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Buenos Aires

Kicillof presentó un informe de 60 páginas contra la reforma laboral, con respaldo sindical y empresario

Los ministros Correa y Bianco expusieron el informe en el Salón Dorado con participación de sindicatos, empresarios y legisladores. El texto cuestiona los 197 artículos del proyecto oficial y advierte sobre precarización laboral.

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El Argentino Diario-Axel Kicillof.

— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.

★ Los ministros bonaerenses de Trabajo, Walter Correa, y de Gobierno, Carlos Bianco, presentaron este lunes un informe técnico-político titulado «Razones por las cuales la provincia de Buenos Aires rechaza este proyecto de Modernización Laboral», en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno provincial. El documento, de aproximadamente 60 páginas, cuestiona los orígenes de la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional y detalla los perjuicios que su implementación acarrearía para el pueblo trabajador.

El informe aborda la reforma laboral desde una mirada constitucional, productiva y de ampliación de derechos, y advierte sobre múltiples impactos negativos que la sanción de la norma podría provocar: pérdida de derechos laborales, precarización del empleo, debilitamiento de la organización sindical, desfinanciamiento de la seguridad social y reducción del rol del Estado como garante de derechos.

La presentación se desarrolló en un encuentro que reunió a representantes de sindicatos, cámaras empresariales, PYMEs, abogadas y abogados laboralistas, legisladoras y legisladores nacionales y provinciales, y autoridades de organismos provinciales. Diversos participantes hicieron uso de la palabra para expresar su rechazo a la iniciativa a nivel nacional y apoyar los fundamentos esbozados en el informe.

Un análisis histórico: de la dictadura a Milei

El documento fue elaborado por el Ministerio de Trabajo que encabeza Walter Correa, con la participación de la jefa de Gabinete, Cecilia Cecchini, y de los subsecretarios Andrés Reveles, Edgar Acuña, Cecilia Soiza y Mariano Salomón. Asimismo, se destaca especialmente la labor de los asesores Luis Roa, Gustavo Mariani, Lilia Alonso, Christian Alonso y Amalia Repetto, quienes participaron directamente en la redacción del informe.

El texto incluye un análisis histórico de las reformas regresivas en el mundo del trabajo, desde la última dictadura cívico-militar hasta la actualidad, señalando continuidades en los intentos de desregulación laboral. En ese sentido, el informe advierte que el proyecto impulsado por el Gobierno nacional encabezado por Javier Milei busca profundizar un modelo de flexibilización laboral que ya fracasó en el pasado.

En la presentación, las autoridades provinciales remarcaron la importancia de aportar argumentos técnicos y políticos al debate público y legislativo, y reafirmaron el compromiso de la provincia de Buenos Aires con la defensa del trabajo, la producción, la industria nacional y los derechos de las y los trabajadores.

«Ni un solo artículo defiende a los trabajadores»

Durante su discurso, Correa sostuvo que «en este Salón Dorado de la Gobernación se encuentra el mundo del trabajo, desde la educación, las organizaciones sindicales, la industria, el comercio, por nombrar solo algunos sectores». El ministro de Trabajo bonaerense enfatizó: «En este sentido queremos ser claros y concisos con respecto a la posición de la provincia de Buenos Aires cuando se trata de este proyecto de la llamada modernización laboral. Por eso este documento lo hemos trabajado en forma colectiva».

«De los 197 artículos que tiene este proyecto de ley, no hay uno solo que apoye o defienda los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Además, la Provincia no ha sido convocada para hacer su aporte. Cuando la derecha y la extrema derecha se hacen cargo de los destinos de la Patria, vienen por la precarización laboral», agregó Correa.

El ministro cerró su intervención advirtiendo: «Tenemos que generar la conciencia necesaria para dar el debate y no permitir que se consolide un proceso que comenzó con la dictadura y que este Gobierno nacional pretende profundizar». La referencia al proceso dictatorial busca inscribir la reforma laboral de Milei en una genealogía histórica de desmantelamiento de derechos laborales que la provincia de Buenos Aires rechaza explícitamente.

Desindustrialización y desfinanciamiento provincial

En tanto, el ministro Bianco advirtió que la reforma no generará empleo y que su verdadero objetivo es avanzar en un proceso de desindustrialización. «No se crea empleo flexibilizando las condiciones laborales, sino fortaleciendo la producción y las políticas públicas que defienden el trabajo. Este proyecto apunta a desindustrializar el país y a desfinanciar la seguridad social y a las provincias», señaló el funcionario.

