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Merlo: preventiva para cuatro detenidos por crimen del niño con síndrome de down

Los sospechosos, identificados como Maximiliano Armando Vera (38), Maximiliano Enrique Vázquez (36), Lucio Esteban Martínez (24) y Cintia Soledad Borda (40), fueron imputados por el delito de «homicidio agravado por el concurso predeterminado de dos a más personas cometido con arma de fuego en tres oportunidades, dos de ellas en grado de tentativa y portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal en concurso real entre sí», en perjuicio de Luciano Santino Ruíz.

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Los cuatro detenidos por el crimen de un niño de 8 años que tenía síndrome de Down, asesinado de dos balazos el pasado 12 de noviembre en una casa del partido bonaerense de Merlo, fueron procesados con prisión preventiva, mientras que los investigadores siguen buscando a otros cómplices, informaron este sábado fuentes judiciales.

Los sospechosos, identificados como Maximiliano Armando Vera (38), Maximiliano Enrique Vázquez (36), Lucio Esteban Martínez (24) y Cintia Soledad Borda (40), fueron imputados por el delito de «homicidio agravado por el concurso predeterminado de dos a más personas cometido con arma de fuego en tres oportunidades, dos de ellas en grado de tentativa y portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal en concurso real entre sí», en perjuicio de Luciano Santino Ruíz.

La medida fue solicitada por el fiscal Pablo Ravizzini de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Morón, y dictada por el Juzgado de Garantías 1 de Morón a cargo del juez Esteban Martín Juliano.

La resolución fue apelada por el defensor Nicolás Eduardo Pechia, a cargo de la defensa de los cuatros imputados, al considerar en su solicitud «no estar claro el grado de participación de todos» sus clientes en el crimen al que se lo acusan.

Los voceros judiciales consultados indicaron que la causa sigue abierta en la búsqueda de otros tres prófugos que integrarían la banda: Uno identificado como Gastón Santander; otro apodado «Tincho» y un tercero que fue descripto por los testigos, aunque su nombre no fue certificado aún.

Según las fuentes, uno de los audios recabados en el expediente decía: «Andá y tirá cincuenta, setenta balazos como lo tiré yo, pedazo de gil. Casi se le cae la casa a tu mamá, pelotudo, con los setenta balazos que tiramos, pedazo de gil, y ahora voy, cargo de vuelta y vuelvo».

Ese mensaje fue uno de los recibidos por Nicolás Ruiz, hermano del niño asesinado, y fue atribuido a Vera (38), uno de los siete acusados del ataque.

«Vamos a ver quién mata el hijo de quién. Te coheteé toda la casa. Andá a buscar parchecitos porque te va a entrar una de agua ahí, andá, andá. Ahora voy por mas guerra, ahora voy por todo. Ahora los vuelo a todos», dice otra de las grabaciones aportadas a la causa.

El abogado de la familia Ruíz, Rodrigo Tripolone, aseguró que se «sigue trabajando en la causa para que la justicia y la policía pueda atrapar a los otros prófugos».

«Los vamos a llevar a todos a juicio oral. Este crimen tan aberrante no va a quedar impune. Ya dimos varios pasos en la causa que va directamente a juicio. Todos deben ser condenados a perpetua. Tenemos que tener justicia por ‘Chano'», añadió.

El crimen de Luciano

El hecho se registró el domingo 12 de noviembre, cerca de las 14, en un domicilio ubicado en la intersección de las calles Blanes y Cayol, de la localidad bonaerense de Mariano Acosta, en el oeste del conurbano bonaerense, cuando varios hombres irrumpieron en la mencionada vivienda buscando a Nicolás Ruiz porque supuestamente mantenía una relación con la esposa de uno de ellos.

Pese a que la persona que buscaban no estaba en el domicilio, la banda entró con armas de fuego y hasta con un «arpón» o «lanza tumbera», según relataron los testigos.

Una vez en el interior efectuaron una serie de disparos, dos de los cuales impactaron en el niño de 8 años con Síndrome de Down, quien en ese momento estaba durmiendo la siesta junto a su madre.

En tanto, otro de sus hermanos, llamado Isaías Yair Ruiz, de 19 años, sufrió una herida cortante en el glúteo izquierdo.

