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Tras reinicio de actividad judicial, aún se esperan definiciones en causas clave en Casación

Se aguarda que el máximo tribunal penal federal del país fije fecha para la audiencia previa a decidir si confirma o no el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri en la causa por espionaje ilegal a familiares de víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan.

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A poco de cumplirse dos semanas del reinicio de la actividad judicial, la Cámara Federal de Casación Penal tiene pendiente sentencias clave en relación a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros sobreseídos en las causas «Los Sauces-Hotesur» y la firma del Memorándum con Irán por el atentado a la AMIA.

También se aguarda que el máximo tribunal penal federal del país fije fecha para la audiencia previa a decidir si confirma o no el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri en la causa por espionaje ilegal a familiares de víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan.

Se trata de decisiones que se pusieron en pausa durante la feria judicial de enero y, entre ellas, está también la situación de Carlos Telleldín, absuelto de la acusación de supuesto partícipe necesario en un segundo juicio por el atentado a la AMIA .

Casación tiene que firmar su sentencia en otra causa penal vinculada al ataque terrorista del 18 de julio de 1994, que causó 85 muertos en la mutual judía de Pasteur 633, en la que se juzgó y condenó a los acusados por delitos cometidos durante la investigación.

Se trata de decisiones a cargo de diferentes salas y jueces de ese tribunal con sede en el primer piso de Comodoro Py 2002.

En el caso de «Los Sauces Hotesur», la defensa de la vicepresidenta pidió que se confirme el cierre sin juicio de esa investigación por «inexistencia de delito» y el sobreseimiento de todos los imputados, resuelto por el Tribunal Oral Federal 5 que preparaba el debate oral.

«Las pruebas incorporadas a la causa corroboran, fuera de toda posible discusión y sin necesidad de llevar a cabo un juicio oral, que los hechos no satisfacen ninguna tipicidad penal. Por ello, el sobreseimiento dictado debe ser confirmado», afirmaron los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy en un escrito presentado cuando la sala I de Casación convocó a las audiencias de manera previa a resolver, en noviembre del año pasado.

Los abogados ejercen la defensa de la expresidenta, de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, de Romina Mercado y de Patricio Pereyra Arandía.

Por su parte, el fiscal ante Casación Mario Villar reclamó revocar los sobreseimientos y ordenar que se realice un juicio oral.

«Son hechos muy graves en los que están involucrados funcionarios públicos. La fiscalía se vio privada de representar a la sociedad en un juicio oral», argumentó.

Esa sentencia será firmada por los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa, al igual que en la causa por la firma del Memorándum con Irán, en la cual también quedaron sobreseídos todos los imputados, incluida la vicepresidenta, por inexistencia de delito y sin juicio oral.

En ambos casos hay 20 días hábiles para dar a conocer el fallo, luego de la finalización de las audiencias, pero estos plazos no se cumplieron.

En Hotesur Los Sauces, el tribunal oral sobreseyó a la expresidenta, a sus hijos Máximo y Florencia y a empresarios que contrataban alquileres en propiedades o plazas hoteleras de «Los Sauces» y «Hotesur», pertenecientes a la familia Kirchner.

Entre los sobreseídos están los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa, y también Romina de los Ángeles Mercado y Osvaldo Sanfelice,

La defensa de la vicepresidenta reclamó ante los mismos jueces que se confirme el cierre por inexistencia de delito de la causa por la firma del Memorandum con Irán, en audiencias que también se hicieron en noviembre pasado por esa decisión del Tribunal Oral Federal 8, apelada por las querellas, en reclamo de avanzar hacia el juicio.

En este caso, el fiscal ante Casación Javier De Luca no mantuvo la apelación contra el cierre del caso y postuló que los sobreseimientos deben quedar firmes por inexistencia de delito

Todos los imputados resultaron sobreseídos en octubre de 2021 por decisión unánime del tribunal que preparaba el juicio en la causa que se inició por la denuncia en 2015 del fallecido fiscal Alberto Nisman.

En cuanto a la causa por espionaje ilegal a las 44 víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan, en diciembre se había convocado a una audiencia como paso previo a resolver si revoca o confirma el sobreseimiento de Macri.

En este caso el expediente se lleva en la sala II del Tribunal, uno de cuyos miembros, el juez Carlos Mahiques, está recusado por las querellas tras conocerse que integró la comitiva de jueces y funcionarios que viajaron a la estancia del magnate Joe Lewis en Lago Escondido.

