★ El dato de inflación de enero difundido este martes por el INDEC expone la cruda realidad que el relato oficial intenta ocultar: a más de dos años de gestión, el gobierno de Javier Milei fracasó en su objetivo central de contener los precios, pese a haber aplicado el ajuste más brutal sobre salarios, jubilaciones y subsidios de las últimas décadas.

El 2,9% de inflación mensual, con un alza interanual del 32,4% y un devastador 4,7% en alimentos, confirma que la estrategia de licuar ingresos para «ordenar la economía» no funcionó: los precios siguen subiendo por encima del 2% mensual desde septiembre de 2025, mientras millones de argentinos vieron desplomar su poder adquisitivo entre un 15% y 20% en términos reales desde diciembre de 2023.

El costo social de un ajuste que no controló la inflación

La paradoja es dolorosa: los trabajadores, los jubilados y los sectores populares pagaron el precio del ajuste con caída de salarios, congelamiento de haberes, recortes en subsidios y eliminación de programas sociales, pero la inflación no cedió. El gobierno libertario prometió que el sacrificio de la mayoría iba a traducirse en estabilidad de precios. Los datos oficiales lo desmienten mes a mes.

El 4,7% de aumento en alimentos y bebidas no alcohólicas registrado en enero, principalmente por las subas en carnes y verduras, golpea directamente a los sectores de menores ingresos, que destinan más del 50% de sus magros presupuestos familiares a la alimentación básica.

Restaurantes y hoteles subieron 4,1%, los precios estacionales se dispararon 5,7%, y el IPC núcleo creció 2,6%, evidenciando que la presión inflacionaria atraviesa todos los rubros de la canasta básica, sin que el brutal ajuste fiscal haya logrado contenerla.

Metodología bajo sospecha: del archivo de Lavagna a la dilación hasta 2030

El dato de inflación se conoció en un contexto de profunda desconfianza institucional sobre el INDEC. La salida de Marco Lavagna, quien dirigía el organismo desde 2019 y había desarrollado una nueva metodología de medición lista desde mediados de 2024, expone la manipulación política del gobierno sobre las estadísticas oficiales.

Según explicó el exnúmero dos del ministro Luis Caputo, Joaquín Cottani, la nueva metodología estaba preparada y lista para implementarse. Sin embargo, el Gobierno nacional decidió archivarla y anunció que diseñará una completamente nueva, cuya implementación se dilataría hasta 2030.

La pregunta es inevitable: ¿por qué el gobierno de Milei rechazó una metodología técnicamente desarrollada durante años y optó por postergar cualquier cambio hasta el final de su eventual segundo mandato? La respuesta parece evidente: porque la nueva fórmula probablemente mostraría una inflación aún más alta que la actual, desmontando el relato oficial de la «desinflación consolidada».

CABA registró 3,1%: la brecha que delata la subestimación oficial

El dato de 3,1% de inflación en la Ciudad de Buenos Aires difundido por la Dirección General de Estadística y Censos porteña el mismo día que el INDEC informó su 2,9% nacional alimenta las sospechas sobre la subestimación del índice oficial.

Históricamente, el IPCBA ha sido un indicador adelantado y confiable de la tendencia nacional. La brecha de 0,2 puntos porcentuales, aunque parezca menor, representa una diferencia significativa cuando se proyecta en términos interanuales y expone las limitaciones de la metodología utilizada por el INDEC.

Las consultoras privadas, que habían proyectado cifras de entre 2,2% y 2,6%, también quedaron por debajo del dato oficial, pero el índice porteño las supera ampliamente, sugiriendo que la inflación real en los centros urbanos donde se concentra la mayoría de la población podría ser incluso superior al 2,9% informado.

El fracaso del modelo: ajuste sobre los que menos tienen, inflación para todos

El gobierno de Milei implementó durante sus primeros dos años una política económica basada en tres pilares: ajuste fiscal brutal, licuación de ingresos y eliminación de regulaciones y subsidios. La promesa era que este sacrificio de la mayoría iba a «ordenar la economía» y contener la inflación.

