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Legislativo

Tras doce horas de debate, el Senado aprobó la reforma laboral de Milei con 42 votos

La Libertad Avanza logró sancionar en general el proyecto que modifica derechos laborales históricos. El oficialismo cedió a las presiones de gobernadores y la CGT para mantener aportes sindicales y eliminar la rebaja de Ganancias. El peronismo denunció un retroceso a 1929 y advirtió que la norma «aborrece la justicia social».

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★ La Cámara de Senadores aprobó este jueves en la madrugada, pasadas la 1.20, en general el proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei. La votación arrojó 42 votos a favor y 30 en contra, tras casi doce horas de debate en una sesión que comenzó a las 11.13 del miércoles 11 de febrero.

La Libertad Avanza armó un acuerdo con el radicalismo, el PRO y bloques provinciales que le permitió alcanzar la mayoría necesaria. El acuerdo lo terminó de enhebrar anoche la jefa de LLA, Patricia Bullrich, con los bloques dialoguistas, mientras que el ministro del Interior, Diego Santilli, hizo lo propio con gobernadores aliados del Gobierno, según precisaron altas fuentes de la LLA.

Las concesiones del oficialismo para asegurar los votos

Para alcanzar el acuerdo, el Gobierno cedió a las presiones de los gobernadores para eliminar la rebaja de Ganancias y de la CGT para no poner en riesgo su sistema de financiamiento de gremios y obras sociales. En las últimas horas, el oficialismo decidió modificar el tema de los aportes obligatorios a los gremios que hacen los afiliados y dispuso que no habrá ningún plazo para su vigencia, pero sí un tope del 2%. Esa misma medida se aplicará para las cámaras que reciben aportes obligatorios de las empresas, que tendrán un tope del 0,5%.

Como informó este medio, la versión previa del proyecto fijaba que a partir del 1 de enero de 2028 esos aportes patronales pasarían a ser estrictamente voluntarios. Ese punto fue finalmente descartado tras la presión de los sectores dialoguistas, que advirtieron que muchas organizaciones habrían quedado al borde de la desaparición.

El poroteo final y las ausencias

El proyecto se votó con el respaldo de 20 legisladores de la LLA, 10 de la UCR, 3 del PRO, 2 del Frente de la Concordia Social, 2 de Provincias Unidas, 1 del Frente Cívico, 1 de Independencia, 1 de Despierta Chubut, 1 de La Neuquinidad y 1 de Primero los Salteños.

De los 44 votos que esperaba tener el oficialismo, no acompañaron a la LLA los senadores de Santa Cruz, José Carambia y Natalia Gadano.

Qué contempla la reforma laboral aprobada

El proyecto que promueve el oficialismo contempla incentivos para promover el ingreso al empleo formal con la baja de impuestos, topes a las indemnizaciones, habilita los convenios por empresa, crea el banco de horas, y establece límites al derecho de huelga en los servicios esenciales.

Como informó este medio, la reforma incluye ocho cambios centrales que generan mayor impacto: el regreso de los tickets canasta, límites a la actividad gremial, restricciones a medidas de fuerza, fin de la ultraactividad de los convenios, vacaciones fragmentadas, período de prueba duplicado de tres a seis meses (y a ocho meses en el sector agrario), indemnizaciones y condenas en hasta 12 cuotas mensuales (18 para micro y pequeñas empresas), y topes en el cálculo indemnizatorio con un límite de diez años de antigüedad.

Además, la reforma recorta un punto porcentual en la contribución patronal destinada al sistema de salud, pasando del 6% al 5%. Según datos oficiales de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), esta modificación representa una pérdida mensual de aproximadamente $16.000 millones para el Fondo Solidario de Redistribución y de más de $90.000 millones para el conjunto de las obras sociales.

Justicia laboral y billeteras virtuales

A último momento, el oficialismo decidió incluir el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires como un anexo a la ley, ya que no pudo incluirlo como proyecto aparte debido a que este tema no estaba incluido en el temario de sesiones extraordinarias. La decisión despertó críticas opositoras, que cuestionaron la falta de tratamiento específico en comisión.

