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L-Gante a juicio oral

El cantante está acusado de amenazas, privación ilegal de la libertad y encubrimiento.

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El-Argentino-Liberación de L-Gante.

El músico Elián Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, será sometido a juicio oral por privación ilegal de la libertad y amenazas contra dos vecinos de General Rodríguez y encubrimiento agravado, informaron hoy fuentes judiciales.

La decisión fue tomada por el juez Gabriel Castro tras un pedido presentado por el fiscal de la causa, Raúl Villalba.

En el escrito de 26 páginas al que Télam tuvo acceso, el magistrado dispuso que sea juzgado por el delito de «amenazas simples en concurso real con privación de la libertad en concurso ideal con amenazas coactivas» respecto de la víctima Darío Gastón Torres.

Además, también será enjuiciado por «privación ilegítima de la libertad simple en concurso ideal con amenazas simples» de Catalina Passi y «encubrimiento agravado por el ánimo de lucro».

En tanto, Castro lo sobreseyó parcialmente por el delito de «tenencia simple de estupefacientes» por considerar que la droga era para «consumo personal».

Para el juez, su análisis probatorio efectuado «al momento de hacer cesar la medida de coerción a los fines de evitar que el manto de duda advertido torne desproporcionada e innecesaria la extrema cautela que pesaba sobre el imputado, no conlleva la misma evaluación» que este nuevo fallo dado que «los presentes actuados deben valorarse en la siguiente etapa del proceso no existiendo mérito suficiente para disponer los sobreseimientos requeridos por la defensa, ya que resulta imprescindible a mi ver que los hechos sean ventilados en la etapa oral».

Es que el juez había excarcelado a L-Gante, quien estuvo detenido desde el 6 de junio hasta el 8 de septiembre, en un fallo que fue recurrido por las partes acusadoras ante la Cámara de Apelaciones y Garantías de Mercedes.

La Cámara revocó luego el fallo de Castro, quien, a su vez, rechazó volver a detener al músico, tal como lo solicitaban la fiscalía y el particular damnificado.

A su vez, la defensa apeló la resolución de la Cámara de revocar el cese de la coerción, por lo que la cuestión será resuelta por el Tribunal de Casación bonaerense.

«Entiendo que las dudas y contradicciones existentes deben resolverse en el marco de un debate oral, siendo este el medio adecuado para dilucidar tales cuestiones (…) momento en el que se podrá examinar y contra examinar a los testigos que propongan las partes para validar sus teorías del caso, pudiendo incluso incorporar nuevos elementos probatorios no propuestos en esta etapa», indicó Castro.

Es que para el juez en esta etapa «se encuentra plenamente descartado el grado de certeza negativa exigido para dictar la resolución que persigue la defensa respecto de los delitos solicitados y que devendría contrario a derecho cerrar la cuestión en forma inconmovible en esta etapa meramente preparatoria, y ordenar el cruce del umbral que permite el acceso al debate».

Por su parte, el fiscal Villalba había solicitado la elevación a juicio por los mismos delitos que ahora confirmó el juez, salvo por la tenencia simple de estupefacientes.

«No se comprueba, ni se puede presumir, que el hecho consistente en la tenencia de estupefacientes y en la escasa cantidad diseminada que le queda imputada al incluso tenga otro destino que el del propio consumo», aseguró el magistrado.

L-Gante (23) fue liberado la noche del 8 de septiembre pasado de los calabozos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Quilmes en la que estaba alojado desde el 6 de junio.

La denuncia que derivó en la detención del cantante fue realizada el 27 de mayo por Gastón Torres, vecino de la familia de Valenzuela, que reside en el barrio Bicentenario de General Rodríguez, en el oeste del conurbano.

La mañana de ese día, a la salida del local bailable «Río» ubicado en esa localidad, hubo un incidente con varios jóvenes integrantes de la denominada «La Mafilia», el grupo de amigos y músicos al que pertenece L-Gante.

Según denunció Torres, cuando se retiró del boliche para dirigirse a su casa, comenzó a recibir amenazas por parte de Valenzuela y tras ello, integrantes de La Mafilia fueron hasta su casa y lo agredieron físicamente tanto a él como a su familia.

Luego, siempre de acuerdo a su denuncia, pasó un BMW blanco conducido por Valenzuela, que bajó el vidrio, le apuntó con un arma y lo subió por la fuerza.

A los pocos metros, también fue interceptada y obligada a subir al mismo rodado la joven Rosa Catalina Passi, también vecina del músico y quien había participado de la primera discusión con los amigos de L-Gante.

