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Inflación

Canasta básica subió 4,1% en diciembre: una familia tipo necesitó $1,3 millones para no ser pobre

Una familia tipo necesitó $1.308.713 en diciembre para no ser pobre y $589.510 para no caer en la indigencia, según el INDEC. Los alimentos y servicios esenciales aumentaron 4,1% en el último mes, mientras la inflación general fue de 2,8%, lo que profundizó la brecha entre ingresos y costo de vida.

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— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.

★ El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que en diciembre de 2025 la Canasta Básica Total (CBT) y la Canasta Básica Alimentaria (CBA) registraron un aumento de 4,1%, muy por encima del 2,8% de inflación general del mismo mes. Esta diferencia marca una presión creciente sobre los hogares argentinos, especialmente aquellos que dependen de ingresos fijos o de programas sociales.

Según los datos oficiales, una familia tipo compuesta por dos adultos y dos menores necesitó $1.308.713 en diciembre para no caer bajo la línea de pobreza, y $589.510 para cubrir la alimentación básica y no ser considerada indigente. Estos valores representan los umbrales que definen quién puede acceder a los bienes y servicios mínimos para sostener un hogar.

El desacople entre inflación general y canasta básica

A lo largo de 2025, la evolución de las canastas básicas mostró un comportamiento irregular. Durante los meses de marzo a julio, los aumentos fueron más moderados: la CBA creció 1,3% en abril y 1,9% en julio, mientras la CBT registró variaciones similares. Sin embargo, a partir de noviembre la tendencia se aceleró.

En noviembre, la CBA y la CBT subieron 3,6% y 4,1% respectivamente, frente a una inflación general de 2,5%. En diciembre, la brecha se mantuvo: las canastas aumentaron 4,1% mientras el IPC fue de 2,8%. En términos anuales, la CBA acumuló un incremento de 31,2% y la CBT de 27,7%, cifras que superan el promedio inflacionario general del año.

Este desacople entre el costo de los alimentos y servicios esenciales y la inflación general evidencia que los sectores más vulnerables enfrentan una presión mayor que la que reflejan los promedios estadísticos. Los hogares con menos capacidad de ahorro absorben el impacto de estos aumentos sin poder compensarlos con ajustes en sus ingresos.

El impacto en los barrios populares del Gran Buenos Aires

El Gran Buenos Aires, que sirve de referencia para los datos oficiales del INDEC, concentra una proporción significativa de hogares cuyos ingresos no alcanzan a cubrir el costo de la CBT. Según relevamientos de organizaciones sociales como Cáritas Argentina y la Red de Ollas y Merenderos Populares, la demanda de asistencia alimentaria se mantuvo en niveles elevados durante todo 2025.

Fuentes del ámbito social consultadas señalaron que en barrios donde los ingresos permanecen estancados, los incrementos salariales no cubren ni la mitad del costo de la Canasta Básica Total. Esta disparidad confirma que, aunque los aumentos mensuales de precios puedan parecer moderados en algunos períodos, el resultado acumulado sigue ubicando a una proporción considerable de la población por debajo de la línea de pobreza.

La presión sobre los ingresos fijos y los planes sociales

El retraso en la actualización de los ingresos frente al aumento de los costos esenciales genera un círculo donde la capacidad de consumo se ve cada vez más limitada. Los datos del INDEC muestran que el ajuste de precios de la canasta alimentaria no siempre acompaña a la inflación general, lo que indica que los hogares están absorbiendo también los efectos de los incrementos en otros sectores de la economía, como transporte, energía, educación y salud.

El aumento sostenido en el costo de las canastas básicas tiene consecuencias directas sobre la demanda interna y la presión sobre los subsidios sociales y planes de asistencia. Cada salto en el precio de los alimentos y servicios básicos golpea primero a quienes menos capacidad de ahorro tienen, restringiendo sus decisiones de gasto familiar y limitando el acceso a otros bienes no esenciales.

El deterioro del poder adquisitivo en cifras

La evolución mensual de las canastas a lo largo de 2025 reflejó una cierta fragilidad en la estabilidad de precios de los alimentos y los bienes esenciales. Entre marzo y julio, los incrementos fueron relativamente moderados, pero la aceleración registrada desde noviembre llevó a que ambas canastas superaran el ritmo de los precios promedio.

Esta tendencia deja en evidencia que el deterioro del poder adquisitivo no se mide únicamente por la inflación general, sino también por la composición específica del gasto de los hogares. Para quienes destinan la mayor parte de sus ingresos a alimentación, transporte y servicios básicos, el impacto de estos aumentos es considerablemente mayor que el promedio estadístico.