El planteo de Bianco apunta a desmontar el argumento central del Gobierno nacional, que sostiene que la flexibilización laboral generará más puestos de trabajo. Para el ministro bonaerense, la ecuación es inversa: sin políticas de fortalecimiento productivo, la reforma solo precarizará el empleo existente sin crear nuevas fuentes de trabajo genuino.

Amplio respaldo sindical, empresario y político

También participaron como expositores en la puesta en común los ex titulares de la cartera laboral provincial, Mara Ruiz Malec y Oscar Cuartango, aportando continuidad histórica a la posición de la provincia en defensa de los derechos laborales.

A su vez, realizaron aportes al debate el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo «Cachorro» Godoy; el secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA-T) y diputado nacional, Hugo Yasky; el diputado nacional Hugo A. Moyano; el director de Formación de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), Gustavo Corradini; y el integrante de la Confederación Empresaria de la República Argentina (CGERA) y presidente de la empresa LIPOTECH, Adrián Di Paoli.

La presencia de representantes empresariales como ADIMRA y CGERA resulta particularmente significativa. Estas cámaras, que nuclean a pequeñas y medianas empresas industriales, ya habían expresado reservas respecto del proyecto oficial por entender que altera el esquema histórico de negociaciones colectivas y podría generar mayor conflictividad e inseguridad jurídica.

Estuvieron presentes la diputada nacional Victoria Tolosa Paz; el titular de la Pastoral Social, presbítero Carlos Accaputo; la ministra de Hábitat, Silvina Batakis; la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz; la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; entre otras autoridades, dirigentes sindicales y representantes del sector productivo.

La provincia como trinchera

La presentación del informe técnico-político de la provincia de Buenos Aires representa un posicionamiento estratégico del gobierno de Axel Kicillof en el debate nacional sobre la reforma laboral. Mientras la CGT negocia con el ala política del Gobierno modificaciones parciales al proyecto y convoca solo a movilización sin paro, la gestión bonaerense ofrece un marco conceptual y político para el rechazo integral de la iniciativa.

El documento busca operar como herramienta de disputa en el debate legislativo y en la opinión pública, brindando sustento técnico a los legisladores que se opongan al proyecto en el Senado. La provincia, que concentra la mayor cantidad de trabajadores registrados del país y el núcleo más importante de la industria nacional, se posiciona así como trinchera de resistencia frente a una reforma que considera regresiva y contraria a los intereses del pueblo trabajador.

Puntos clave:

, Los ministros Correa y Bianco presentaron un informe de 60 páginas contra la reforma laboral en el Salón Dorado de la Gobernación.
, El documento advierte sobre precarización, desfinanciamiento de la seguridad social y debilitamiento de la organización sindical.
, Walter Correa afirmó que «de los 197 artículos del proyecto, no hay uno solo que defienda a los trabajadores».
, Participaron sindicatos (CTA, Moyano, Yasky), empresarios (ADIMRA, CGERA) y legisladores nacionales y provinciales.
, Carlos Bianco sostuvo que la reforma apunta a desindustrializar el país y desfinanciar a las provincias. ★

Avellaneda

Tensión en el Puente Pueyrredón: fuerzas federales reprimieron el corte con gas pimienta e hidrantes

Organizaciones sociales que reclaman la continuidad del programa Volver al Trabajo intentaron cortar el acceso al puente que une Avellaneda con la Ciudad de Buenos Aires. La Policía Federal y la Prefectura respondieron con gas pimienta y camiones hidrantes en el marco del protocolo antipiquetes del Gobierno nacional.

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Gas pimienta contra el hambre: la respuesta del Gobierno a quienes reclaman por los planes sociales.

Una extensa movilización de organizaciones sociales y políticas protagonizó una jornada de tensión en las inmediaciones del Puente Pueyrredón, en Avellaneda, en repudio a la decisión del Ministerio de Capital Humano de eliminar el programa Volver al Trabajo, sucesor del histórico Potenciar Trabajo. La protesta, que comenzó pasadas las 10 de la mañana sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, reunió a miles de manifestantes de diversas organizaciones y fue respondida con un fuerte operativo de las fuerzas de seguridad federales que impidió el corte total del viaducto.

El programa que el Gobierno quiso liquidar

El eje del conflicto es la decisión oficial de dar de baja el programa Volver al Trabajo, que funcionaba como continuidad del anterior Potenciar Trabajo y por el cual casi 950.000 beneficiarios percibían una asignación mensual de $78.000 a cambio de realizar tareas comunitarias en municipios y cooperativas: trabajo en comedores y merenderos, limpieza de calles y plazas, producción textil, reciclado y agricultura familiar. La medida no pudo concretarse de manera inmediata porque un fallo judicial la frenó temporalmente, obligando al Ejecutivo a garantizar el pago del mes correspondiente. Sin embargo, la incertidumbre sobre la continuidad del programa en los meses siguientes fue el detonante de la convocatoria.