Vecinos de la zona subieron a Luciano en un patrullero, que lo trasladó a la clínica Figueroa Paredes, donde arribó fallecido ya que presentaba una herida de arma de fuego en uno de sus parietales y otra por debajo del omóplato izquierdo.

Personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Morón y del Comando Policial de Ituzaingó interceptó un vehículo con tres de los sindicados atacantes -Vera, Martínez y Vázquez-, a quienes detuvieron en el cruce de las calles Haití y Pringles de San Alberto, en el oeste del conurbano bonaerense.

A la mujer, en tanto, la apresaron días después, el 16 de noviembre, en una vivienda de Pringles al 3100, del mismo barrio del partido de Ituzaingó.

Al respecto, los investigadores indicaron que los detenidos tuvieron diferentes roles durante el hecho: a Vera se le endilga haber sido el autor material del crimen del niño; a Martínez, de haber apuñalado al hermano de Luciano; mientras que se sospecha que Vázquez era el encargado de conducir uno de los vehículos en los que se desplazaban.

Además, otra fuente policial señaló a Vera como el autor intelectual del hecho ya que en las horas previas había amenazado al otro hermano de Luciano, Nicolás, tras enterarse que esposa supuestamente había mantenido una relación extramatrimonial con él.

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Concejal libertario pagará $12 millones a una trabajadora por abuso sexual

El concejal Alberto Montes alcanzó un acuerdo económico con una trabajadora municipal que lo denunció por un hecho ocurrido en una dependencia pública. Aunque pactó una indemnización de $12 millones en el fuero civil, la investigación penal continúa y podría llegar a juicio oral.

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Lo que tenés que saber

  • Un concejal de La Libertad Avanza alcanzó un acuerdo económico con una denunciante.
  • La compensación fue establecida en el marco de una causa civil.
  • La investigación penal continúa abierta y sigue su curso judicial.
  • La Justicia rechazó un pedido de sobreseimiento presentado por la defensa.
  • El expediente podría avanzar hacia una instancia de juicio oral.

Un acuerdo económico en paralelo a la investigación judicial

El concejal de San Isidro Alberto Montes alcanzó un acuerdo económico con una trabajadora municipal que lo denunció por un hecho ocurrido dentro de una dependencia pública cuando ambos se desempeñaban en el área de Tránsito del municipio.

Según trascendió, el entendimiento fue formalizado en el ámbito civil y contempla el pago de una indemnización de $12 millones a la denunciante. El acuerdo fue establecido de manera paralela a la causa penal que continúa en trámite.

La denuncia y las imágenes incorporadas al expediente

La denuncia fue presentada a fines de 2023 y está vinculada a un episodio registrado por cámaras de seguridad de una dependencia municipal.

De acuerdo con la acusación, las imágenes muestran el momento en que Montes ingresa a una oficina y mantiene un contacto físico con una trabajadora sin su consentimiento.

Tras el episodio, la mujer decidió acudir a la Justicia y promover las acciones correspondientes.

La causa penal continúa abierta

Más allá del acuerdo alcanzado en el fuero civil, especialistas recuerdan que este tipo de convenios no implica el cierre automático de una investigación penal.

En este caso, la causa continúa bajo la figura de abuso sexual y ya superó una instancia relevante luego de que la Justicia rechazara un pedido de sobreseimiento presentado por la defensa del edil.

La decisión permitió que el expediente siga avanzando dentro del proceso judicial.

Posible juicio oral durante este año

Según información vinculada al caso, la investigación se encuentra en una etapa avanzada y podría llegar a juicio oral durante el segundo semestre.

En esa instancia se analizarán las pruebas reunidas por la fiscalía y los argumentos de las partes para determinar la eventual responsabilidad penal del acusado.

Mientras tanto, la imputación permanece vigente y el proceso continúa bajo supervisión judicial.

Repercusiones políticas en San Isidro

El caso también generó repercusiones dentro del ámbito político local. Distintos sectores expresaron cuestionamientos respecto de la continuidad de Montes en el Concejo Deliberante mientras se desarrolla la investigación.

El edil sigue ejerciendo su banca y aguarda la evolución del expediente judicial, que podría convertirse en uno de los procesos de mayor impacto institucional en el distrito durante este año.

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