Los datos evidencian que la estrategia fracasó en su objetivo central. Mientras los salarios estatales se congelaron, las jubilaciones se licuaron, los programas sociales se recortaron y los subsidios al transporte y la energía se eliminaron, la inflación continuó su marcha por encima del 2% mensual, acumulando un 32,4% interanual.

El resultado es una transferencia regresiva de ingresos: los sectores populares absorbieron el costo del ajuste sin que esto se tradujera en beneficio alguno en materia de estabilidad de precios. Por el contrario, la inflación siguió erosionando su ya deteriorado poder adquisitivo.

Las 45 renuncias y la crisis de gestión que agrava la incertidumbre

La inflación persistente se desarrolla en un contexto de crisis de gestión sin precedentes. Como reveló el politólogo Pablo Salinas, el gobierno de Milei acumuló 45 renuncias de altos funcionarios solo entre diciembre y febrero, con 224 recambios desde la asunción presidencial, un promedio de uno cada cuatro días.

Las salidas de figuras clave en organismos sensibles como la SIDE, el INDEC, la UIF, ARCA y Transporte, en medio de disputas entre las tribus libertarias lideradas por Santiago Caputo, Karina Milei, Luis Caputo y Guillermo Francos, generan parálisis administrativa y temor en otros empleados a tomar decisiones.

Esta inestabilidad política interna se traduce en incertidumbre económica que, como señalaron las propias consultoras afines al gobierno, deprecia la moneda y presiona sobre los precios de productos comerciables, alimentando la inflación que supuestamente el ajuste debía contener.

La variable cambiaria y el círculo vicioso del modelo

La Fundación Libertad y Progreso, cercana al pensamiento liberal, reconoció en su informe que «la leve aceleración inflacionaria que hemos visto es el reflejo de la baja de la demanda de pesos por la creciente incertidumbre electoral que depreció nuestra moneda», admitiendo que el modelo económico del gobierno genera su propia dinámica inflacionaria.

El esquema cambiario del gobierno, con un dólar oficial controlado y brechas cambiarias que reaparecen periódicamente, genera expectativas de devaluación que se trasladan inmediatamente a los precios, especialmente en alimentos y productos importados.

El resultado es un círculo vicioso: el ajuste sobre salarios y jubilaciones no controla la inflación, la incertidumbre política y económica presiona sobre el dólar, la presión cambiaria se traslada a precios, y el gobierno responde con más ajuste sobre los ingresos populares, perpetuando el ciclo sin resolver el problema de fondo.

El costo político de la inflación persistente

A más de dos años de gestión, el gobierno de Milei enfrenta el costo político de haber aplicado el ajuste más brutal de las últimas décadas sin lograr contener la inflación. La promesa de que el sacrificio de la mayoría iba a traducirse en estabilidad de precios quedó desmentida por los propios datos oficiales.

La manipulación del INDEC mediante la salida de Lavagna y el archivo de la nueva metodología, la brecha con el dato de CABA, las contradicciones entre las estimaciones privadas y el índice oficial, y sobre todo el fracaso en contener los precios pese al ajuste sobre salarios y jubilaciones, configuran un panorama de deterioro económico e institucional que el relato oficial no puede ocultar.

La inflación de enero, con su 2,9% mensual y su devastador 4,7% en alimentos, es la confirmación empírica de que el modelo económico del gobierno libertario no funciona: los que menos tienen pagaron el precio del ajuste, pero la inflación sigue sin freno, erosionando el poder adquisitivo de todos los argentinos.

Puntos clave:

• A más de dos años de gestión, Milei no logró contener la inflación pese al ajuste brutal sobre salarios y jubilaciones que cayeron entre 15% y 20% en términos reales

• La inflación de enero (2,9%) con alimentos al 4,7% evidencia que el sacrificio de los sectores populares no se tradujo en estabilidad de precios

• El gobierno archivó la nueva metodología del INDEC que estaba lista desde 2024 y dilató su implementación hasta 2030, generando sospechas de manipulación

• La brecha entre el 2,9% nacional y el 3,1% de CABA alimenta las dudas sobre la confiabilidad de los datos oficiales

• Las 45 renuncias en dos meses y la crisis de gestión agravan la incertidumbre económica que presiona sobre el dólar y los precios ★