Sociedad
Negocios oscuros detrás del doble parricidio
Todas las pruebas conducen a Martín Del Río, el hijo menor del matrimonio ejecutado a balazos en su casona de Florida como autor de los crímenes, quien intenta desvincularse, apuntando a las deudas y problemas financieros de la familia.
Por Néstor Llidó
Las imágenes de las cámaras de seguridad que lo muestran en inmediaciones de la escena del doble crimen a la hora y el día señalados, una coartada inverosímil, ciertas huellas obtenidas por los peritos y objetos encontrados en su departamento durante los allanamientos, constituyen los elementos que incriminan a Martín Del Río en los homicidios de sus padres.
También aparece como establecido que el móvil para este doble parricidio responde a una serie de cuestiones económicas, relacionados con deudas, problemas financieros y defraudaciones concretadas por el hijo mejor de María Mercedes Alonso y José Del Río, un abogado jubilado, dueño de playas de estacionamiento y con vínculos con todo tipo de emprendimiento inmobiliarios, empresas de seguridad privada y muchos negocios poco claros.
El detonante residiría en una estafa del propio hijo hacia sus padres con la compra de un departamento en un exclusivo edificio del barrio porteño de Nuñez al que pretendían mudarse, pero es no es todo. Martín Del Río actuaba como un supuesto apoderado de su padre en algunas actividades financieras, en la que habría varias víctimas de esas actividades económicas, con inversiones que derivaban falsas promesas y causas judiciales que no prosperaban.
Es por ello que, en su afán de desligarse del doble parricidio, el detenido exhibió “una larga lista de gente que tendría sobrados motivos para matar”, tanto a José Del Río, como en su caso. Entre ellos, una mujer a la que le compraron la cupé Ferrari, que le secuestraron en la cochera del departamento que alquilaba en el Bajo Belgrano, con la que padre e hijo terminaron involucrados en un confuso episodio sobre transferencias, créditos prendarios y otras yerbas.
Además, en sus declaraciones ante el grupo de fiscales de Vicente López a cargo de la investigación, en las que primero fue testigo y luego imputado, “siempre tiró para todos lados”, sembrando sospechas sobre muchas personas, inclusive en la empleada doméstica María Ninfa Aquino Chamorro, a quien le atribuyeron un rol de “entregadora” y tuvieron 13 días detenida.
Y sobre el rol de su amante, “a ella la deja afuera”, tal como también lo dijo la mujer, que hasta lo calificó de “psicópata”, aunque seguirá bajo investigación. “Trabajaba en una inmobiliaria y se está determinando la existencia de alguna relación en negocios que los Del Río impulsaron y terminaron en demandas judiciales por incumplimientos.
Según estimó, la familia sería poseedora de una fortuna que estimó en 25 millones de dólares en bienes muebles e inmuebles, aunque el dinero que fueron a buscar en una caja de seguridad de un banco del microcentro porteño no lo encontraron.
La causa por el “doble homicidio cuadruplemente calificado por el vínculo, alevosía, criminis causa y uso de arma de fuego» podrá avanzar en los próximos días, con el posible procesamiento con prisión preventiva de Martín Del Río, pero no está exenta de derivaciones que van más allá del hecho criminal.
Seguridad 🚨
Santa Fe les cobra a los padres de los amenazadores: “Cara la jodita”, la reacción ante la boleta de $6 millones
La boleta detalla el monto de la deuda, los medios de pago disponibles y establece un plazo de cinco días hábiles para abonar. Vencido ese término, el expediente se gira automáticamente a la Fiscalía de Estado para la etapa de cobro compulsivo.
Santa Fe entregó la primera multa a padres por amenazas escolares: más de $6 millones
★ El gobierno de Santa Fe concretó la primera notificación de cobro a los responsables de amenazas escolares en la provincia: los padres de un menor identificado como autor de una intimidación recibieron una boleta por $6.024.944. La reacción del adulto notificado no tardó en circular: «Cara la jodita», dijo al recibir el documento, en una frase que el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, se encargó de difundir en su conferencia de prensa.