La movilización fue convocada por el Polo Obrero, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), el Movimiento Evita, el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Libres del Sur y la Organización Comunista Revolucionaria, entre otras organizaciones. La protesta tuvo alcance metropolitano: además de Avellaneda, se registraron cortes en el Puente Saavedra (Vicente López), el Puente La Noria (Lomas de Zamora), la intersección de Ruta 3 y General Paz (La Matanza) y en Rivadavia y General Paz, a la altura de Liniers.

Gas pimienta e hidrantes: la respuesta del Estado

En el Puente Pueyrredón, la Policía Federal y la Prefectura Naval formaron un cordón y aplicaron el protocolo antipiquetes con rigor. Cuando los manifestantes intentaron avanzar hacia la avenida Mitre, los efectivos respondieron con gas pimienta y empujaron a la columna para impedir que la protesta llegara al ingreso de la Ciudad de Buenos Aires. También se desplegó un camión hidrante. En paralelo, bomberos apagaron neumáticos que los manifestantes habían encendido sobre la calzada.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, apuntó contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por su decisión de no aplicar el protocolo antipiquetes en territorio bonaerense. «Sin reglas claras no hay orden», escribió en su cuenta de X, y agregó: «Las imágenes de los cortes en Avellaneda, Puente Saavedra y distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires muestran claramente la falta de ley y orden en su territorio. La calle queda liberada a grupos de izquierda que buscan extorsionar y desestabilizar al Gobierno.» El comunicado ministerial finalizó con una ratificación del uso del protocolo en jurisdicción federal: «Nuestras Fuerzas Federales están desplegadas donde nos corresponde, y ahí aplicamos el protocolo sin dudar, para que EL ORDEN SEA LA REGLA.»

La voz de la base: hambre y ajuste

Entre la tensión y el gas pimienta, la voz de quienes integran la base social de la movilización fue contundente. Natalia, una de las manifestantes identificada como integrante de un comedor en Avellaneda, explicó que utilizaba el plan para pagar impuestos y que sin esa asistencia sus ingresos no alcanzaban para llegar a fin de mes. El referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, cruzó al Ejecutivo al señalar que el Gobierno actuó «como si ingresar a la Capital fuera un delito» y alertó sobre el impacto concreto del recorte: «Cuando no te escuchan y una persona se queda sin un ingreso mínimo de 700 mil pesos, no hay cartones para juntar, hay hambre.»

Belliboni también destacó que la continuidad del programa quedó momentáneamente asegurada por una resolución judicial y recordó las palabras del magistrado: «Un juez de San Martín dijo que es una barbaridad que se sacara este programa de trabajo que perciben personas que trabajan en todo el país en comedores y asistencia social en los barrios más castigados.»

Una protesta federal, un plan de lucha progresivo

La jornada no se circunscribió al área metropolitana. Se confirmaron cortes y movilizaciones en Rosario, Córdoba, Bahía Blanca, San Nicolás y Pergamino, entre otras ciudades. Los manifestantes advirtieron que el plan de lucha es de carácter progresivo y que no se detendrá hasta que el Estado garantice la continuidad de la asistencia. El reclamo central no es solo la restitución del programa: las organizaciones denuncian que el pago de $78.000 se encuentra congelado desde diciembre de 2023, mientras la inflación acumulada en ese período licuó por completo su poder de compra, dejando a cientos de miles de familias sin la única fuente de ingreso garantizado.

Puntos clave

  • El Gobierno nacional eliminó el programa Volver al Trabajo, que beneficiaba a casi 950.000 personas con una asignación mensual de $78.000 por tareas comunitarias.
  • Un fallo judicial frenó la baja del programa y obligó al Ejecutivo a garantizar el pago, pero la incertidumbre sobre los meses siguientes desencadenó la movilización.
  • Las fuerzas federales aplicaron el protocolo antipiquetes con gas pimienta y camión hidrante en el Puente Pueyrredón para impedir el corte total del acceso.
  • La protesta tuvo alcance federal con cortes confirmados en al menos cinco ciudades del interior del país.
  • Los beneficiarios denuncian que la asignación de $78.000 está congelada desde diciembre de 2023, sin actualizaciones frente a la inflación acumulada.
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