Judiciales ⚖️
Rosatti le responde al Gobierno: cambiar el sistema de jueces requiere de una reforma constitucional
El presidente de la Corte Suprema cuestionó las propuestas de reforma del sistema judicial y responsabilizó al Ejecutivo y al Congreso por la acumulación de vacantes en tribunales de todo el país.
— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.
★ En la tradicional cena anual de magistrados celebrada en el predio de La Rural, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, salió al cruce de las iniciativas que buscan modificar el sistema de designación de jueces y puso en el centro del debate la creciente cantidad de vacantes en el Poder Judicial. El encuentro, que reunió a integrantes de la cúpula judicial y al ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, dejó en evidencia las tensiones entre el Gobierno y la magistratura.
La defensa del Consejo de la Magistratura
Rosatti dedicó buena parte de su intervención a respaldar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, el organismo constitucional encargado de seleccionar candidatos a jueces federales. Frente a las críticas que cuestionan su eficacia, el titular de la Corte sostuvo que cualquier alternativa —ya sea la elección popular de magistrados o su designación directa por el Poder Ejecutivo— requeriría una reforma constitucional.
El juez destacó que el Consejo está trabajando para acelerar los concursos judiciales y fortalecer las capacitaciones especializadas en áreas sensibles como narcotráfico, lavado de activos y delitos vinculados a la pornografía infantil. Además, ponderó los avances en el enjuiciamiento de magistrados, un mecanismo que, según afirmó, contribuye a recuperar la confianza social en el sistema judicial.
El reclamo por las vacantes judiciales
La cobertura de cargos vacantes apareció como el punto de mayor consenso entre los oradores. Rosatti identificó esta problemática como la principal preocupación del Poder Judicial e instó a agilizar los mecanismos de designación.
El presidente de la Asociación de Magistrados, Andrés Basso, quien inauguró el acto, fue más allá y denunció una «crisis de credibilidad» en el sistema judicial. Alertó sobre factores que, en su visión, apuntan a debilitar la independencia del Poder Judicial y reclamó madurez institucional para enfrentar el momento político.
El ministro Cúneo Libarona coincidió en señalar la gravedad del problema, pero trasladó la responsabilidad al Congreso Nacional, al que acusó de demorar los tratamientos de pliegos. El funcionario defendió la gestión de austeridad del Gobierno y mencionó entre las prioridades legislativas la sanción de un nuevo Código Penal y la extensión del sistema acusatorio a todas las jurisdicciones del país.
El traspaso de la justicia nacional: un debate sin acuerdo
Uno de los momentos de mayor tensión se produjo cuando Cúneo Libarona insistió con la propuesta de transferir la justicia nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional. Minutos antes, Basso había rechazado públicamente esa posibilidad, lo que dejó en evidencia las diferencias entre el Ejecutivo y un sector importante de la magistratura porteña.
Homenaje al Juicio a las Juntas y el reclamo por la imparcialidad
Tanto Rosatti como el ministro Carlos Rosenkrantz, quien estuvo a cargo del brindis final, reivindicaron el rol histórico de los jueces que llevadelante el Juicio a las Juntas en 1985. Rosatti expresó su expectativa de que en el futuro también se reconozca el trabajo judicial en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico.
Rosenkrantz, por su parte, llamó a los magistrados a distinguir entre sus preferencias personales y las exigencias del derecho, subrayando que la imparcialidad es la base de la legitimidad judicial. En su discurso, advirtió que la mejora del sistema de justicia no depende exclusivamente de los jueces, sino de decisiones que deben tomar otros poderes del Estado.
Puntos clave:
• Rosatti defendió el sistema de selección de jueces a través del Consejo de la Magistratura y advirtió que modificarlo exige reforma constitucional
• La cobertura de vacantes judiciales fue señalada como la principal preocupación del Poder Judicial
• El Gobierno responsabilizó al Congreso por las demoras en el tratamiento de pliegos, mientras la Asociación de Magistrados cuestionó la gestión política del Ejecutivo
• Cúneo Libarona insistió con el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad, propuesta rechazada por la cúpula de magistrados
• Rosenkrantz y Rosatti reivindicaron el rol histórico de los jueces del Juicio a las Juntas y reclamaron imparcialidad en el ejercicio de la función judicial
Buenos Aires
Provincia rechazó la desregulación de la VTV: “El Estado nacional pone en juego la seguridad de millones”
El gobierno de Axel Kicillof marcó distancia de la reglamentación nacional que habilita a talleres privados a realizar la Verificación Técnica Vehicular y libera los precios del servicio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, advirtió que la provincia sostendrá los estándares vigentes y cuestionó la coherencia de desregular controles vehiculares mientras las rutas nacionales se deterioran.
Rutas rotas y controles sueltos: la peligrosa coherencia del modelo Milei en seguridad vial.
★ El mismo día en que el Gobierno nacional reglamentó los cambios en la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y la Verificación Técnica Vehicular (VTV), la administración bonaerense salió a marcar diferencias con claridad. A través del ministro de Transporte, Martín Marinucci, la provincia de Buenos Aires anticipó que no seguirá el criterio nacional y que mantendrá los estándares de control vigentes en su territorio para garantizar la seguridad vial.