Los otros dos miembros de la sala II del Tribunal, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma, pidieron a Mahiques que se expida sobre esos planteos para ser apartado de esta causa, antes de decidir y luego de ello la audiencia quedó suspendida sin nueva fecha fijada.

En un dictamen ya entregado a los magistrados, el fiscal ante la Cámara Federal de Casación, Raul Pleé, pidió revocar el sobreseimiento que dictó a Macri el tribunal de apelaciones intermedio del fuero, la Cámara Federal porteña.

Pleé mantuvo la apelación del fiscal ante la Cámara Federal José Luis Aguero Iturbe, y consideró que la resolución que sobreseyó a Macri y a los exresponsables de la AFI en su Gobierno, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, debe ser revocada porque tuvo una «fundamentación aparente» y resultó «prematura».

En la misma sintonía, las dos querellas que tiene la causa en representación de los familiares de las víctimas también reclaman revocar esta decisión y que se procese al exmandatario y a los demás imputados.

El 15 de julio último, la sala I de la Cámara Federal porteña, con las firmas de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, revocó el procesamiento de Macri y lo sobreseyó.

El expresidente había sido procesado el 1 de diciembre de 2021 por el juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, a raíz de los informes de inteligencia que se hicieron en torno a los movimientos de familiares de víctimas del ARA San Juan

Por último, Casación tiene que resolver si confirma las condenas y absoluciones resueltas por el Tribunal Oral Federal 2 que juzgó a los acusados de cometer delitos durante la investigación del atentado a la AMIA, entre ellas la pena a seis años de prisión impuesta al destituido exjuez federal Juan José Galeano.

La decisión será de los jueces Mahiques, Ana María Figueroa y Diego Barroetaveña.

Judiciales ⚖️

Otra denuncia por corrupción: licitación de $700 millones en la Quinta de Olivos

La diputada nacional Marcela Pagano denunció un presunto esquema irregular en una licitación millonaria destinada al mantenimiento de espacios verdes en la Quinta de Olivos. La presentación apunta a la secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario.

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El Argentino Diario-Karina Milei.

Lo que tenés que saber

  • Marcela Pagano denunció una licitación de $700 millones en Olivos.
  • El contrato es para mantenimiento y jardinería de la residencia presidencial.
  • La acusación apunta a Karina Milei como responsable del proceso.
  • Se cuestiona que dos empresas oferentes pertenecerían al mismo empresario.
  • Se investiga un posible vínculo familiar entre actores involucrados.
  • Se pidió suspender la adjudicación y resguardar el expediente.
  • También se mencionan posibles delitos contra la administración pública.

Denuncia por una licitación millonaria en la Quinta de Olivos

La diputada nacional Marcela Pagano denunció un presunto esquema irregular en una licitación pública por $700 millones destinada al mantenimiento y jardinería de la Quinta de Olivos y la Casa de Gobierno.

La presentación judicial apunta a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quien responsabiliza por la adjudicación del proceso.

El contrato fue convocado para tareas de mantenimiento preventivo, correctivo y riego de espacios verdes de la residencia presidencial.

Las irregularidades señaladas en la licitación

Según la denuncia, dos empresas que participaron de la compulsa —La Mantovana y Grub— pertenecerían al mismo empresario, lo que habría simulado una competencia inexistente.

La presentación sostiene que ambas firmas estarían vinculadas a un mismo grupo económico, lo que pondría en duda la transparencia del proceso licitatorio.

Además, se menciona la posible existencia de vínculos familiares entre el empresario adjudicado y una funcionaria cercana a la estructura de la Secretaría General.

Señalamientos sobre el rol de la administración

La denuncia afirma que la responsabilidad del control del proceso recae en la autoridad que impulsó la licitación, al exigir la verificación de la independencia de los oferentes.

En ese marco, el escrito plantea que la participación de empresas vinculadas entre sí podría configurar una simulación de competencia dentro del proceso estatal.

También se menciona la posibilidad de que el servicio ya se estuviera prestando previamente sin contrato formal, lo que habría derivado en la regularización mediante la licitación.

Pedido judicial y medidas solicitadas

La diputada solicitó al juzgado interviniente suspender la adjudicación del proceso y resguardar el expediente administrativo completo.

También pidió el secuestro de documentación vinculada a la licitación y la aplicación de medidas cautelares sobre los bienes de los eventuales responsables.

La presentación incluye referencias a posibles delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles e incumplimiento de deberes de funcionario público.

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