Puntos clave:

  • La Canasta Básica Total y Alimentaria subieron 4,1% en diciembre, mientras la inflación fue de 2,8%
  • Una familia tipo necesitó $1.308.713 para no ser pobre y $589.510 para no ser indigente en diciembre
  • En 2025, la CBA aumentó 31,2% y la CBT 27,7%, superando el promedio inflacionario del año
  • El Gran Buenos Aires concentra hogares cuyos ingresos no cubren el costo de la canasta básica
  • Organizaciones sociales reportaron demanda elevada en comedores comunitarios durante todo el año

Combustibles ⛽

Milei congela el impuesto a los combustibles para maquillar la inflación

El gobierno volvió a diferir la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos mediante el decreto 217/2026, publicado en el Boletín Oficial. La medida, que ya tiene antecedentes desde mediados de 2024, apunta a evitar que el ajuste impositivo se traslade a los surtidores y presione sobre el Índice de Precios al Consumidor.

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★ El gobierno de Javier Milei recurrió una vez más a una de sus herramientas predilectas para amortiguar el dato de inflación: postergar la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). La medida, formalizada a través del decreto 217/2026 publicado en el Boletín Oficial, desplazó hasta mayo el incremento que estaba previsto para el corriente mes de abril.

La decisión no es nueva ni aislada. La administración libertaria recurre a esta maniobra de manera sistemática desde mediados de 2024, cuando comenzó a desdoblar y diferir los ajustes sobre los impuestos fijados a los combustibles para evitar que se trasladen a los precios finales al consumidor. Lo que cambia esta vez es el escenario internacional: la guerra que protagonizan Estados Unidos e Israel contra Irán mantiene bajo presión al precio del petróleo y agrega incertidumbre sobre la evolución futura de los valores en los surtidores.

El decreto y sus fundamentos oficiales

El texto del decreto 217/2026 establece que el Ejecutivo definió «volver a diferir los incrementos remanentes en los montos de los Impuestos sobre los Combustibles y al Dióxido de Carbono», derivados de las actualizaciones correspondientes a los años calendario 2024 y 2025. Los productos alcanzados por la postergación son la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.

El documento oficial justifica la medida con el argumento de que fue tomada «con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible» y agrega que consideró «necesario, para los productos en cuestión, volver a diferir los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones».

La retórica oficial choca con la realidad fiscal: según la estimación de la consultora Economía y Energía, las postergaciones de los aumentos impositivos a los combustibles dispuestas a lo largo de 2025 implicaron una resignación de ingresos fiscales por un total de 2.326 millones de dólares. Una cifra que desmiente la narrativa del «sendero fiscal sostenible» y revela el costo concreto de sostener artificialmente el índice de precios.

Combustibles e inflación: una relación estructural

El precio de los combustibles no es un dato menor dentro del esquema de medición de precios del INDEC. Su impacto se extiende a lo largo de toda la cadena productiva a través del transporte, lo que lo convierte en un factor con capacidad de arrastre sobre prácticamente todos los sectores de la economía. No actualizar el impuesto es, en los hechos, una forma de atenuar artificialmente la medición de inflación sin atacar sus causas estructurales.

Desde septiembre del año pasado, el gobierno estableció que las actualizaciones del ICL se calculen en base a la variación de la inflación y se apliquen de forma trimestral. Al mismo tiempo, fijó un monto diferencial para el gasoil destinado a las provincias patagónicas, el Partido de Patagones en la provincia de Buenos Aires y el Departamento de Malargüe en Mendoza.

Una estrategia de cosmética fiscal

La postergación del impuesto a los combustibles se inscribe en un patrón más amplio del gobierno de Milei: la administración del dato de inflación como objetivo político antes que como resultado de una política económica consistente. La aceleración inflacionaria registrada en los últimos meses hace más urgente la necesidad oficial de evitar cualquier componente adicional que presione los precios, aunque eso implique resignar ingresos fiscales por miles de millones de dólares.

La situación en Oriente Medio suma una variable de incertidumbre que el gobierno no puede controlar desde Buenos Aires. El conflicto bélico que involucra a potencias con peso determinante en el mercado energético global mantiene los precios del crudo en un estado de volatilidad que el Ejecutivo prefiere esperar que se estabilice antes de aplicar los incrementos pendientes.

Lo que queda claro, sin embargo, es que cada postergación profundiza el rezago acumulado del impuesto; un rezago que más temprano que tarde deberá actualizarse, con el consiguiente impacto sobre los precios que el gobierno intenta hoy evitar a cualquier costo.

Puntos clave:

  • El gobierno oficializó la postergación del aumento del ICL mediante el decreto 217/2026, publicado en el Boletín Oficial.
  • Los productos alcanzados son nafta sin plomo, nafta virgen y gasoil.
  • La medida se aplaza para mayo; el ajuste corresponde a actualizaciones pendientes de 2024 y 2025.
  • Las postergaciones de 2025 implicaron una resignación de ingresos fiscales por 2.326 millones de dólares, según la consultora Economía y Energía.
  • El conflicto bélico en Oriente Medio y su efecto sobre el precio del petróleo opera como factor adicional en la decisión oficial.
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