A lo largo de toda la jornada y tras el pedido del PRO de que se incluyan las billeteras virtuales, el oficialismo y sus aliados mantuvieron la decisión de autorizar solo a las entidades bancarias para pagar los sueldos y señalaron que, si una billetera virtual quiere tener esa posibilidad, deberá adecuarse a las normas del Banco Central, según fuentes consultadas por la Agencia NA.

El debate: «modernización» versus «retroceso a 1929»

El debate fue abierto por el senador libertario Juan Cruz Godoy, quien aseguró que en este proyecto se incorporaron «detalles» para que el trabajador «se ponga de acuerdo con el empleador» y dijo que mejora una legislación «pensada para una realidad de hace 50 años». Afirmó que esta propuesta busca solucionar el miedo que tienen los empleadores a contratar por los riesgos de litigios laborales.

Desde la oposición, el senador peronista Mariano Recalde indicó que esta norma «no está pensada para generar trabajo» y que «no es la primera que se hace en 50 años». Asimismo, se refirió al acuerdo entre el empleado y el empleador para fraccionar las vacaciones y aseguró que «todos se quieren ir 14 días».

«Esta ley vuelve a la redacción de 1929. ¡Qué moderno! Sólo quiere dejar afuera el derecho de las 8 horas de trabajo a un montón de trabajadores. Ustedes aborrecen la justicia social y la paz también», concluyó Recalde.

Desde la UCR, la senadora radical Carolina Losada aseguró que con la ley de modernización laboral «va a haber más inversión, más empresas y mejores jubilaciones». «Con este proyecto va a haber más inversión y más empresas. Y si aumentamos la cantidad de gente que está en blanco, va a aumentar también la masa de dinero para mejorar las jubilaciones. Todo esto gracias a un marco razonable y para muchos lo razonable está lejos de lo que uno está acostumbrado a hablar», indicó.

El Fondo de Asistencia Laboral, el punto más cuestionado

A lo largo del debate, uno de los puntos más cuestionados fue la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que financiará los despidos y será solventado con el aporte del 1% de las contribuciones de las grandes empresas que derivan a la Anses, y del 2,5% de las Pymes.

Incluso la senadora cordobesa de Provincias Unidas, Alejandra Vigo, que adelantó su aprobación en general, se manifestó en contra de la creación del FAL.

Como informó este medio, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, había defendido la creación de este fondo argumentando que se financiará con una detracción del 3% de las contribuciones patronales y permitirá a las pymes disponer de recursos para abonar indemnizaciones o mutuos acuerdos sin descapitalizarse.

El sindicalismo promete continuar la pelea

La aprobación en el Senado se produce en un escenario de creciente movilización sindical. Como informó este medio, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores convocaron a un paro con movilización cuando comience a tratarse la reforma laboral en el Congreso Nacional, y ratificaron marchas en Córdoba (5 de febrero) y Rosario (10 de febrero).

La CGT, por su parte, lanzó un plan de lucha que incluye una movilización y advirtió que, de no poder frenar la ley, buscará limitar su aplicación y avanzar luego por la vía judicial. «La solución no es gremial, es política», repiten en la central obrera, aun cuando admiten que la capacidad de presión sindical no es la de otras etapas históricas.

La reforma llega sancionada en general rodeada de resistencia sindical y con la certeza de que, aun aprobada en particular, abrirá un nuevo capítulo de conflicto político, judicial y social.

Puntos clave

• El Senado aprobó en general la reforma laboral de Milei con 42 votos a favor y 30 en contra, tras casi doce horas de debate.

• El oficialismo cedió a las presiones de gobernadores y la CGT para eliminar la rebaja de Ganancias y mantener los aportes obligatorios a gremios y cámaras, aunque con topes del 2% y 0,5% respectivamente.

• La reforma incluye período de prueba duplicado, indemnizaciones en cuotas, topes al cálculo indemnizatorio y fin de la ultraactividad de los convenios colectivos.

