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Denuncia

La casta hipotecada: el Banco Nación y el festival de créditos a legisladores y militantes de LLA

Bajo la sombra de la banca pública, legisladores oficialistas accedieron a préstamos millonarios en momentos clave de su alineamiento político, mientras el Gobierno insiste con el ajuste y las privatizaciones.

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​★ El escándalo por el otorgamiento de créditos hipotecarios millonarios del Banco Nación (BNA) a legisladores de La Libertad Avanza (LLA) y aliados forzó las primeras reacciones de los beneficiarios, quienes ensayaron defensas que, lejos de aclarar la situación, profundizaron las sospechas sobre un trato preferencial. Los diputados Alejandro Bongiovanni y Mariano Campero confirmaron haber accedido a los fondos de la entidad que el Ejecutivo intentó privatizar, justo en coincidencia con giros políticos determinantes en sus respectivas carreras legislativas.

​El «salto» de Bongiovanni y los 255 millones

​El diputado santafesino Alejandro Bongiovanni, quien abandonó la bancada del PRO para sumarse formalmente al oficialismo en noviembre pasado, confirmó que recibió un préstamo de 255 millones de pesos. A través de sus redes sociales, el legislador calificó como «insólito» que se vincule una deuda hipotecaria con un acto delictivo y aseguró que el trámite inició en junio, durante lo que denominó el «boom de los créditos hipotecarios».

​Sin embargo, las dudas persisten sobre la celeridad del proceso y la elección de la banca pública nacional por sobre entidades privadas o de su propia provincia. El legislador Esteban Paulón presentó pedidos de informes ante el Banco Nación, el Banco Central y el Poder Ejecutivo para determinar si el directorio del banco, liderado en ese entonces por Daniel Tillard, dictó resoluciones excepcionales para aprobar carpetas que tenían dictámenes técnicos desfavorables en las áreas de riesgo.

​Campero y la Comisión Libra

​Por su parte, el tucumano Mariano Campero, uno de los radicales que garantizó con su voto el blindaje a los vetos presidenciales contra jubilados y universidades, también defendió su acceso al crédito. Campero desestimó que la adjudicación de los fondos en mayo de 2025 estuviera ligada a la creación de la Comisión Libra que integra. El diputado sostuvo que se trata de su primera vivienda y atribuyó las críticas a una supuesta persecución del peronismo, aunque no precisó por qué los tiempos administrativos del banco coincidieron con su distanciamiento de los principios históricos de la UCR para transformarse en un aliado incondicional de Javier Milei.

​Una lista que se expande

​El beneficio del Banco Nación no se limitó a estos dos nombres. La nómina de legisladores que accedieron a créditos UVA bajo condiciones que se investigan incluye al bonaerense Santiago Santurio, la rionegrina Lorena Villaverde (quien ya afronta complicaciones judiciales por otras causas) y diversos funcionarios de la estructura oficialista.

​La paradoja política resulta evidente; mientras el discurso oficial promueve el desmantelamiento del Estado y la eficiencia del mercado, sus representantes utilizan la estructura de la banca pública para resolver sus necesidades habitacionales con montos inaccesibles para el grueso de la población trabajadora. La Central de Deudores del Banco Central refleja estas obligaciones financieras que, en el caso de los legisladores, se dan en un marco de confrontación constante del Gobierno contra los sectores que defienden el rol de las instituciones públicas.

​Puntos clave

  • ​Los diputados Alejandro Bongiovanni y Mariano Campero confirmaron la recepción de créditos UVA del Banco Nación.
  • ​Se investiga si existieron dictámenes de riesgo negativos que fueron ignorados por el directorio del banco para favorecer a los legisladores.
  • ​El diputado Esteban Paulón solicitó informes oficiales para transparentar el proceso de adjudicación de estos préstamos millonarios.
  • ​Los beneficiarios aseguran que las condiciones fueron las mismas que para cualquier cliente, pese a la coincidencia con sus cambios de postura política.
  • ​El Banco Nación continúa en el centro del debate tras los intentos de privatización impulsados por el Poder Ejecutivo. ★

Buenos Aires

El video se hizo viral y agresor está identificado pero la Justicia no actúa, mientras una mujer espera protección

Un video que muestra una paliza brutal a una mujer se viralizó en las últimas horas, el agresor ya fue identificado y la asociación civil Madres que rompen el silencio exigió medidas urgentes al Departamento Judicial de Azul, denunciando una peligrosa demora institucional ante pruebas audiovisuales contundentes.

