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Judiciales ⚖️

Prisión en suspenso y siete años de inhabilitación: la pena blanda para anestesiólogo que mató a un nene de 4 años

Mauricio Krause fue inhabilitado por siete años y medio para ejercer la medicina tras el homicidio culposo de Valentín Mercado Toledo, quien falleció en julio de 2024 durante una cirugía programada. El juez determinó que la muerte pudo evitarse.

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★ El anestesiólogo Mauricio Krause fue condenado a tres años de prisión en suspenso por el homicidio culposo de Valentín Mercado Toledo, el niño de 4 años que murió en el quirófano del Sanatorio Juan XXIII de Río Negro en julio de 2024. Además de la pena en suspenso, el profesional fue inhabilitado durante siete años y medio para ejercer la medicina, según informó la comunicación judicial rionegrina.

La sentencia, que generó indignación entre familiares y organizaciones de pacientes, refleja una vez más la benevolencia del sistema judicial argentino con casos de negligencia médica grave que terminan en muertes evitables.

Una muerte anunciada por negligencia

El pequeño Valentín había ingresado al sanatorio para una cirugía programada de hernia diafragmática, un procedimiento considerado de rutina en un centro asistencial de alta complejidad. Sin embargo, durante la operación, el tubo endotraqueal que suministraba oxígeno al niño se obstruyó con mucosidad y sangre. Esta situación, que debió ser detectada y resuelta de inmediato, interrumpió la respiración del menor por un período prolongado, provocándole un daño cerebral irreversible por falta de oxígeno.

Según determinó el juez Emilio Stadler en diciembre pasado, el niño murió por encefalopatía hipóxico-isquémica, causada por un incidente obstructivo de la vía aérea del tubo endotraqueal. Valentín sufrió un paro cardíaco en el quirófano y falleció una semana después.

El magistrado fue contundente al señalar que el menor no presentaba problemas de salud relevantes y que se encontraba en uno de los centros asistenciales de mayor complejidad de la provincia, lo que hace aún más grave la cadena de negligencias que derivaron en su muerte.

El celular más importante que la vida del paciente

La sentencia destacó el descuido del anestesiólogo, así como la falta de vigilancia y la ausencia de un control constante de la respiración o de los signos vitales del paciente, tarea que constituía su responsabilidad exclusiva. El magistrado determinó que Krause actuó con negligencia y falta de profesionalismo.

Uno de los datos más escalofriantes del caso es que el monitor que debía alertar sobre la falta de oxígeno se encontraba desenchufado. Pero lo que terminó de sellar la responsabilidad del médico fueron los testimonios de diversos testigos que declararon haberlo visto mirar el celular en varias ocasiones dentro del quirófano. Incluso, según quedó registrado en el expediente, salió de la sala para buscar un cargador durante la cirugía.

El juez Stadler concluyó que la muerte de Valentín pudo evitarse y que el médico abandonó su rol de guardián de la vida del paciente en el quirófano. Una afirmación que debería pesar como una lápida sobre la responsabilidad profesional del condenado, pero que en la práctica se traduce en una pena excarcelable.

La fiscalía pidió más, la Justicia concedió menos

La fiscalía, a cargo de Gastón Britos Rubiolo, solicitó la impugnación profesional por 10 años, y la querella adhirió a ese pedido. Sin embargo, el defensor particular pidió el mínimo penal previsto y exclusivamente en el ámbito de la medicina pediátrica. El tribunal optó por una posición intermedia, inhabilitándolo por siete años y medio para ejercer en cualquier ámbito médico.

Krause deberá cumplir reglas de conducta estrictas durante tres años, entre las que se incluyen la presentación mensual ante la Justicia y la prohibición de cometer nuevos delitos. Una sentencia que, para muchos, resulta desproporcionadamente blanda frente a la gravedad de lo ocurrido.

El fiscal Britos Rubiolo calificó el hecho como traumático para la familia desde donde se lo mire, especialmente para la madre y la abuela del menor, quienes durante el juicio describieron los minutos previos a que el niño ingresara al quirófano, sin imaginar que sería la última vez que lo verían con vida.

Un caso que expone la impunidad de la mala praxis

La condena en suspenso a Krause se suma a una larga lista de casos en los que la mala praxis médica queda impune o con sanciones menores en Argentina. La familia de Valentín, que perdió a su hijo por negligencia comprobada, enfrenta ahora la frustración de ver que el responsable no pisará la cárcel y que, en menos de ocho años, podría volver a ejercer la medicina.

El caso también plantea interrogantes sobre los mecanismos de control y supervisión en las instituciones de salud privadas. ¿Cómo es posible que un anestesiólogo esté con el celular durante una cirugía? ¿Por qué el monitor estaba desenchufado? ¿Dónde estaban los protocolos de seguridad del sanatorio?

