★ El Gobierno nacional se dispone a dar el primer paso concreto hacia una reforma integral del sistema de relaciones laborales cuando el Senado comience a debatir el proyecto impulsado por el presidente Javier Milei. Desde el oficialismo sostienen que se trata de una «modernización inédita» que favorecerá la formalización del empleo, mientras que los sindicatos y el peronismo la rechazan por considerarla regresiva en materia de derechos.

En ese marco, la CGT lanzó un plan de lucha que incluye una movilización y advirtió que, de no poder frenar la ley, buscará limitar su aplicación y avanzar luego por la vía judicial. «La solución no es gremial, es política», repiten en la central obrera, aun cuando admiten que la capacidad de presión sindical no es la de otras etapas históricas.

Con cambios de último momento y un clima de fuerte incertidumbre política, estos son los ocho puntos centrales de la reforma laboral que generan mayor impacto:

1. Regreso de los tickets canasta

El proyecto habilita nuevamente los vales alimentarios como beneficios no remunerativos, sin aportes previsionales ni incidencia en aguinaldo o indemnización. El Gobierno sostiene que el esquema, actualizado y transparente, puede incentivar el consumo y reducir costos laborales, mientras que los gremios advierten sobre una posible desalarización encubierta.

2. Límites a la actividad gremial

Se regulan de manera estricta las asambleas sindicales, que deberán contar con autorización previa del empleador y no afectar la actividad de la empresa. Además, el trabajador no cobrará salario durante el tiempo que dure la asamblea, uno de los puntos más cuestionados por los sindicatos.

3. Restricciones a medidas de fuerza

El texto endurece las sanciones contra bloqueos y acciones que impidan el ingreso o egreso de personas y bienes en los establecimientos. También prohíbe expresamente cualquier forma de intimidación hacia quienes no adhieran a una huelga.

4. Fin de la ultraactividad de los convenios

Se elimina el principio que mantiene vigentes los Convenios Colectivos de Trabajo una vez vencidos. De aprobarse, los gremios deberán renegociar los CCT antes de una fecha límite o perderán lo acordado, quedando bajo la normativa general.

5. Vacaciones fragmentadas

La iniciativa habilita dividir las vacaciones en períodos mínimos de una semana. El Gobierno argumenta que permitirá mayor flexibilidad organizativa, especialmente en actividades con fuerte estacionalidad.

6. Período de prueba más extenso

El plazo se duplica de tres a seis meses para la mayoría de los trabajadores y se extiende a ocho meses en el sector agrario. Durante ese lapso, el empleador podrá despedir sin indemnización ni causa.

7. Indemnizaciones y condenas en cuotas

Se autoriza el pago de indemnizaciones por despido y condenas laborales en hasta 12 cuotas mensuales, sin necesidad de acuerdo con el trabajador. Para micro y pequeñas empresas, el esquema podrá extenderse hasta 18 cuotas.

8. Topes en el cálculo indemnizatorio

El proyecto fija un límite de diez años de antigüedad para calcular la indemnización y reemplaza la mejor remuneración del último año por un salario promedio. En un contexto inflacionario, los sindicatos advierten que el mecanismo reduce el monto final a percibir y posterga su cobro.

Marcha atrás parcial: mantienen aportes obligatorios a gremios y cámaras

El Gobierno nacional introdujo cambios de último momento en el capítulo laboral de la ley que se discute en el Senado y resolvió mantener los aportes obligatorios a gremios y cámaras empresariales, aunque con límites porcentuales más bajos y sin establecer una fecha de caducidad, como estaba previsto inicialmente.

Tras varias horas de versiones cruzadas, la Casa Rosada confirmó que el oficialismo validará en el recinto la postura que figura en el dictamen de mayoría: el financiamiento compulsivo continuará, descartando la cláusula que fijaba su caída automática a los dos años.

