Una querella en la causa por supuesto espionaje ilegal a familiares de tripulantes del submarino ARA San Juan recusó al juez de la Cámara Federal de Casación Mariano Borinsky y pidió que no intervenga en la revisión del sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri.
La abogada Valeria Carreras reclamó que se garantice a los familiares “un juez imparcial”, al pedir el apartamiento de Borinsky, quien resultó sorteado el viernes último para integrar la sala del máximo tribunal penal federal del país que tiene que resolver si revoca o confirma el sobreseimiento de Macri, informaron fuentes judiciales.
Carreras sostuvo que “hacer lugar al pedido de esta querella de familiares doblemente víctimas y revictimizadas en este proceso, y sus incidencias, estaría también garantizándoles además de un juez imparcial, ser iguales ante la ley y llegar a la verdad y la justicia sin dudas, sin sospechas, sin intrigas palaciegas”.
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“A diferencia de mis representadas, el expresidente imputado oportunamente en esta causa tiene en común con el magistrado recusado vivencias, risas, momentos que, con una frecuencia durante 4 años, los posiciona con un vínculo innegable”, sostuvo al aludir a encuentros entre el juez y el exmandatario.
Ese “vínculo es el que genera en esta querella el temor de parcialidad del juez Borinsky”, añadió la letrada.
El sorteo donde quedó designado Borinsky se produjo luego de que las defensas de Macri y los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante su gestión, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, lograran apartar del expediente al juez Alejandro Slokar.
La sala donde está la causa tiene ya dos jueces, Guillermo Yacobucci y Angela Ledesma, y el viernes quedó designado Borinsky para intervenir en el caso.
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De manera previa habían resultado apartados el camarista Carlos Mahiques y luego Slokar.El apartamiento de Slokar se dio debido a la conexidad de la causa conocida como “ARA San Juan” con el caso D’Alessio, donde ese juez dejó de intervenir tras una presentación de la exdiputada Elisa Carrió, cuando se consideró imputada.
El punto que une ambos casos es que las constancias de las tareas de inteligencia realizadas sobre los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino fueron halladas en el marco de la investigación realizada por el juez Alejo Ramos Padilla en el caso D’Alessio.
La Cámara Federal de Casación Penal deberá revisar los sobreseimientos de Macri, Arribas y Majdalani dictados en julio pasado por la Cámara Federal porteña, cuando sostuvo que las maniobras investigadas correspondían a tareas realizadas para garantizar la seguridad presidencial.
Ese fallo fue apelado por las distintas querellas que intervienen en la causa y por la fiscalía.En su momento, el fiscal ante la Cámara Federal porteña, José Luis Agüero Iturbe, reclamó que se declare la nulidad del fallo que benefició a Macri, Arribas y Majdalani.
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“Se trataba de personas que lo único que pedían era el esclarecimiento de los acontecimientos que rodearon los hechos concernientes a la pérdida de sus seres queridos. Considerar lo contrario no es más que revictimizar a las víctimas en contra de la normativa nacional”, remarcó por entonces el fiscal.
La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reclamó el secuestro de todos los dispositivos electrónicos que el diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC) Gerardo Milman utilizó antes atentado contra la exmandataria y remarcó que el que el legislador entregó a la Justicia fue adquirido con posterioridad.
“Corresponde secuestrar inmediatamente todos los dispositivos electrónicos en poder del diputado”, reclamaron los abogados Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira en un escrito de 5 páginas al que tuvo acceso Télam.
“Entre esos dispositivos debería haber, al menos, dos celulares que Milman sí tenía activos al momento del atentado y en los meses anteriores y posteriores”, enfatizaron los abogados que, además, le achacaron a la jueza María Eugenia Capuchetti haber rechazado la medida con anterioridad ante un pedido de la querella pero también de la fiscalía.
Los letrados recordaron que esa medida fue rechazada por la jueza “con el argumento de que aún estaba pendiente la resolución del recurso de casación de Milman vinculado con el peritaje de su celular”, algo que ese tribunal resolvió ayer al desestimar el planteo de la defensa del diputado.
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La querella expuso en su escrito que el dispositivo que entregó el diputado a la Justicia “sólo aparecía como vinculado con la línea de Milman a partir del 18 de noviembre de 2022”, una fecha posterior a la del atentado ocurrido el 1 de septiembre de ese año.
“Esta fecha, además, es coincidente con el momento en que Ivana Bohdziewicz situó la maniobra de ocultamiento de información de Milman y su perito”, remarcaron los abogados.
“Marcamos, además, que el dispositivo entregado por Milman es de un modelo que salió a la venta con posterioridad al atentado (iPhone 14 Pro Max) y que no puede ser abierto con la tecnología disponible actualmente, sin que se conozca la clave (que Milman no aportó)”, sostuvieron.
La denominada “pista Milman” se inauguró el 23 de septiembre pasado: esa tarde un asesor del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Jorge Abello, se presentó ante la jueza Capuchetti y dijo que había escuchado al legislador opositor referirse al atentado antes de que ocurriera.
La orden del secuestro del teléfono del diputado se dispuso tras la declaración de una asesora de Milman (Bohdziewicz) que contó ante la Justicia que había sido convocada por el entorno del legislador para eliminar la información de su teléfono celular, que podría ser de interés para la investigación del intento de magnicidio contra la vicepresidenta.