Son preguntas que la sentencia no responde, pero que quedan flotando como una deuda del sistema de salud con las familias que confían sus vidas, y las de sus hijos, a profesionales que deberían estar a la altura de esa responsabilidad.

Puntos clave:

• Mauricio Krause fue condenado a tres años de prisión en suspenso por homicidio culposo de Valentín Mercado Toledo, de 4 años.

• El niño murió por asfixia durante una cirugía programada, tras la obstrucción del tubo endotraqueal que no fue detectada a tiempo.

• El anestesiólogo fue inhabilitado por siete años y medio para ejercer la medicina.

• Testigos declararon que el médico miraba el celular durante la cirugía y hasta salió del quirófano a buscar un cargador.

• El monitor que debía alertar sobre la falta de oxígeno estaba desenchufado. ★

Denuncia

La casta hipotecada: el Banco Nación y el festival de créditos a legisladores y militantes de LLA

Bajo la sombra de la banca pública, legisladores oficialistas accedieron a préstamos millonarios en momentos clave de su alineamiento político, mientras el Gobierno insiste con el ajuste y las privatizaciones.

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​★ El escándalo por el otorgamiento de créditos hipotecarios millonarios del Banco Nación (BNA) a legisladores de La Libertad Avanza (LLA) y aliados forzó las primeras reacciones de los beneficiarios, quienes ensayaron defensas que, lejos de aclarar la situación, profundizaron las sospechas sobre un trato preferencial. Los diputados Alejandro Bongiovanni y Mariano Campero confirmaron haber accedido a los fondos de la entidad que el Ejecutivo intentó privatizar, justo en coincidencia con giros políticos determinantes en sus respectivas carreras legislativas.

​El «salto» de Bongiovanni y los 255 millones

​El diputado santafesino Alejandro Bongiovanni, quien abandonó la bancada del PRO para sumarse formalmente al oficialismo en noviembre pasado, confirmó que recibió un préstamo de 255 millones de pesos. A través de sus redes sociales, el legislador calificó como «insólito» que se vincule una deuda hipotecaria con un acto delictivo y aseguró que el trámite inició en junio, durante lo que denominó el «boom de los créditos hipotecarios».

​Sin embargo, las dudas persisten sobre la celeridad del proceso y la elección de la banca pública nacional por sobre entidades privadas o de su propia provincia. El legislador Esteban Paulón presentó pedidos de informes ante el Banco Nación, el Banco Central y el Poder Ejecutivo para determinar si el directorio del banco, liderado en ese entonces por Daniel Tillard, dictó resoluciones excepcionales para aprobar carpetas que tenían dictámenes técnicos desfavorables en las áreas de riesgo.

​Campero y la Comisión Libra

​Por su parte, el tucumano Mariano Campero, uno de los radicales que garantizó con su voto el blindaje a los vetos presidenciales contra jubilados y universidades, también defendió su acceso al crédito. Campero desestimó que la adjudicación de los fondos en mayo de 2025 estuviera ligada a la creación de la Comisión Libra que integra. El diputado sostuvo que se trata de su primera vivienda y atribuyó las críticas a una supuesta persecución del peronismo, aunque no precisó por qué los tiempos administrativos del banco coincidieron con su distanciamiento de los principios históricos de la UCR para transformarse en un aliado incondicional de Javier Milei.

​Una lista que se expande

​El beneficio del Banco Nación no se limitó a estos dos nombres. La nómina de legisladores que accedieron a créditos UVA bajo condiciones que se investigan incluye al bonaerense Santiago Santurio, la rionegrina Lorena Villaverde (quien ya afronta complicaciones judiciales por otras causas) y diversos funcionarios de la estructura oficialista.

​La paradoja política resulta evidente; mientras el discurso oficial promueve el desmantelamiento del Estado y la eficiencia del mercado, sus representantes utilizan la estructura de la banca pública para resolver sus necesidades habitacionales con montos inaccesibles para el grueso de la población trabajadora. La Central de Deudores del Banco Central refleja estas obligaciones financieras que, en el caso de los legisladores, se dan en un marco de confrontación constante del Gobierno contra los sectores que defienden el rol de las instituciones públicas.

​Puntos clave

  • ​Los diputados Alejandro Bongiovanni y Mariano Campero confirmaron la recepción de créditos UVA del Banco Nación.
  • ​Se investiga si existieron dictámenes de riesgo negativos que fueron ignorados por el directorio del banco para favorecer a los legisladores.
  • ​El diputado Esteban Paulón solicitó informes oficiales para transparentar el proceso de adjudicación de estos préstamos millonarios.
  • ​Los beneficiarios aseguran que las condiciones fueron las mismas que para cualquier cliente, pese a la coincidencia con sus cambios de postura política.
  • ​El Banco Nación continúa en el centro del debate tras los intentos de privatización impulsados por el Poder Ejecutivo. ★
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