La definición implicó un nuevo gesto de la Casa Rosada hacia sindicatos y entidades empresarias, en medio de un clima de nerviosismo entre los sectores dialoguistas que reclamaban un trato equilibrado. Según trascendió en los pasillos de la Cámara alta, uno de los argumentos centrales fue la situación de los gremios más pequeños. Legisladores admitieron que, de haberse eliminado los aportes en el corto plazo, muchas organizaciones habrían quedado al borde de la desaparición. «La caída en dos años los dejaba sin posibilidad de subsistir», explicó una fuente parlamentaria consultada por este medio.

Qué establecía el artículo original

La versión previa del proyecto fijaba que los aportes destinados a cámaras empresariales no podían superar el 0,5% de las remuneraciones de los trabajadores, mientras que los correspondientes a asociaciones sindicales tenían un tope del 2%, tanto para afiliados como no afiliados. Además, se establecía que a partir del 1 de enero de 2028 esos aportes patronales pasarían a ser estrictamente voluntarios.

Ese punto fue finalmente descartado. Desde ahora, el oficialismo comunicará que los aportes seguirán siendo obligatorios para ambos sectores, aunque se eliminarán los porcentajes más elevados que algunos convenios contemplaban. Un senador dialoguista calificó como un «delirio» los casos en los que los sindicatos percibían hasta un 6%. «Con eso, ni siquiera hacía falta agremiar trabajadores», ironizó, según trascendió en fuentes parlamentarias.

Justicia laboral y billeteras virtuales

En paralelo, La Libertad Avanza confirmó que el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires quedará incorporado como un anexo de la ley, al final del texto. La decisión despertó críticas opositoras, que cuestionaron la falta de tratamiento específico en comisión y la ausencia de una ampliación formal del temario de sesiones extraordinarias.

Por último, el oficialismo aclaró que las billeteras virtuales no podrán, por ahora, intervenir en el pago de salarios. No obstante, el Banco Central evalúa emitir regulaciones futuras para habilitar la participación de plataformas que cumplan con estándares de solvencia y seguridad.

Se espera que todas estas modificaciones sean comunicadas oficialmente en el recinto durante la madrugada, en una sesión clave para el avance de la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

Un escenario de conflicto político, judicial y social

Mientras el Gobierno asegura contar con los votos para avanzar, la reforma llega al recinto rodeada de resistencia sindical y con la certeza de que, aun sancionada, abrirá un nuevo capítulo de conflicto político, judicial y social.

Como informó este medio, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores convocaron a un paro con movilización cuando comience a tratarse la reforma laboral en el Congreso Nacional, y ratificaron marchas en Córdoba (5 de febrero) y Rosario (10 de febrero) con el objetivo de federalizar la lucha contra el proyecto del Gobierno.

Por su parte, la CGT convocó a una reunión de Consejo Directivo para definir los pasos a seguir frente al tratamiento del proyecto, del que, según fuentes del sector consultadas, rechazan a casi todos sus puntos. La división entre sectores combativos y dialoguistas dentro de la central obrera se profundizó en los últimos días, en un momento en que el debate sobre los derechos laborales y la estructura del sistema de seguridad social se convirtió en uno de los escenarios más disputados de la agenda legislativa.

Puntos clave

• El Gobierno avanza con una reforma laboral que incluye ocho cambios centrales: período de prueba duplicado, fin de la ultraactividad de convenios, indemnizaciones en cuotas y topes al cálculo indemnizatorio.

• El oficialismo introdujo cambios de último momento y decidió mantener los aportes obligatorios a gremios y cámaras empresariales, descartando la cláusula que fijaba su caída automática a los dos años.

• La CGT lanzó un plan de lucha que incluye movilización y advirtió que, de no frenar la ley, la judicializará.

• El proyecto habilita nuevamente los vales alimentarios como beneficios no remunerativos, sin aportes previsionales ni incidencia en aguinaldo o indemnización.

• La reforma incorpora el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires como un anexo de la ley, y descarta por ahora la intervención de billeteras virtuales en el pago de salarios. ★