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La golpearon en video, al agresor lo identificaron, y la Justicia todavía no actuó.

Las imágenes son inequívocas: un hombre revisa el teléfono de su pareja, la confronta y le propina una brutal paliza mientras ella ruega que se detenga. El video, filmado en la localidad bonaerense de Tapalqué, se viralizó en las últimas horas y permitió identificar al agresor, presuntamente Rodrigo Carrica. Pese a la existencia de pruebas audiovisuales contundentes, la respuesta judicial tardó en llegar; una demora que organizaciones de mujeres calificaron como violencia institucional.

La asociación civil Madres que rompen el silencio, con sede en Río Negro, tomó conocimiento directo del caso y se constituyó en interlocutora ante las autoridades del Departamento Judicial de Azul, el fuero con competencia sobre Tapalqué. La organización presentó el material probatorio disponible, que incluye los registros fílmicos y fotográficos de la agresión, y exigió una respuesta estatal inmediata.

El reclamo: medidas urgentes ante la demora judicial

La entidad formalizó un reclamo ante el Departamento Judicial de Azul con tres exigencias centrales: la intervención urgente para revisar y agilizar el accionar de las dependencias judiciales y policiales locales; el dictado inmediato de medidas de protección y restricción perimetral eficaces para resguardar la integridad psicofísica de la víctima; y el cese absoluto de las dilaciones burocráticas frente a la existencia de pruebas audiovisuales explícitas.

«No se puede seguir tolerando que la burocracia judicial desampare a quienes denuncian», advirtió la organización, que también alertó sobre el riesgo concreto que implica cada hora de demora en casos donde la víctima convive o tiene contacto con su agresor. Madres que rompen el silencio comunicó que se mantendrá en estado de alerta comunitaria hasta que las garantías constitucionales y de seguridad sean cumplidas de manera efectiva.

Violencia institucional por omisión

La denuncia pone sobre la mesa un problema estructural del sistema judicial argentino frente a la violencia de género: la brecha entre la disponibilidad de prueba y la velocidad de la respuesta institucional. La organización usó una categoría precisa para nombrarlo: «la violencia institucional por omisión o demora también es una forma de violencia que perpetúa el peligro». En ese encuadre, la inacción no es un vacío neutral sino un acto que habilita la continuidad de la agresión.

El caso de Tapalqué no es un hecho aislado. La Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres establece con claridad el deber del Estado de actuar con la debida diligencia frente a situaciones de riesgo. El incumplimiento de ese mandato en contextos donde existe material probatorio disponible no solo representa una falla procesal, sino una responsabilidad estatal en los términos de los estándares internacionales de derechos humanos.

Lo que tenés que saber:

  • Un video viral muestra a un hombre, presuntamente Rodrigo Carrica, golpear brutalmente a su pareja en Tapalqué, provincia de Buenos Aires.
  • La asociación civil Madres que rompen el silencio denunció una alarmante demora de la Justicia local a pesar de contar con pruebas audiovisuales contundentes.
  • La organización exigió al Departamento Judicial de Azul medidas urgentes de protección, restricción perimetral y cese de dilaciones burocráticas.
  • La entidad advirtió que la omisión y la demora judicial son en sí mismas una forma de violencia institucional que prolonga el peligro para la víctima.
  • La organización anunció que se mantendrá en estado de alerta hasta que se garantice efectivamente la seguridad de la mujer agredida.
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