El músico Elián Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, será sometido a juicio oral por privación ilegal de la libertad y amenazas contra dos vecinos de General Rodríguez y encubrimiento agravado, informaron hoy fuentes judiciales.
La decisión fue tomada por el juez Gabriel Castro tras un pedido presentado por el fiscal de la causa, Raúl Villalba.
En el escrito de 26 páginas al que Télam tuvo acceso, el magistrado dispuso que sea juzgado por el delito de “amenazas simples en concurso real con privación de la libertad en concurso ideal con amenazas coactivas” respecto de la víctima Darío Gastón Torres.
Además, también será enjuiciado por “privación ilegítima de la libertad simple en concurso ideal con amenazas simples” de Catalina Passi y “encubrimiento agravado por el ánimo de lucro”.
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En tanto, Castro lo sobreseyó parcialmente por el delito de “tenencia simple de estupefacientes” por considerar que la droga era para “consumo personal”.
Para el juez, su análisis probatorio efectuado “al momento de hacer cesar la medida de coerción a los fines de evitar que el manto de duda advertido torne desproporcionada e innecesaria la extrema cautela que pesaba sobre el imputado, no conlleva la misma evaluación” que este nuevo fallo dado que “los presentes actuados deben valorarse en la siguiente etapa del proceso no existiendo mérito suficiente para disponer los sobreseimientos requeridos por la defensa, ya que resulta imprescindible a mi ver que los hechos sean ventilados en la etapa oral”.
Es que el juez había excarcelado a L-Gante, quien estuvo detenido desde el 6 de junio hasta el 8 de septiembre, en un fallo que fue recurrido por las partes acusadoras ante la Cámara de Apelaciones y Garantías de Mercedes.
La Cámara revocó luego el fallo de Castro, quien, a su vez, rechazó volver a detener al músico, tal como lo solicitaban la fiscalía y el particular damnificado.
A su vez, la defensa apeló la resolución de la Cámara de revocar el cese de la coerción, por lo que la cuestión será resuelta por el Tribunal de Casación bonaerense.
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“Entiendo que las dudas y contradicciones existentes deben resolverse en el marco de un debate oral, siendo este el medio adecuado para dilucidar tales cuestiones (…) momento en el que se podrá examinar y contra examinar a los testigos que propongan las partes para validar sus teorías del caso, pudiendo incluso incorporar nuevos elementos probatorios no propuestos en esta etapa”, indicó Castro.
Es que para el juez en esta etapa “se encuentra plenamente descartado el grado de certeza negativa exigido para dictar la resolución que persigue la defensa respecto de los delitos solicitados y que devendría contrario a derecho cerrar la cuestión en forma inconmovible en esta etapa meramente preparatoria, y ordenar el cruce del umbral que permite el acceso al debate”.
Por su parte, el fiscal Villalba había solicitado la elevación a juicio por los mismos delitos que ahora confirmó el juez, salvo por la tenencia simple de estupefacientes.
“No se comprueba, ni se puede presumir, que el hecho consistente en la tenencia de estupefacientes y en la escasa cantidad diseminada que le queda imputada al incluso tenga otro destino que el del propio consumo”, aseguró el magistrado.
L-Gante (23) fue liberado la noche del 8 de septiembre pasado de los calabozos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Quilmes en la que estaba alojado desde el 6 de junio.
La denuncia que derivó en la detención del cantante fue realizada el 27 de mayo por Gastón Torres, vecino de la familia de Valenzuela, que reside en el barrio Bicentenario de General Rodríguez, en el oeste del conurbano.
La mañana de ese día, a la salida del local bailable “Río” ubicado en esa localidad, hubo un incidente con varios jóvenes integrantes de la denominada “La Mafilia”, el grupo de amigos y músicos al que pertenece L-Gante.
Según denunció Torres, cuando se retiró del boliche para dirigirse a su casa, comenzó a recibir amenazas por parte de Valenzuela y tras ello, integrantes de La Mafilia fueron hasta su casa y lo agredieron físicamente tanto a él como a su familia.
Luego, siempre de acuerdo a su denuncia, pasó un BMW blanco conducido por Valenzuela, que bajó el vidrio, le apuntó con un arma y lo subió por la fuerza.
A los pocos metros, también fue interceptada y obligada a subir al mismo rodado la joven Rosa Catalina Passi, también vecina del músico y quien había participado de la primera discusión con los amigos de L-Gante.
Luego y siempre según la denuncia, algunos integrantes de “La Mafilia” fueron demorados por la Policía y L-Gante regresó hacia donde estaba el móvil, bajó el vidrio y les dijo a los agentes: “Largame a los pibes o a éste te lo mato”, en referencia a la víctima que estaba retenida dentro de su BMW.
Supuestamente Torres permaneció 23 minutos cautivo hasta que L-Gante recibió una llamada en la que le aseguraban que sus amigos habían sido liberados por la Policía y soltó a las víctimas.
“En este sentido he de decir que sin dejar de tener en cuenta las contradicciones de Passi acerca de lo ocurrido dentro del vehículo, no han quedado descartadas tampoco del todo las afirmaciones de Torres, y teniendo en cuenta que en este momento no se encuentra en juego la libertad del causante, es que no haré lugar al cambio de calificación impetrado al respecto”, dijo el juez en el escrito.
Con la prueba reunida, la fiscalía solicitó la detención de Valenzuela al juez Castro, quien convalidó el pedido y dispuso cuatro allanamientos el 6 de junio, uno de ellos en el sector 1 del country del Club Banco Provincia, donde finalmente el músico fue detenido.
Un grupo de personas que participó días atrás de una marcha que recorrió el centro de San Salvador de Jujuy denunció haber sufrido un ataque con balines de plomo disparados con un arma de gas comprimido, advirtió la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de la provincia norteña.
A raíz de los disparos, tres personas padecieron “una pequeña inflamación” en los lugares del cuerpo donde impactaron los balines, mientras que una integrante de la organización indígena Llankaj Maki debió ser atendida en un hospital tras sufrir una herida en el brazo izquierdo a raíz de que el proyectil de plomo le quedó incrustado.
Según un comunicado, la Multisectorial presentó una denuncia penal en la Seccional Segunda de la policía local, a la vez que exigió al Estado provincial que “individualice a través de las cámaras de seguridad de Casa de Gobierno al responsable o los responsables de tal ataque, que no puede permitirse en democracia”.
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El 24 de noviembre pasado se llevó a cabo una multitudinaria marcha en la capital jujeña, convocada por la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy con motivo del “25N- Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer” y bajo la consigna “Ni un paso atrás con nuestros derechos”.
Dos mujeres y dos varones que se manifestaban sufrieron impactos de balines de un arma de gas comprimido que habría sido disparada desde algún sector de la Plaza Belgrano, en la capital provincial.
“Las mujeres y la ciudadanía toda tienen el derecho constitucional a manifestar y nadie puede atacar dicho derecho en razón de ideas antidemocráticas, misóginas, racistas y/o fascistas”, explicó la Multisectorial de Mujeres de Jujuy.
El comunicado de prensa destacó que “aunque algunos entiendan que la nueva situación política, con el nuevo gobierno electo, habilita estas acciones violentas, sostenemos que en las elecciones no se votó terminar con la democracia ni habilitar estas acciones antidemocráticas, ni desde el Estado ni desde ningún sector que se arrogue tal derecho”.
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“El Estado debe perseguir en forma inmediata a quienes realizan estas acciones intimidatorias, porque no pueden ser toleradas,”, agregó la Multisectorial, cuyos integrantes pidieron una entrevista inmediata con el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez.