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Inocencia Fiscal: ARCA exime de retenciones a depósitos en dólares y endulza el régimen para grandes patrimonios
La reglamentación permite a quienes ingresen al régimen simplificado evitar controles sobre consumos y origen de fondos. Los monotributistas quedan excluidos del beneficio mientras se liberan de impuestos los intereses de plazos fijos en moneda extranjera.
★ La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso este martes que los intereses generados por los depósitos en dólares quedarán exentos de la retención del Impuesto a las Ganancias, mediante la Resolución General 5822/2026 publicada en el Boletín Oficial. La medida se suma a la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal difundida a comienzos de esta semana, profundizando un esquema que beneficia principalmente a contribuyentes de altos ingresos y patrimonios mientras excluye a los trabajadores monotributistas.
Según el organismo recaudador, la decisión busca «fomentar la incorporación de fondos al sistema financiero formal» en el marco del proceso de «simplificación tributaria» impulsado por el Gobierno de Javier Milei. Sin embargo, el diseño del régimen genera interrogantes sobre su verdadero alcance distributivo y los riesgos de legitimación de activos no declarados.
Exención total para depósitos en dólares
La Resolución General 5822/2026 modifica la Resolución General N° 830, que regula las retenciones del impuesto sobre diversas rentas, para incorporar una nueva excepción en el listado de rentas sujetas a retención. A partir de ahora, no se aplicarán quitas en concepto de Ganancias a los pagos originados por depósitos en moneda extranjera realizados por personas humanas y sucesiones indivisas en las entidades financieras comprendidas en la Ley Nº 21.526 (bancos y cajas de ahorro).
Esta modificación implica que los ahorristas que posean plazos fijos en dólares recibirán el monto íntegro de sus intereses o ajustes sin que el banco deba actuar como agente de retención. Según el texto oficial, la medida elimina «un costo administrativo y financiero que pesaba sobre la rentabilidad de estos depósitos».
El organismo justificó la decisión señalando que «la efectividad del régimen de inocencia fiscal requiere un marco reglamentario que permita la incorporación de activos al circuito formal de la economía, como instrumento idóneo para asegurar su identificación, trazabilidad y verificación». La resolución entró en vigencia desde el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial, por lo que las entidades financieras debieron adecuar sus sistemas de manera inmediata.
Régimen simplificado: para quiénes y bajo qué condiciones
La reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal establece un régimen optativo dirigido exclusivamente a contribuyentes inscritos en el Impuesto a las Ganancias. Los monotributistas, que representan la mayor parte de los pequeños contribuyentes y trabajadores independientes del país, no pueden acceder a este régimen, según explicó el contador público y consultor tributario Martín Caranta en diálogo con el programa Esta Mañana por Radio Rivadavia.
«El monotributista tiene beneficios para no sentirse perseguido, pero no tiene el beneficio concreto de esta ley y esta reglamentación», señaló Caranta. Esta exclusión confirma que el régimen está diseñado para sectores de ingresos medios y altos que operan como responsables inscriptos, no para trabajadores precarizados o pequeños contribuyentes.
Los requisitos para ingresar al régimen simplificado son los siguientes: ingresos anuales de hasta $1.000 millones, patrimonio que no supere los $10.000 millones y no estar dentro del conjunto de los grandes contribuyentes nacionales. Para acceder, los contribuyentes deben ingresar con clave fiscal a la página de ARCA y optar por el régimen de declaración jurada simplificada de la ley 27799, opción que estará disponible a partir del 11 de febrero.
Los verdaderos beneficios: no justificar consumos ni patrimonio
El aspecto más controvertido del régimen simplificado es la eliminación de la obligación de informar consumos personales y variación patrimonial. Según explicó Caranta, los contribuyentes que ingresen al régimen «no van a tener que cargar el patrimonio del inicio del periodo, el patrimonio del cierre ni el consumo».
En la práctica, esto significa que una persona con ingresos declarados de $500 millones anuales podrá realizar consumos por $800 millones sin que ARCA pueda cuestionar de dónde provino esa diferencia. La declaración jurada vendrá precargada por ARCA con las facturas emitidas, las facturas recibidas y las deducciones personales (hijos, cónyuge), pero el contribuyente solo deberá «convalidar» esos datos sin explicar cómo financió gastos superiores a sus ingresos declarados.
Este mecanismo representa una inversión de la carga de la prueba: mientras el Estado debía investigar si los consumos eran coherentes con los ingresos declarados, ahora se presume la legitimidad de cualquier gasto realizado por quienes ingresen al régimen, siempre que no superen los umbrales establecidos.
Bancarización obligatoria, pero con excepciones clave
La reglamentación establece que «ya sea el inicio o el final de una operación, hay que bancarizar estos movimientos». Sin embargo, esta exigencia viene acompañada de una aclaración crucial: «para ver si hay omisión de ingresos o no en este régimen de inocencia fiscal, no se van a considerar los depósitos bancarios», según señaló Caranta.
Esta disposición, que el consultor calificó como un «manto de tranquilidad», implica que los depósitos bancarios no serán utilizados como indicador de ingresos no declarados. En otras palabras, una persona que deposite $50 millones en efectivo en su cuenta no deberá explicar el origen de esos fondos ni tributar sobre ellos, siempre que esté dentro del régimen simplificado.
Además, el régimen incluye una excepción fundamental a la bancarización: las operaciones inmobiliarias. Según Caranta, «una persona que entró en el régimen de inocencia fiscal puede comprar o vender un inmueble en efectivo. Esa es la única excepción a la bancarización». Esta salvedad resulta particularmente significativa, dado que el mercado inmobiliario ha sido históricamente uno de los principales vehículos para legitimar dinero de origen no declarado.
Un régimen para grandes patrimonios, no para trabajadores
El diseño del régimen de Inocencia Fiscal consolida un esquema tributario fuertemente regresivo. Mientras los asalariados y monotributistas siguen sujetos a retenciones automáticas y controles estrictos sobre sus ingresos, los contribuyentes con patrimonios de hasta $10.000 millones (aproximadamente USD 10 millones al tipo de cambio actual) pueden operar con un nivel de discrecionalidad inédito en el sistema tributario argentino.
La combinación de umbral penal elevado a $100 millones, eliminación de controles sobre consumos y origen de fondos, y exención de retenciones sobre intereses en dólares configura un paquete de incentivos que favorece principalmente a sectores que ya poseen activos significativos. El objetivo oficial de «motorizar la economía» mediante el ingreso de ahorros al sistema financiero contrasta con la exclusión explícita de los monotributistas, que representan millones de trabajadores con capacidad de ahorro pero sin acceso a estos beneficios.
La reglamentación también genera interrogantes sobre la capacidad de ARCA para detectar operaciones de lavado de activos o evasión sistemática cuando los controles sobre consumos y depósitos bancarios han sido prácticamente anulados. El argumento oficial de «asegurar identificación, trazabilidad y verificación» mediante la bancarización resulta contradictorio con la decisión de no considerar los depósitos bancarios como indicador de ingresos no declarados.
Efectos distributivos y política fiscal
El paquete de medidas implementadas bajo el paraguas de la Inocencia Fiscal profundiza la inequidad del sistema tributario argentino. Según datos del propio Ministerio de Economía, los asalariados formales aportan la mayor parte de la recaudación del Impuesto a las Ganancias mediante retenciones automáticas que no admiten ningún tipo de discrecionalidad. Este sector no obtiene ningún beneficio del régimen simplificado, mientras que contribuyentes con ingresos anuales de hasta $1.000 millones pueden operar sin justificar sus consumos.
La exención de retenciones sobre intereses de depósitos en dólares representa un subsidio fiscal directo para ahorristas en moneda extranjera, tradicionalmente sectores de ingresos medios y altos. Un trabajador que ahorra en pesos y obtiene intereses por plazos fijos en moneda nacional seguirá tributando Ganancias sobre esos rendimientos mediante retención automática, mientras que quien posee dólares depositados quedará exento de esa carga tributaria.
El Gobierno justifica estas medidas como parte de una estrategia para «incorporar fondos al sistema financiero formal» y «simplificar» el régimen tributario. Sin embargo, el efecto concreto es una redistribución regresiva de la carga fiscal: menos presión sobre patrimonios elevados y mayor peso relativo sobre asalariados y pequeños contribuyentes que no pueden acceder a los beneficios del régimen simplificado.
Puntos clave
• ARCA eximió de retención de Ganancias a los intereses generados por depósitos en dólares mediante Resolución General 5822/2026
• El régimen simplificado de Inocencia Fiscal está dirigido a contribuyentes de Ganancias con ingresos de hasta $1.000 millones y patrimonio de hasta $10.000 millones
• Los monotributistas quedan excluidos del régimen simplificado y no pueden acceder a sus beneficios
• Quienes ingresen al régimen no deberán justificar consumos ni variación patrimonial, eliminando controles sobre el origen de fondos
• Se permite comprar y vender inmuebles en efectivo como única excepción a la obligación de bancarización ★
Trabajo
Cabot cierra su planta en Campana y deja a 150 familias a la deriva
**El ajuste económico suma otra víctima: la multinacional química anunció el cierre definitivo de su planta bonaerense, donde producía negro de humo para la industria del neumático. Los trabajadores marcharon este lunes para exigir garantías sobre sus indemnizaciones.**
150 trabajadores sin empleo: Cabot cierra y el modelo Milei destruye otro eslabón industrial
La empresa multinacional Cabot Corporation resolvió el cierre definitivo de su planta ubicada en la localidad bonaerense de Campana, dejando sin trabajo a 150 personas entre empleados directos y tercerizados. La firma, especializada en la producción de negro de humo y materiales químicos de alto rendimiento, comunicó la decisión el martes pasado a través de directivos llegados desde Brasil, quienes reunieron al personal en el comedor de la planta para anunciar el cese total de las operaciones en Argentina.
La noticia que nadie esperaba
La modalidad del anuncio encendió las alarmas entre los trabajadores: sin previo aviso colectivo, sin instancias de negociación previas y con la sola mención de que «un estudio jurídico se encargaría del tema». La incertidumbre sobre el cobro de las indemnizaciones se instaló de inmediato. Agustín, operario de la planta y padre de dos hijos, describió la situación con crudeza en declaraciones televisivas : «Vino uno de los gerentes de Brasil, juntó a todos los trabajadores en el comedor y anunció que la firma iba a cerrar su operación en Argentina y que un estudio jurídico se iba a encargar del tema. No sabemos si nos van a pagar o no. Están queriendo meter el preventivo de crisis para pagarnos un 50% menos. A nosotros no nos han pagado, no nos han echado, estamos a la deriva.»
El recurso del preventivo de crisis, un mecanismo legal que habilita a las empresas a reducir las indemnizaciones a la mitad, fue señalado por los propios trabajadores como la estrategia que la compañía planea utilizar para minimizar sus obligaciones laborales. Si se aplica, implicaría una pérdida económica directa y significativa para cada uno de los afectados.
Una lucha con décadas de historia en juego
Este lunes, los trabajadores de Cabot se movilizaron desde la planta hasta la plaza principal de Campana para presentar un petitorio ante el municipio y exigir garantías concretas. La imagen de obreros con años y décadas de trabajo al hombro reclamando en la calle resume, en términos humanos, lo que los índices macroeconómicos no siempre logran mostrar.
Mario Di Paolo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Negro de Humo, ratificó los hechos y marcó la dimensión del golpe: «El martes vinieron dos directivos de Brasil, juntaron a toda la gente en el comedor y notificaron el cese total de las tareas y el cierre definitivo de Cabot Argentina. Yo hace 15 años que estoy en Cabot y estamos con la lucha con los compañeros.» Di Paolo advirtió además sobre la situación concreta que enfrentan los operarios en el mercado laboral actual: «Con este modelo económico está muy difícil conseguir trabajo. Los compañeros son todos mayores de 40 años, se les va a complicar mucho empezar a trabajar de vuelta.»
El drama individual de cada trabajador ilumina la magnitud del daño. Gustavo, de 52 años y con 16 años de antigüedad en la planta, expresó: «Es una sorpresa grande para todos. Ya no voy a conseguir laburo en ningún lado. Hay que remarla. Sin trabajo no hay dignidad y no hay nada. Es una vergüenza lo que hicieron.» Agustín, por su parte, señaló el impacto sobre sus compañeros de mayor trayectoria: «Tenemos compañeros con más de 30 años en la fábrica que saben que no consiguen más trabajo, porque uno con esa edad para el sistema ya queda obsoleto.»
Una decisión «netamente comercial» en un contexto de desguace
Uno de los testimonios más contundentes fue el de un trabajador con 26 años de antigüedad en la empresa, quien rechazó los argumentos de la firma: «Siempre pusimos el pecho en todas las crisis, pasamos por muchas, por eso es inentendible la situación que nos plantean hoy. No es un problema de productividad, es una decisión netamente comercial. Es una pena que tomen esta decisión y dejen a 150 familias sin trabajo.»
En el sector señalan que la crisis en la industria del neumático, agravada por las dificultades atravesadas por FATE, uno de los principales clientes históricos de la producción de negro de humo de la planta, contribuyó a deteriorar la ecuación comercial de Cabot en Argentina. Sin embargo, los propios trabajadores insisten en que la decisión responde a una estrategia corporativa global, no a un problema de desempeño local.
El costo humano del modelo
El cierre de Cabot no es un episodio aislado. Se inscribe en un proceso de desindustrialización acelerada que distintos relevamientos privados y sindicales estiman en más de 320.000 puestos de trabajo perdidos y alrededor de 15.000 industrias cerradas en todo el país desde diciembre de 2023. Ese proceso tiene coordenadas precisas: apertura importadora, contracción del mercado interno, retracción del consumo y deterioro sostenido del poder adquisitivo, factores que la gestión de Javier Milei asume como costos necesarios del «saneamiento macroeconómico.»
El propio contexto inflacionario agrava la situación de quienes pierden el empleo. Según datos del INDEC de marzo de 2026, la Canasta Básica Total (CBT) registró una variación interanual del 30,4%, lo que significa que los trabajadores desplazados enfrentan simultáneamente la pérdida de ingresos y un costo de vida que se mantiene en niveles críticos. A eso se suma que el gasto primario del Estado cayó un 5,1% interanual adicional en el primer trimestre de 2026, según datos del Foro Economía y Trabajo, reduciendo aún más la red de contención disponible para quienes quedan fuera del mercado laboral.
En ese marco, la promesa oficial de que el ajuste tiene un horizonte de alivio choca con la realidad cotidiana de trabajadores que, a los 40, 50 o 52 años, saben que el sistema productivo argentino actual no tiene lugar para ellos.
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