Luego y siempre según la denuncia, algunos integrantes de «La Mafilia» fueron demorados por la Policía y L-Gante regresó hacia donde estaba el móvil, bajó el vidrio y les dijo a los agentes: «Largame a los pibes o a éste te lo mato», en referencia a la víctima que estaba retenida dentro de su BMW.

Supuestamente Torres permaneció 23 minutos cautivo hasta que L-Gante recibió una llamada en la que le aseguraban que sus amigos habían sido liberados por la Policía y soltó a las víctimas.

«En este sentido he de decir que sin dejar de tener en cuenta las contradicciones de Passi acerca de lo ocurrido dentro del vehículo, no han quedado descartadas tampoco del todo las afirmaciones de Torres, y teniendo en cuenta que en este momento no se encuentra en juego la libertad del causante, es que no haré lugar al cambio de calificación impetrado al respecto», dijo el juez en el escrito.

Con la prueba reunida, la fiscalía solicitó la detención de Valenzuela al juez Castro, quien convalidó el pedido y dispuso cuatro allanamientos el 6 de junio, uno de ellos en el sector 1 del country del Club Banco Provincia, donde finalmente el músico fue detenido.

Judiciales ⚖️

La Justicia pide evaluar de urgencia a Pity Álvarez tras el choque

Los abogados que representan a la hermana del músico presentaron un pedido ante el Juzgado Nacional en lo Civil N°4 para que se realice una evaluación interdisciplinaria en un plazo máximo de 24 horas. El episodio se suma a un cuadro de salud que la Justicia ya intervino para proteger y a un juicio penal por homicidio que sigue su curso.

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Un accidente de tránsito en una estación de servicio del barrio porteño de La Paternal volvió a poner sobre la mesa el estado de salud del músico Cristian «Pity» Álvarez y la necesidad de una intervención judicial urgente. En la madrugada del martes, Álvarez conducía un Volkswagen Bora e impactó contra un Peugeot 208 estacionado en la intersección de las avenidas San Martín y Nicasio Oroño, para luego retirarse del lugar sin entregar su documentación, argumentando que tenía «problemas legales».

Horas después del episodio, los abogados Sebastián Queijeiro y Javier Baños presentaron un pedido urgente ante el Juzgado Nacional en lo Civil N°4, a cargo de la jueza Mariana Judith Kanefsck, para que se concrete una evaluación interdisciplinaria del músico en un plazo máximo de 24 horas. La solicitud busca determinar su capacidad jurídica ante lo que los letrados describen como un cuadro de salud delicado.

Un episodio tras otro: el fin de semana previo al choque

El accidente vial no fue el único incidente reciente. Según detalló la defensa en el escrito judicial, durante el fin de semana anterior al choque el músico se encerró en una habitación de su domicilio y se negó a salir, lo que obligó a su entorno a intervenir con la asistencia de un cerrajero. «Llamamos a un cerrajero para ingresar, pero finalmente nos abrió», precisó el abogado Queijeiro en la presentación. En el mismo documento, el letrado subrayó que «su estado de salud es delicado y es por ello que no puede permanecer solo».

Qué analiza la Justicia Civil y qué medidas ya tomó

El expediente civil en curso tiene como objetivo central analizar el diagnóstico de Álvarez, sus recursos familiares y los apoyos necesarios para que alcance su mayor nivel de autonomía posible. La jueza Kanefsck ya había ordenado a la obra social de SADAIC que concretara un examen la semana anterior, pero la medida quedó pendiente de cumplimiento hasta la fecha.

En el marco de este proceso, la magistrada designó a Silvina Andrea Álvarez Congiu, hermana del músico, como apoyo provisorio para la administración de sus recursos de salud, e impuso una inhibición general de bienes. La orden también autorizó el uso de la fuerza pública o la apertura forzada de cerraduras si fuera necesario para garantizar el traslado y la atención del artista.

El juicio penal por homicidio sigue su propio carril

La causa civil avanza de forma independiente al proceso penal que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 lleva adelante contra Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en 2018. Hasta el martes, los jueces penales mantuvieron sin modificaciones el calendario del debate oral, que tiene previstas las declaraciones de cuatro testigos propuestos por la defensa.

La acumulación de episodios recientes plantea, una vez más, la tensión entre la continuidad de un proceso penal y la necesidad de garantizar la salud y la contención de alguien cuya capacidad jurídica está siendo evaluada por la propia Justicia Civil.

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