Judiciales ⚖️
L-Gante a juicio oral
El cantante está acusado de amenazas, privación ilegal de la libertad y encubrimiento.
El músico Elián Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, será sometido a juicio oral por privación ilegal de la libertad y amenazas contra dos vecinos de General Rodríguez y encubrimiento agravado, informaron hoy fuentes judiciales.
La decisión fue tomada por el juez Gabriel Castro tras un pedido presentado por el fiscal de la causa, Raúl Villalba.
En el escrito de 26 páginas al que Télam tuvo acceso, el magistrado dispuso que sea juzgado por el delito de «amenazas simples en concurso real con privación de la libertad en concurso ideal con amenazas coactivas» respecto de la víctima Darío Gastón Torres.
Además, también será enjuiciado por «privación ilegítima de la libertad simple en concurso ideal con amenazas simples» de Catalina Passi y «encubrimiento agravado por el ánimo de lucro».
En tanto, Castro lo sobreseyó parcialmente por el delito de «tenencia simple de estupefacientes» por considerar que la droga era para «consumo personal».
Para el juez, su análisis probatorio efectuado «al momento de hacer cesar la medida de coerción a los fines de evitar que el manto de duda advertido torne desproporcionada e innecesaria la extrema cautela que pesaba sobre el imputado, no conlleva la misma evaluación» que este nuevo fallo dado que «los presentes actuados deben valorarse en la siguiente etapa del proceso no existiendo mérito suficiente para disponer los sobreseimientos requeridos por la defensa, ya que resulta imprescindible a mi ver que los hechos sean ventilados en la etapa oral».
Es que el juez había excarcelado a L-Gante, quien estuvo detenido desde el 6 de junio hasta el 8 de septiembre, en un fallo que fue recurrido por las partes acusadoras ante la Cámara de Apelaciones y Garantías de Mercedes.
La Cámara revocó luego el fallo de Castro, quien, a su vez, rechazó volver a detener al músico, tal como lo solicitaban la fiscalía y el particular damnificado.
A su vez, la defensa apeló la resolución de la Cámara de revocar el cese de la coerción, por lo que la cuestión será resuelta por el Tribunal de Casación bonaerense.
«Entiendo que las dudas y contradicciones existentes deben resolverse en el marco de un debate oral, siendo este el medio adecuado para dilucidar tales cuestiones (…) momento en el que se podrá examinar y contra examinar a los testigos que propongan las partes para validar sus teorías del caso, pudiendo incluso incorporar nuevos elementos probatorios no propuestos en esta etapa», indicó Castro.
Es que para el juez en esta etapa «se encuentra plenamente descartado el grado de certeza negativa exigido para dictar la resolución que persigue la defensa respecto de los delitos solicitados y que devendría contrario a derecho cerrar la cuestión en forma inconmovible en esta etapa meramente preparatoria, y ordenar el cruce del umbral que permite el acceso al debate».
Por su parte, el fiscal Villalba había solicitado la elevación a juicio por los mismos delitos que ahora confirmó el juez, salvo por la tenencia simple de estupefacientes.
«No se comprueba, ni se puede presumir, que el hecho consistente en la tenencia de estupefacientes y en la escasa cantidad diseminada que le queda imputada al incluso tenga otro destino que el del propio consumo», aseguró el magistrado.
L-Gante (23) fue liberado la noche del 8 de septiembre pasado de los calabozos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Quilmes en la que estaba alojado desde el 6 de junio.
La denuncia que derivó en la detención del cantante fue realizada el 27 de mayo por Gastón Torres, vecino de la familia de Valenzuela, que reside en el barrio Bicentenario de General Rodríguez, en el oeste del conurbano.
La mañana de ese día, a la salida del local bailable «Río» ubicado en esa localidad, hubo un incidente con varios jóvenes integrantes de la denominada «La Mafilia», el grupo de amigos y músicos al que pertenece L-Gante.
Según denunció Torres, cuando se retiró del boliche para dirigirse a su casa, comenzó a recibir amenazas por parte de Valenzuela y tras ello, integrantes de La Mafilia fueron hasta su casa y lo agredieron físicamente tanto a él como a su familia.
Luego, siempre de acuerdo a su denuncia, pasó un BMW blanco conducido por Valenzuela, que bajó el vidrio, le apuntó con un arma y lo subió por la fuerza.
A los pocos metros, también fue interceptada y obligada a subir al mismo rodado la joven Rosa Catalina Passi, también vecina del músico y quien había participado de la primera discusión con los amigos de L-Gante.
Luego y siempre según la denuncia, algunos integrantes de «La Mafilia» fueron demorados por la Policía y L-Gante regresó hacia donde estaba el móvil, bajó el vidrio y les dijo a los agentes: «Largame a los pibes o a éste te lo mato», en referencia a la víctima que estaba retenida dentro de su BMW.
