría reducir entre un 20% y un 60% el monto final que cobraría un trabajador respecto de los criterios de actualización que aplicaban numerosos tribunales laborales antes de la entrada en vigencia de la nueva norma.

Gileta resolvió que ese tratamiento diferenciado, aplicado exclusivamente a los juicios ya iniciados, viola el principio de igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional.

En su sentencia, el magistrado dispuso que los créditos laborales del caso se actualicen bajo el criterio del artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo, modificado por la propia reforma laboral, que establece la actualización según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% mensual desde el momento de la mora hasta el efectivo pago.

El argumento del fallo: créditos alimentarios y principio protectorio

El juez Gileta subrayó en su resolución que los créditos laborales tienen carácter alimentario y gozan de una protección especial dentro del derecho del trabajo. Cualquier mecanismo que reduzca de manera significativa su valor real frente a la inflación, razonó el magistrado, afecta tanto el principio de reparación plena como el principio protectorio consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el mismo anclaje constitucional que la CGT invocó en los amparos que presentó en los fueros federal y contencioso administrativo el 6 de marzo.

Al declarar «desechada la validez constitucional del artículo 55», Gileta ordenó aplicar el criterio más favorable al trabajador, en línea con la regla del in dubio pro operario que rige el derecho laboral argentino.

El primer fallo a favor, un día después del primer revés

El timing del fallo no es un dato menor. Este primer pronunciamiento judicial favorable a los trabajadores llegó apenas un día después de que el juez federal Enrique Lavié Pico, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7, rechazara la cautelar solicitada por la CGT para frenar el traspaso del Fuero Laboral a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, alegando ausencia de perjuicio irreparable y falta de peligro en la demora.

La secuencia revela un escenario judicial abierto y heterogéneo: mientras la Justicia federal porteña frenó la cautelar cegetista sin pronunciarse sobre el fondo, un juez laboral del interior del país avanzó directamente sobre la constitucionalidad de uno de los artículos más sensibles de la norma para los trabajadores con juicios en curso.

La reforma laboral de Javier Milei ingresó así a una etapa de definición judicial descentralizada, donde cada juzgado laboral del país puede pronunciarse de manera individual sobre la validez de los distintos artículos de la ley.

Ese escenario es precisamente el que el FreSU y los sectores sindicales más combativos señalaron como insuficiente desde el principio: una disputa tribunal por tribunal, causa por causa, que beneficia a los trabajadores que tienen juicios en curso pero no frena la aplicación general de la norma.

Puntos clave

  • El juez laboral cordobés Ricardo Gileta declaró la inconstitucionalidad del artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral en sentencia fechada el 10 de marzo, conocida el jueves 12.
  • El artículo 55 regula la actualización de créditos en juicios laborales en curso mediante tasa pasiva del BCRA, con techo de inflación más 3% anual y piso del 67% de ese cálculo.
  • Gileta ordenó aplicar en su lugar el criterio del artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo: actualización por IPC más 3% mensual desde la mora.
  • El fundamento del fallo es la violación del principio de igualdad, el carácter alimentario de los créditos laborales y el principio protectorio del artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
  • El fallo llega un día después del rechazo de la cautelar cegetista por parte del juez federal Lavié Pico, configurando un mapa judicial fragmentado sobre la reforma. ★

DDHH

Represión en la Marcha Federal Universitaria: gases, balas de goma y decenas de detenidos

La quinta marcha llenó en paz la plaza y las calles del centro para exigir que Milei cumpla la ley, y terminó bajo gases, hidrantes y balas de goma. Asistentes denunciaron infiltrados. La oposición habló de «violencia estatal»; el Gobierno, de «los mismos violentos de siempre».

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Columna de la AGD UBA en la Marcha Federal Universitaria rumbo al Congreso

La universidad pública volvió a desbordar las calles y el Gobierno respondió con represión. La quinta Marcha Federal Universitaria reunió a una multitud que se movilizó en paz frente al Congreso para exigir que el Gobierno cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, y sobre el final de la tarde las fuerzas de seguridad la dispersaron con gases, hidrantes y balas de goma, en una jornada que terminó con decenas de detenidos.