La medida impulsada por la gestión de Javier Milei establece que los talleres particulares que cumplan condiciones técnicas podrán inscribirse para prestar el servicio de VTV, en una apertura que el Gobierno enmarcó en su política de desregulación y eliminación de «monopolios». La nueva normativa incluye además la liberación de precios del servicio, hasta ahora regulados.
«Una herramienta de prevención que evita tragedias»
El funcionario bonaerense salió a cuestionar el fondo y la forma de la medida. Marinucci subrayó que el debate público giró en torno a quién presta el servicio, pero omitió la pregunta central: cómo se garantiza que los controles mantengan rigor y confiabilidad.
«La VTV está por una ley provincial vigente. Es una herramienta de prevención que permite detectar fallas mecánicas que pueden terminar en tragedias viales. Cuando el Estado relaja controles en nombre de la desregulación, corre el riesgo de poner en juego la seguridad de millones de argentinos», sostuvo Marinucci.
La postura de la Provincia no es nueva ni improvisada. Desde el inicio de la gestión libertaria, el kirchnerismo bonaerense viene resistiendo el avance desregulatorio en materia de servicios públicos, en particular cuando la apertura al sector privado se produce sin mecanismos claros de fiscalización posterior.
La contradicción vial: rutas abandonadas y controles flexibilizados
Marinucci apuntó además a una contradicción que, en términos políticos, resulta difícil de sostener: el mismo gobierno que paralizó obras de infraestructura vial y abandonó el mantenimiento de rutas nacionales pretende al mismo tiempo relajar los controles sobre el estado de los vehículos que circulan por esas vías.
«No deja de llamar la atención que quienes abandonaron la obra pública, paralizaron el mantenimiento de las rutas nacionales y hoy tienen miles de kilómetros deteriorándose, pretendan al mismo tiempo flexibilizar los controles sobre los vehículos. Menos inversión en infraestructura y menos controles nunca puede ser una buena fórmula para la seguridad vial», afirmó.
El señalamiento tiene respaldo en datos concretos. Según el análisis del Foro Economía y Trabajo, el gasto de capital acumuló una caída real del 86% desde diciembre de 2023, y las transferencias destinadas a obra pública registraron un derrumbe histórico bajo la gestión libertaria. En ese marco, extender los plazos de verificación técnica y privatizar el control vehicular aparece como una combinación de alto riesgo para la seguridad de los usuarios de la red vial.
El ministro fue explícito al respecto: «Desde hace más de dos años vemos rutas con baches, banquinas deterioradas, falta de mantenimiento y obras paralizadas. Los conductores saben perfectamente lo que significa circular por gran parte de la red vial nacional. Cuando las rutas están abandonadas, los vehículos sufren mucho más desgaste. En ese contexto, extender los plazos de las verificaciones técnicas parece ir exactamente en sentido contrario a lo que debería hacerse».
Más de 1.000 sitios fraudulentos dados de baja
Más allá del rechazo a la política nacional, Marinucci aprovechó para destacar la acción provincial en materia de fiscalización. A través de un trabajo articulado con la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) correspondiente, la provincia de Buenos Aires logró dar de baja más de 1.000 páginas web y perfiles que ofrecían de manera fraudulenta la obtención de obleas y certificados de VTV sin realizar los controles obligatorios.
La mención no es menor: si en el contexto actual, con controles centralizados, proliferó de esa manera la oferta ilegal, la pregunta sobre qué ocurrirá cuando el servicio se fragmente entre cientos de talleres privados con fiscalización incierta resulta pertinente y urgente.
«Mientras algunos quieren flexibilizar los controles, nosotros trabajamos para erradicar las estafas y garantizar que cada verificación se realice de manera transparente y bajo los estándares de seguridad que corresponden», remarcó Marinucci.
El cierre: una mención que excede lo técnico
El ministro bonaerense eligió cerrar su declaración con una frase que trasciende la discusión técnica sobre la VTV y que apunta directamente al modelo de gestión libertario. «La verdadera discusión no es quién hace la revisión. La verdadera discusión es quién se hace responsable cuando un vehículo en malas condiciones provoca una tragedia en una ruta argentina», expresó.
Y remató con una ironía que no pasó desapercibida: «Está bien que hablen de controles. Los controles son importantes. De hecho, tan importantes que los argentinos todavía estamos esperando algunas explicaciones sobre patrimonios y declaraciones juradas que no terminan de cerrar. La transparencia, como la VTV, debería ser obligatoria para todos».
La referencia a los patrimonios no declarados y las declaraciones juradas con inconsistencias alude directamente al contexto político en el que se inscribe la medida: el mismo Gobierno que desregula los controles vehiculares enfrenta investigaciones judiciales por enriquecimiento ilícito de sus propios funcionarios, entre ellos el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, cuyo patrimonio bajo sospecha ya supera los 840.000 dólares según la causa que tramita ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.
Puntos clave
- La provincia de Buenos Aires rechazó la reglamentación nacional que habilita talleres privados para realizar la VTV y libera precios del servicio.
- El ministro Marinucci anunció que la Provincia mantendrá sus estándares de control vehicular, amparada en una ley provincial vigente.
- El funcionario cuestionó la contradicción de flexibilizar controles sobre vehículos mientras las rutas nacionales acumulan más de dos años de abandono y deterioro.
- El gasto de capital cayó un 86% en términos reales desde diciembre de 2023, según datos del Foro Economía y Trabajo.
- La provincia dio de baja más de 1.000 sitios fraudulentos que ofrecían certificaciones de VTV falsas.
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