Supuestamente Torres permaneció 23 minutos cautivo hasta que L-Gante recibió una llamada en la que le aseguraban que sus amigos habían sido liberados por la Policía y soltó a las víctimas.
«En este sentido he de decir que sin dejar de tener en cuenta las contradicciones de Passi acerca de lo ocurrido dentro del vehículo, no han quedado descartadas tampoco del todo las afirmaciones de Torres, y teniendo en cuenta que en este momento no se encuentra en juego la libertad del causante, es que no haré lugar al cambio de calificación impetrado al respecto», dijo el juez en el escrito.
Con la prueba reunida, la fiscalía solicitó la detención de Valenzuela al juez Castro, quien convalidó el pedido y dispuso cuatro allanamientos el 6 de junio, uno de ellos en el sector 1 del country del Club Banco Provincia, donde finalmente el músico fue detenido.
Mundo 🌐
Meloni elige la represión: soldados en la calle, cárcel para manifestantes y detención preventiva de menores
El decreto crea el delito de «participación violenta en una manifestación», con hasta cinco años de cárcel, y hace responsables a los padres por los daños de sus hijos. El Gobierno italiano lo aprobó tras los saqueos del fin de semana en Milán.
Italia tendrá un nuevo delito penal por «participación violenta en una manifestación», con penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 20.000 euros (unos 22.500 dólares). El Gobierno también ampliará la detención preventiva de menores sospechosos de representar una amenaza antes de las marchas.
La primera ministra, Giorgia Meloni, anunció el martes 20 de octubre, en un video difundido en redes sociales tras el Consejo de Ministros, que el gabinete aprobó un decreto de seguridad después de los disturbios del fin de semana en Milán y otras ciudades del país. La norma incluye además el despliegue de 500 soldados en la capital lombarda hasta fin de año. El lunes 19, el vicepresidente Matteo Salvini ya había adelantado el envío de las tropas en sus redes sociales.
Qué incluye el decreto
El texto endurece las sanciones para quienes se cubran el rostro, lesionen a otras personas o cometan actos de destrucción en grupo. Amplía las medidas de detención preventiva para menores sospechosos de representar una amenaza antes de manifestaciones e incorpora cláusulas que permiten atribuir responsabilidad financiera a los padres por los daños causados por sus hijos.
«Protestar es un derecho, devastar nuestras ciudades no», afirmó Meloni, quien condenó los ataques contra comercios y fuerzas de seguridad. La primera ministra sostuvo que se denunciaron saqueos, rotura de escaparates y agresiones a policías, y habló de «escenas inaceptables que no pueden ser minimizadas ni justificadas».
Una marcha por el costo de vida y una respuesta penal
Según consignó la prensa local, los incidentes ocurrieron al margen de una manifestación pacífica contra el encarecimiento de la vida. La policía de Milán estimó que 2.000 jóvenes participaron en los disturbios de la noche del sábado, y Meloni calificó de dolorosa y aterradora la presencia de tantos chicos en los hechos.
Las medidas conocidas hasta ahora se concentran en el castigo y el control: penas de prisión, soldados en las calles y detenciones. Ninguna de ellas apunta al malestar económico que, según se informó, había motivado la marcha original.
Un antecedente reciente
No es la primera vez que el Gobierno de Meloni responde con mano dura a la protesta. En febrero, tras disturbios en Turín, aprobó un paquete de seguridad urbana que permite la retención preventiva de personas «de riesgo» antes de una manifestación, por hasta 12 horas. Pocos días después, luego de los choques en Milán durante una marcha contra los Juegos Olímpicos de Invierno, Meloni tachó de «enemigos de Italia» a los responsables de los disturbios.
El nuevo decreto profundiza esa línea: cada episodio de violencia callejera se responde con una vuelta de tuerca penal, ahora con foco en los menores y en sus familias. La medida reabre el debate sobre dónde termina la prevención y dónde empieza la sanción anticipada, ya que alcanza a jóvenes sospechosos de ser una amenaza antes de que ocurra cualquier hecho.
Lo que tenés que saber
- El decreto crea el delito de participación violenta en una manifestación, con hasta cinco años de prisión y multas de hasta 20.000 euros.
- Se desplegarán 500 soldados en Milán hasta fin de año.
- Se amplía la detención preventiva para menores sospechosos de representar una amenaza antes de manifestaciones.
- Los padres podrán ser responsabilizados financieramente por los daños causados por sus hijos.
- Meloni lo anunció tras los saqueos y las agresiones a policías del fin de semana en Milán y otras ciudades.
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