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, describió en declaraciones a la prensa una «movilización ciudadana en la que cientos de miles de personas se movilizaron, con columnas de más de veinte cuadras por la avenida Corrientes», y aseguró que «más de un millón de personas en todo el país» se movilizó. Horas antes, adentro del Palacio Legislativo, la oposición no había conseguido el quórum para tratar la derogación del DNU 70/23, como informó este diario.

Cómo empezó la represión

La marcha se desarrollaba sin inconvenientes hasta pasadas las 15.30. A esa hora, un grupo reducido de personas con el rostro cubierto rompió baldosas y bancos de cemento de la plaza y arrojó los restos hacia el vallado del Palacio Legislativo, según las imágenes difundidas durante la jornada. La Gendarmería, la Policía Federal y la Policía de la Ciudad activaron el protocolo de dispersión y avanzaron sobre la plaza con gases lacrimógenos, gas pimienta, camiones hidrantes y disparos con balas de goma. El operativo alcanzó a quienes se manifestaban de manera pacífica: los gases llegaron hasta el escenario del acto central y hasta el Anexo de Diputados, donde afectaron a empleados del edificio. Los focos se extendieron por Entre Ríos, Rivadavia y Callao, y la lluvia que empezó minutos después terminó de desconcentrar la plaza.

Las organizaciones convocantes hicieron igual el acto central. «El acto se hizo por completo, hablaron todos los oradores. Al final del acto una minoría protagonizó hechos violentos. La policía debería identificarlos. Nos tuvimos que ir del acto porque recibimos gases abajo del escenario donde había estudiantes, docentes, investigadores, trabajadores no docentes», relató Yacobitti.

La denuncia de infiltrados

Asistentes a la marcha denunciaron que los encapuchados eran infiltrados ajenos a la movilización. El canal C5N registró en vivo a un hombre con el rostro cubierto que sacaba bolsas de una mochila en el centro de la plaza: cuando el movilero Adrián Salonia intentó entrevistarlo, el hombre golpeó en la cara al camarógrafo Carlos Sjodin, que sufrió un corte en el labio. Una manifestante aclaró frente a la cámara que el agresor no era estudiante, y otro joven dijo que «la Policía empezó a reprimir y entró otro grupo que no tiene nada que ver con la movilización». Hasta el momento no se informó la identidad ni la pertenencia de esas personas.

Heridos y detenidos

Según el Ministerio de Seguridad de la Nación, resultaron heridos con elementos contundentes cuatro gendarmes, dos policías federales y dos efectivos de Prefectura. El SAME asistió a un hombre que no necesitó traslado, a una mujer de 57 años con sospecha de ACV, que fue llevada al Hospital Ramos Mejía, y se pidió una ambulancia para otra mujer con dificultad respiratoria. Entre los manifestantes también hubo personas golpeadas por cápsulas de gas.

Hasta las 19, la Policía de la Ciudad había informado seis detenidos en las inmediaciones del Congreso, entre ellos un chico de 14 años que fue imputado y entregado al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes. De acuerdo con La Nación, el adolescente fue detenido cerca de las 17.15 en Montevideo y Bartolomé Mitre, acusado de arrojar piedras contra un móvil policial cuando la marcha ya había terminado. El Ministerio de Seguridad de la Nación informó además otros 25 detenidos en las cabeceras ferroviarias. Con esas dos cifras oficiales, el total llegó a al menos 31. La cartera anticipó una denuncia penal por resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado.

«La violencia es estatal»

La oposición apuntó directamente contra el operativo. «Hubo una provocación», planteó ante la prensa el jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, que bajó del recinto. «La marcha venía normal. Sabemos el accionar de la policía. Deberían ser los responsables de garantizar la marcha y no sucede. ¿Por qué cuando no está la Policía no hay problemas? Al final, toda manifestación termina con represión», agregó.