La primera notificación y sus alcances
El operativo de notificación fue realizado este lunes por la Policía de la Provincia de Santa Fe en la ciudad capital. El ministerio de Justicia y Seguridad provincial notificó a ambos progenitores del menor identificado como autor de una de las amenazas a escuelas, en carácter de responsables solidarios del gasto operativo.
La boleta detalla el monto de la deuda, los medios de pago disponibles y establece un plazo de cinco días hábiles para abonar. Vencido ese término, el expediente se gira automáticamente a la Fiscalía de Estado para la etapa de cobro compulsivo.
La maquinaria ya tiene 58 casos identificados
Cococcioni precisó que a la fecha ya se identificó a los responsables de 58 hechos, lo que implica a más de 70 personas involucradas, dado que varios casos cuentan con más de un autor o más de un adulto responsable.
«A medida que la Fiscalía valida las identidades, sean mayores o menores, punibles o no, se identifica a los responsables y automáticamente se emiten las intimaciones», explicó el ministro.
El mecanismo no distingue entre imputables e inimputables: lo que se cobra es el costo del operativo de seguridad desplegado por la amenaza, no una sanción penal directa sobre el menor. La obligación recae sobre los adultos responsables, independientemente de la situación legal del alumno.
Una medida en medio de una crisis nacional
Como informó este medio en coberturas anteriores, la ola de amenazas escolares sacudió al país en las últimas semanas, extendiéndose a al menos doce provincias con mensajes de formato casi idéntico: «Mañana tiroteo, no vengan».
El fenómeno se disparó tras el crimen de Ian Cabrera, el estudiante asesinado el 30 de marzo de 2026 en San Cristóbal, Santa Fe, en un hecho que conmocionó a la sociedad argentina y reabrió el debate sobre la violencia escolar y la imputabilidad de menores.
La True Crime Community (TCC), una subcultura digital transnacional que exalta las masacres escolares, fue señalada por la justicia santafesina y la Subsecretaría de Asuntos sobre el Terrorismo Internacional (SAIT) como uno de los vectores de propagación del fenómeno.
Frente a la crisis, las respuestas de los distintos gobiernos provinciales fueron dispares: desde reuniones interministeriales sin resultados concretos hasta operativos de allanamiento con adolescentes imputados. Santa Fe optó por una vía que combina la presión económica sobre los adultos responsables con la acción judicial sobre los menores identificados.
El debate de fondo que la boleta no resuelve
El gobierno santafesino presenta la medida como un efecto disuasorio. Sin embargo, el instrumento no apunta a las causas estructurales del fenómeno: la fragilidad de los entornos digitales que amplifican este tipo de conductas, la ausencia de programas de contención en las escuelas o la demora en la implementación efectiva de la Ley 27.801, que modificó el régimen penal juvenil pero cuya entrada en vigor plena aún está sujeta a un período de adecuación institucional de 180 días.
La frase del padre notificado, «cara la jodita», condensa en tres palabras lo que el Estado santafesino quiere transmitir: que las amenazas tienen un costo real y mensurable. Lo que resta ver es si ese costo alcanza para modificar conductas en un fenómeno que excede ampliamente el bolsillo familiar.
Puntos clave:
- El gobierno de Santa Fe entregó la primera notificación de cobro a padres de un menor responsable de una amenaza escolar, por un monto de $6.024.944.
- La notificación otorga un plazo de cinco días para abonar; vencido ese término, el caso pasa a la Fiscalía de Estado.
- El ministerio identificó a responsables en 58 hechos, con más de 70 personas involucradas en total.
- La medida impone la obligación de pago sobre los adultos como responsables solidarios, independientemente de la situación penal del menor.
- El fenómeno de amenazas escolares se inscribe en una crisis nacional vinculada al crimen de Ian Cabrera y a la proliferación de la True Crime Community en entornos digitales.
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