• El peronismo denunció que la ley «vuelve a la redacción de 1929» y «aborrece la justicia social», mientras que el oficialismo sostiene que favorecerá la formalización del empleo.

• El proyecto incorporó como anexo el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires y descartó la intervención de billeteras virtuales en el pago de salarios. ★

Inversión

Una generación atada: el Súper RIGI avanza en el Senado mientras los aliados negocian con créditos de carbono

La Cámara alta cierra este miércoles la ronda informativa sobre el Súper RIGI con la última reunión de comisiones antes de la firma del dictamen. En paralelo, La Libertad Avanza habilitó el debate de dos proyectos sobre créditos de carbono para calmar a los bloques dialoguistas que rechazaron sesionar con solo dos temas en la agenda.

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El Argentino Diario-Patricia Bullrich.
30 años sin tocar: lo que el Senado está a punto de garantizarle a las grandes corporaciones con el Súper RIGI.

El Senado entró este miércoles en la cuenta regresiva legislativa de agosto con dos frentes abiertos que definen el ritmo político de la Cámara alta: la recta final del Súper RIGI y la apertura del debate sobre el mercado voluntario de carbono, una concesión táctica del oficialismo para mantener en pie la coalición que necesita para sesionar en septiembre.

La última reunión informativa del Súper RIGI

Desde las 16 en el Salón Azul, el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda (presidida por Agustín Monteverde), de Economía Nacional e Inversión (Martín Goerling Lara) y de Legislación General (Nadia Márquez) celebró su cuarto intermedio final antes de avanzar hacia la firma del dictamen. La reunión coronó semanas de exposiciones en las que funcionarios del Ejecutivo defendieron la iniciativa ante las preguntas de los distintos bloques.

El proyecto que avanza en el Senado es técnicamente distinto del RIGI original incluido en la Ley Bases de 2024. Aquel se enfocaba en infraestructura y recursos naturales, con pisos de inversión de 200 millones de dólares y posibilidad de aplicarse a proyectos ya existentes. El nuevo esquema, diseñado por el Ministerio de Economía, apunta exclusivamente a mega inversiones en industrias de frontera tecnológica (energías renovables, biotecnología, inteligencia artificial) que «todavía no están en el mapa», según definió el secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne. El umbral mínimo sube a 1.000 millones de dólares y la estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria se extiende por 30 años, con un plazo de adhesión de cinco años y una prórroga adicional de uno más.

Los beneficios son sustanciales: reducción del impuesto a las Ganancias al 15%, amortización acelerada del 60% en el primer año, certificados de crédito fiscal para cancelar IVA y contribuciones patronales con alícuota única del 10%, exención de derechos de importación, eliminación de derechos de exportación y disponibilidad del 100% de las divisas de exportación a partir del tercer año de adhesión.

En el recinto, la oposición no fue complaciente. El senador Jorge Capitanich, ex gobernador del Chaco y ex jefe de Gabinete, cuestionó con precisión la vaguedad del proyecto: los sectores alcanzados por el régimen no fueron identificados de manera explícita en el texto de la ley, lo que deja abierta una puerta de interpretación amplia para el Ejecutivo. El punto de mayor tensión entre los bloques dialoguistas de la UCR y los provinciales fue la flexibilización de la cláusula de Compre Nacional: el texto aprobado en Diputados eliminó la obligatoriedad estricta de contratar un 20% de proveedores locales, sustituyéndola por una exigencia condicional que solo aplica cuando las empresas nacionales ofrezcan condiciones equivalentes a las del mercado internacional. Una concesión que, para sus críticos, vacía de contenido el principio mismo de desarrollo local.

La iniciativa obtuvo media sanción en Diputados el 24 de junio con 130 votos a favor, 106 rechazos y siete abstenciones. Un grupo de docentes, investigadores y miembros de universidades nacionales y organismos científicos elevó una carta abierta a los senadores para advertir que el proyecto «representa la renuncia al derecho de regular sectores estratégicos durante una generación entera», sin exigir a cambio generación de empleo local, transferencia de tecnología ni compromisos concretos con el desarrollo nacional.