«Cuando un gobierno se impone a fuerza de DNU y represión, es claramente AUTORITARIO. La violencia es estatal y no hay por qué aceptarla, hay que defender el derecho a la protesta», escribió en X la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman. El diputado Esteban Paulón (Provincias Unidas) resumió la jornada: «Adentro, los aliados del Gobierno no dieron quórum para tratar el DNU 70. Afuera, Gendarmería tiraba gases, balas de goma e hidrante sobre la Marcha Federal Universitaria». Y sentenció: «Un Gobierno que no cumple la ley y reprime a quienes le piden que la cumpla». Pablo Juliano, de la misma bancada, contó que «terminó gaseado todo el personal de la Cámara de Diputados» y opinó: «El Gobierno necesita construir una escena negativa».

«Soy estudiante de la Universidad Nacional de La Plata, nosotros vinimos a manifestarnos de manera pacífica y la policía empezó a reprimir. Esto no puede seguir así», dijo una persona que participó de la marcha.

La respuesta oficial

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, difundió un video con imágenes de los encapuchados y, sin distinguir entre ellos y la multitud que marchaba, afirmó que «los mismos violentos de siempre quieren imponer el caos». «El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia», sostuvo, y cerró: «En Argentina, nadie está por encima de la ley». El asesor presidencial Santiago Caputo fue más lejos en X: apuntó contra «los zurdos», dijo que «la única táctica que tienen es infundir terror» y agregó: «Pero ya ni capacidad de daño tienen. El curso de los acontecimientos es inalterable. Tiemblen zurdos, la libertad avanza».

Yacobitti le contestó a la ministra con sus propias palabras: «Comparto, ministra. Nadie está por encima de la ley, tampoco el Presidente. Por eso, tiene la obligación de cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Los violentos no son parte del sistema universitario, son una minoría y la policía debería poder identificarlos». El vicerrector puso el foco donde el Gobierno no quiere: «El Presidente de la Nación, que es la persona que más poder tiene, no cumple la ley. ¿Qué se puede esperar del resto?».

El documento: «la universidad pública no es el problema»

En el acto se leyó un documento firmado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y CTERA, entre otras organizaciones, bajo la consigna «la educación, la soberanía y la democracia». El texto advirtió que las universidades «están en serio riesgo de no poder sostener sus funciones el año que viene», denunció que el proyecto de Presupuesto 2027 es el más bajo de la historia, con menos del 1% del PBI, y respaldó la propuesta del CIN, que plantea un incremento del 33,4% sobre el proyecto oficial.

También denunció el congelamiento de las Becas Progresar en $35.000 desde 2024, rechazó el DNU 70/23 y reivindicó la gratuidad, la autonomía, el cogobierno y el ingreso irrestricto. «Tenemos la profunda convicción de que la universidad pública argentina no es el problema de nuestro país; es, sin lugar a dudas, una parte fundamental de la solución», concluyó.

La foto que el Gobierno eligió difundir fue la de las piedras; la que dejó la jornada fue la de una multitud pacífica que, por quinta vez, salió a pedir que se cumpla una ley y terminó bajo los gases. En plena marcha, además, la Cámara frenó la multa diaria que el juez Martín Cormick le había fijado al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por ese incumplimiento, como informó este diario.

Lo que tenés que saber:

  • La quinta Marcha Federal Universitaria reunió a una multitud que se movilizó en paz frente al Congreso; la UBA habló de «cientos de miles» de personas.
  • Pasadas las 15.30, las fuerzas de seguridad reprimieron con gases, hidrantes y balas de goma, tras los destrozos de un grupo reducido de encapuchados.
  • Asistentes denunciaron que esos encapuchados eran infiltrados; uno de ellos golpeó a un camarógrafo de C5N.
  • La Ciudad informó seis detenidos, entre ellos un chico de 14 años, y Nación otros 25; Seguridad reportó ocho efectivos heridos.
  • La oposición habló de «violencia estatal»; Monteoliva culpó a «los mismos violentos de siempre».
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