La negociación: carbono como moneda de cambio

Mientras el Súper RIGI completaba su última ronda informativa, el bloque de La Libertad Avanza habilitó este miércoles el debate en comisión de dos proyectos sobre el mercado voluntario de carbono, impulsados por las senadoras Flavia Royón (Primero los Salteños) y Sonia Rojas Decut (Movimiento por Misiones). Las iniciativas se analizaron en un plenario de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Legislación General y Presupuesto y Hacienda.

La habilitación del debate no es un gesto gratuito: responde a la presión de los bloques aliados de la UCR, el PRO y los partidos provinciales, que endurecieron sus condiciones tras el fracaso de la sesión sobre la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Fuentes parlamentarias confirmaron que esos bloques hicieron saber que no estaban dispuestos a acompañar una sesión limitada al Súper RIGI, la Ley Hojarasca y los pliegos. El mercado de carbono apareció así como un tema capaz de ampliar el temario de consenso para una sesión que el oficialismo aspiraba a convocar para el 27 de agosto, aunque en las últimas horas se evalúa postergarlo a los primeros días de septiembre para dar tiempo a la firma del dictamen del Súper RIGI.

Los proyectos de carbono establecen presupuestos mínimos de protección ambiental para el desarrollo del mercado de créditos voluntarios. El núcleo de la propuesta es un sistema de incentivos para empresas que reduzcan emisiones contaminantes, con la creación del Registro Nacional de Reducción de Emisiones (ReNaRe), donde deberán inscribirse todos los proyectos que pretendan emitir, comercializar o retirar créditos. Se regula el sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) y se promueve el uso de tecnologías de precisión como sensores remotos, satélites, LiDAR, drones y dispositivos IoT.

En materia de beneficios, los proyectos proponen exención del Impuesto a las Ganancias por cinco años sobre la primera venta de créditos de carbono, amortización acelerada a tres años para inversiones en tecnología de monitoreo y una estabilidad fiscal de 15 años para los proyectos inscriptos en el ReNaRe. La autoridad de aplicación recaería en la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que deberá coordinar la implementación con las provincias.

Un mapa de beneficios sin contrapesos claros

Más allá de la coyuntura legislativa, lo que el Senado debate en estas semanas es de una magnitud que excede la rutina parlamentaria. El Súper RIGI garantiza por tres décadas condiciones que ningún gobierno argentino podrá modificar sin exponerse a arbitrajes internacionales en el CIADI o tribunales equivalentes. La renuncia a los derechos de exportación, la liberación total de divisas a los tres años y la alícuota plana del 15% en Ganancias configuran un esquema de beneficios que, para sus impulsores, busca atraer capitales a sectores sin presencia local; para sus críticos, constituye una cesión de soberanía regulatoria de largo plazo a favor de corporaciones que no asumen compromisos simétricos de empleo ni de transferencia tecnológica.

La discusión sobre el mercado de carbono agrega otra capa a ese debate: los créditos de carbono son un mecanismo cuya integridad ambiental efectiva es materia de discusión global, y su regulación requiere capacidades técnicas estatales sostenidas. La pregunta que los proyectos no responden con claridad es si Argentina está en condiciones de ejercer ese control, o si los 15 años de estabilidad fiscal que ofrece al sector terminarán blindando un mercado con escasa supervisión real.

Puntos clave

  • El plenario de comisiones del Senado celebró este miércoles la última reunión informativa sobre el Súper RIGI antes de la firma del dictamen.
  • El proyecto fija un umbral mínimo de 1.000 millones de dólares de inversión y garantiza 30 años de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria.
  • La cláusula de Compre Nacional quedó flexibilizada: solo es exigible cuando los proveedores locales ofrezcan condiciones equivalentes a las del mercado internacional.
  • La Libertad Avanza habilitó el debate del mercado voluntario de carbono como concesión táctica a los bloques dialoguistas para ampliar el temario de la sesión prevista para septiembre.
  • Un grupo de académicos y científicos advirtió en carta abierta que el Súper RIGI implica «la renuncia al derecho de regular sectores estratégicos durante una generación entera».
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